Connect with us

Hi, what are you looking for?

Política

Violencia en las calles: una vez más, la realidad hizo caer en el vacío un pobre repertorio de propuestas electorales

Un candidato afirma haber desarticulado a Los Monos, la banda de Esteban Alvarado y otros emprendimientos criminales que prosperaron en Rosario. Otro dice que cortó las relaciones entre la política y el delito. Un tercero se presenta como el que no tiene compromisos con ninguna mafia mientras otra aspirante del mismo espacio distribuye chalecos antibala de fabricación artesanal. Más allá de su veracidad, las propuestas electorales para enfrentar los problemas de seguridad pública cayeron en el vacío ante la explosión de un nuevo ciclo de violencia en las calles de Rosario.

Entre la última balacera contra el Centro de Justicia Penal, antes del comienzo por la saga de atentados de 2018 contra domicilios de jueces y edificios, y el asesinato de Carlos Argüelles, terminó de madurar una crisis institucional que se despliega en diversos frentes: críticas cruzadas entre el gobierno provincial y funcionarios del gobierno nacional, discusiones sobre la tasa de homicidios en la ciudad de Rosario, tensiones entre la política y la Justicia local, y un nivel de discusión que nunca fue demasiado elevado entre los partidos mayoritarios en la provincia y que ahora, rebajado todavía más por la competencia electoral, parece reducirse a la búsqueda de echarle el fardo al adversario.

En medio de la situación la única coincidencia política fue el clamor generalizado por el arribo de fuerzas federales. Un recurso al que los gobiernos de Santa Fe apelan desde 2014 y que muestra, además, que ya no se espera nada de la policía provincial, cuyo desprestigio sigue por el suelo y se renueva al ritmo de las balaceras. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, puntualizó en un hilo de Twitter que ya hay 5.075 efectivos de Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria en la provincia, y el gobernador Omar Perotti corrigió esa cifra: serían 3.749.

Cualquiera sea el número de las fuerzas federales en Santa Fe, resulta insuficiente. Pero más no se puede por parte del gobierno nacional. ¿Y ahora quién podrá defender a la provincia?

Argüelles fue asesinado en el taller mecánico en el que trabajaba

Mano de obra y carne de cañón

El crimen de Carlos Argüelles, perpetrado por un grupo de cuatro personas el lunes 6 de septiembre, provoca un estado de conmoción por sobradas razones. La conclusión evidente es que, en la ciudad de Rosario, el que delata a las mafias puede pagarlo con la propia vida y que los recaudos para proteger a testigos se convierten en acciones rutinarias —la presencia de un patrullero en la puerta de un domicilio— incapaces de prevenir atentados.

“Sin duda, es un hecho que interpela la cuestión de la protección a testigos —dice el fiscal Luis Schiappa Pietra—. Pero no sé si es el mejor caso para analizar este problema. Carlos no era un testigo sino un imputado. Estábamos a punto de firmar un juicio abreviado, ya que él reconoció ser parte de la organización y haber trabajado para Alvarado desde un primer momento como experto en lo que, en la jerga, se llama emponchar, en el desguace de vehículos”.

Fue el tercer ataque contra Argüelles, que los sicarios llevaron adelante no solo sin amedrentarse ante la custodia asignada por la policía provincial sino que esa vigilancia no significó ningún obstáculo para sus planes. “En dos oportunidades tuvo la posibilidad de ingresar al programa de protección provincial a testigos y no quiso. También rechazó el programa de protección nacional y el ofrecimiento de una relocalización con asistencia financiera. Era difícil concretar un resguardo en el taller donde trabajaba, un lugar público con un ingreso y egreso de personas muy fluido”, agrega Schiappa Pietra.

No obstante, el fiscal destaca el aporte de Argüelles como testigo contra Alvarado y varios de sus secuaces, lo que lo puso en la mira de sus ex socios, “y la peligrosidad de estas organizaciones criminales que llegan a cometer delitos a pesar de las medidas de protección de fuerzas de seguridad”.

Argüelles no fue la primera persona asesinada después de declarar contra grupos criminales: Nélida Susana Benítez fue ejecutada el 8 de junio en su casa de Ayacucho al 4000 pese a que también contaba con custodia. La mujer había denunciado a Andrés Bladimir Navarro por tres intentos de usurpación a mano armada de su domicilio.

Navarro, alias Colo, es uno de los acusados por el segundo intento de homicidio de Argüelles y según la investigación judicial integra el grupo de Alejandro Núñez, alias Chucky Monedita, el preso que festejó su cumpleaños en la cárcel de Piñero con una torta de Scarface —un personaje idolatrado en el ambiente narco— y citas de Pablo Escobar Gaviria. Ambos están alojados en el pabellón 4 de esa unidad, de donde habría salido además el encargo final por el crimen del mecánico.

Benítez fue asesinada en cuanto cambió la modalidad de la custodia: pasó de fija a intermitente. Las razones y las responsabilidades de esa decisión quedaron desdibujadas en la trama de las argumentaciones burocráticas. Las deficiencias de ejecución en la gestión policial también quedaron expuestas con la última balacera contra el Centro de Justicia Penal: el informe de inteligencia donde la fuerza preveía el ataque resultó inútil en los hechos y un operativo de seguridad para el que se destinaron 240 efectivos y 70 vehículos quedó desairado en tres segundos, el tiempo que le llevó a un motociclista recorrer una cuadra mientras un acompañante hacía tiro al blanco contra el frente del lugar.

El auto en el que se trasladaban los asesinos de Argüelles

La ejecución de Argüelles conmociona además porque patentiza el modo en que los grupos criminales dirimen sus enfrentamientos: a cualquier hora, en cualquier lugar, la ciudad es el escenario y el daño colateral de sus acciones es tan amplio como imprevisible. La balacera desatada en la noche del 2 de septiembre contra la obra social de la Asociación Empleados de Comercio, que provocó teorías conspirativas en relación con las elecciones del domingo, convirtió un sector céntrico en una zona libre en la que un tirador puede tomarse el tiempo para detener su vehículo, hacer una docena de disparos y seguir camino sin apuro.

Otro aspecto significativo en el crimen del mecánico es la composición del comando imputado por el homicidio: tres hombres y una mujer con antecedentes por delitos menores, en principio ajenos al ambiente pero cuya vinculación se produce como efecto de relaciones entabladas en la cárcel de Piñero y al mismo tiempo en una situación donde el narcotráfico encuentra mano de obra —o carne de cañón— para sus diversas operaciones.

La ejecución de Argüelles conmociona porque patentiza el modo en que los grupos criminales dirimen sus enfrentamientos: a cualquier hora, en cualquier lugar, la ciudad es el escenario y el daño colateral imprevisible

“Hay que decirlo con cuidado, pero la participación en actividades ilícitas por parte de los sectores más marginales es una estrategia de supervivencia —advierte el sociólogo Javier Auyero, autor del libro Entre narcos y policías. Las relaciones clandestinas entre el Estado y el delito y su impacto violento en la vida de las personas, de reciente publicación—. Tiene sentido desde un punto de vista económico, porque se puede ganar en menos de una semana lo que un subsidio del Estado otorga en varios meses. No justifico nada, digo que la participación de esos sectores marginales en actividades ilícitas existe desde siempre”.

El presunto asesino de Argüelles, analfabeto e indocumentado a los 19 años, parece responder a ese perfil, como fue también el caso de Walter Soraire, de 29 años, quien al cabo de una vida de adicciones y pequeños robos cobró 25 mil pesos para participar en la última fuga de la cárcel de Piñero y cayó abatido por un guardia después de abrir el cerco perimetral con una amoladora.

Abonado fuera de servicio

El hallazgo de un teléfono de línea en la celda que ocupa Ariel Máximo “Guille” Cantero provocó críticas desde la justicia y el gobierno provincial y un incipiente debate acerca de los derechos de los presos. “Estamos trabajando con un sistema legal que permite estos beneficios”, se lamentó el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Jorge Bortolozzi.

El funcionario, sin embargo, no hizo comentarios cuando una semana después se descubrió un teléfono similar en el sector donde está alojado Ramón Machuca, “Monchi Cantero”, en Piñero. Se ignora si el Servicio Penitenciario de la provincia desarrolla investigaciones sobre las gestiones criminales que se hacen desde las cárceles: este año se descubrieron dos agencias de sicarios coordinadas por reclusos desde las Unidades 3 y 11. También si existe alguna revisión de los criterios de distribución de los presos: la paz del orden interno, lograda en base al agrupamiento por afinidades o lugares de origen, funciona como un factor de alteración en el orden público externo.

Si el crimen de Argüelles fue ordenado por Alvarado, como plantean los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, el traslado a la cárcel de Marcos Paz de este hombre que dice dedicarse a la venta de sábanas y frazadas no tiene mayor efecto para frenar sus actividades criminales. El fiscal Schiappa Pietra plantea al respecto que “debe darse una discusión seria sobre cómo trabajar con la ejecución penal de personas de alto perfil criminal, que forman parte de organizaciones delictivas y tienen una ramificación con el exterior muy consolidada”.

Se ignora si el Servicio Penitenciario de la provincia desarrolla investigaciones sobre las gestiones criminales que se hacen desde las cárceles. También si existe alguna revisión de los criterios de distribución de los presos

El teléfono de línea hallado en la celda de Cantero

Si bien “hay derechos de los reclusos que debemos preservar, tampoco podemos desconocer que no es lo mismo uno que otro preso; garantizando el derecho al contacto con las visitas y con el exterior, se pueden tomar medidas para evitar que esos contactos terminen por posibilitar delitos como los que se cometieron desde la cárcel”, agrega Schiappa Pietra.

El hallazgo del teléfono en la celda de Cantero —un ambiente lóbrego y más bien precario que el fiscal Franco Carbone describió como una oficina— pareció el colmo en un contexto en que Guille es juzgado precisamente como instigador desde la prisión de ataques contra jueces y edificios judiciales.  “Algunos niveles de criminalidad son muy difíciles de pensar exclusivamente a partir de estos emergentes violentos, que son los más visibles. Hay un entramado más complejo que está compuesto fundamentalmente por los grandísimos excedentes dinerarios de los mercados ilícitos”, dice el fiscal Schiappa Pietra a propósito del líder de Los Monos.

“Si no comprendemos que estos emergentes tienen como base la consolidación de mercados ilegales que no se restringen a la droga sino que tienen otras extensiones en el sector financiero e inmobiliario, va a ser difícil pensar estrategias para resolver el problema —agrega el titular de la Unidad de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada—. Sabemos, porque tenemos causas en el Ministerio Público de la Acusación, que estos delitos no pueden prosperar sin algún tipo de participación o condescendencia estatal. Esa participación, en algunos casos, tiene una responsabilidad política y en otros casos una responsabilidad penal. Por acción, omisión, incapacidad o falta de preocupación se ha permitido que estos mercados proliferen. Combatir la violencia, como a veces declaman los funcionarios, tiene que ser fortalecer las investigaciones”.

La seguridad fue un tema de la campaña electoral, pero la última palabra no la tuvieron los candidatos. La violencia pateó el tablero y pareció dejar sin argumentos a la política. Los vecinos de barrio Rucci que expusieron su hartazgo ante situaciones de inseguridad agregaron otro factor complejo en el trámite de la crisis: una reacción que contempla a la justicia por mano propia como alternativa, lo que augura mayores desbordes de violencia; un clima de exasperación que no surge del crimen organizado sino del delito callejero, los escruches y arrebatos cotidianos, el crimen desorganizado que fogonean la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión consolidada de amplias franjas de la ciudad de Rosario. No debería ser pasado por alto el hecho de que los vecinos usaron pasacalles electorales: enmendaron las consignas de los candidatos para hacer escuchar sus propias voces.

@nicolasmaggi87 y @PedroLevyok

Facebook comentarios

Autor

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

También te puede interesar

Suma Política. Todos los derechos reservados. 2020