Daniel Erbetta no suscribe versiones periodísticas. Las especulaciones alrededor de una reconfiguración de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia son para su presidente precisamente eso: conjeturas que se ponen a circular y “tienen la pretensión de esmerilar un poder que hace al gobierno de la sociedad”. Además está convencido de que el gobernador electo, Maximiliano Pullaro, no alienta esa campaña.
Erbetta dice sin embargo que mantuvo conversaciones informales con allegados al próximo gobernador, aunque referidas a generalidades de la situación actual. En su mirada la Justicia necesita reformas en sus procesos de organización y de funcionamiento, pero también nota un debe algo abultado en las cuentas de la política, y tanto para unos como otros la necesidad de forjar consensos para avanzar en las transformaciones. “Nosotros cogobernamos gestionando conflictos y tratando de limitar la arbitrariedad tanto de los poderes públicos como de los poderes concentrados. Ese es el objetivo de un sistema de justicia”, afirma.
—Hay versiones insistentes respecto a que Maximiliano Pullaro impulsará una reconfiguración de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. ¿Sería el comienzo de un nuevo ciclo?
—Como presidente de un poder que es independiente, más allá de que la independencia sea una garantía de los ciudadanos y cada juez debe honrarla personalmente, no puedo hacerme cargo de versiones periodísticas tan delicadas como las que circulan. Conozco al gobernador electo como un político de raza, muy respetuoso de los valores que hacen al funcionamiento del sistema democrático y a la República, por lo tanto a la división de poderes. Tampoco resultan agradables ni demasiado prudentes porque en alguna medida ante este tipo de versiones cualquier lector institucional puede advertir una suerte de pretensión de esmerilamiento de un poder que hace al gobierno de la sociedad y tiene muchos problemas. También tenemos autocrítica: debemos reconstruir los lazos con la sociedad, como debe hacerlo la política. Ese tipo de versiones, en lugar de sumar, restan. Las cuestiones institucionales se resuelven con diálogo institucional. La eventual renovación de la Corte tiene implicancias institucionales y también jurídico-constitucionales. Hay normas de la Constitución que hay que saber interpretar. Estoy convencido de que estas versiones no responden al gobernador electo.
—No hubo ningún diálogo con el gobierno electo.
—No. El gobernador electo estuvo en viaje de trabajo, con muchas actividades y todavía no asumió. El 29 de noviembre tenemos la entrega de los diplomas. Ha habido diálogos informales con allegados. En esta provincia todos los actores nos conocemos. Algunas conversaciones hubo, pero sobre cuestiones muy generales sobre el estado de situación del Poder Judicial. Un tema que me parece bueno destacar es que en general se habla de la Justicia y la Justicia es un valor, lo que hay son poderes judiciales y los poderes judiciales responden a lógicas muy diversas según la región, el fuero y el sistema de funcionamiento. No lo digo en un sentido valorativo sino en el sentido de que si bien existen problemas estructurales comunes hay particularidades. Por lo tanto cuando uno hace política judicial lo primero que necesita es un diagnóstico, y un diagnóstico desagregado y contextualizado. Las generalizaciones, las reducciones lineales, son producto de las charlas de café, de los prejuicios, de los preconceptos, nunca de un diagnóstico serio, y cuando uno hace política no puede guiarse por especulaciones o intereses personales. La política tiene que responder a una lógica racional y requiere información cualitativa y cuantitativa de calidad. Para prevenir la dinámica de la criminalidad en una región necesito datos, y esos datos tienen que ser el producto de investigaciones empíricas. Mucha gente habla de la Justicia queriendo hablar del Poder Judicial como si fuera todo lo mismo, y no es así. A veces escucho cosas que son inexplicables porque no tienen ningún correlato con la realidad sino con especulaciones o lugares comunes. La política es un instrumento excelso para cambiar la vida de la gente, para construir ciudadanía, para generar derechos. Hay que tener un respaldo de diagnósticos, no sobre la base de opinadores sino de expertos. ¿Me explico?
—Sí. ¿Faltan expertos en la provincia?
—Tenemos un diagnóstico bastante aproximado. Lo que falta son consensos para tomar decisiones políticas dentro del Poder Judicial y fuera del Poder Judicial que apunten a generar modificaciones. Estas son estructuras muy cerradas. No solo la del Poder Judicial. A veces hay una tendencia a quedarse en lo que uno siempre hace, a la práctica rutinaria, a resistirse a los cambios. Por eso es importante producir acuerdos inter institucionales. Nosotros tenemos muchas dimensiones de trabajo relacionadas con cuestiones estructurales. Una básica es que hay fueros en los que todavía trabajamos con procesos y modos de litigio que son de la época de la colonia. Por más que cambiemos leyes es difícil que cambie la realidad sin atacar las bases de sustento de esos sistemas de organización. Esta dimensión tiene una respuesta muy simple que es recuperar el sistema de procesos que pide la Constitución Nacional: un sistema público a través de audiencias públicas y orales. Esa reforma se inició cuando firmamos el convenio con el ministro Garavano pero es necesaria una modificación en la ley orgánica. No podemos mantener la estructura feudal de los juzgados, es anacrónico. No podemos mantener el dispendio que significan los secretarios en la función que tienen cuando ese recurso humano se puede aprovechar para otras situaciones. No podemos mantener jueces que gerencian una pyme como es un juzgado, un juez tiene que dedicarse a la función jurisdiccional y punto, todo lo que es gerenciamiento del sistema tiene que correr por cuenta de oficinas judiciales.
—¿Qué cambios se producirían en la gestión del sistema?
—No mantener la estructura de juzgados nos permite flexibilizar la respuesta. Si de pronto hay muchos procesos de quiebra puedo afectar una mayor cantidad de jueces a atender esos procesos de quiebra y una menor cantidad a los civiles, que a lo mejor se han reducido. La demanda de trabajo no es fija. Rosario hoy está muy complicada en la carga que tiene el sistema penal y tenemos un problema en el fuero de familia y en el fuero laboral. Ahí tenemos focalizados los problemas más complejos. Una estructura flexible me permite dar una respuesta en función de la demanda, sin necesidad de grandes reformas ni de presupuesto en determinadas áreas. Sí debemos potenciar en lo presupuestario áreas que no tienen que ver con lo jurídico. Necesitamos mucha ayuda de otras disciplinas en materia de violencia doméstica, violencia de género; en materia de investigación criminal necesitamos expertos en economía, en finanzas, no en una gran cantidad pero gente calificada.
—¿Qué otros aspectos priorizan en el funcionamiento?
—Tenemos una segunda dimensión de trabajo con lo informático. Este año hemos avanzado mucho porque hemos trabajado con los cinco colegios de abogados. Tenemos un diálogo fluido y constructivo con ellos, porque son parte del sistema de justicia. A veces uno cree que los únicos problemas que existen son los que puede ver. No, hay otros y los abogados nos ayudan a verlos. Tenemos en el debe ir a un sistema informático más abierto, como se impone, y generar desarrolladores propios que nos permitan atender en terreno las demandas puntuales de cada lugar. Un sistema abierto implica mayor transparencia, la posibilidad de acceso más fácil por parte del ciudadano, y además estamos trabajando en generar mecanismos de producción de información en tiempo real. Eso permite no solo un mecanismo de control sino salir en auxilio de situaciones donde hay más debilidad. Y una tercera dimensión es la capacitación. Tenemos que mejorar la forma de litigar. La calidad del litigio entre los abogados e incluso los jueces tiene un impacto decisivo en el acortamiento de los plazos de los juicios y en la calidad de las decisiones. No litigamos bien, lo digo como abogado que he sido, porque tenemos una influencia del derecho continental europeo, un litigio más pesado, más burocratizado. Esto hay que romperlo, hay que ir a un litigio más dinámico. Y lo otro, uno lo repite, es no perder sensibilidad frente a los problemas de la gente. Trabajamos con conflictos humanos y no podemos naturalizar situaciones. No puede parecer normal que un expediente tenga diez años. Tenemos que generar mecanismos de control de gestión, lo que no implica meterse con la independencia de los jueces.
La política criminal y sus actores
—En la inauguración del año judicial dijo que abordar la dimensión financiera era clave para desarticular el mercado de las drogas. ¿La provincia está en condiciones de afrontar esa tarea?
—Es un tema central. En 1984 Raúl Alfonsín planteó la reforma democrática de la justicia federal que no pudo hacer y todavía la estamos esperando, recién empezó en Salta y Jujuy. Cosa que pasó inadvertida, porque naturalmente el Juicio a las Juntas fue el hecho histórico, planteó entonces repensar las políticas de seguridad porque el crimen había comenzado a moverse por una lógica excluyente de lucro en forma de economías ilegales, lo que pasa hoy. La mayoría de los homicidios dolosos responde a disputas por mercados ilegales, no son cuestiones interpersonales, y hay muy pocos homicidios dolosos en ocasión de robo. El producto, la ganancia de estos negocios ilícitos obviamente se lava y no se lava en la cárcel, donde están detenidos muchos de los líderes de estas organizaciones, ni se lava en los barrios periféricos donde se producen los muertos sino en otros lugares, tiene otros canales, y fundamentalmente en una ciudad como Rosario, con una Hidrovía y un enclave estratégico entre las rutas 9, 11, 33 y 34, hay que generar más controles. Con una economía informal de un porcentaje altísimo, todo esto genera un volumen de dinero sucio que utiliza distintos canales de lavado y allí se filtra el dinero del narcotráfico. El problema de la región es que necesitamos una política de persecución penal estratégica respecto del mercado económico financiero que posibilita las ganancias ilícitas y para eso —opino sin tener responsabilidad, porque el Ministerio Público Fiscal es autónomo— necesitamos potenciar las unidades de investigación y que esas unidades estén dotadas del equipamiento pero fundamentalmente de recursos humanos que conozcan el problema financiero en la ciudad de Rosario. Necesitamos expertos en esas áreas. Una noticia importante es que el Poder Judicial de Tucumán nos va a facilitar la implementación de un sistema de informatización que le va a dar una capacidad de respuesta mayor al sistema penal. Será de manera gratuita: otro ahorro para la provincia, así como ahorramos 55 millones de pesos con el Tribunal Electoral. Uno de los problemas de nuestro sistema penal es precisamente que no ha logrado desarrollar un sistema informático integrado entre colegio de jueces, oficina de gestión, Ministerio Público de la Acusación y defensas.
—La reforma policial ya no está en el debate político. Al mismo tiempo circulan ideas remanidas en torno al encarcelamiento y la edad de imputabilidad de menores. ¿Es posible plantear otro tipo de discusión en Santa Fe?
—Tenemos una provincia con muchas potencialidades, con recursos humanos muy calificados, pero envejecida institucionalmente. Es una de las dos provincias que no reformó su constitución provincial después de la reforma nacional de 1994; una de las pocas provincias que no tiene ley de acceso a la información pública y la única que no tiene ley de voto joven; una provincia que no tiene ley de educación sexual integral; una provincia que no tiene ley de juicio por jurados populares. Santa Fe tiene un desafío en materia institucional que seguramente va a asumir el nuevo gobierno con la facilidad que le da contar con mayoría en la Legislatura. Digamos, se trata de recuperar la institucionalidad del siglo XXI para la provincia.
—¿Cuáles serían las prioridades en ese desafío?
—-Hay tres actores de política criminal. El primero es la policía. No se puede diseñar una política de persecución penal sin una policía fuerte, profesional, responsable, bien remunerada y con muchos controles. Tenemos un problema gravísimo con la policía y no creo que no se vea; por lo tanto es necesario darse una discusión sobre una reforma de la policía. Después veremos los matices pero hay que ir entre otras cosas hacia una policía de investigación que dependa de los fiscales, sobre esto no hay ninguna duda, y una policía que tenga insumos adecuados y condiciones de bienestar. El segundo actor de política criminal son los fiscales. Ahí tenemos algunos problemas. Las nuevas autoridades tienen la responsabilidad de recomponer y reacomodar una institución clave como el MPA. Hay reformas pendientes; no me parece sano en términos institucionales que la disciplina de los fiscales esté en manos del Poder Legislativo, no hay un caso similar en el mundo. El tercer actor es la cárcel. Tenemos otro problema grave, yo lo vengo hablando con el ministro de Seguridad, tenemos informes permanentes y visitas de cárceles. Hay una situación de sobrepoblación muy grande, hay hacinamiento y es necesario darse una política. No estoy sacando responsabilidad pero convengamos que existe un discurso generalizado que condiciona muchas veces los criterios de aplicación de la ley. La tasa de encierro ha crecido de manera exponencial. Decir que los jueces liberan a los detenidos al día siguiente, bueno… Hasta un principiante puede darse cuenta de cómo ha crecido la tasa de encierro en progresión geométrica, basta comparar el crecimiento demográfico con la tasa de encierro y hacer un cálculo. Y tenemos el problema de que los penitenciarios no gobiernan la cárcel. Para poder avanzar en soluciones es importante generar consensos entre las instituciones y mecanismos de monitoreo para las reformas. A veces cambiamos los papeles pero seguimos con las mismas prácticas. Los procesos de reforma tienen dos grandes instancias: ponernos de acuerdo en el diseño de una institución puede tener matices y hasta puede resultar sencillo; después viene lo más importante, la implementación, y eso requiere de mucho control de gestión.
—¿Cómo observa la situación en la Fiscalía Regional de Rosario, a partir de las denuncias cruzadas entre fiscales?
—La observo con un dejo de tristeza porque en una ciudad complicada, con la tasa de homicidios más alta de la Argentina, nuestros fiscales y los jueces han sido víctimas de amenazas y de balaceras, lo que no ocurrió nunca en la historia criminal argentina. En el haber del Ministerio Público se encuentra haber desmantelado organizaciones criminales y haber penetrado en la dimensión económica del delito. Antes de 2014 no ocurrió nada de esto, lo que habla bien de la reforma del sistema penal. En el debe hay una situación que impactó de lleno en la base del MPA en Rosario que derivó en el encarcelamiento del fiscal regional (Patricio Serjal). Hay que evaluar ese hecho. El MPA es una institución que debería trabajar en forma coordinada bajo una conducción férrea y en aquel momento se produjeron una serie de disputas que derivan en lo que se está ventilando. Es una lástima porque empaña o neutraliza las cosas buenas que se han hecho y el esfuerzo de mucha gente. Es un desafío de la fiscal general, y yo tengo mucha confianza en la fiscal general y en la fiscal regional, de recomponer el clima de trabajo y el funcionamiento del MPA. Si hubo irregularidades el que las cometió tiene que ser sancionado.
—También surge una discusión sobre los informantes en las investigaciones.
—Es tiempo de darse una política interna respecto al uso de este tipo de herramientas. La ley nacional de delito complejo prevé el uso del informante. Vamos a poner las cosas en su lugar: ¿en qué lugar del mundo no se trabaja con informantes? Hay que generar un mecanismo de funcionamiento donde se sepa que cada fiscal no puede hacer lo que se le cante. Los fiscales forman parte de una estructura vertical, responden a un principio de unidad de actuación, de objetividad y de legalidad y por lo tanto deben tener mucho control, porque tienen mucho poder. Si lo desregulo, el poder me pasa por encima porque tiene una tendencia estructural a barrer los límites. Una institución como el MPA necesita reglas claras y una política de comunicación uniforme. Este es un problema que abarca a todos los poderes del Estado. Pujas personales, afuera. El que toma decisiones en función de pujas personales no puede hacer política, no puede trabajar en el MPA, no puede trabajar en el Poder Ejecutivo, porque le hace daño a la institución, a la provincia, a los ciudadanos de Santa Fe. Cuando yo era chico, en el barrio, las pujas personales se resolvían en otro lado. La meta que nos debe guiar es preservar la institucionalidad.
—El próximo gobierno asume con un millón de votos y mayoría legislativa. ¿Ese poder determina de otra manera al Poder Judicial?
—Los votos dan legitimidad de origen. Después hay que ganar legitimidad de ejercicio. Y la legitimidad de ejercicio tiene que ver con el respeto de la Constitución y los equilibrios que la Constitución marca. El Poder Judicial somos mucha gente que pensamos distinto. Soy una persona que ha actuado según sus convicciones esté del otro lado quien esté. Soy de Newell’s, pero aunque el otro sea de Newell’s o de Central voy a actuar de acuerdo a lo que dice la ley. Es mi trayectoria de vida. Esta es una ciudad chica, la gente me conoce y supongo que todos los integrantes del Poder Judicial tienen esa lógica.
—¿Qué expectativa tiene con el gobierno de Pullaro?
—El gobernador electo y el anterior son hombres de la política. En este caso particular, siempre que uno actúe en el marco del estado de derecho, el respeto por la división de poderes y el equilibrio, tiene la posibilidad de generar transformaciones porque tiene mayoría en la Legislatura, lo que es una ventaja adicional. Pero las expectativas para la provincia van bastante entrelazadas con lo que pueda ocurrir a nivel nacional. No opino sobre ese tema porque no me corresponde, pero en el último discurso de la campaña de 1983 Alfonsín dijo que Argentina iba a elegir entre dos movimientos nacionales que tenían los mismos objetivos y diferían en las personas y en las formas de alcanzar esos objetivos. La otra diferencia fue entonces la opción entre la memoria y el olvido. Ganó Alfonsín y ganó la memoria. La Argentina tiene hoy un dilema importante, porque va a elegir entre dos caminos que pueden llevar a situaciones completamente diferentes. Esa opción también va a tener impacto en la provincia.
Autor
