La semana pasada, la Cámara de Diputados de la Nación emitió un dictamen de comisión con 77 firmas para impulsar la modificación del régimen penal juvenil con el objetivo de bajar la edad de punibilidad a los 14 años. Se trata del segundo intento del gobierno de Javier Milei en dos años para lograr dicha reforma, y la discusión encuentra al oficialismo santafesino muy cómodo para acompañar la iniciativa. No obstante, los argumentos a favor y en contra siguen siendo los mismos en una propuesta que tiene sabor a poco.
Al tratarse del régimen penal juvenil, la modificación debe partir de una ley nacional, ya que actualmente la edad de punibilidad —frecuentemente mal llamada imputabilidad, ya que establece el momento en que una persona pasa a ser sometida a un proceso penal por cometer un hecho entendido como un delito— se encuentra en los 16 años desde 1954.
El origen de los 16 años para la punibilidad tiene lugar en la sanción de la ley ómnibus 14.394 y se sostuvo así hasta un breve interregno en 1980, cuando el subsecretario de Justicia del gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, Roberto Durrieu, la retrotrajo hasta los 14 años. Dato de color: previo a las leyes de protección familiar de 1954, ésta era la edad en la que las personas eran plausibles de ser procesadas, desde 1921. El régimen penal juvenil volvería sobre sus pasos recién con el regreso de la democracia en 1983 y mantendría hasta hoy la edad de punibilidad a los 16 años.
El gobernador Pullaro se mostró públicamente a favor de regresar la vara de la punibilidad a donde estaba en 1921 en varias ocasiones. La secretaria de Asuntos Penales de la provincia de Santa Fe, Lucía Masneri, de quien depende la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil, tomó conocimiento del dictamen al instante de haber sido firmado por los legisladores: “La edad de 16 años ya no es un número que nos sirva. En Santa Fe hemos tenido casos lamentables”, sostuvo Masneri en diálogo con Suma Política al referirse a la muerte de cuatro trabajadores en marzo del año pasado.
Las investigaciones judiciales lograron determinar la participación de cuatro menores de edad, entre ellos el asesino del playero Bruno Bussanich de 15 años, como autores materiales de estos crímenes que dejaron en vilo a la ciudad de Rosario entre el 2 y el 9 de marzo de 2024.
“¿Cómo Santa Fe no va a estar de acuerdo? Cuando hablamos de un homicidio, hablamos de un delito de una persona que comprende lo que está haciendo. Estamos hablando de delitos graves”, espetó la funcionaria al defender la posición oficial del gobierno santafesino y agregó: “El dictamen tiene que ver con compatibilizar posturas. La ley la tenemos que cambiar”.
Según Masneri, el proyecto establece la aplicación de medidas preventivas no privativas de la libertad en caso de delitos cuyas penas no excedan los tres años, mientras que en los delitos de entre 3 a 10 años de pena permite evaluar medidas privativas de la libertad al acusado. “La reincidencia es un factor a tener en cuenta. Cuando hablamos de más de 10 años en el proyecto, implica la privación de la libertad de la persona. En Santa Fe vemos que va a ser positivo para corregir situaciones que vienen funcionando mal y para encarrilarnos. Que un niño de 16 cometa 3 homicidios y ahora está preso por amenazas no está bien. Nunca debimos esperar a que cometiera los tres homicidios para tomar medidas”.
“Es importante la visión sobre la víctima, que de hecho es uno de los planteos sobre la reforma constitucional y de que a delito de mayor, pena de mayor”, afirmó la secretaria de Asuntos Penales.
Situación del sistema penitenciario
La población carcelaria de Santa Fe contaba con 10.492 personas privadas de su libertad —según registros brindados por la Secretaría de Asuntos Penales de la provincia correspondientes al mes de febrero—, de los cuales seis de cada diez (62,2 %) tienen entre 18 y 35 años. A su vez, Masneri aseguró a este medio que “hay un número fluctuante que va de entre 70 y 120 personas” menores de edad en conflicto con la justicia. Es decir, sólo una de cada 100 personas procesadas por cometer un crimen tiene entre 16 y 18 años.
Asimismo, la secretaria admitió que existe una sobrepoblación promedio del 37 % del sistema carcelario santafesino, la cual asciende a 55 % si se toma en cuenta las personas que en marzo estaban detenidas en comisarías. Este número varía según la unidad penitenciaria de la cual se hable. Como muestra, un botón: la penitenciaría de Coronda tiene una sobrepoblación del 80 % por sobre su capacidad. En contra de los detractores de la baja en la edad de punibilidad, Masneri sostiene que los institutos de minoridad “están subocupados en todos los espacios de procesamiento juvenil”.
“Si se aprueba (la reforma), vamos a ser la provincia mejor preparada en materia de justicia penal juvenil. Desde si corresponden las medidas socioeducativas o la encarcelación”, destacó la funcionaria y explicó que “la privación de libertad incluye sí o sí medidas socioeducativas. Pero que el juez le imponga medidas socioeducativas implica que pueden ser aplicadas desde la casa, no implica la pérdida de libertad ambulatoria”.
Según los datos aportados por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, existe un total de 1.533 personas detenidas por homicidio y 733 por tentativa de homicidio —21,6 % del total de los presos santafesinos—, a la vez que la mayoría de los crímenes en Santa Fe son delitos contra la propiedad: “Fundamentalmente hay mucho robo con arma, estafa, amenaza. Ese segmento es un segmento grande y joven que explica la población joven y pobre de la población carcelaria”, declaró.
Castigar ante todo
“En el Derecho Internacional de los derechos humanos que rige el principio de no regresividad, es decir que está prohibido regresar a instancias anteriores a la cobertura de un derecho, los derechos tienen que ser progresivos”, analizó la ex titular del Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (ex IRAR) y trabajadora social especialista en abordajes en contexto de encierro por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora Mónica Ambrosetti, y sostuvo que bajar la edad de punibilidad se da de bruces contra el derecho internacional y el derecho constitucional argentino: “Hay un mandato constitucional que dice que el objetivo del encierro tiene que ser para prepararlos para la resocialización. Acá el único objetivo es el castigo”.
Ambrosetti destacó que “es un mito que privar la libertad de alguien va a generar algo. No se trata de generar más leyes sino de cumplir las que ya existen. La convención internacional del niño tiene plena vigencia y dice que tienen que tener acceso a una educación y servicio de salud de calidad, educación, agua potable, un techo, etcétera. La realidad es que hoy no tenés fiscales o jueces que cumplan con algo de todo eso”.
“Hay una cuestión de fondo que es que se van a poner presas a las principales víctimas de un sistema que no funciona como es el neoliberalismo, que llevó a la pauperización de las condiciones generales de vida de la población y de las instituciones que tienen que brindarles protección, cuidado y enseñanza a esas personas”, señaló la exfuncionaria del gobierno de Omar Perotti e indicó que en Argentina “hay un régimen de bienestar que le está trasladando las responsabilidades que son del Estado a estos núcleos familiares que tienen muchos problemas, como el bajo nivel adquisitivo y endebles condiciones materiales de existencia”.
Según un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2023, el 84 % de los delitos cometidos por adolescentes son robos y hurtos, mientras que UNICEF destaca que sólo el 1 % de los delitos son cometidos por debajo de la edad punible: “El castigar a los niños y adolescentes como adultos no reduce la inseguridad. La mejor prevención es garantizar derechos básicos. El 58 % de los delitos de violencia familiar es a niños, niñas y adolescentes. Esta campaña, además de no tener nada de original, es ideológica y sesgada. Es una discusión que cada tanto vuelve y no es nueva”, declaró Ambrosetti.
Por su parte, el ex director de Prevención y Seguridad Comunitaria de la provincia, docente de la Universidad Nacional de Rosario y abogado penalista Francisco Broglia esgrimió a Suma Política: “Lo que se está proponiendo, sin dudas, es una regresión prohibida constitucionalmente a una norma de la dictadura cívico militar” y coincidió con Ambrosetti en que, del universo de delitos detectados por el sistema penal, son muy pocos los que tienen a niños o niñas como partícipes de los mismos.
“Desde el Estado, en lugar de garantizar los derechos de niños y niñas reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Ley 26.061, se propone una mayor criminalización y prisionización de las infancias”, dijo el docente y subrayó que “en lugar de intentar invertir recursos en cumplir con los derechos económicos, sociales y educativos de los niños, lo que se propone es arrojarlos a un sistema carcelario cruel, inhumano, destruyendo para siempre su posibilidad de desarrollo. Esto, además, es altamente ineficiente para reducir la criminalidad, además de generar otros problemas, como la inclusión de los niños y niñas en verdaderas escuelas del delito como son las cárceles”.
Ambos detractores del proyecto sostienen que el empuje a bajar la edad de punibilidad está íntimamente relacionado con una “incapacidad del Estado” para afrontar sus obligaciones: “La provincia de Buenos Aires tiene algo que se llama Servicio Zonal, que es una agencia que se ocupa de menores no punibles en conflicto con la ley y se ocupan de hacerles el seguimiento. Cuando te ponés a ver los abordajes en otras provincias te das cuenta de que hay otras posibilidades orientadas desde la prevención y el cuidado para llevar adelante. Hoy tenemos un Estado incapaz de afrontar estos problemas y por eso profundizan en la baja de la edad de punibilidad”, sentenció Ambrosetti.
Autor
