La mediatización de las asimetrías con que se utilizan los subsidios nacionales y los aumentos de las tarifas de energía eléctrica, volvieron a sacar a la luz las irritantes diferencias entre lo que pagan los usuarios de la Ciudad Autónoma y los del resto del país y, particularmente, los de nuestra provincia.
Esta situación lleva tres décadas y tiene su origen en un cambio de paradigma, la ley Nº 24065 que instituyó en 1992 un nuevo Marco Regulatorio para el sistema eléctrico nacional y terminó con la equidad tarifaria.
En su momento, fue intentado corregir por la ley 27443/18 de Emergencia Tarifaria, que sancionó el Congreso Nacional y que tuvo entre de sus principales impulsores al entonces senador Perotti, como respuesta a la política tarifaria de Macri/Aranguren.
La misma señalaba “Institúyase el Régimen de Equidad Tarifaria Federal, que tiene por objetivo principal evitar desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas de jurisdicción nacional, que impactan negativamente en el desarrollo de las regiones del país o en la calidad de vida de las personas que en ellas habitan”.
Además, le daba 60 días al PEN para “la equiparación de las tarifas y/o subsidios que rigen para el AMBA, con el resto del país”
Esta ley era una respuesta a la política que había favorecido claramente con subsidios, desde la jurisdicción nacional, a las empresas EDENOR Y EDESUR, y que fueron denunciadas a la justicia, en una excelente investigación, por el actual SSEE Basualdo. La propia AGN, confirmó luego que se “benefició a las distribuidoras en detrimento de los usuarios”.
La ley fue vetada en su totalidad por el presidente Macri.
La equidad tarifaria nació en 1958 cuando se decidió, por la ley Nº14772, la jurisdicción nacional sobre las empresas que prestaban el servicio eléctrico en Capital Federal y GBA. Es decir, el PEN pasó a regular sus tarifas, hasta ese entonces en mano de los municipios.
En ese momento, también eran de igual jurisdicción los servicios que la empresa nacional AYEE atendía en grandes ciudades del interior, como Rosario, Santa Fe, Mendoza, Mar del Plata, Tucumán y otras.
Es decir, las tarifas de la mayor parte de la demanda eléctrica nacional, no en toda, pasaron a ser regulada por el PEN y eran similares en todo el país.
Había equidad tarifaria.
Durante la última dictadura militar se transfirieron a jurisdicción provincial los servicios eléctricos de jurisdicción nacional pertenecientes a AYEE que atendían a los usuarios. Así nació, entre otras, la EPE de Santa Fe.
Las empresas del AMBA, entonces llamadas SEGBA e ÍTALO, siguieron bajo jurisdicción nacional y las tarifas con esquemas similares.
Pero en la etapa Menem/Cavallo todo cambió. Se aprobaron las leyes de Reforma del Estado y Privatizaciones-así nacieron EDENOR y EDESUR-, que tuvieron continuidad en 1992 con la ley N.º 24065, donde se cambió el enfoque imperante de tarifas equitativas. Si bien se instituyó tarifas de venta similares a las distribuidoras, el costo final a los usuarios debería reflejar el costo incurrido para que llegue la misma a los domicilios de estos, sean de Jujuy, Neuquén, Capital Federal o Formosa. La ley preveía un fondo compensador de tarifas que resultó totalmente insuficiente.
Esto derivó, más subsidios injustificados durante el gobierno de Macri, en que las tarifas aplicadas por EDENOR y EDESUR, con su economía de escala y posibilidades de financiamiento, resultaron notablemente menores que las del resto del país.
Se terminó con la equidad tarifaria.
En el año 2001, con el fin de la Convertibilidad, la ley Nº24065, diseñada para el país que imaginó Cavallo, no era aplicable en el nuevo esquema económico-financiero que se estaba gestando.
El solo hecho que la ley tiene ya 386 resoluciones, decretos o leyes que la reglamenta o modifican, demuestran las dificultades de su aplicación.
Las distribuidoras tienen características muy distintas según donde estén situadas.
No es lo mismo, como ya mencionamos, CABA, que Jujuy, Neuquén, Formosa o Santa Fe.
La densidad de su población, con el tipo de infraestructura que origina, las características geográficas de cada provincia, el índice de pobreza de cada una de ellas y su estructura productiva suelen ser muy distintas.
A partir del 2003, durante los gobiernos justicialistas, se intentaron distintos mecanismos para solucionar los problemas que la aplicación de la ley originaba y compensar las desigualdades tarifarias, pero todos, por distintos motivos, han sido insuficientes.
Hoy, el país necesita una nueva ley de Regulación del Mercado Eléctrico que sirva de ordenamiento a toda la actividad e introduzca para toda la nación la idea de una convergencia a una TARIFA UNICA para todos los usuarios en sus distintas categorías y segmentada por capacidad de contribución.
Pero para que la Tarifa Única sea posible, aplicable, hay que transparentar y hacer eficiente el Valor Agregado de Distribución (VAD), que no es otra cosa que el costo que las empresas distribuidoras agregan al costo de la energía que compran a CAMMESA y que da como resultado el costo final que pagan los usuarios.
Son muchas las consecuencias del cambio de paradigma ocurrido en 1992 y la jurisdicción nacional sobre EDENOR Y EDESUR, cuya concesión y control deberían pasar a CABA y PBA.
El daño producido es incalculable.
Es hora de terminar ya con esta injusta, irritante e incomprensible discriminación que no solo afecta a los usuarios domiciliarios, sino también la competitividad de nuestras PYMES.