Desde la mañana del jueves 14 de mayo está en la Legislatura un proyecto del gobernador Maximiliano Pullaro que, en pocas palabras, le da mucho más poder a la policía y algo más a los fiscales para actuar ante el delito. El problema es que se lo resta a los ciudadanos.
Los cambios propuestos desde el Poder Ejecutivo provincial consisten en modificar 9 artículos al Código Procesal Penal e incorporarle un décimo, además de tocar 8 aspectos de otras 6 leyes.
Según los considerandos y el título que precede a los artículos que busca aprobar el gobierno de Santa Fe, se trata de meras “herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”, pero implican finalmente fuertes alteraciones de fondo, que van bastante más allá de lo procedimental al afectar incluso garantías constitucionales según las primeras opiniones calificadas. Ya le bajó el pulgar el Colegio de Abogados de Santa Fe, a través de uno de sus institutos.
El texto ya ha circulado entre quienes tienen interés en estos temas, sobre todo abogados, académicos y dirigentes políticos. Y aunque haya sido redactado con la idea de ponerse a la vanguardia del antigarantismo por ahora la cuestión es de escaso interés público. Está claro, eso sí, que habrá un fuerte debate antes de que el mensaje llegue al recinto de la Cámara de Diputados. Sigue en comisiones, donde también incomoda.
Enviamos a la Legislatura un nuevo paquete de leyes para fortalecer y profundizar la estrategia de seguridad en Santa Fe.
— Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) May 21, 2026
Las iniciativas apuntan a sumar herramientas contra el delito, reforzar las investigaciones y avanzar con medidas más ágiles para combatir el narcotráfico y… pic.twitter.com/6merBGFBhE
Rosúa embanderado
En el propio oficialismo de la Legislatura las reacciones van desde la alarma y la incredulidad al silencio, ante la posibilidad de tener que emitir una opinión en contra. Hoy, quien con mayor esmero y entusiasmo ha tomado los cambios es el diputado radical Martín Rosúa, que no ha dudado en defender lo planteado desde la Casa Gris, en línea con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
Con el texto recién ingresado, el diputado Carlos del Frade dijo a la emisora universitaria LT10 que se trataba de un compendio de “mano dura” y afirmó sin medias tintas que “Santa Fe va camino al fascismo”. Su compañero de bancada, Palo Oliver, quien fuera intendente de Santo Tomé por el radicalismo en otros tiempos, dijo que “es un orden jurídico para un Estado totalitario que violenta el sistema democrático”.
Rosúa había afirmado cuando todavía el tema era fresco y se había presentado el compendio de reformas que “el conjunto de once medidas del ministro Cococcioni permite actuar más rápido, investigar mejor y prevenir que ocurran los delitos”. Pero la respuesta, desde el socialismo (y por lo bajo) fue que había “solo demagogia”, porque parece imposible de pasar un filtro de control de constitucionalidad, es decir, por la Comisión que se encarga de esos asuntos. El bloque del PS es clave en la Cámara que preside Clara García.
Con ese panorama, se da por descontado que habrá que “morigerarlo”, “atenuarlo” e incluso “podarlo” y se preservan las buenas relaciones entre los bloques, pero cuesta demasiado trabajo dar una explicación puertas afuera. El hecho de que durante la sesión de este jueves 21 nadie lo haya mencionado en el momento de las manifestaciones habla de los cambios que habrá que diseñar para que el tema tenga alguna chance.
Nervios tras de cámaras
Esta semana, un legislador de uno de los sectores internos del frente Unidos para Cambiar Santa Fe optó por bajarse de un set de televisión (en un buen horario) al saber que compartiría la pantalla con su par Rosúa. Iba a tener que fijar posición con respecto a “las herramientas” para la policía y no quiso afrontar públicamente una discusión así con otro legislador frentista. Hubiera condicionado la negociación interna.
Del tema los legisladores del partido de gobierno hablan con los periodistas, es cierto. Pero no quieren formular declaraciones. En off the record hay unas explicaciones pausadas, serenas, repletas de comentarios sobre el discurso y las elecciones, que buscan en todos los casos una salida capaz de conformar a todos, sin causar daños internos. Pero se admite que tal como fue redactado, el tema no puede prosperar.
Más aún, se especula con que habrá una convocatoria de la Corte Suprema o de quien esta designe para que no haya ley sin antes dar a conocer su posición. La especie es creíble porque ha mejorado el vínculo de los ministros que integran el máximo tribunal con la Cámara de Senadores, para destrabar un conflicto por el destino de un edificio en construcción en la ciudad de Santa Fe, a espaldas del Palacio de Justicia. En parte iba a alojar al MPA, pero por la Reforma 2025, el órgano acusador ya no es parte del Poder Judicial. Y lo mismo sucede con la Defensa Penal que, curiosamente, hasta aquí no se ha pronunciado sobre los aspectos más complejos de la norma impulsada por el Ejecutivo. Por ejemplo, permitir que la policía interrogue sin la presencia de un defensor.
Duro comunicado
Hasta el miércoles, los pronunciamientos fueron de particulares del ámbito del derecho. Ese día, el Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de Santa Fe emitió en redes un comunicado de prensa contundente, duro.
“Vemos con suma preocupación los contenidos del proyecto de ley (…) por ser contrarios a los postulados de la Constitución Nacional”, dice.
“En este contexto, brindarle a la policía la facultad de interrogar a un detenido sin la presencia de su abogado defensor puede dar lugar a todo tipo de abusos y arbitrariedades sobre un ciudadano sospechado de un delito con la finalidad de forzar una confesión sin pruebas. Tampoco compartimos que un fiscal pueda en algunos supuestos allanar el domicilio de un ciudadano e imponer medidas restrictivas a la libertad sin previa autorización de un juez”, advierte.
Y por último, explica que “resulta aún más grave el ‘procedimiento por decreto fiscal’ donde se le da posibilidad al fiscal de solicitar al juez la condena de un ciudadano sin un juicio previo y sin la participación de un defensor”.
“La seguridad pública —aún en contexto de emergencia— no puede ser el fundamento de un sistema penal sin límites ni control. Por esta razón instamos a un debate serio del proyecto de ley” para avanzar “sin conculcar los derechos y garantías de las personas sometidas a un proceso penal”.
¿Se va la segunda?
Por segunda vez, el gobierno de Maximiliano Pullaro plantea fuertes cambios en materia de leyes y procedimientos para los procesos penales vinculados a la seguridad.
Entre 2023 y 2024 hubo en Santa Fe reformas al Código Procesal Penal que, pese a algunas resistencias dentro del propio oficialismo, con modificaciones menores fueron sancionadas por la Legislatura. Se las aceptó bajo el criterio de que la provincia vivía una situación de emergencia y que era urgente marcar al Poder Judicial una senda distinta de la que hasta aquí se observaba.
Los partidos que componen Unidos siempre tuvieron los números necesarios para sancionar leyes por mayoría y, en el caso de las normas para luchar contra la inseguridad hubo, además, algunos apoyos de legisladores de la oposición, sobre todo en el Senado.
El gobernador Pullaro llevaba solo una semana en su cargo y ya tenía sancionadas cuatro leyes: de Emergencia en Seguridad Pública, de cambios normativos en el Servicio Penitenciario, de Regulación de gastos reservados en investigaciones sobre organizaciones criminales complejas y de desfederalización de la competencia en delitos de microtráfico de drogas, llamada de “narcomenudeo”.
Y a esas modificaciones le siguió un paquete aún mayor de normas que dieron más poder sobre todo a los fiscales y a la cabeza del Ministerio Público de la Acusación por sobre la de los fiscales regionales.
Ahora parece confiarse más en una rápida actuación profesional de la policía. Pero aún con la fuerza mejor formada y equipada que se pueda imaginar, causa todo tipo de preocupaciones lo que plantea la nueva reforma procesal.
Detalles
Se prescinde del juez, e incluso del defensor para ciertas actuaciones policiales bajo condiciones difíciles de medir (o demasiado fáciles de justificar). Los uniformados podrán llevar adelante interrogatorios sin comunicarlo a un fiscal y esa declaración podrá ser válida incluso sin un defensor presente.
La llamada “declaración informativa” y el “interrogatorio policial” se habían extinguido gracias al sistema acusatorio iniciado en 2014. Ahora volverían.
Otro tema polémico es que la policía (sin comunicarlo a un fiscal) podrá allanar sin orden judicial la vivienda de quienes sean sorprendidos con portación ilegal de armas en la calle. Es cierto, hay tiempos que se pierden y juegan contra la eficiencia para esclarecer casos al requerirse las órdenes de allanamiento a cargo de un juez, con un fiscal que intervenga. Pero también la facultad crea nuevos riesgos para que avance la corrupción policial. ¿Bastará con “plantar un arma” para conseguir un allanamiento sin que medie un juez? ¿A ese punto llegará el poder de los uniformados?
Por otra parte, habilitar a los fiscales a llevar a cabo “inteligencia preventiva” sin comunicarlo al juez también implica riesgos, que los santafesinos ya conocen a partir de la aparición de “perfilamientos” durante la gestión de Marcelo Sain como ministro de Seguridad (mientras tenía una licencia como funcionario del MPA). Incorporar investigaciones en redes o inteligencia digital para enfrentar el narcotráfico es plausible, pero sin la tutela judicial, se teme que queden expuestos los ciudadanos.
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