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Política

Presos y abandonados en el ex IRAR: un caso testigo de hasta dónde puede llegar la desidia política

No es una cárcel de menores pero funciona como tal. No es un centro de tortura pero por momentos podría parecerlo. Su razón de ser no es alojar pibes en conflicto con la ley penal y dejarlos tirados, pero así opera. Es un espacio al que le falta mucho de todo. Esto y mucho más es lo que está sucediendo desde hace años en el ex IRAR, hoy denominado “Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil”, ubicado en Saavedra y Cullen. Es un caso emblemático que delata lo que genera la desidia de la política santafesina.

“En los sectores 7 y 8 no funcionan los termotanques y no tienen agua caliente hace más de un mes. Además, hay desperfectos eléctricos. En los sectores 5 y 6, como las ventanas no tienen cerramientos las bloquearon con frazadas y bolsas para mitigar un poco el frío. Estos mismos sectores no cuentan con ningún elemento que les brinde algo de autonomía a los jóvenes, no tienen dispenser de agua caliente ni fría, no hay heladera, tampoco televisión”.

Y sigue: “Los colchones donde duermen se ponen sobre una tarima de material que deja pasar la humedad y el frío, lo que torna insoportable el acostarse. Tampoco se entregaron estufas para pasar el invierno por la noche en las celdas”, estas son algunas descripciones aterradoras, pero muy precisas, que hicieron a Suma Política desde adentro del ex Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR), aunque pidieron expresamente no ser nombrados por temor a represalias.

Solamente hay que pasar por el frente y echar un vistazo para notar las enormes deficiencias estructurales y de mantenimiento que existen. El campo de deportes, por ejemplo, es el signo de dejadez absoluta: el pasto abandonado y el tejido de los arcos de fútbol totalmente destruido. Este espacio al aire libre es un símbolo del estado de deterioro. Adentro, donde no se puede ver nada, según cuentan, es mucho peor.

Lo que pasa con el ex IRAR no es novedad. Todos los gobiernos de todos los colores prometieron ocuparse del espacio pero nadie cumplió. Es que, según relatan tanto sus empleados como las organizaciones sociales que se ocupan de visibilizar lo que sucede allí, se trata de una institución que “no da votos ni plata”. Y se nota.

Los jóvenes que llegan a la institución son menores de edad que tienen entre 16 y 18 años. Son llevados allí por decisión de los juzgados de menores, por haber cometido diversos delitos.

El último político de peso que caminó por esos pasillos para anunciar obras que comenzaron y concluyeron fue Miguel Lifschitz, cuando era gobernador. Su visita fue en junio de 2019 para comunicar refacciones por 47 millones de pesos para los sectores 1, 2, 3 y 4 y, también, para decretar el cambio de nombre de “IRAR” a “Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil”.

“La tarea de prevención tiene que ser el trabajo fundamental del Estado y, después, hay que pensar que estos jóvenes, que estarán un breve tiempo aquí, necesitan encontrar una puerta abierta, una nueva oportunidad. Esta institución cumple un rol fundamental y por eso tenía que cambiar. Esto no es una prisión, la ley dice que no debe serlo”, fue lo que dijo Lifschitz en su discurso.

Sin embargo, en la práctica, para ellos (los detenidos) representa más una antesala de la cárcel de mayores que un espacio donde puedan rehabilitarse de aquel hecho cometido que los lleva a estar privados de su libertad.

Actualmente hay 43 jóvenes conviviendo en la institución cuando la capacidad total de alojamiento es de 40 personas, según indicaron las fuentes consultadas. Además, el número ideal debería ser de 35 adolescentes, es decir que hay una sobrepoblación.

En la práctica, para los menores detenidos, el ex IRAR representa más una antesala de la cárcel de mayores que un espacio de rehabilitación

Imagen de archivo – 2012

Las urgencias

Hace pocas semanas se realizó una audiencia virtual organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Concejo, que preside la edila Susana Rueda, donde diversos referentes del ex IRAR contaron las problemáticas urgentes que detectan y cuáles deberían tratar de solucionarse con inmediatez, por el bienestar de los adolescentes.

El representante gremial de ATE en la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil (DPJPJ) y ex acompañante en la institución, Emiliano Scopetta, es uno de los referentes que reveló en el Zoom lo que está ocurriendo en la institución.

Para Scopetta hay necesidades que se podrían resolver “en lo inmediato”, como, por ejemplo, aquellos elementos que “permitan el esparcimiento” de los jóvenes dentro del espacio que habitan, como pueden ser pelotas de fútbol, cartas, revistas, juegos de mesa, entre otras opciones lúdicas, contó a Suma Política. Pero advierte que lo más urgente es resolver las condiciones edilicias. En particular “el acceso al agua caliente” en los sectores 7 y 8; y “las condiciones generales” de los sectores 5 y 6, teniendo en cuenta que estos últimos “son sectores que no están habilitados” y que, en esas condiciones, “el 5 está habitado por un grupo convivencial y el 6 está a disposición para alojar a jóvenes con síntomas o Covid positivo”.

Todos preguntan, nadie responde

El hermetismo reina sobre el ex IRAR. No sólo puede haber sanciones para trabajadores que difundan fotografías del interior del espacio, tampoco hay respuestas oficiales ante los pedidos de informes de organismos institucionales como el Concejo de Rosario.

Ante la denuncia de los empleados de que se están cerrando algunas dependencias correspondientes a la Dirección Penal Juvenil fue que “le consultamos a los representantes del gobierno del gobernador Omar Perotti y nos respondieron que se cerraban para abrir en mejores condiciones”, pero “todavía siguen cerradas”, afirmó a Suma Política la concejala Susana Rueda.

Esto derivó en que los trabajadores contratados “no sigan en sus puestos” y que “tampoco se incorpore personal nuevo”. La situación es “escandalosa”, “hay solamente dos empleados para más de 40 chicos” alojados allí, aseveró.

La situación que revelaron en la última audiencia es “sumamente precaria”. Como miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo “tenemos una visita pendiente al Centro, que aún no se concretó por la pandemia”, con lo cual “estamos a la espera de que se aminore la situación epidemiológica para poder ir”.

“Como Concejo —continuó Rueda— ya hicimos varios pedidos de informes que nunca fueron respondidos. Por eso vamos a pedir un cumplimiento de Decreto, reclamar que nos respondan los pedidos de informes. Es una de las herramientas con las que contamos”.

Desde el Palacio Vasallo se muestran preocupados por el “grado de desidia” que hay en la institución: “Nos alerta lo que está pasando, porque si cierran los espacios de tránsito de menores en conflicto con la ley penal, que de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños no pueden estar encerrados ni privados de su libertad, si siguen cerrando estas dependencias, los adolescentes vuelven a estar detenidos en el ex IRAR, donde ni siquiera tienen conectividad para continuar con sus estudios, no hay acompañantes terapéuticos y faltan docentes”, concluyó la edila.

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