La asimetría de recursos para subsidiar el transporte público de pasajeros, a favor del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en detrimento de las provincias, ha sido una constante a lo largo de los últimos gobiernos. Sin embargo, el punto más crítico de la discriminación fue la eliminación del Fondo Compensador del Interior que dispuso el presidente Javier Milei. La Secretaría de Transporte de la Nación fundamentó su decisión en el Pacto Fiscal que firmó el ex presidente Mauricio Macri con los gobernadores en 2017 en el que se comprometían a financiar parte del sistema de movilidad con recursos propios.
En Rosario, el impacto de esta medida se reflejó en un aumento superlativo del precio del boleto que en marzo pasó de 340 a 700 pesos, más del doble, y que desde el 14 junio se estableció en 940 pesos. Con esta última suba la ciudad se ubica en el séptimo puesto en el ránking de las más caras del país para viajar, equiparada con Santa Fe capital y General Roca en Río Negro. En cuanto al transporte interurbano, el gobierno santafesino autorizó una suba del 35.5 % en la última semana, sumado al 210 % de incremento aplicado desde que Maximiliano Pullaro llegó al gobierno.
Frente a este panorama, un grupo de intendentes entre los que se encuentran Pablo Javkin de Rosario y Juan Pablo Poletti de Santa Fe, presentaron un proyecto en el Congreso Nacional para modificar el impuesto a los combustibles y crear un nuevo fondo para equilibrar el valor de las tarifas. La propuesta plantea que los fondos que actualmente se envían de manera automática a la zona metropolitana de Buenos Aires se coparticipe en un 50 % con las ciudades del interior. El objetivo es evitar la vía judicial y blindar las partidas presupuestarias para el transporte con una ley que goce de un amplio respaldo político en el parlamento.
Cuestión de números
La subsecretaria de Transporte y Logística de Santa Fe, Mónica Alvarado, reveló que en el primer cuatrimestre de 2024 la provincia aportó al Tesoro nacional 27.900 millones en concepto de impuestos a las naftas y que el retorno fue cero. “Que un porteño pueda tomar un colectivo a 270 pesos y que un santafesino o santafesina tenga que pagar otro valor la verdad que es muy injusto”, expresó. Además, indicó que el gobierno santafesino aportó con recursos propios 1.892 millones de pesos durante el mes de junio para sostener el sistema de transporte, más otros 3.300 millones correspondientes al Boleto Educativo destinado a estudiantes, docentes y personal no docente.
En tanto, según datos del Observatorio Social del Transporte que dirige el concejal Mariano Romero (PJ), el valor máximo del subsidio al transporte urbano de Rosario se dio en abril de 2023 cuando entre todos los aportes se llegó a cubrir el 58 % del costo total del servicio. “El deterioro precipitado por el retiro del subsidio nacional llevó a que apenas un año después el aporte total se redujo a menos de la mitad, equivaliendo al 28 % del costo total”, consignan en un informe. En el desglose de los datos se observa que hasta abril de 2024 los aportes de la provincia y la municipalidad no aumentaron, configurando una caída relativa del 38 y el 31 % respectivamente en el término de un año.
En medio de la emergencia, el gobierno de Milei profundizó la brecha con un aumento del 39 % de los subsidios para el AMBA, a partir de un nuevo cálculo en la estructura de costos según se conoció a través de la resolución 4/2024. “Otra vez hemos sido víctimas de una decisión unitaria”, expresó a Suma Política el ex ministro de Transporte de la Nación Diego Giuliano, quien actualmente ocupa una banca como diputado nacional en el bloque de Unión por la Patria. “El subsidio no es tirar la plata, es dinamizar la economía y es un salario indirecto para todos los sectores que utilizan el transporte público”, remarcó.
El origen de la asimetría
La diferencia en el monto de los subsidios para las provincias encuentra su origen en el año 2006 con la creación de un régimen especial para el AMBA sujeto a los aportes discrecionales del Tesoro nacional. Un año más tarde, para equilibrar la distribución de los recursos, el gobierno de Néstor Kirchner estableció un régimen de compensación para las ciudades del interior que tuvo altibajos pero fue mejorado a partir del 2012 y revirtió significativamente entre el 2020 y el 2023.
“Durante nuestra gestión hicimos muchísimo para revertir las asimetrías no sólo a través de la vía específica que era el Fondo Compensador, sino con la expansión de la tarjeta SUBE que llegó a ciudades como Rosario, Córdoba y Tucumán”, subrayó Giuliano. En efecto, la unificación en el sistema de pago permitió al Estado nacional subvencionar la demanda, argumento que utilizó el gobierno de La Libertad Avanza cuando eliminó los subsidios al interior al señalar que los aportes nacionales llegarían directamente al usuario y no a las empresas que prestan el servicio.
Con la SUBE se mantiene vigente la Tarifa Social Federal que otorga hasta un 55 % de descuento a jubilados, pensionados y beneficiarios de distintos programas sociales. En este punto la diputada santafesina del PRO Germana Figueroa Casas, que integra la Comisión de Transporte en Diputados, se mostró favorable a la instrumentación de un esquema de subsidios a la demanda: “Realmente me parece que es lo más correcto, el que puede pagar un boleto de colectivo más caro que pague lo que corresponde como en cualquier lugar del mundo”.
Sin embargo, mantuvo una postura crítica con relación a la eliminación intempestiva del Fondo Compensador y valoró la propuesta que acercaron los intendentes al Congreso: “Yo me comprometí a hablarlo con el presidente de la Comisión de Presupuesto que es el diputado José Luis Espert”. Por otra parte, comentó que los legisladores del oficialismo que integran la Comisión de Transporte aceptaron cursar una invitación al secretario de Transporte de la Nación, José Luis Mogetta, para discutir el proyecto.
En el Congreso y en tribunales
Para el diputado nacional Eduardo Toniolli, de Unión por la Patria, una de las alternativas frente a la emergencia en materia de movilidad es lograr que el Congreso rechace el decreto 280/2024 que cristalizó la eliminación de los subsidios. “No hay ningún lugar del mundo donde el transporte no funcione en base a aportes estatales”, sentenció. Sin embargo, el escenario parece improbable frente a las dificultades que tuvieron los bloques opositores en ambas cámaras para debatir otros decretos del Ejecutivo.
Por otra parte el legislador sostuvo que deben estudiarse otras vías de financiamiento por parte de los distintos niveles del Estado, y recordó un proyecto de su autoría aprobado en el 2018 en el Concejo Municipal donde se acordó un aumento de la alícuota del Derecho de Registro e Inspección a las entidades financieras para engrosar las arcas del Fondo Compensador Municipal. En la misma línea, el bloque de concejales de Rosario sin Miedo y sus aliados peronistas presentaron en febrero de este año una iniciativa similar para aumentar los impuestos municipales a 330 grandes empresas radicadas en la ciudad con el objetivo de duplicar la recaudación.
En paralelo, el mismo grupo abrió un capítulo judicial con la presentación de un amparo colectivo en nombre de dos trabajadores de casas particulares con el objetivo de frenar la eliminación de los subsidios. A principios de junio la sala A de la Cámara de Apelaciones hizo lugar a la solicitud que había sido desestimada en primera instancia por la jueza Sylvia Aramberri y obligó a que el tema sea tratado junto a otros similares, tal es el caso del amparo colectivo presentado por la Asociación Vecinal Parque Casas con el patrocinio del ex concejal Roberto Sukerman. Esa acción también fue desestimada, por el juez federal Gastón Salmain, pero en la apelación los jueces Fernando Pineda y Fernando Barbará le hicieron lugar.
Mientras tanto, hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo, la pelota sigue en el Congreso y los intendentes tienen una oportunidad ahora que el gobierno logró la aprobación de la Ley Bases. Pese a las resistencias del presidente, los últimos meses demostraron que la negociación entre los distintos niveles del Estado es la única vía para mantener la estabilidad que necesita el proyecto libertario en los inicios de un nuevo y desconcertante ciclo político en Argentina.
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