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Urbanizaciones a la vera del Ludueña: “El uso del suelo está muy regulado por los intereses inmobiliarios”

Sobre la cuenca del arroyo Ludueña —unas 74 mil hectáreas— están asentadas diez ciudades: Pérez, Zavalla, Pujato, Funes, Roldán, San Jerónimo, Luis Palacios, Ricardone, Ibarlucea y Camilo Aldao. Hasta 2008, la planta urbanizada en esa vasta planicie de límites difusos totalizaba 5.347 hectáreas, pero a partir de 2010 nuevos barrios comenzaron a construirse y cubrieron con cemento otras 3.715 hectáreas, algo así como un 69 por ciento más de lo que había antes. Actualmente, en la zona de Funes, nuevas urbanizaciones fueron habilitadas y otras más alientan expectativas. Las consecuencias de más construcciones en el mismo valle de inundación de la cuenca del Ludueña —como dio cuenta Suma Política en su artículo de la semana pasada en base al documento del Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario— son previsibles: menos suelo permeable, más escorrentía, más inundaciones. Este contexto auspicia un drama del que sólo restaría saber cuándo ocurrirán las próximas lluvias torrenciales, cuáles zonas serán las más afectadas y qué sectores sociales los más damnificados.

Refrenda ahora esos augurios Erik Zimmermann, doctor en Ciencias de la Ingeniería, investigador titular del Conicet y profesor titular de la cátedra Hidrología en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Autor de varias publicaciones —cuyos contenidos versan sobre la modelación matemática en hidrología superficial y subterránea en áreas de llanura—, Zimmermann es también, junto a colegas suyos, responsable de profusos estudios recientes sobre cinco cuencas urbanas de la zona del Gran Rosario, entre ellas la del Ludueña. En esos textos, y en este diálogo con Suma Política, sugiere tomar medidas urgentes que interpelen el modelo productivo y la manera de construir, y explica cómo, de esa manera, acaso se pueda reducir tanto el riesgo de inundaciones como el cuantioso desembolso del Estado en infraestructura, ya sea para reparar los daños que aquellas causan o para crear drenajes artificiales que suplanten los desbordados arroyos.

Zimmermann hace recomendaciones para evitar el colapso del suelo —sometido a procesos de impermeabilización por el monocultivo de soja y las mentadas urbanizaciones—, pero aclara: “Hay una desconexión importante entre el mundo científico y la política. La política está muy presionada por intereses económicos que son muy potentes”.

—A partir de nuevas urbanizaciones en la zona de Funes, unas concluidas y otras en proceso, ¿cómo ves el panorama ante la posibilidad de nuevas inundaciones y daño al medio ambiente en la cuenca del Ludueña?

—Nosotros, desde el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNR, venimos monitoreando la cuenca dentro de lo posible (porque hay muy poca inversión en el monitoreo y muchos daños ambientales no son visibles sencillamente por eso). El caso del Ludueña, como otros en muchas zonas de producción agrícola de la pampa, es paradigmático: allí se puede observar a través de los años que, ante eventos de lluvias semejantes, la cuenca fue produciendo más volumen de escorrentía, que es lo que provoca inundaciones. Eso es por varios factores. Las urbanizaciones son uno de ellos; en general toda urbanización provoca una impermeabilización del suelo y un cambio en la respuesta de la cuenca. Las urbanizaciones cercanas de “Aldea”, “San Eduardo” y “Hostal del Sol”, entre otras, han provocado que haya una respuesta mucho más rápida en el arroyo: crece más rápido que como lo hacía cincuenta años atrás. Los drenajes urbanos se hacen de tal manera de que no coincidan la creciente del arroyo principal, que es el cuerpo receptor, con la salida de los conductos subterráneos, que drenan la lluvia. En 2012 ocurrió algo así con el Emisario 10: creció el arroyo Ludueña muy rápido e impidió el drenaje de este conducto, inundando el barrio rosarino de Fisherton de manera inédita. Otros aspectos tienen que ver con los espacios rurales: hace cincuenta años que en esta zona se produce soja y eso provocó también una impermeabilización del suelo: por el tránsito de la maquinaria agrícola, por la eliminación de la rotación de cultivo —lo cual incorpora otros nutrientes— y por el uso de pesticidas y plaguicidas a gran escala, que prácticamente ha matado toda la vida del suelo y las llamadas plagas. Hay que tener en cuenta que hay una microfauna en el suelo; la materia orgánica le otorga esponjosidad, mayor permeabilidad, todos factores beneficiosos para poder incorporar el agua. Actualmente eso es como un cuero seco que cada vez absorbe menos agua.

—Y por lo tanto genera más escurrimiento…

—Claro, y esto tiene que ver con las inundaciones, más allá de las obras que se proyecten y se hagan, que cada vez son más. Los conductos aliviadores de crecidas del Ludueña en la zona de Empalme Graneros, donde el arroyo es entubado para descargar luego en el Paraná, han sido sistemáticamente duplicados en capacidad cada veinte años, desde 1940, cuando se construyó el primero, hasta el último, que fue el Aliviador 3, por debajo de la calle Sorrento. Esto habla de un cambio del uso del suelo, más allá del mencionado cambio climático, al cual muchas veces se le atribuye la causalidad de todas estas inundaciones, cuando en realidad no es así. Hemos comprobado que las lluvias de los últimos años que provocan inundaciones son prácticamente las mismas que antes; no han cambiado de modo significativo, comparativamente con los cambios que hay en el uso del suelo. Por lo tanto, el panorama lo veo complicado hasta tanto no se modifiquen estas cosas.

—Se urbaniza de manera irresponsable y, después, se gastan millones de recursos públicos en infraestructura para paliar sus consecuencias; estos paliativos resultan, a más de tardíos, insuficientes, ¿qué pensás sobre eso? También sobre los costos económicos que implica reparar el perjuicio causado.

—Se gastan millones en recursos públicos en infraestructura para sobrellevar todo esto, tanto a nivel rural por la producción de monocultivos, como por las urbanizaciones en sectores de zonas inundables. Sucede que la planificación del uso del suelo, el ordenamiento territorial, está guiado fundamentalmente por la rentabilidad económica, que no es del Estado, que después tiene que invertir en obras para mitigar los impactos. En torno a la producción sojera hay todo un sistema económico montado que es complicado desmantelar. Y respecto de las urbanizaciones, el uso del suelo está muy regulado por los intereses inmobiliarios. Las zonas inundables son de bajo costo y ahí la rentabilidad aumenta bastante. Ahora bien: los beneficiarios son de un sector social y los damnificados corresponden a otro sector social, y el Estado llena ese espacio intermedio invirtiendo en obras necesarias para reestablecer la seguridad hídrica de los sectores influenciados. Damnificados son los de Empalme Graneros, donde el Ludueña emboca para salir al Paraná; o los de Nuevo Alberdi, en la zona del Canal Ibarlucea… Estos costos ambientales hay que ponerlos en un mismo paquete y a partir de allí evaluar la conveniencia de la intervención. Todo lo que afecte al medio ambiente, tarde o temprano nos termina afectando, ya que somos parte de él.

—¿Cuál sería tu recomendación en esta hora, 2021, para una intervención estatal de peso en la cuenca del Ludueña que evite colapsos a futuro?

—La cosa es bastante compleja porque habría que desmantelar todo un sistema por el cual Argentina exporta y percibe. Hay una estructura económica armada en función de la exportación de soja y aceite de soja. Habría que plantearse por lo menos, a escala de transición, un cambio en el uso del suelo, incorporando otras formas de producir. Hay experiencias muy interesantes en el centro de provincia de Buenos Aires, incluso en Santa Fe, con producción agroecológica. En definitiva, es volver a proponer una rotación de cultivos para que el suelo no se deteriore, para que incorpore más agua. Hay maneras de lograr una transición en la producción que no produzca tanto daño al ambiente. Además, pensar los problemas de contaminación generados por los agroquímicos, que están prohibidos en muchos lugares del mundo y aquí se siguen utilizando; la casuística de problemas de salud vinculados a su uso es muy cuantiosa. Mi expectativa sería que la Argentina, además de exportar materia prima, pueda dar un valor agregado a sus productos. Es una reconversión no sencilla de pensar porque estamos en el marco de unos intereses económicos muy poderosos.

—Se proyecta una reserva natural sobre la cuenca del Ludueña, ¿estás al corriente? ¿sería de utilidad o simplemente algo testimonial?

—Las definiciones de reserva natural funcionan. Hace siete u ocho años hicimos un estudio de factibilidad de navegación del río Carcarañá; el presupuesto no cerró porque había que hacer una modificación del río con un alto impacto ambiental y de mucho costo económico. Además, el Carcarañá no tiene mucha pendiente, no tiene mucho calado; el proyecto contemplaba la salida por barcazas de la producción granaria de Córdoba y de Santa Fe a Puerto Gaboto. En ese momento se firmó un decreto provincial asignando el área del río Carcarañá como reserva hídrica: no podía ser tocado ni alterado el entorno al río en un ancho de trescientos metros a cada lado. Automáticamente, todos estos proyectos se pararon. Si se decreta “reserva hídrica” la zona del valle de inundación del Ludueña sería una medida muy interesante, porque las acciones dentro del Concejo Municipal y el Departamento Ejecutivo Municipal en cuanto a urbanizaciones van a estar mucho más restringidas que ahora.

—¿Ahora son demasiado flexibles?

—Las ordenanzas del uso del suelo en el valle de inundación del Ludueña —desde el año 1988, cuando se sancionó la primera, después de la gran inundación de 1986— se han ido flexibilizando con el tiempo y se han permitido cada vez más urbanizaciones allí. Esto es histórico. Además, se han hecho un montón de excepciones en áreas donde antes, por ordenanza, no se podía construir; estas excepciones, más las flexibilizaciones, llevaron a un esquema que se puede ver por imágenes satelitales: casi todo el valle de inundación de la cuenca del Ludueña está urbanizado. Ha ocurrido lo mismo en CABA, donde se han reemplazado los arroyos que existían anteriormente por una red de conductos subterráneos. Obviamente, esos conductos no dan abasto y con pequeñas lluvias de treinta o cuarenta milímetros hay desastres de inundación urbana en Buenos Aires, que vemos en televisión cada tanto.

—Podés resumir una propuesta para potenciar espacios verdes que mejoren procesos de escurrimiento, nuevas formas de construir que atenúen el impacto de esas urbanizaciones…

—Es difícil formular una propuesta porque mi mirada es muy sectorial y vinculada con mi temática disciplinaria como profesional. Como en todas las cosas complejas, hay que tener un montón de miradas puestas sobre el objetivo para generar una propuesta interesante. Nosotros hemos hecho unos estudios en cinco cuencas urbanas de la ciudad de Rosario y lo que sí está claro es que el hecho de seguir impermeabilizando al ritmo actual, sin proponer mosaicos permeables intermedios, eliminando áreas no urbanizables según ordenanzas, etcétera, aumentaría en un futuro próximo, respecto a la situación de hoy, de dos a cinco veces el riesgo actual de inundación urbana. La infraestructura de drenaje de lluvia de una ciudad comienza por los conductos domiciliarios, las cunetas de las calles, las bocas de tormenta en las esquinas y una red de ductos subterráneos que van creciendo en tamaño hasta desembocar en el arroyo o río, que constituye el cuerpo receptor. Es posible reducir costos de esta infraestructura mediante una serie de medidas: respetar espacios definidos como “no urbanizables”, proponer la construcción de “techos verdes” en nuevas construcciones, “paredes verdes”, “veredas verdes” (que permitan la infiltración del agua); hay calles que también se pueden asignar como espacios permeables, lo mismo para playas de estacionamiento, “centros de manzana verdes”. Es una propuesta viable en otras ciudades del mundo, no es nada utópico y se puede asumir aquí a nivel municipal. Hemos hecho un estudio económico al respecto con estudiantes de Ingeniería de la UNR: por ejemplo, si hacemos todas esas cosas, el costo de la infraestructura necesaria para drenar la lluvia en un escenario futuro cercano se reduce a la décima parte respecto de un escenario donde estas medidas no se tomen.

—Esto que contás, ¿se tuvo o se tiene en cuenta en algunas instancias oficiales? ¿llega a esas instancias?

— Hemos hecho llamadas y convocatorias al Concejo Municipal de Rosario y no hemos tenido una respuesta muy auspiciosa. Estos estudios los hemos expuesto en el Departamento Ejecutivo Municipal, en la Secretaría de Planeamiento; hemos hecho seminarios en la Facultad invitando a todos los bloques del Concejo. La respuesta fue de tibia a fría. Incluso hemos tenido discusiones dentro de la Secretaría de Planeamiento respecto de las políticas de uso del suelo, con los propios planificadores defendiendo la propuesta del costo y del valor de la tierra como un negocio. Te diría, para resumir, que no hemos tenido una respuesta favorable en estas instancias.

—Suena contradictorio: el Estado gasta millones en patrocinar investigaciones (por ejemplo, las que se hacen desde el Conicet), pero luego no contempla recomendaciones que surgen de las mismas, ¿cómo vivís, como investigador, ese sinsentido?

—Suena contradictorio. En realidad, no lo veo como un sinsentido, creo que es una puja. Soy investigador del Conicet hace veinticinco años y estoy allí hace treinta y cinco. Hace años, dentro de la institución se promovía el llamado “libre albedrío”: el investigador puede trabajar en temas que lo motiven, sin que se relacionen con las necesidades cercanas. Esto cambió un poco hoy, vemos muchos desarrollos tecnológicos que se aplican sobre todo en este contexto de pandemia. Pero a mi juicio hay instancias hoy día que persisten; por ejemplo, en la evaluación, que no es sencilla, de becarios e investigadores que conforman la institución, basada en las publicaciones mayormente internacionales, y mejor aún de habla inglesa, que se exige para tu desempeño, digamos, satisfactorio. A mí me preocupan mucho las problemáticas regionales y todo mi trabajo se volcó en esa línea. A las revistas internacionales donde uno puede publicar suelen no interesarle este tipo de trabajos, por decirlo de una manera, tan locales. Me ha pasado a la hora de querer publicar mi tesis doctoral. Entonces hay una gran dicotomía en evaluar a los investigadores solamente por lo que publican afuera, porque es dejarlos librados a los intereses de la comunidad internacional en cuanto a temáticas de investigación. No digo que sea un sinsentido, pero sí es una pelea interna dentro de la estructura del mundo científico. La otra cuestión es la que te mencionaba antes: ¿por qué no se usan las investigaciones de los científicos en la mejora de la calidad de vida de la población? Depende si esas investigaciones lesionan o no intereses de grupos económicos, ahí hay otra batalla por librar.

—¿Existe en Argentina un diálogo entre el mundo científico y la política, en sus ámbitos legislativo o ejecutivo?

—Hay una desconexión importante entre el mundo científico y la política. La política está muy presionada por intereses económicos que son muy potentes. Todas estas proposiciones más ambientalistas, más sociales, más de buscar una redistribución de la riqueza chocan con ese paredón. Entonces el mundo científico no es muy escuchado. Hay presiones muy fuertes y muchas propuestas políticas acompañan esos intereses. No es fácil romper esa estructura. Es una gran maraña todo lo que es la economía en Argentina, más en estos contextos de deuda. Estamos supeditados a tener esta economía tan endeble.


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