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Paradojas santafesinas: la agenda del agro define la trastienda pero brilla por su ausencia en el discurso electoral

Con el intento frustrado de Vicentin, las idas y vueltas en torno a la Hidrovía, las quemas que derivaron en la ley de Humedales, el cierre de las exportaciones de carne, la reforma de la ley de Biocombustibles, o la crisis logística generada por la combinación de la bajante del Paraná y el aumento del precio del transporte marítimo, la cuestión agroindustrial puso a Santa Fe en el centro de la agenda nacional.

Sin embargo, el tema no ocupa un lugar significativo en la campaña electoral aunque tiene plena vigencia en la trastienda de las relaciones políticas. Así se plasmó la semana pasada en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, con la presencia del gobernador Omar Perotti, el intendente Pablo Javkin y el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra. Este último fue quien menos logró compatibilizar con el espíritu santafesinista que exudaron los discursos, que tuvieron a la licitación de la Hidrovía como eje central.

La ausencia del campo en las proclamas de los candidatos es, de por sí, un dato curioso. Más aún si se toma en cuenta que la liquidación récord de 20 mil millones de dólares en lo que va del año es la fuente principal de la estabilidad relativa. Hasta fin de año, el fisco recibirá alrededor de 3 mil millones de dólares más por derechos de exportación. Pero la magnitud de la crisis social y el costo prolongado de la pandemia impiden la incorporación de propuestas estratégicas.

La provincia pone en juego nueve de las 19 bancas en Diputados y los tres lugares en el Senado. Entre las decenas de listas, son pocos los candidatos que tienen una relación estrecha con el agro. Uno de ellos va por la renovación de la banca, Luis Contigiani. Los otros son Lucía Lehmann, Gerardo Colotti y Dieter Von Dannwitz. Los últimos tres son parte de Juntos por el Cambio. Si bien dentro del gabinete provincial hay referentes de la agroindustria, los integrantes de la lista oficialista no se destacan por sus relaciones en el sector.

Con niveles de pobreza insoportables y una economía estancada, el objetivo central de la clase política es evitar el colapso social. Las campañas parecen advertir un fantasma que se cierne sobre las elecciones: la variante Delta. El ritmo de vacunación deambula entre el sentimiento antipolítico y abstractas reivindicaciones politológicas de la democracia. Y lo que se observa, es una obviedad: mientras no surjan alternativas que desplieguen el potencial de otros sectores, la centralidad política y económica del agro pampeano será inevitable.

La campaña de gobierno

El campo entró a la campaña mediante acciones de gobierno. La Nación anticipó un avance preliminar del Plan Ganadero y demora la ley de exportaciones que promueve el Consejo Agroindustrial Argentino. La Provincia lanzó el programa Carnes Santafesinas 2030, que apunta a producir 300 mil terneros más al año y aumentar la producción cárnica en 90 mil toneladas. La propuesta además busca elevar la faena porcina anual de 980 mil a 1,2 millón de cabezas, y pasar de 93 mil a 100 mil toneladas producidas. Y para el rubro avícola, el objetivo pone a la faena en 27 millones de unidades en dos años, produciendo 6.500 toneladas más.

Lo que se observa, es una obviedad: mientras no surjan alternativas que desplieguen el potencial de otros sectores, la centralidad política y económica del agro pampeano será inevitable

El gobernador juega con la ventaja del respaldo de la Casa Rosada. Esto significa: envío de fondos y anuncios. Así sucedió con el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Roberto Salvarezza, cuando confirmó una inversión de 250 millones de pesos para el Centro Científico Tecnológico (CCT) de Rosario. Ese mismo día, el Conicet anunció un aporte para Rosario de 60 millones de pesos en el marco del programa “Ciencia y Tecnología contra el Hambre”. El conjunto de obras comprende una inversión aproximada de 104 millones de pesos durante el año.

Junto con la presentación del fondo FS500, integrado por el Estado y la empresa Bioceres para apoyar emprendimientos de base científico-tecnológico con un aporte de 300 millones de dólares en la próxima década, el gobierno provincial interpela al boom de startups en la región para transformarlo en una plataforma de generación de empleo, innovación, exportaciones y arraigo. Ese es el foco de la mirada regional y la colaboración público-privada que define la línea principal del argumento oficial. Lo demás es no decir tanto como para evitar desacomodar lo poco que marcha.

El acompañamiento nacional puede leerse, además, como un reconocimiento de necesidad desde la Casa Rosada frente al sostenido conflicto con el agro, el principal negocio nacional. Con escenarios electorales más complejos en CABA y Córdoba, Santa Fe es el segundo distrito al que el Frente de Todos aspira. El acuerdo entre Cristina y Perotti traza una ruta paralela con la base productiva fuertemente antikirchnerista. Es una vía que admite ciertos rasgos de autonomía, pero se ciñe al armado nacional. Un “cordobesismo desde adentro”.

Santa Fe en el barro nacional

El voto de la “pampa gringa” estará determinado por la capacidad del gobierno provincial de sortear los enconos generados desde CABA. El campo santafesino tuvo un desempeño que equilibró los números provinciales y aportó al sostenimiento nacional. La maquinaria agrícola, con su núcleo en Santa Fe, es el sector privado que más trabajo creó en una economía a la que le cuesta recuperarse.

El peronismo nacional le escapa a la discusión sobre la política agroindustrial y Santa Fe hace pie en el dilema entre una nueva matriz energética o el afianzamiento del sector petrolero tradicional, teatralizada en torno a las leyes de Biocombustibles y de Hidrocarburos. Lo que el episodio encubre son apuestas que tienen más que ver con la subsistencia política inmediata que con las oportunidades para las próximas décadas.

Las decisiones del gobierno nacional no consideraron las realidades de las provincias, y las secuelas debieron ser neutralizadas. El caso de la Ley de Biocombustibles es un ejemplo notable de las contradicciones. El nuevo marco regulatorio, propuesto por el diputado santafesino Marcos Cleri, modifica la normativa del 2006, que permitió al gobierno de Néstor Kirchner impulsar un complejo de 50 biorrefinerías en 10 provincias con inversiones por 3 mil millones de dólares y la generación de más de 60 mil puestos de trabajo. La paradoja es que desde Santa Fe se promueven normas pensadas para Buenos Aires, que pretende sumarse a las provincias petroleras, aunque no produzca ni un solo barril.

Las decisiones del gobierno nacional no consideraron las realidades de las provincias y las secuelas debieron ser neutralizadas. El caso de la Ley de Biocombustibles es un ejemplo notable de las contradicciones

En esos desfasajes entre la realidad inmediata y la imaginación política, el caso Vicentin cobra un relieve paradigmático. Más allá de las denuncias sobre la estafa, la dirigencia política se desentiende del crack de una modalidad de comercialización que ató la producción a la valorización financiera y dejó a la intemperie a una enorme cantidad de productores. Se trató de un planteo de riesgos cuyas consecuencias impactaron hacia dentro de las comunidades y el mercado se quedó sin un comprador. Justamente, el comprador que ampliaba participación a acopios, corredores y cooperativas.

Los efectos inmediatos fueron una retracción del crédito bancario, un repliegue sobre estrategias más desconfiadas y una disminución de las garantías en un mercado absolutamente enviciado. Las ventas directas se retomaron a partir del pánico generalizado y las beneficiadas fueron las multinacionales. El desconocimiento o desinterés de la dirigencia es el mismo cuando se trata del impacto de la sequía y el aumento de costos logísticos. Una desidia que se contradice con las arengas que esporádicamente pueblan las rondas de declaraciones.

En ese sentido, una mirada integral sobre el campo es una necesidad para cualquiera de los partidos que busquen una proyección al 2023. El diseño de políticas públicas a largo plazo que sorteen el enfrentamiento infértil con los agronegocios y no se limiten a un encogimiento de hombros estatal, parece ser la única manera de romper la lógica pendular. Pero más que horizontes, detrás de las proclamas hay alianzas transitorias. Y cuanto menor atención se le dé, el Estado correrá de atrás a un sector privado cada vez más separatista que hace su Cataluña con la bandera del dólar.

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Autor

  • Hace periodismo desde los 16 años. Fue redactor del periódico agrario SURsuelo y trabajó en diversos medios regionales y nacionales. En Instagram: @lpaulinovich.

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