Las primeras tres jornadas del juicio contra Esteban Alvarado y otros seis presuntos integrantes de su organización criminal no defraudaron las expectativas previas. Los testigos Rodrigo y Mariana Ortigala y el propio Alvarado acreditaron la responsabilidad decisiva de la policía de Rosario en la consolidación de la organización criminal, expusieron detalles de crímenes todavía no resueltos, como el del empresario narco Luis Medina, y extendieron las sospechas incluso a una de las integrantes del Tribunal encargado del proceso, Patricia Bilotta, por su presunta cercanía con el abogado Claudio Tavella.
Los testigos revelaron la íntima conexión de Alvarado con policías rosarinos de distintas jerarquías y en particular con Néstor Rubén Arismendi, quien llegó a ser jefe de policía de Rosario durante el gobierno de Antonio Bonfatti, y con el suboficial Pablo Báncora, quien se presentaba como una especie de corrupto arrepentido cuando en realidad, según se desprende de la declaración de Mariana Ortigala, actuó como ojos y oídos de Alvarado en el Organismo de Investigaciones.
No fueron los únicos policías mencionados. Rodrigo Ortigala recordó que “Alvarado andaba para todos lados con Cristian Di Franco”, el policía apodado Chamuyo, como se le dice en el lunfardo a los mentirosos. También propietario en Tierra de Sueños, Di Franco fue el primero en ser detectado por las investigaciones, hacia 2012, cuando el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari escuchó su voz en el millar de comunicaciones interceptadas con la banda que había armado Alvarado para robar autos de alta gama en la provincia de Buenos Aires, desguazarlos y vender las partes en otras jurisdicciones.
Rodrigo Ortigala mencionó además la intervención de un ex jefe de la Agrupación de Unidades Especiales, un comisario de apellido Chamorro, para enjuagar una maniobra de Alvarado en su contra mientras su hermana Mariana puso en escena al ex subcomisario Marcelo Rey, de la Policía de Investigaciones. El trato fue tan íntimo como para llamar a Rey por uno de sus apodos, Puchero, y las condiciones parecieron ser las de rigor: “siempre arreglaban con él por dinero”, dijo Mariana Ortigala.
De acuerdo a los testimonios, Néstor Arismendi actuó como mediador en el conflicto que se produjo entre Alvarado y Rodrigo Ortigala cuando el jefe narco se enteró que Ortigala era amante de su esposa, Rosa Capuano. Al estilo de los padrinos mafiosos que intervienen entre partes enfrentadas, Arismendi tomó parte en el entredicho y formuló una recomendación: “me mandó a decir que no me metiera en problemas con Esteban”, dijo Ortigala.
Conocido como “Chucho” en el ambiente de la delincuencia, Arismendi era por entonces —principios de 2012— el jefe de policía de Rosario. “Esteban contaba que le pagaba todos los meses”, detalló Ortigala. El pago de sobornos aparece como una cuestión estratégica por parte de Alvarado, atento al principio de que “no me puedo tirar nunca contra el poder”, como afirmó en su primera declaración en el juicio.
Alvarado atribuyó al suboficial Pablo Báncora la propuesta que terminó en una balacera contra la casa de Marina Marsili, empleada del Ministerio Público de la Acusación. “Hagamos algo con más ruido”, dijo Báncora después que por iniciativa de Mariano “Fino” Ocampo le dejaran una cabeza de perro en la puerta del domicilio.
Por los mismos oficios, Alvarado pudo enterarse rápidamente de que los hermanos Ortigala y el mecánico Carlos Argüelles se habían presentado como testigos en su contra: Báncora presenció las declaraciones y trató de llevar las sospechas de los fiscales de la Unidad de Gravedad Institucional hacia la familia Cantero por el asesinato del prestamista Lucio Maldonado. El infiltrado aportó además a la banda información privilegiada para la maniobra con teléfonos clonados que sustentó ese desvío.
Polimafia en acción
Según los testimonios el vínculo entre Alvarado y Arismendi se remontaba por lo menos al momento en que el policía llegó a la jefatura de la Agrupación de Unidades Especiales. Arismendi fue designado jefe de policía de Rosario el 18 de noviembre de 2011.
El nombramiento provocó ruido en la interna de la fuerza, y los comentarios sobre su presunto enriquecimiento ilícito salieron de los pasillos y tomaron estado público. La causa por esa denuncia sigue vigente, aunque duerme un sueño profundo en la Justicia de Rosario como parece ser de práctica en las actuaciones que teóricamente investigan los misteriosos crecimientos patrimoniales de ex jefes de la policía. El 31 de marzo de 2012 el gobernador Bonfatti y el ministro de Seguridad Leandro Corti decidieron el reemplazo de Arismendi por Walter Miranda y lo atribuyeron a los hechos de inseguridad pública.
El cambio de autoridades en la Unidad Regional II no impidió que la policía de Rosario mantuviera su sociedad con la organización de Alvarado. La connivencia de la policía de Rosario con Alvarado y su banda se verificó además en la cama que le tendieron a Rodrigo Ortigala y a su cuñado Sebastián Felipe por el supuesto robo de una camioneta, en mayo de 2012. Una causa armada por la policía como servicio extra para Alvarado, para lo cual se aseguraron además de que tuviera escrache mediático: convocaron a los canales de la televisión para que registraran en vivo y en directo la captura de Ortigala y Felipe al cabo de una persecución desde una cochera de Italia y San Juan.
“Tratemos de arreglar el problema”, decía el abogado Tavella. Ortigala se negó a firmar un boleto trucho para legalizar la camioneta y en su lugar lo hizo el comisario Chamorro. La causa terminó en el juzgado de Patricia Bilotta, donde de acuerdo al testimonio de Mariana Ortigala también llegaba la influencia de Alvarado.
La causa contra Rodrigo Ortigala por encubrimiento del robo de un vehículo fue un vuelto —así la definió el testigo— por la relación que mantuvo con Rosa Capuano. Después de un frustrado intento de homicidio que terminó en una lucha cuerpo a cuerpo con Alvarado, cerca de Tierra de Sueños, el jefe narco se propuso arruinar económicamente a Ortigala y se quedó con su casa en ese barrio, en la calle Misiones 865, y con vehículos que tenía a la venta.
Mientras Felipe quedó en libertad por falta de antecedentes, Ortigala fue alojado en el pabellón A de la alcaidía de Rosario. “Era el pabellón que manejaba Alvarado”, recordó, y la permanencia en el lugar, la disposición permanente de celulares entre los presos y las salidas irregulares de que gozaban tenían una explicación obvia: “ponían plata”.
El nombre de Carlos Argüelles se reiteró en los testimonios de los hermanos Ortigala. El mecánico creció con Alvarado desde la adolescencia y fue testigo de su carrera criminal, iniciada con el contrabando de cigarrillos desde Paraguay. “Sabía cómo operaba el sistema. Era obvio que iba a pasar lo que paso”, dijo Rodrigo a propósito del asesinato de Argüelles después que presentara su testimonio ante la Justicia.
Tejes y manejes
En el interrogatorio con los abogados defensores, Ortigala admitió que compró y vendió autos robados y mellizos que recibía de Argüelles y provenían de Alvarado y en su declaración explicó en forma didáctica la explotación económica del robo de autos, en tres especialidades: la venta de autopartes, el “emponchado” para reubicarlos en el circuito legal y la provisión de movilidad para sicarios.
En otro pasaje impactante de su declaración, Mariana Ortigala atribuyó el crimen de Luis Medina, ejecutado en una emboscada en 2013, al propio Alvarado. Los sicarios habrían sido Darío Sebastián Fernández, “el Oreja”, y Elvio Arévalo y según la testigo existió un video en que el abogado Tavella explicó en detalle el atentado y el modo en que planearon desviar la responsabilidad hacia Daniela Ungaro, la ex esposa de Medina. Un anticipo de lo que intentarían hacer con el crimen de Lucio Maldonado respecto a los Monos.
Los tejes y manejes de Tavella también se extendían según la testigo al Juzgado de Instrucción número 10, a cargo de Patricia Bilotta. El abogado y la jueza habrían mantenido una relación sentimental, y la banda actuaba en función de los turnos del juzgado, para que interviniera en los robos de autos que podían involucrarla “para manipular esas causas”. Bilotta integra ahora el Tribunal que juzga a Alvarado y compañía, junto con Alejandro Negroni y María Isabel Mas Varela.
Medina había iniciado a Alvarado en el narcotráfico, pero según la testigo firmó su sentencia de muerte al reclamar el pago de una deuda a Rosa Capuano. Ortigala también sugirió que Darío Fernández, quien se inició como sicario en la adolescencia, fue a su vez asesinado (en 2015) por orden de Alvarado, quien se mostró disconforme por el modo en que había ejecutado a Elías Gabriel Bravo, el 15 de octubre de 2011.
Las declaraciones de los Ortigala se registraron en video, ante los jueces y los defensores, en lo que se definió como “anticipo jurisdiccional de prueba”. Al cierre, Alvarado hizo una breve intervención para subrayar la relación de Mariana Ortigala con los Cantero —Mariana reconoció haber visitado a Ariel “Guille” Cantero en la cárcel y ser amiga de su esposa, Vanesa Barrios—. Fue un anticipo de su defensa: presentarse como una víctima de Los Monos, los rivales a los que pretendía desplazar del control del crimen organizado.
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