Era una buena noticia, pero ya no lo parece tanto. La designación de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación fue recibida en su momento con entusiasmo por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin y las expectativas de la hora cero siguen planteadas. Más allá del lanzamiento del Plan Bandera, sin embargo, el entendimiento entre Nación y Provincia en políticas de seguridad está lejos de ser el esperado.
“Hay tensiones”, dice una fuente estrechamente ligada a la gestión provincial. No faltan motivos: la articulación entre fuerzas federales y provinciales no termina de armarse mientras resurge la violencia callejera; las superpobladas cárceles de la provincia reciben más presos mientras una cárcel federal está vacía y sin un futuro claro; la asistencia de la Nación a Rosario se restringe a un número de efectivos federales que se mantiene en secreto.
La divergencia surgió el mismo día del lanzamiento del Plan Bandera, el 18 de diciembre último. “Lo que ha pedido el gobernador Pullaro es que se active un mecanismo de la Ley de Seguridad Interior por el cual todas las fuerzas federales y cuerpos policiales se pueden poner bajo la supervisión operacional de un funcionario de la Provincia y no de la Nación”, informó entonces el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Pero la ministra había tomado otra decisión: “Lo que nos han dicho en la reunión de esta mañana es que los efectivos de las fuerzas federales van a estar bajo la coordinación de un funcionario nacional, que es Federico Angelini”.
Derrotado en las elecciones primarias del año pasado, en cuyo transcurso hizo fuertes críticas al ahora gobernador, Angelini retornó a la escena política como subsecretario de Intervención Federal de la Secretaría de Seguridad. “Con Federico vamos a trabajar en conjunto en el marco de un comando unificado que va a sesionar en la central OJO y va a diagramar en conjunto la operación de fuerzas nacionales y provinciales en el territorio”, dijo Cococcioni en el Monumento a la Bandera, con el trasfondo de los agentes y los vehículos desplegados para el lanzamiento del plan.
La fuente de la gestión no tiene una evaluación precisamente positiva del desempeño de Angelini: “Asiste a las reuniones, toma notas en un cuaderno y habla con la prensa sobre los operativos, pero las fuerzas federales se manejan por su cuenta”. Esta situación no se replicaría en la provincia, “donde la policía ha interiorizado que la política manda y hay un cambio sensible en la presencia policial”.
Al margen de las opiniones, el anuncio de Cococcioni todavía se conjuga en un incierto tiempo futuro. Las reuniones de coordinación entre la Provincia y los jefes de fuerzas federales, la conducción conjunta de las fuerzas de seguridad, no se concreta en la forma que Pullaro explicitó el mismo día del lanzamiento del plan Bandera: “Nuestro desafío es tener el control absoluto de cada hombre y cada mujer de las fuerzas provinciales y federales”, dicho codo a codo con la ministra Bullrich, quien parecía abstraída en otros pensamientos.



“Más que un comando conjunto el gobierno quería una conducción por parte de la Provincia, como ya se había planteado durante la campaña electoral. Concretamente saber día a día qué hacen las fuerzas federales, con la información pormenorizada sobre el resultado de los procedimientos, y además direccionar el patrullaje”, apunta una fuente consultada para esta nota. No es lo que estaría sucediendo. La coordinación es además necesaria para otro aspecto del plan Bandera, el programa Intervención Barrial Focalizada.
Otro dato llamativo del lanzamiento del plan Bandera fue la negativa de Bullrich a revelar el número de efectivos federales asignados a la provincia “para que no se enteren los delincuentes”. En agosto del año pasado, de paso por la campaña electoral, dijo que desplegaría cinco mil agentes “para controlar los movimientos de todas las bandas, una por una”. Lo prometido es deuda.
La tensión entre Provincia y Nación tiene otro motivo. “La Provincia aporta los vehículos y sostiene económicamente el despliegue de los efectivos federales: alojamiento, comida y combustible”, señala la fuente. El aporte del Ministerio de Seguridad de la Nación en términos de movilidad no pasaría de lo que hasta ahora es una nota de color: el guardacostas Toba, encargado de patrullar el río Paraná.

Debe y haber
La ministra Bullrich destacó que en los diez primeros días del año no hubo crímenes en Rosario —aunque pasó por alto un caso del 5 de enero, en Empalme Graneros— pero el balance resultó apresurado. El ataque contra un camión recolector de residuos ocurrido durante la noche del jueves se produjo además en Ludueña, un barrio donde según anunció Angelini el 1° de enero “vamos a ver la presencia de fuerzas federales”. Los agresores dejaron una nota con alusiones al trato que reciben presos de la provincia y si bien no hubo heridos la incidencia de estos episodios se mide también por los trastornos que generan en la vida cotidiana: para el caso, la posibilidad de que la recolección de residuos se suspenda o sea acompañada por patrulleros en el turno nocturno.
El gobierno provincial asume las balaceras seguidas de mensajes con amenazas como una demostración de que aplica una política correcta con los presos de alto perfil. Una fuente que investiga esos episodios señala un amplio margen de incertidumbre en torno a los mensajes: “Están dejando carteles todos los días, y todavía no es posible saber con certeza si las amenazas responden a presos que se mencionan o puede ser identificados por esos carteles o si también hay maniobras de bandas para crear una bronca contra sus rivales”. Lo cierto es el efecto desestabilizador y el miedo que reinstala la violencia, como quedó claro con el tiratiros que ingresó al bar Rondó, dejó una nota sobre una mesa y no provocó una tragedia entre los clientes solo porque la pistola se le trabó.
El avispero también se movió el 17 de enero con la captura de Noel Alejandro Ramos, el cuñado y presunto recaudador del narco Julio Rodríguez Granthon que se alojaba en una casa de Corrientes al 100 propiedad de Mariana Ortigala. “Supuestamente era uno de los más buscados por la Justicia Federal de Rosario y estaba prófugo desde marzo de 2022 —dice la fuente—. La Policía Federal y Gendarmería tienen estructuras de inteligencia pero no pudieron encontrar a una persona que recorría el centro de Rosario cambiando dólares. Había que pararse en una esquina para verlo pasar. Y al final lo encuentran dos brigadistas de Homicidios, de la policía de Rosario”.

Según un informe del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, al cabo del primer mes de gestión se registraron 2.352 aprehensiones, 117 armas de fuego secuestradas y 733 detenidos en comisarías trasladados al Servicio Penitenciario (481 de Rosario y 107 de Santa Fe). El ministro Cococcioni afirmó que el gobierno decidió contemplar la sobrepoblación en las cárceles antes que en las comisarías, donde agrega un factor de violencia y corrupción como se observó en la recientemente intervenida alcaidía de San Lorenzo, donde se ofrecían diversos beneficios a los presos, todos bajo tarifa.
Las promesas de Bullrich vuelven a resonar en ese ámbito y en particular “la puesta en operatividad de la cárcel federal de Coronda”, considerada inminente y ahora más lejana aunque sin dejar el horizonte. También se desvanecieron otras señales del gobierno nacional que parecieron auspiciosas, como “la predisposición para el trabajo conjunto” y “una visión disruptiva de algunas cuestiones de seguridad” que el diputado nacional Gabriel Chumpitaz atribuyó a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Si bien la cárcel en cuestión se encuentra cerca de la finalización de las obras —se dice que está avanzada en un 90 por ciento— en el gobierno provincial avanza el escepticismo respecto a que la administración de Javier Milei pueda ponerla en funciones durante su mandato, por lo que resta construir y por los tiempos del reclutamiento del personal penitenciario.
El edificio se encuentra sobre la ruta provincial 64, entre la ciudad de Coronda y la comuna de Larrechea y prevé cuatro pabellones para 462 presos. Pullaro le planteó más de una vez a Bullrich que la Provincia se haría cargo de los trabajos que restan y de la puesta en funcionamiento con personal propio.
“Lo que se pide es que por lo menos se habilite un módulo para trasladar a parte de los más de 500 presos federales que hoy están en cárceles provinciales. Además se ofreció la condonación de la deuda que tiene la Nación con la Provincia por la mantención de esos presos”, dice la fuente consultada al respecto. Maximiliano Pullaro encuentra así un freno donde menos lo esperaba.

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