A la Comisión de Análisis de la Reforma Previsional que funcionó por una ley de la Legislatura por 45 días corridos y promovió un amplio, plural y multisectorial debate sobre las jubilaciones en la provincia de Santa Fe, sus costos y beneficios especiales —con un déficit que hoy pagan los contribuyentes— le siguió otra. Ya no es una comisión, sino una suerte de mesa chica de cuadros técnicos y políticos.
Se formó con funcionarios del gobernador Maximiliano Pullaro y legisladores de Unidos para Cambiar Santa Fe que también discutieron a fondo. Pero siempre bajo una consigna: unificar criterios y llegar a un proyecto que votarán sus mayorías en ambas Cámaras. Sin dejar que trascienda más que lo necesario, para que las diferencias internas no dañen la coalición que gobierna con radicales, socialistas, macristas, demoprogresistas como socios principales, más sus vertientes intrapartidarias.
El procedimiento pensado para aprobar la reforma de las normas que rigen las jubilaciones y pensiones se llama, en términos parlamentarios, votar “a libro cerrado” y según lo que indican los números del Senado y de Diputados con dos procedimientos.
Todo indica que en la Cámara alta la idea es rematar la cuestión a toda prisa y sin disimulos, con los dos tercios que poseen los 13 radicales que lidera el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, y el jefe de ese bloque, Rodrigo Borla. A ellos se sumará Joaquín Gramajo de Unite con el que forman un interbloque de 14 bancas sobre 19.
La idea es que, como cámara de origen, los senadores le den al tema media sanción en la primera oportunidad. En cuanto tenga estado parlamentario el mensaje del Poder Ejecutivo provincial, bajo el argumento de que los legisladores del oficialismo conocen su contenido y que el trámite exprés dejará a los seis justicialistas sin compromisos para expresar sus críticas con dureza. Que ni toque las comisiones.
La fórmula es exactamente lo contrario de lo que hasta aquí ha sucedido. Parece que no habrá delicadezas ni intentos de consenso, bajo la consigna de que el ejercicio del gobierno exige el sacrificio de asumir todos los costos políticos. Quitar beneficios jubilatorios, aun bajo la premisa de crear mayor equidad, va a provocar quejas y quizá juicios de los perjudicados. Son costos políticos y sociales a pagar. Se les cambia la perspectiva de vida laboral a miles, en el momento crucial en que han pasado a consumir la segunda mitad de los años por vivir, en el mejor de los casos.
¿La semana próxima?
Ponerle fechas al tema hoy es arriesgado. Hasta las 19 horas del viernes 23 no había ingresado el mensaje que se suponía iba a hacerlo quince días atrás. Y justamente, han pasado dos semanas completas sin que el Senado se reúna bajo el esquema de hacerlo cada dos jueves. Del primer “no hay sesión” se puede culpar al viaje de hermanamiento con el Estado de California que se llevó a seis senadores, todos del oficialismo, a una misión con contactos con empresas y legisladores de una zona extremadamente rica de esa potencia. Del segundo caso, en cambio, hubo otra razón y no fue que esos legisladores llevaran apenas 24 horas en la Argentina. Se debió a que el consenso entre radicales y socialistas para la letra final del proyecto se ha (o se había) demorado.
En la semana del lunes 19 al viernes 23 se sucedieron las reuniones en Casa de Gobierno. Y la más extensa tuvo lugar el miércoles como para llegar al jueves a tiempo, pero tras tres horas y media de discusiones no hubo humo blanco. No obstante, todos los sectores que fueron a conversar coincidieron en que lo habrá. Que el oficialismo no puede darse el lujo de llegar con posiciones diferentes a las sesiones para tratar el tema. En estos días se discute el proyecto y en la Legislatura se lo aprueba con los dos tercios del Senado y en diputados con la “mayoría automática” de 28 sobre 50 que le da a la fuerza más votada la Constitución de Santa Fe (que también es parte en paralelo de conversaciones entre las fuerzas de Unidos).
Sin dramatizar
Dirigentes del socialismo se ocuparon de advertir que no estaban de acuerdo con subir la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años y, sobre todo, con convertir a Santa Fe en vanguardia de un ajuste que todavía no hizo ni el gobierno de Milei. Eso estaba contenido en un quinto punto de consenso entre todos los miembros de la Comisión de Análisis de la Legislatura que finalmente, por algo, no prosperó.
El tema es que entre esos dos números, además de 5 años de diferencia, puede haber plazos más urgentes o diferidos para ponerlos en práctica. Puede ser un cambio abrupto o paulatino y seguramente en esos términos se producirá una negociación en la que dentro de un oficialismo que paga costos ya quedará claro quién paga más costos. Que a los radicales les pesará más asumir la decisión: el propósito, claro, es salvar la Caja de su déficit. El rojo en su balance ciertamente la pone en peligro o convierte en inviable al Estado.
Tropiezo
El frente de frentes tropieza con sus primeras dificultades internas y no puede darse el lujo de exponerlas en forma de votos en la Legislatura.
Después de todo, en Córdoba no hubo una sola reforma sino varias que se sucedieron a lo largo de los años. Es una lucha común cuando se administran recursos finitos: se enfrentan el pragmatismo y las ideas y las banderas; lo que parece necesario y lo que se sabe doctrinario. El tema es finalmente cuánto y en qué porciones se puede tolerar dentro del partido de gobierno una reforma que indefectiblemente recortará beneficios o privilegios, derechos o conquistas, como se prefiera.
Contexto
El contexto de corto plazo que llega desde Buenos Aires tampoco facilita las cosas: aquí se discute cómo bajar erogaciones y subir ingresos en la Caja, justo cuando el Congreso de la Nación vota con más de dos tercios una ley para una tibia mejora en las paupérrimas jubilaciones mínimas de Anses. Javier Milei ya anunció un veto en defensa del sagrado superávit fiscal.
Más allá de las diferencias por la edad jubilatoria de la mujer, por los regímenes especiales de policías y docentes, y del consenso para terminar con jubilaciones “de privilegio” en la política santafesina se sabe que la reforma, en algún momento, deberá afrontar el filtro de la Justicia. Una ley puede ser declarada inconstitucional. Es lo que ha ocurrido cada vez que se intentó poner a prueba la “intangibilidad de los haberes de los magistrados”.
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