El flamante gabinete económico, comandado por Sergio Massa secundado por Gabriel Rubinstein, tiene la misión de estabilizar la economía y generar credibilidad en un contexto de alta inflación, pérdida de reservas internacionales y ensanchamiento de la brecha cambiaria. En ese sentido, uno de los logros que persigue es el cumplimiento de la meta de déficit fiscal establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no puede exceder el 2.5 % del PIB para este año y que debe alcanzar apenas un 1,9 % para 2023 y un 0,9 % para 2024. En esa búsqueda es que el equipo del Ministerio de Economía realizó una proyección del déficit fiscal actual y, al encontrar desvíos, tomó la determinación de reacomodar el gasto público con los consecuentes recortes conocidos recientemente.
Realizado en etapas, el reordenamiento busca poner en línea la tendencia incremental del gasto, que llevaba al déficit fiscal al 3,2 % del PIB para fines de este año, es decir, 0,7 puntos porcentuales por encima de la meta. La primera fase fue la que se dispuso la semana pasada, a través de la Decisión Administrativa 826/2022, la cual busca absorber los montos subejecutados en las distintas reparticiones públicas. El monto rebajado alcanza los 210.000 millones de pesos, recortando presupuestos en 6 de los 18 ministerios, pero con una ampliación de gastos en 82.000 millones, lo cual termina representando un recorte neto de 128.000 millones. En síntesis, las áreas que tuvieron recorte de gasto son las siguientes:
1) Desarrollo Productivo: Un ajuste de 70.000 millones de pesos que impactan principalmente en programas como el Fogar y Fondep, claves a la hora de ofrecer garantías a empresas que invierten, generan empleo e innovan.
2) Desarrollo Territorial y Hábitat: Aquí hubo distintos recortes, pero el más importante es el Plan Procrear. Algunos beneficiarios temen que se corten los desembolsos en obras ya iniciadas.
3) Educación: Reducción de recursos en 50.000 millones de pesos. Los programas más afectados son Conectar Igualdad y Fortalecimientos de Jardines Infantiles e Infraestructura y Equipamiento.
4) Salud: Recorte de 10.000 millones de pesos en el Programa Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles. La medida se traduce en la no concreción de compras de vacuna Sputnik, considerando al stock actual como suficiente.
5) Transporte: El grueso del ajuste en esta repartición se concentra en las transferencias a las provincias y los municipios, totalizando unos 10.000 millones de pesos.
Estas medidas se suman a la segmentación tarifaria en curso, que se estima implicará una reducción del gasto público de 47.500 millones de pesos. La redistribución de subsidios sobre las tarifas de energía, agua y gas propuesta por la Secretaría de Energía, viene a sustituir el esquema anterior, de corte “pro-rico” y de baja sostenibilidad, que subsidia uniformemente sin diferenciar por ingresos entre los hogares y sin desplegar incentivos al uso eficiente de la energía.
En términos macroeconómicos, y mirando los grandes números fiscales, el recorte en las partidas mencionadas pareciera no ser tan significativo. Si bien en Hacienda saben que este ajuste no soluciona el problema de recursos-gastos, colabora. Además constituye una muestra de cómo el Estado también tiene la capacidad de hacer un uso más discrecional de sus recursos.
Adicionalmente, esta ola de recortes puede traer consigo problemas en la aplicación de los programas que se han visto afectados, los cuales tienen una fuerte inserción en el interior del país. En Santa Fe, las consecuencias del ajuste aún no se conocen con precisión, pero ya se encendieron las alarmas. Algunos referentes opositores al oficialismo provincial ya han declarado su preocupación con respecto al impacto en lo educativo, y sobre todo en lo productivo, en cuanto a créditos y/o garantías así como en ejecución de obras públicas y mejoramiento de la infraestructura en la provincia. Ambos ejes son claves en la impronta de la actual gestión provincial y eso se evidencia en programas como “Caminos de la ruralidad”, “Santa Fe Productiva y Sostenible”, entre otros.
A su vez, en el plano educativo, la situación se suma al conflicto que atraviesa a los gremios en cuanto a paritarias. A partir de estos anuncios, comienzan a aparecer en el listado de reivindicaciones reclamos por partidas presupuestarias tal como se ha visto en la última manifestación de CTA-Amsafe en la capital provincial. Por su parte, Conadu ha expresado su preocupación en este tema, aunque aclarando que el presupuesto para universidades no ha sido modificado. Aun así, se espera, para lo que resta del año que la desaceleración del gasto continúe y ascienda a los 350.000 millones de pesos, en busca del alivio fiscal y de la morigeración de las expectativas.
De todas formas, el escenario es aún incierto, y dependerá del éxito de las medidas y la aceptación que tengan en los agentes económicos en un contexto de alta volatilidad, y en un clima caldeado desde lo político y lo electoral. Mientras tanto, se esperan con cautela las próximas etapas de un ajuste fiscal no deseado pero que emerge como mal menor ante un escenario macroeconómico como el actual, en el que sin medidas de estabilización podrían esperarse graves repercusiones sobre la actividad económica y productiva.
Nota: los autores son economistas
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