El nivel 3 de la organización se ocupó de la logística necesaria para que 1.658 kilos de cocaína pudieran salir desde Rosario hacia el exterior y el nivel 2 “de las gestiones y coordinaciones dentro de nuestro país”, incluyendo el montaje de una empresa como pantalla para la exportación de la droga: hasta aquí llegó por el momento la Justicia, con el fallo de la Cámara Federal de la Casación Penal que confirmó las condenas contra ocho personas por el cargamento descubierto en un galpón de Empalme Graneros. El nivel 1, el de los colombianos identificados como jefes y financistas de la organización, parece todavía tan lejos de la ciudad como los Emiratos Árabes Unidos, donde uno de sus integrantes, Gabriel Jaime Londoño Rojas, espera su extradición desde hace más de un año.
Londoño Rojas fue capturado por Interpol en el aeropuerto de Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes, el 30 de noviembre de 2022. El segundo integrante, Newson Cheung Sabogal, está prófugo. Y el tercero, Álvaro Antonio Duque Ramírez, había sido detenido en España pero según reveló el portal Encripdata la Audiencia Nacional de ese país lo dejó en libertad en diciembre de 2024 porque el gobierno de Javier Milei no presentó un plan de vuelo para conceder la extradición y se venció el plazo para mantenerlo en prisión.
Mientras tanto, los camaristas ratificaron las condenas del Tribunal Oral Federal número 3 de Rosario contra Gabriel Andrés Nicolau (12 años de prisión), José Damián Sofía, alias Tano (11 años), Marco Rodrigo Páez (10 años), Lucas Eduardo Hitters (8 años), Oscar Alfredo Rossi y Fabio Héctor Crucianelli (6 años), Osvaldo Enrique Gorosito (3 años) y Gastón Sofía (3 años de prisión condicional).
La investigación comenzó el 12 de mayo de 2021, cuando la Drug Enforcement Administration (DEA) puso en la pista a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Según el informe, una tal Mónica Gutiérrez, de nacionalidad colombiana, integraba una organización transnacional que planeaba utilizar el puerto Zárate-Campana para enviar a Europa una gran cantidad de cocaína. El grupo trasladó el punto de embarque a Rosario, según las gestiones atribuidas a Nicolau —enlace con los colombianos— y Sofía, quien este lunes sumó otra condena de cinco años de prisión por amenazar telefónicamente a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
Londoño Rojas y Sabogal viajaron a Buenos Aires en mayo de 2022 para impartir instrucciones a Nicolau, que previamente había estado en Colombia junto con Marco Rodrigo Páez y Lucas Eduardo Hitters. Los jueces establecieron que Nicolau fue “el encargado de coordinar los recursos, humanos, técnicos y materiales”, con la colaboración de Sofía, quien a la vez tenía el contacto “con quien sería el sujeto receptor de los envíos en el continente europeo, apodado El Español o El Gallego”. El destino final era Dubai.
Las reuniones en Buenos Aires y posteriormente en Funes y Rosario, donde Álvaro Ramírez Duque chequeó el embalaje de la cocaína en un cargamento de pellets de maíz, fueron observadas y fotografiadas por la Policía Federal, que denominó “Operación Rosario-Dubai” a la investigación. También resultaron de utilidad unas notas que Londoño Rojas descartó en el cesto de papeles de su habitación de hotel y donde Newson Sabogal rendía cuentas de los gastos realizados.
En el transcurso de la investigación surgió que la organización había enviado tres contenedores con 60 toneladas de pellets de maíz, bajo la fachada de la empresa Pepe Cereales S.A., “a los únicos fines de establecer habitualidad ante las autoridades aduaneras para así edificar controles sucesivos menos rigurosos”, según la sentencia de los camaristas Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar. El escaneo normal no detecta la droga en un cargamento de pellet de maíz, un alimento balanceado que tampoco puede ser examinado por los perros.
El embarque no llegó al puerto ya que el 26 de agosto de 2022 la Policía Federal allanó los galpones de Génova 2425, donde se encontraba el grueso de la cocaína, y Cerrito 17, también utilizado para almacenar la droga. La cocaína estaba distribuida en paquetes rectangulares que habían sido disimulados dentro de bolsas big bags que contenían pellets de maíz y fueron prolijamente expuestos sobre el asfalto.
La organización presentaba una organización celular y jerárquica, donde los integrantes del nivel 3 no tenían contacto con los jefes. Bajo el liderazgo de Londoño Rojas, habría despachado previamente otros cargamentos de cocaína desde Argentina hacia España que sobrepasaron los controles aduaneros, las investigaciones policiales y la acción de la Justicia.
Para levantar la perdiz
El nivel 1 de otra organización narcocriminal también consiguió escapar a la Justicia hasta el momento, aunque los niveles inferiores quedaron desarticulados. En este caso los integrantes eran locales, con asistencia de personas de nacionalidad colombiana, y su actividad acaba de ser actualizada de manera extraña.
Hasta octubre de 2023, Brian Walter Bilbao fue un ciudadano común y corriente de Rosario. O eso parecía. Era un vecino de avenida Pellegrini y Mitre que vivía con su pareja y los dos hijos de la mujer y, sin presumir al respecto, su nivel de vida lo llevaba a relacionarse con empresarios y a tomarse vacaciones en destinos tan distantes y poco frecuentes como las Bahamas y las islas Maldivas. Pero en aquella fecha la Justicia Federal de Rosario solicitó su captura como líder de una organización criminal que por lo menos desde 2018 importaba cocaína de Bolivia y la redistribuía en el conurbano y la ciudad de Buenos Aires.
Bilbao y su familia pudieron escapar a la redada de las fuerzas federales, que en cambio atrapó a la segunda y la tercera línea de la organización. Tenía contactos para mantenerse informado, sospechan los investigadores. A pesar de la súbita fama, su nombre pareció caer en el olvido con la falta de noticias sobre su paradero hasta que entre el 20 y el 24 de enero reapareció en una serie de anónimos que rubricaron balaceras e intimidaciones perpetradas en Rosario donde también fue mencionado el gobernador Maximiliano Pullaro. El gobierno provincial ofrece quince millones de pesos como recompensa para quienes identifiquen a los autores de los atentados.
Las balaceras tuvieron como blanco un minimarket de Avenida Francia y Presidente Quintana y una pollería en Buenos Aires al 4000, mientras una distribuidora de Provincia Unidas al 500 bis recibió también la nota, en este caso sin disparos. Una vecina describió a dos hombres —aunque uno de ellos llevaba una capucha— que iban armados en un Citroën C3 de color rojo. Este auto apareció incendiado en un descampado entre Funes y Pérez, el mismo día en que se difundió el ofrecimiento de recompensa del gobierno provincial.
Las referencias a Pullaro en los anónimos habrían sido una argucia para llamar la atención y asegurar la difusión del mensaje: el objetivo, piensan los investigadores, fue poner de nuevo sobre el tapete a Bilbao, un ciudadano celoso del bajo perfil que no tenía redes sociales y hasta se cuidaba de que sus conocidos y familiares no lo mencionaran en las suyas. Sin embargo, una cuenta de Instagram delató que Patoruzec —como le dicen— y su familia hicieron viajes a Miami, Disney y playas del sur de Brasil, además de las Bahamas, y recorrieron el centro del país, la costa atlántica, Cuyo, la Patagonia y las Islas Malvinas, aunque ni Bilbao ni su pareja Paola Vanesa Acuña tenían actividad laboral registrada.
“Las notas parecen de alguien que está en contra de Bilbao, un competidor que lo quiere publicitar para que lo busquemos con más intensidad. No amenazan al gobernador. Quién es el que está detrás, no sabemos. Puede ser un ex socio o un socio evidentemente disconforme”, dice un investigador.
El trámite de la causa que impulsan la Fiscalía Federal número 3 y la Procunar está en suspenso a la espera de que la Cámara de Apelaciones resuelva el recurso del abogado Pablo Mariano Stradiotto contra su procesamiento. Stradiotto está sospechado de haber asesorado a Bilbao y a Pablo Javier Raynaud —el otro líder de la organización, también prófugo— en el lavado del dinero sucio a través de testaferros y de inversiones muy diversificadas: entre otras, las agencias de taxis y remises Remitaxi y Taxideral, la compraventa de vehículos con la agencia J.B. Exclusivos y de agroquímicos y maquinaria agrícola con la empresa Glycine —propiedad de Raynaud—, negocios con Adelante Broker Inmobiliario —cuyo titular, por otra parte, fue denunciado por estafas en febrero de 2023 y diciembre de 2024—, la venta, armado y colocación de pantallas LED, la fabricación de biodiésel y aceite hidráulico y la administración de dos bares y de franquicias de Vórterix en Rosario y Mar del Plata.
Raynaud es considerado tan importante como Bilbao, aunque tiene menos publicidad. Su campo ubicado en jurisdicción de Carrizales funcionaba como pista de aterrizaje para las avionetas provenientes de Bolivia con cargamentos de cocaína.
Las avionetas operaban en el hangar de Bilbao en Campo Timbó, el elegante club de campo y golf de Oliveros. Allí fueron detenidos los colombianos Juan Manuel Gómez Orrego, Santiago Arbeláez Zapata, José David Hurtado Osorno y Wilmer David Bolívar Cano, a quienes se agregó más tarde Julián David Correa Posso, apresado en Medellín. Si bien los cinco se presentaron como personal técnico destinado a la operatoria de las tres avionetas de que disponía la organización, las extracciones de los teléfonos secuestrados probarían que hicieron viajes a Rosario con antelación a su captura y que están vinculados al ambiente narco.
La policía provincial tiene ahora parte en la persecución de Bilbao. “Tuvimos un año perdido buscándolo con Gendarmería. Algo raro ha pasado”, comenta un investigador.
Autor
