Ni el archivo que pedía la Justicia ni la suspensión por seis meses que pensaban aplicarle los legisladores. El ex ministro de Seguridad Marcelo Sain quedó en una especie de limbo después de una sesión conjunta de diputados y senadores, que también dejó más indicios del nuevo ordenamiento político que se está dando en Santa Fe.
La Legislatura volvió a tensar la cuerda de las relaciones institucionales en la provincia, en una semana en la que la Corte Suprema santafesina pareció fortalecerla al avalar la ley que permite que la política sancione a los integrantes del Ministerio Público de la Acusación.
En contra de esos intereses, una jueza laboral le reclamó que archive el proceso de las sanciones disciplinarias contra el actual director del Organismo de Investigaciones. Esa decisión se basó en un decreto del gobernador que le pidió al fiscal de Estado que se allane a ese fallo.
Pero cuando parecía que esa decisión iba a abortar la reunión de diputados y senadores que habían decidido suspender por seis meses al ex ministro, la política volvió a tensionar las relaciones entre poderes.
La sesión conjunta se hizo y arreciaron las voces que hablaron de descomposición institucional y bochorno legislativo, e invitaron a reflexionar para que “esta provincia no devenga en una tiranía”, como se dijo en la sesión.
Fue la diputada Matilde Bruera quien la definió como una discusión terraplanista. “Ya sabemos que la Tierra es redonda”, dijo emulando a Cristina Kirchner, y se mostró sorprendida de estar discutiendo la competencia en un amparo o si las leyes son retroactivas.
Su par Leandro Busatto opinó que por estas cosas “la política paga un alto costo en la sociedad”. Se refería al incumplimiento de sentencias judiciales como la que benefició a Sain.
“Hay sectores de la Legislatura que están viviendo una realidad paralela a la del resto de la provincia”, dijo, y cuestionó el “doble discurso de quienes hablan de República e instituciones pero cuando llega un fallo de la Justicia lo desconocen lisa y llanamente”.
“El Estado soy yo”
Un punto central de la discusión fue si el gobernador actuó correctamente al ordenarle al fiscal de Estado que se allane al fallo de la jueza laboral, en lugar de pedirle que defienda los intereses de la provincia. “Es el jefe de la administración pública y tiene la responsabilidad institucional para ejercer la defensa como le parezca”, dijo Busatto al respaldar la decisión.
Desde la otra vereda reclamaron que esa decisión de Perotti es “inédita, nunca se ha visto”. Para la oposición, en un “decreto secreto” el gobernador dijo “el Estado soy yo”, mientras que a la jueza la cuestionan porque “le pidieron una cautelar y les dio un fallo”.
Sobre la indicación del gobernador, en la oposición creen que “rompe todos los instructivos que tiene la Fiscalía para actuar”.
Desde el bloque que lideran socialistas y radicales, fue el propio presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, quien llevó la voz cantante en contra de archivar el caso Sain. Y como no se podían aplicar las sanciones dispuestas, la opción fue dejar en suspenso el asunto.
Otro argumento de defensa fue que el fallo no está firme y que puede ser apelado. Por eso es que fue encomendado el presidente de la comisión de Acuerdos para que lleve adelante las acciones necesarias para defender los derechos que a la Legislatura le asigna la ley.
Si se pasaba a cuarto intermedio o no fue un debate de varios minutos, aunque finalmente se cerró la sesión sin que la situación de Sain quedara firme, sino pendiente hasta nueva reunión legislativa o novedades judiciales.
Quienes cuestionan la supremacía de la política por sobre la independencia del MPA tendrán ahora un nuevo argumento al no cerrarse el caso como cosa juzgada. Ni el recuerdo que trajo un legislador del derecho Romano que hace 1500 años dice que no se puede juzgar dos veces una misma cosa, pudo torcer esa voluntad.
Novedades políticas
En el medio, la sesión conjunta arrojó algunas novedades políticas que muestran indicios del nuevo reordenamiento provincial, aunque los números de la votación general nunca estuvieron en duda.
Cuando se mocionó la decisión de que la Legislatura se constituya como actor jurídico en el caso Sain, votaron a favor 13 senadores y 5 en contra. En Diputados hubo 35 manos alzadas, seis oposiciones y siete abstenciones.
En el final, cuando Farías propuso votar un cuarto intermedio para que quede abierta la sesión conjunta, entre los senadores se contaron 11 votos a favor, y cinco en contra. En Diputados se registraron 34 a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.
Entre los datos políticos a señalar se destaca el “quiebre” que se dio en el voto de la diputada justicialista Paola Bravo, que pertenece a La Cámpora, quien votó en contra de los intereses del oficialismo y de su propio bloque.
Quienes siguen de cerca la vida parlamentaria hablan de una gestión para que eso ocurra del diputado nacional Marcos Cleri, de cercana relación con el senador Armando Traferri.
La otra novedad se cuenta del lado del peronismo, donde lograron que los acompañe el voto de algunos diputados que no pertenecen a ese bloque, como Palo Oliver, Ariel Bermúdez, Carlos del Frade y Damaris Pacchiotti.
En la primera de las votaciones Giustiniani anunció su propia abstención, y también la de otros compañeros de recinto, como Palo Oliver, Ariel Bermúdez y Agustina Donnet. Como si fuera un bloque de cuatro, un nuevo eje opositor que se desprende de las primeras fisuras del Frente Progresista.
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