“Doctor Rafael Gutiérrez:/De mi mayor consideración:/Por la presente le hacemos saber que desde el día de la fecha cesa en sus funciones como ministro de la Corte Suprema y podrá acogerse a la jubilación que le corresponde por sus años de trabajo en la Justicia de la provincia de Santa Fe. El Estado santafesino le agradece los servicios prestados”. Así de simple podría ser la comunicación, mediante un decreto, dirigido a cada uno de los actuales seis integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, si una vez que asuma el gobernador Maximiliano Pullaro se decide a renovar a los supremos que hoy integran el máximo tribunal santafesino.
Jurídicamente lo amparan razones referidas a la edad, pero en el medio deberá atender a cuestiones mundanas, las políticas, que podrían hacerlo pensar en un plan más gradual y amigable. También podría evaluar un cambio en el número de miembros, que desde Carlos Reutemann quedó en seis cuando debería ser impar: uno menos o uno más, para evitar que desempate un juez de instancia inferior.
Hay dos interpretaciones sobre lo que legalmente el gobernador electo podría hacer si promoviera un cambio de los miembros de la Corte santafesina. En la más aceptada están incluidos los seis integrantes actuales, todos en posición del retiro por tener -sobradamente en algunos casos- la edad requerida (más de 65), que es lo que dispone la Constitución provincial: “siempre que estén en condiciones de obtener la jubilación ordinaria”, aclara el texto.
Pero hay un antecedente que planteó un ex integrante de esta misma Corte en 1999, el ex juez Casiano Rafael Iribarren (el padre de la actual jefa de fiscales de Rosario) quien fue a la Corte nacional y consiguió que el artículo 88 de la Constitución de Santa Fe, el que determina que la inamovilidad de los jueces cesa en esta provincia a los 65 años, sea declarado inconstitucional. En un fallo de la Corte nacional se hizo lugar a esa demanda.
Entre los argumentos del ex juez santafesino se hizo valer que había “una clara violación del principio de división de poderes, de la norma republicana de gobierno y de los postulados básicos de cualquier Estado de Derecho”. También puso de relieve que la Constitución Provincial no prescribe un modo de cese automático en la actividad de los magistrados y funcionarios judiciales, sino que de manera mucho más grave deja al arbitrio de otro poder la remoción de un juez, en este caso del Ejecutivo que podría ordenar cuándo deben jubilarse. “Se podría suponer que la estabilidad de los jueces depende de la discrecionalidad de otro poder”, dijo entonces.
La reforma de la Constitución nacional de 1994 alargó esos tiempos: dispuso la caducidad del carácter vitalicio de la designación de jueces al cumplir los 75 años (no el día del cumpleaños, sino durante ese año, como quedó claro con el caso reciente de la jueza Ana María Figueroa), y puso una condición para seguir una vez superada esa edad: se requiere de un nuevo acuerdo del Senado para autorizar la permanencia en el cargo. En Santa Fe se tomó sólo la parte de que la inamovilidad es de por vida, sin otros acuerdos que ratifiquen la función en ningún momento.
En el medio se instaló otra discusión sobre si el régimen federal le da autonomía a la provincia para que pueda adecuar estas recomendaciones a sus propias necesidades o exigencias, y definir del mismo modo o distinto del criterio nacional. Como pasa con el juicio por jurados, que en algunos distritos rige y en otros no, o a nivel legislativo con la existencia de dos cámaras, como en Santa Fe, o de una sola como en Córdoba.
En resumen, la Corte nacional ampara el criterio de inamovilidad, pero siempre en temas jurídicos suele haber dos campanas, o pueden encontrarse distintas salidas. Están los que argumentan que es discriminatorio poner un techo a la actividad, que cuando se legisló el artículo que ponía el límite de 65 años había otro contexto de vida. Una pregunta que aparece en medio de estas elucubraciones es qué pasaría si hoy se quisiera designar a un nuevo cortesano ya mayor de 65 años, o muy próximo a esa edad.
De los seis integrantes actuales, sólo el presidente Daniel Erbetta no llega al límite de los 75 años, aunque ya está por encima del de 65.
¿Renovación o permanencia?
Está claro que ni la gestión de Omar Perotti ni las de los anteriores gobiernos del Frente Progresista tomaron como una cuestión central encarar alguna renovación de la Corte provincial, ni tampoco se propusieron cambiar el número de integrantes. A pesar de que una situación similar a la que se revela ahora con el límite de edad, ya estaba presente durante los anteriores mandatos.
“Una cosa es en abstracto, y otra en la realidad”, suelen decir quienes asesoran sobre este tema. Se asegura que más difícil que lograr los espacios -que podrían ser dos o tres sillas en una primera etapa de renovación de la actual composición de la Corte- es definir el nombre de quienes serán los reemplazantes. Por algo todavía no circulan ni referencias de los potenciales postulantes.
El comentario tiene que ver con que quienes integran actualmente el tribunal supremo tienen entre 20 y 30 años de trayectoria y antigüedad en el puesto (el menor es Daniel Erbetta, que lleva 16), e integran organizaciones nacionales e internacionales de prestigio, por lo que no sería bien visto que fueran reemplazados por candidatos de perfil muy bajo, sin experiencia suficiente que justifique su ingreso a la Corte.
En el medio, el actual frente que va a gobernar la provincia podría enfrentarse además a una ronda de tironeos políticos para ver de qué sector son los nuevos miembros. Algunos piensan que se crearía un problema que no tiene.
Lo que se sabe hasta ahora es que la fortaleza política con la que Maximiliano Pullaro llegará a la Gobernación podría permitirle dar algunos pasos que hasta ahora sus antecesores no dieron. Uno de esos es la reforma de la Constitución, que estaría entre las medidas a adoptar en el segundo tiempo, probablemente después del primer año de gestión.
La otra podría ser promover algún cambio en la Corte, que no es lo mismo que llegar con una guadaña. “Cambio debe haber”, es lo poco que le han escuchado decir al gobernador electo cuando se refiere a la Corte santafesina. Cerca suyo hay opiniones a favor de una renovación parcial y otros asesores más convencidos de que si se pide el retiro debería ser una medida que incluya a los seis miembros actuales.
Los partidarios de que haya una dosificación de alejamientos y que el recambio pueda darse de a poco, estiman que no debería ir más allá de la primera mitad del mandato. Del otro lado, los que aconsejan asustar con el tema desde el arranque, responden: “Retiro para seis”.
En cualquier caso no sería prudente andar anunciando lo que se piensa hacer, menos en medio de la transición y a dos meses de empezar un nuevo gobierno.
Lo que puede pasar
“En términos políticos no me suena”, dice un jurista acostumbrado a manejar hipótesis. “Y después de jubilarlos, ¿a quién ponés?”, repregunta. Y va más allá: “¿Además, por qué lo harías, en qué te molesta la actual integración, para tener una Corte adicta?”
Por las dudas, varios de los miembros presentes de la Corte están repasando sus años de aportes. Hay dos que tienen el trámite hecho, desde antes. Uno ya computa la friolera de 50 años de contribuciones a la caja provincial, porque entró a trabajar de muy joven como empleado en el Tribunal. A otros los perjudicaría tener aportes en otras cajas nacionales, si no renunciaron a ellos. En ese caso no podrían jubilarse como jueces.
Un detalle que va a tallar será ver cómo se mueven las más extensas redes de contención política que tiene cada uno. Los más grandes, que ya pasaron los 80 años, son justamente quienes menos contacto tienen por su bajo perfil: el rosarino Mario Netri y el santafesino Eduardo Spuler. Incluso nunca fueron presidentes de la Corte, un cargo que se renueva cada año y que rota entre Rosario y Santa Fe. “Esto es un pueblo chico, y todos saben lo que cada uno se banca”, dicen en clave los que explican por dónde debería empezar un plan de renovación.
Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, el actual titular de la Corte Daniel Erbetta, y la única mujer entre los seis miembros, María Angélica Gastaldi, presidieron el alto tribunal, lo que los ha llevado a mostrarse en un nivel más público.
Y aunque adhirieron o simpatizaron claramente con algunas expresiones políticas (Erbetta, el radicalismo, y los otros tres nombrados con el peronismo), el partidismo no parece haber sido un problema a la hora de los fallos. “Nadie nace de un repollo”, suelen contestar en términos menos académicos cuando entra a tallar el asunto del alineamiento político. El más expuesto en esta cuestión probablemente haya sido el santafesino Gutiérrez, que llegó incluso a anunciar en las vísperas de las elecciones de 2019 que evaluaba ser candidato a gobernador por el peronismo.
Los que aventuran lo que puede pasar en 2024, afirman esto: “Se puede crear un lugar más en la Corte (eso a través de una ley que apruebe la Legislatura) y pedirle amablemente la licencia a dos de los actuales miembros. Eso generaría tres lugares nuevos. Habría otro equilibrio. Sería un cambio, tranquilo, paulatino, parcial y en buenos términos”. Se verá.
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