Los candidatos a senadores de Unidos para Cambiar Santa Fe, que ahora se presentarán como garantes de la mayoría que necesita un hipotético gobierno del radical Maximiliano Pullaro, agitan un fantasma: el de la gobernabilidad en peligro.
En realidad, la historia reciente dice que salvo por unos pocos proyectos de fondo, los gobiernos del Frente Progresista, Cívico y Social no han tenido en la mayoría peronista de la Cámara alta un problema irresoluble. Tampoco un escollo infranqueable. Todo pudo hacerse, con las tensiones lógicas del caso entre oficialismo y oposición, por consenso. Mediante la negociación, una palabra que no debe espantar a nadie porque es parte de lo que la actividad política siempre necesita.
Puede que las leyes necesarias a lo largo de los tres gobiernos del FPCyS se hayan demorado un poco más, en algunos casos. Algunas veces, incluso, sucedió con el Presupuesto que pasó de marzo del año siguiente pese a su envío en tiempo y forma (antes del límite constitucional del 30 de septiembre de cada año). Pero, en términos generales, no han sido cuestiones que impidan llevar adelante una gestión.
El argumento de la gobernabilidad en peligro es parte del debate preelectoral y por lo tanto válido. No se sabe qué composición tendrá la próxima Cámara alta que, salvo por el primer gobierno peronista de José María Vernet de 1983 a 1987, siempre estuvo en manos del justicialismo. Además, con tantos de sus integrantes con más de cuatro períodos en la banca, es el cuerpo deliberativo menos cambiante.
Breve repaso
Es cierto que hoy no hay Ley de Educación en Santa Fe porque los senadores han preferido no tocar el tema de la educación sexual integral, aunque han existido debates internos porque no todos creen que la sigla ESI sea la suma de todos los males, ni que solo pueda tenerse en cuenta el punto de vista de la Iglesia Católica y de otros credos que son cada vez más influyentes en el terreno político santafesino. (En realidad, las iglesias evangélicas cristianas son más fuertes en Diputados desde la irrupción de Amalia Granata, que ha confirmado un fuerte liderazgo celeste que no se ha desteñido tras cuatro años de un desempeño no muy destacado, y ahora cobra nuevas fuerzas).
No es cierto, por otra parte, que los senadores representen solo a las ideas reaccionarias o “al patriciado”. O que todos teman a una sociedad más abierta en cuanto a la vida privada de cada ciudadano. (Cuesta escribir menos conservadora a la luz de los resultados electorales de las Paso nacionales).
No sucede que los representantes de los departamentos se hagan cruces para persignarse cuando oyen o leen un texto escrito o dicho en el llamado lenguaje inclusivo, aunque obviamente no lo usen. O que tengan actitudes atrasadas frente a las libertades sexuales conquistadas en los últimos años. Ni mucho menos posiciones lesivas para con lo que tiempo atrás se consideraba “lo otro”, “lo prohibido” o sencillamente “lo indeseable”.
En octubre de 2019, luego del proceso electoral, el Senado completó la sanción de la ley que consagra derechos laborales especiales, bajo un esquema de discriminación positiva para las personas transgénero. Es cierto que hoy aguarda sin novedades en esa Cámara la media sanción de los diputados para que haya una reparación económica a quienes sufrieron la persecución del Estado, en muchos casos muy violenta, durante la dictadura por su orientación sexual. Sin embargo, habrá que ver qué sucede una vez terminados los comicios en que se juegan sus bancas.
El caso de la paridad
La acusación más dura contra la Cámara alta, la de “Cámara patricia” —tantas veces repetida entre diputadas y diputados—, fue finalmente desmentida en los hechos por la sanción de la ley de paridad en todos los cargos electivos en la provincia de Santa Fe. Fue a instancias de un proyecto de ley del senador justicialista por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola, que sancionó por unanimidad primero el Senado y luego Diputados, que se pasó en la provincia de una norma que buscaba forzar la participación de las mujeres mediante un cupo femenino obligatorio del 30 por ciento, a un nuevo paradigma de absoluta paridad, que ha marcado las listas en las últimas Paso.
Un verdadero tabú
Por otra parte, sí es un verdadero tabú la frustrada ley de acceso a la información pública, que en la Provincia de Santa Fe no se escribe con mayúscula porque —pese a los numerosos y valiosos intentos de la Cámara joven— los representantes departamentales en su mayoría la rechazan, sin dar más explicaciones. Más adelante podrán adivinarse algunas.
En cualquier caso, contar o no con ese derecho consagrado en la legislación para todos los ciudadanos, en especial los periodistas, difícilmente pueda ser un problema de gobernabilidad para la Casa Gris.
De eso no se habla
El otro “no” tajante de los senadores peronistas a un gobernador socialista sucedió en el primer año de gobierno de Hermes Binner y de ese asunto casi no se habla en Santa Fe. Fue por los legisladores del justicialismo que por entonces eran encabezados por Ricardo Spinozzi que no hubo una reforma tributaria para afectar con impuestos provinciales a las grandes cerealeras, en los puertos del sur de la provincia.
El intento del primer gobernador socialista del país era parte del programa de gobierno progresista: avanzar con la equidad fiscal, se decía. Ahí sí hubo un límite infranqueable: el del peronismo que había establecido, por el contrario, como una política de Estado esos amplios beneficios fiscales a los que pudieron ser los mayores contribuyentes del mapa de la bota.
Como para que no queden dudas de que fue una decisión partidaria, tras aquellos agitados días, cuando Binner blandía la bandera de la unicameralidad y creaba el esquema de cinco nodos en la organización del Poder Ejecutivo como por sobre los representantes departamentales, el justicialismo santafesino designó como su presidente a Spinozzi. El reutemannista, un par de años más tarde, antes que el dos veces gobernador Carlos Reutemann, cambió de partido y se unió a Propuesta Republicana, el Pro.
¿Se afectó la gobernabilidad al frustrase la reforma fiscal de Ángel Sciara? Es difícil responderlo, pero sin dudas condicionó la orientación general de las transformaciones para la primera gestión de la flamante alternancia.
El hecho es que nunca más Binner, ni luego Bonfatti, y mucho menos Lifschitz, repitieron intentos en ese sentido. También es verdad que ese espacio fiscal fue pronto ocupado por el kirchnerismo, desde el sector público nacional, con las retenciones a las exportaciones de productos primarios. Y el resto de la historia es conocida. Y en esa nueva pelea por lo que Santa Fe aporta a la Nación y no recibe, los senadores —también en su mayoría los del justicialismo— siempre sostuvieron la posición de que se perjudicaba y se perjudica a la provincia.
Reproches
Los tres gobernadores socialistas que tuvo Santa Fe no encontraron un problema imposible de resolver frente a los senadores del justicialismo y su mayoría. Ya estaban entrenados en cómo negociar en la Municipalidad de Rosario, donde pese a la boleta sábana no siempre los socialistas tuvieron suficientes ediles como para estar cómodos. Incluso en su lenguaje, en su discurso y en sus actitudes para con la oposición, gobernar y consensuar fueron uno. En las tres gestiones, por eso fue tan fuerte el contraste con el gobierno de Omar Perotti.
Parejas de baile
El tango es de a dos, y también los boleros que bailaron gobernadores del FPCyS y el bloque mayoritario del peronismo en el Senado. Aunque también, como ya se dijo, hubo momentos en que una de las dos partes dijo “no”.
Incluso hay dirigentes del peronismo que les han reprochado a los senadores peronistas haber colaborado demasiado por ejemplo con Antonio Bonfatti, cuando al ex gobernador le tocó lidiar con las dos Cámaras en manos de la oposición. Por lo bajo se reclamaba poner palos en la rueda, trabar, impedir. No sucedió. Tampoco con Lifschitz que recuperó la mayoría frentista en Diputados porque Bonfatti encabezó esa nómina.
El socialista que mejor se llevó con los justicialistas de la Cámara alta supo cómo obtener buenos acuerdos y de algún modo asociarlos en su gobierno. Se repetían las cenas y las reuniones de trabajo con el bloque Juan Domingo Perón en la vivienda oficial que ocupó Bonfatti, a espaldas de la Casa de Gobierno en Santa Fe, sobre calle Amenábar, justo pared de por medio con la Asociación de Prensa de Santa Fe. Era imposible que los cronistas parlamentarios y que la prensa en general no supiera de las buenas relaciones con “los muchachos” del Senado.
De esos encuentros, cuando Jorge Henn lidiaba con la mayoría peronista como vicegobernador y veía que cada pedido de endeudamiento se resolvía con listas de obras a ejecutar en cada uno de los 19 departamentos y un pedido de crédito mayor, surgió un elemento que nunca más se habría de tocar y que es central en la realidad política de la provincia: el Fondo de Fortalecimiento Institucional del Senado, que agregó recursos a los subsidios institucionales a otorgar por cada senador en su propio departamento.
La Constitución de Santa Fe lo permite y según la interpretación dominante en el Senado casi que lo ordena. La Carta magna provincial que ya tiene edad como para jubilarse (si fuera mujer, o un varón docente o policía) dice en su artículo 55 que “corresponde a la Legislatura conceder subsidios”, en su inciso 22 (de 27 atribuciones).
El monto total de los subsidios a otorgar (sólo a instituciones y con la documentación necesaria) por cada una de las 19 jurisdicciones y por el vicegobernador son idénticos para todos los casos, sin importar la densidad de la población ni sus dramas económicos o sociales. El federalismo es territorial y por lo tanto desigual, o mejor aún, puede igualar a los desiguales. Está claro que el total que recibe cada senador rinde mucho más en Garay (donde no hay ciudades) que en los departamentos Rosario o La Capital.
Un episodio de tantas tensiones fuertes, similar a cuando Binner quiso cobrarle más impuestos al mercado de granos del país, sucedió en los primeros meses de gobierno de Miguel Lifschitz que fue pronto superado, con un nuevo acuerdo que exigió más prolijidad en la rendición de gastos de los subsidios. El tercer gobernador del FPCyS había sido senador y sabía de qué se trataba. Envió un proyecto de ley que no contemplaba esos fondos y en ese momento las chispas saltaron con el bloque de Armando Traferri y también con los propios senadores del oficialismo. Pero entre los puentes que tendieron el vicegobernador Carlos Fascendini y el jefe del bloque radical, Felipe Michlig, todo se superó. Esos recursos siguieron en manos de los senadores, ahora por ley, para no privarse de lo más les gusta: otorgarlos a través de subsidios y recibir las sonrisas de las entidades beneficiarias.
Es verdad que nada es más veloz que la ayuda del senador en lugares donde el Estado provincial queda lejos, y que sobre todo ante los dramas humanos, son imprescindibles: desde la reparación de una ambulancia hasta la compra de cubiertas para la policía, pasando por la reparación de techos en una escuela tras una tormenta. Pero también que esos recursos pueden favorecer en algunos casos la reelección.
El otro gran aliado de los senadores para su reelección paradójicamente vino de la Cámara de Diputados: la boleta única, que obliga al elector a marcar su voto en cada categoría electoral. Es una boleta que ya viene cortada. La reforma electoral provino de Diputados y algunos de quienes la votaron en ese cuerpo no estaban muy convencidos, pero lo hicieron sobre la base de sus prejuicios. Nadie creía que el Senado la iba a aprobar. Y ocurrió, fue acaso para algunos senadores del PJ una suerte de venganza por la desaparición de la ley de lemas que tan bien sabían usar en el armado de cada ciudad y cada pueblo. El sistema de tildes y cruces los dejó en una posición de poder mucho mayor.
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