A pesar de la idea de brevedad que da su acrónimo, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en la práctica vaticina una densidad capaz de cambios estructurales en el perfil productivo del país. Es el capítulo picante de la Ley Bases, que surfeó con éxito la Cámara de Diputados pero que los senadores parecen haber optado por poner bajo la lupa. ¿Qué propone? Incentivos impositivos, cambiarios y aduaneros para atraer inversiones, extranjeras y nacionales, superiores a 200 millones de dólares. ¿Un incentivo para impulsar desarrollo o un artilugio de coyuntura para la entrada de dólares frescos?
La cifra remite a grandes ligas de los llamados sectores estratégicos (minería, gas y petróleo) y deja afuera a la actividad manufacturera de cuño local, que representa una quinta parte del empleo privado del país. De modo que privilegiar la reprimarización y resignar ingresos por exenciones de tributos e impuestos, comprometiendo siete futuros períodos de gobierno, habilita a la pregunta del millón: más allá de las mega inversiones, ¿a quién beneficia? No son pocos los que no ven un puente entre el RIGI y la vida cotidiana.
¿Qué es el RIGI?
—¿Por qué el RIGI abrió un debate tan intenso para su aprobación?
—Más que un régimen el RIGI es una política, porque genera una serie de incentivos muy grandes y transversales para un conjunto de sectores, y tiene varios problemas que van a comprometer la economía por muchos años —definió en diálogo con Suma Política Juan Pablo Costa, economista, docente y analista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Y desplegó los principales cuestionamientos:
“En primer lugar no se priorizan sectores; habitualmente cuando se hace un régimen de incentivos (hubo y hay varios) está dirigido a sectores que por estrategia de desarrollo se busca privilegiar, como en su momento fue Tierra del Fuego, para generar mayor actividad económica en esa región. Lo mismo el régimen automotriz vinculado al intercambio con Brasil. En general los regímenes están asociado a intentar fortalecer sectores específicos, que se necesita incubar porque en un primer momento no son competitivos de manera natural, por eso la incubadora, que otorga ciertos beneficios para que se vuelvan competitivos con el tiempo.
“Pero el RIGI no se dirige a un sector en particular como es lo habitual, sino que cualquier sector con una inversión superior a 200 millones de dólares puede adherirse a este régimen. Esto genera un problema, porque ahí ya no se estarían orientando los beneficios que se otorgan, y que tienen un costo fiscal, ya que es dinero que el Estado dejaría de recaudar y no se estarían utilizando de manera estratégica porque se puede adherir cualquier sector. Es decir generaría beneficios a sectores que no los necesitan (no necesitan incubar) porque hoy ya son competitivos, como el sector de la energía y mineral, con lo cual no tiene sentido otorgarles mayores beneficios.
“Tampoco hay un requisito de encadenamiento de proveedores locales, que es algo que se suele requerir en regímenes de fomento de las inversiones extranjeras, para que en el país se genere el desarrollo del sector manufacturero. Por ejemplo, como sucede hoy en el eslabón autopartista en la industria automotriz, que acá producen autopartes y son proveedoras de las industrias automotrices extranjeras. Eso en el RIGI no está. Además se habilita a estas inversiones a importar bienes de capital con privilegios tributarios y cambiarios, hecho que perjudica el desarrollo de proveedores locales”.
—¿En qué consisten los beneficios arancelarios, tributarios y cambiarios para las empresas que adhieran al RIGI?
—Este régimen de promoción de inversiones no presenta en ninguno de sus artículos iniciativas de protección del tejido productivo local e incluye importantes beneficios impositivos, fiscales y exenciones arancelarias. Primero una exención de los derechos de importación para todos los insumos y capital que importen, lo que genera una pérdida de competitividad con los sectores nacionales que deberán seguir pagando los derechos de exportación.
Además de esto, que es bastante grave para la industria nacional, hay beneficios tributarios, fundamentalmente una reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias, bastante importante, que pasa del 35 al 25 por ciento. También hay beneficios vinculados a las utilidades y dividendos. Además de una serie de beneficios en instrumentos y crédito fiscal para el pago del IVA, débitos y créditos bancarios. Y al tercer año de la inversión, dejan de pagar derechos a la exportación, lo cual es interesante porque es a partir de los tres años cuando en general es el momento en que las inversiones maduran y comienzan a exportar, es decir que justo cuando empezarían a exportar le sacan los derechos de exportación.
Hay una serie de beneficios cambiarios, como que las empresas que exporten no van a tener la obligación de liquidar los dólares producto de la exportación en el mercado de cambio local, es decir no están obligados a traer la plata al país. Esto es un problema grave porque en este plan, que además está diseñado para trabajar en tándem con el blanqueo, tenés inversiones importantes en petróleo, gas y minería, no van a pagar derechos de exportación desfinanciando al fisco, eventualmente tampoco van a liquidar los dólares, que es el otro gran problema que hay, con lo cual es un doble problema, es tirarse un tiro en el pie. Toda esta estabilidad normativa es por 30 años.
—¿Quiénes son los beneficiarios del RIGI?
—Es una política diseñada a medida de las grandes empresas internacionales interesadas en la explotación de algún recurso, vinculadas al sector energético, minero, de hecho la versión del RIGI que se había presentado en diciembre 2023, en la primera Ley Bases que se cayó, contemplaba justamente los sectores primarios, pero ningún sector de manufactura. Es evidente que el gobierno apuesta a estos sectores primarios pero el problema es que no está vinculado al interés general de la sociedad, ni siquiera a una mirada más estratégica del desarrollo nacional.
—Entonces el RIGI no articula en lo esencial con la vida cotidiana…
—Se anuncia con argumentos marketineros, como que de esa forma llegarán inversiones, pero incluso no ayudan a mejorar el empleo, porque son de capital intensivo y generan pocos puestos de trabajo con relación a la inversión. Además, deja afuera a las pymes porque plantea un piso de inversión de 200 millones de dólares y la golpea en términos de no plantear un esquema de generación de proveedores locales. Por lo general los regímenes industriales, aún los de inversiones extranjeras, plantean algún mecanismo que incluye a las pymes. En este caso no.
Es importante señalar que no genera el requisito de generar proveedores locales y al mismo tiempo les saca los derechos de importación, o sea está invitando a que estas inversiones importen todos los insumos y maquinaria que necesiten y no desarrollen nada localmente, lo cual es un problema incluso en términos cambiarios, de balanza externa, porque se va a generar más presión sobre el tipo de cambio.
—¿Qué características tienen este tipo de regímenes en otros países? ¿Son así de amplios?
—Hoy en día en general, en otras partes del mundo, se están desarrollando políticas industriales con otra lógica, de mayor protección al sector nacional, no con este tipo de programas. Ejemplo de políticas industriales desplegadas en el mundo son “Digital New Deal” de Corea del Sur, “Industria Conectada” de España, “Impresa 4.0” de Italia, “Next Wave of Manufacturing” de Australia, “Make in India” de India y “New Industrial Strategy” de Reino Unido, que ponen de manifiesto el cambio de paradigma en el camino hacia el desarrollo. Son todos programas de incentivo de inversiones pero con un sentido más proteccionista, al revés de lo que se está planteando acá, incluso Brasil, a contramano de Argentina, está realizando inversiones públicas masivas para impulsar su política industrial.
Por ejemplo, en Estados Unidos, la política industrial (PI) se ha convertido en una política de Estado. Tanto Trump como Biden, implementaron medidas de política industrial a través de leyes —CHIPS Act, Bipartisan Infrastructure Law (BIL) e Inflation Reduction Act (IRA)—, con el objetivo de hacer frente a la competencia con China y robustecer el entramado industrial estadounidense. Estas leyes brindan importantes incentivos fiscales a cambio de que las empresas se radiquen en suelo estadounidense. Por su parte la Unión Europea ha lanzado su política industrial del Pacto Verde, que busca mantener la capacidad industrial en Europa y preservar empleos manufactureros.
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