Los fiscales que investigan una trama de corrupción que incluye actores institucionales presentaron la acusación contra el ex juez Marcelo Bailaque a quien le pidieron diez años de prisión, por acciones que le atribuyen y que implican extorsión, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, recepción de dádivas y lavado de dinero.
También solicitaron cinco años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, multa equivalente a cinco veces el monto de la operación de lavado y a tres veces el de las dádivas.
Los acusadores también pidieron una pena de prisión de cuatro años y seis meses para la esposa del ex magistrado, Graciela Martínez Maulión, que es abogada y funcionaria del Poder Judicial de Santa Fe. Le imputan a ella y su marido ser coautores de lavado de activos al comprar un lote en el consorcio Vida Barrio Cerrado de Funes por valor de 70 mil dólares. El inmueble fue cedido por la empresa constructora Edeca que al momento de la transacción tenía una causa penal por delitos tributarios en el juzgado a cargo de Bailaque.
Finalmente también pidieron seis años de prisión para el escribano santafesino y lobista del Poder Judicial Santiago Busaniche, quien es operador y gestor de ingresos en la Justicia en contacto directo con magistrados de Comodoro Py y agentes del Servicio de Inteligencia del Estado. A Busaniche y Bailaque les adjudican un accionar coordinado para extorsionar a los empresarios bursátiles rosarinos Claudio Iglesias y Jorge Oneto, a quienes según las constancias le exigieron 200 mil dólares para frenar una causa penal en su contra. Iglesias declaró que concretó cinco pagos por 160 mil dólares.
Los fiscales Juan Argibay Molina, Sergio Rodríguez y Federico Reynares señalan que Busaniche instigó y condicionó el dictado de resoluciones ilegales en un juzgado para perjudicar a Iglesias. También instigó al ex director regional de la AFIP Carlos Vaudagna a presentar una denuncia apócrifa y a activar recursos institucionales del organismo recaudador para llevar a cabo la maniobra. Le atribuyen haber presionado a Vaudagna para que se reuniera con Bailaque y le transmitiera el mensaje de que los allanamientos debían realizarse antes del 1° de noviembre de 2019, cosa que así ocurrió. También orientó la actuación de Vaudagna para reforzar la apariencia de legalidad de la investigación. Su intervención, dicen los fiscales, fue determinante para la comisión de los delitos.
En la investigación los distintos fiscales resaltaron la gravedad de delitos en la que participaron altos funcionarios del Estado como el juez federal Bailaque y el contador Vaudagna, que tuvo los máximos cargos de la hoy ARCA en Santa Fe entre 2014 y 2020. Señalan que las conductas de Busaniche presentan una gravedad especial por su rol dentro de un esquema ilícito de corrupción estructural. Era un hombre ligado a figuras máximas del Poder Judicial de la Nación. Según declaró Vaudagna como imputado colaborador, había participado como articulador del chantaje a los empresarios bursátiles rosarinos por sus relaciones con el administrador general de la Corte Suprema de la Nación Héctor Daniel Marchi.
Los fiscales también describen el accionar ilícito de Fernando Whpei que actúa en esta causa como declarante arrepentido y fue quien realizó los cobros de las extorsiones al empresario Iglesias. Lo describen como un empresario rosarino con vínculos en medios de comunicación, finanzas y mutualismo, que manejó el grupo Unión. De elevado nivel de vida pese a no registrar bienes a su nombre y titular de al menos veinte cuentas bancarias en nueve entidades diferentes, registra 69 viajes en aviones privados entre 2019 y 2024.
Whpei fue vicepresidente de la Fundación Museo Internacional Democracia y Derechos Humanos, y tesorero de la Fundación Para La Democracia Internacional. Tenía vastas conexiones políticas, asistió a la inauguración del museo citado con el ex presidente de la Nación Alberto Fernández, y en las oficinas del museo se realizaron reuniones y las entregas del dinero del chantaje generado contra los agentes bursátiles Iglesias y Oneto.
Asimismo consignan los acusadores que Whpei también conocía a Santiago Busaniche, aunque no mantenía un vínculo de amistad. Según declaró Whpei, en una oportunidad Busaniche le pidió que utilizara sus contactos con senadores para lograr la designación del abogado Gastón Salmain como juez federal de Rosario, lo que se concretó en 2023.
También declaró que Busaniche actuó como intermediario en una maniobra para sobornar al juez Salmain para que otorgara una medida cautelar a favor de la empresa Attila Fideicomiso SRL para comprar 10 millones de dólares al cambio oficial. Por esta maniobra presunta el juez Salmain fue procesado por cohecho pasivo agravado en diciembre del año pasado.
Los fiscales destacan también que el ex jefe de la AFIP Vaudagna solía reunirse socialmente con el ex juez Bailaque y, a partir del análisis de su teléfono, pudo reconstruirse una relación estrecha con Santiago Busaniche. Según la pesquisa, Vaudagna “constituyó un engranaje esencial en las operaciones desplegadas, en tanto la AFIP fue el organismo que recibió la denuncia inicial” contra los empresarios bursátiles extorsionados, “y él fue quien aseguró que su elevación se produjera en el momento exacto en que Bailaque se encontraba de turno, asegurando así que la causa recayera en su juzgado”. A través de su intervención, dicen los investigadores, “la AFIP brindó el ropaje institucional necesario para ordenar los allanamientos, y más tarde, para producir un informe final que permitiera cerrar la causa de manera «razonable»”.
Tras la presentación de los fiscales formalizada este viernes se abre un proceso de control de la acusación en la Justicia Federal que estará a cargo de la Cámara Federal de Rosario. Intervendrán la semana próxima para validar o no lo actuado los camaristas Aníbal Pineda y Elida Vidal. Si se convalida, el trámite quedará definido para el inicio del juicio oral y público.
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