Nueva fórmula previsional: el gobierno busca frenar el debate que llegará al recinto del Senado el 15 de agosto

La nueva fórmula jubilatoria impulsada por la oposición dio otro paso, esta vez en el Senado, y tendría sanción completa el próximo 15 agosto. Este miércoles, en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, se escucharon las advertencias de funcionarios nacionales que se presentaron a exponer y contestar preguntas: “no hay plata” y la política de déficit cero “será defendida por encima de cualquier otra valoración”. Desde la Casa Rosada, que corrigieron por decreto la fórmula de cálculo de incremento que tuvo vigencia durante el anterior gobierno, ahora aplican aumento mensual y por índice de inflación, pero con un detalle, el mes con mayor inflación del año, enero, quedó afuera.

Las jubilaciones, tomando como base 2017, cuando el ex presidente Macri aplicó la reforma anterior —muy resistida con movilizaciones callejeras— han perdido al día de hoy un 40 % de su poder adquisitivo en promedio (las más elevadas, hasta 45 %). De esa pérdida, cerca de 20 puntos corresponden al gobierno de Macri, unos cinco puntos a los cuatro años anteriores —corregidos parcialmente con los bonos que inauguró la gestión de Sergio Massa— y otros 20 puntos fueron pérdida neta en los siete meses del gobierno de Javier Milei.

Una caída en picada, sólo comparable a los momentos de grandes devaluaciones de la moneda, como 1975, 1989 y 2001.

La media sanción que llegó de Diputados, con el impulso de UxP y amplio apoyo de casi todos los bloques opositores amigables del gobierno, excepto la alianza principal oficialista de La Libertad Avanza y el PRO, obtuvo 160 votos y contaría con el apoyo necesario para su aprobación en el Senado, aunque el presidente ya amenazó con improperios contra los legisladores que pretenderían quebrar el déficit cero. Y amenazó vetar la norma, en el caso de que alcance sanción definitiva.

La media sanción de la Cámara baja impulsa una recomposición del 8,1 por ciento de los haberes previsionales, retroactivos al mes de abril, por la poda del mes de enero (20,6 % de inflación) y un adicional anual del 50 por ciento de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores (RIPTE), si fuera que los salarios le ganan a la inflación, una hipótesis que no se verifica en lo que va de 2024, aunque para la administración Milei constituye una amenaza a futuro. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal del proyecto alcanza a apenas el 0,43 por ciento del PBI.

Para Carlos Guberman, secretario de Hacienda, que expuso en el plenario de comisiones en el Salón Illia del primer piso del Palacio, el punto no debe situarse sobre si las jubilaciones son o no suficientes para la supervivencia de los más de cinco millones de jubilados de la Argentina, sino en el impacto sobre las cuentas públicas: “no hay ninguna forma de financiamiento disponible más que por la recaudación de impuestos”, definió.

Para Guberman, el 12,5 % que se otorgó en abril, a modo de compensación de la inflación de enero, fue “el máximo esfuerzo que el Poder Ejecutivo estaba en condiciones de realizar”.

Respecto de la garantía del haber mínimo referenciado en la Canasta Básica Total, señaló que “se está fijando un piso mucho más alto del haber mínimo del que está vigente en este momento”. Esto tendría “un impacto para el resto del año de aproximadamente 0,27% del PBI, y el año que viene del 0,77% del PBI. Todo esto se va haciendo acumulativo a lo largo del tiempo”, advirtió.

Otro aspecto de un debate marcado por el abismo conceptual y argumentativo entre las posiciones del gobierno y una oposición (se presume, en este caso, también mayoritaria en el Senado) rondó alrededor de las deudas que mantiene el gobierno nacional con una decena de cajas de jubilaciones de provincias que en su momento no fueron transferidas a la Nación, Santa Fe entre ellas.

Según los números de la oposición, de 57 mil millones que le debe Nación a las provincias, sólo ha transferido 17 mil millones.

Para los funcionarios presentes (además de Guberman, también expuso Mariano de los Heros, titular de Anses y ex presidente de una AFJP durante el gobierno de Carlos Menem), los reclamos de las provincias por presuntas deudas, está en revisión (auditorías), “en varios casos estamos verificando que lo reclamado por las provincias no corresponde, incluso, en algunos casos, el gobierno nacional contaría con crédito, porque les fue transferido más de lo que les correspondía”. Los dichos del titular del Anses calentaron aún más los ánimos de varios senadores. Y no sólo de los peronistas.

En la apertura del plenario, presidido por la titular de la comisión de Trabajo y Previsión Social, Carmen Álvarez Rivero (PRO Córdoba), el formoseño José Mayans, titular del interbloque de UxP recordó que Diputados le dio tratamiento de manera urgente a la nueva fórmula previsional, y lo aprobó con dos tercios de los presentes, “la prioridad actual es el tratamiento urgente de esta ley”, y recordó que su bloque pidió un tratamiento sobre tablas (no obtuvo la mayoría agravada necesaria, en la última sesión del Senado). La expectativa de UxP, en el caso de que se mantenga el apoyo de la UCR y algunos bloques provinciales, es también conseguir los dos tercios en la Cámara alta, y así impedir el anunciado veto de parte del presidente.

“Si la intención es dilatar, introduciendo cambios en algunos artículos, o poniendo en debate otros proyectos, así como va, ya ni en septiembre van cobrar el aumento los jubilados”. Según el formoseño, el gobierno, con su pretensión de dilación, está esperando que se mueran la mitad de los jubilados para así llegar el déficit cero”.

La jornada informativa de comisiones, que continuará el próximo martes y que el miércoles 7 de agosto tiene previsto firmar dictamen, tuvo este miércoles un expositor que sorprendió, e incomodó sobre todo al oficialismo; el periodista del diario Clarin especializado en temas previsionales, con extensa trayectoria, Ismael Bermúdez. Primero expuso con datos precisos cómo se produjo la caída brutal de las jubilaciones desde 2017 a la actualidad, instó a una urgente recomposición de ingresos, y luego, ya retomando su rol de periodista, preguntó a los funcionarios nacionales sobre distintos aspectos.

“¿El gobierno estaría dispuesto a aceptar el aumento del 8,1 % (la diferencia entre el 20,6 inflación de enero y el 12,5 que otorgó el gobierno)? De los Heros, de Anses, contestó, ante la sorpresa de todos, en especial de Bermúdez: “espero que esta respuesta no sea para armar un artículo (periodístico) el día de mañana, pero entiendo que el gobierno estaría dispuesto a evaluar ese ajuste, aunque no de forma retroactiva a abril, sino a partir de la sanción de la ley”.

También consultado sobre si se pagarán las sentencias firmes favorables a jubilados (por reclamos de cálculos mal realizados) que ya produjo la Corte Suprema (se estiman unas 90 mil a la actualidad) “se harían a partir de las sentencias firmes a partir del 1º de julio de este año, porque siempre uno tiene que empezar por el flujo y no por el stock, esa es una definición operativa”.

La presión por los magros ingresos jubilatorios suma temperatura, día tras día. Y nadie sabe cuánta sobrecarga resiste la caldera social.