La nómina de testigos incluye a dos ex ministros de Seguridad de la provincia, un ex comisario que denunció la corrupción de sus colegas y estuvo a punto de ser condenado como cómplice de Los Monos, dos sobrevivientes a intentos de homicidio y otro que fue asesinado pero grabó su declaración en video. Entre los elementos de prueba se destacan 4.500 audios rescatados de Telegram. El juicio oral y público contra Esteban Alvarado y otras seis personas se aproxima así con la expectativa de revelar la trama íntima del crimen organizado en Rosario y también de renovar las discusiones en torno a las políticas de seguridad pública en la provincia.
El inicio del juicio está previsto para el lunes 21 de febrero y entre otros graves delitos tendrá como objeto el secuestro y asesinato del prestamista Lucio Maldonado. Los acusados por el crimen son Alvarado, Facundo Almada, Mauricio Laferrara, Matías Avila y Germán Fernández. A su vez, Miguel Grecci Hazzi y Silvina Ghirardi afrontan imputaciones por otros hechos.
Después de los alegatos, el juicio continuará con las declaraciones de los hermanos Rodrigo y Mariana Ortigala a través de videos. “Por el riesgo que corren, entendemos que corresponde que sea así”, dice el fiscal Matías Edery en relación a los intentos de homicidio de los que los testigos escaparon después de revelar datos a la Justicia.
También en la primera jornada se expondrá la declaración que grabó en video el mecánico Carlos Argüelles, antes de que lo asesinara un sicario en setiembre de 2021. “Es un testimonio explosivo”, adelanta Edery, quien formulará la acusación junto con el fiscal Luis Schiappa Pietra.
Entre los testigos serán llamados también a declarar los ex ministros Maximiliano Pullaro —reivindica la captura de Alvarado como un logro de su gestión— y Marcelo Sain, y el ex comisario Gustavo “Gula” Pereyra, a quien la extinta División Judiciales de la policía rosarina intentó escrachar como miembro de Los Monos cuando había denunciado la complicidad policial con el narcotráfico. Los fiscales pondrán además a consideración los audios de Telegram rescatados del IPhone 8 que Alvarado arrojó a un lago en Embalse Rio Tercero, al verse rodeado por agentes de las Tropas de Operaciones Especiales, el 1° de febrero de 2019.
Si bien todavía no hay una decisión, parece difícil que Alvarado sea trasladado desde la cárcel de Ezeiza, donde fue trasladado en su condición de preso de alto perfil, para asistir al juicio. Cuestiones de seguridad. Tampoco estarán otros actores principales: el grupo de policías que integró la empresa criminal acordó juicios abreviados que se firmaron durante el año pasado, al igual que miembros importantes de la organización como Jorge Benegas y el abogado Claudio Tavella.
El crimen del prestamista
El cadáver de Lucio Maldonado apareció el 13 de noviembre de 2018 en una colectora de Circunvalación, a 200 metros del City Center. Tenía las manos atadas a la espalda y cuatro tiros en la cabeza. Los asesinos dejaron un trozo de cartón con la frase “Con la mafia no se jode”, un detalle planeado por Alvarado para desviar la responsabilidad del crimen hacia Los Monos.
Según la acusación, el prestamista fue secuestrado dos días antes y llevado a una quinta que Alvarado puso a nombre de sus hijos en el paraje Los Muchachos, de Piñero. Mientras Maldonado permanecía cautivo, los sicarios registraron su casa con propósitos que todavía se desconocen pero apuntarían a las razones del crimen.
El hermano y un amigo de Maldonado declararon que el prestamista tenía un conflicto con Alvarado por la propiedad de un terreno en Roldán. Ese conflicto habría sido el móvil del asesinato.
Alvarado llega al juicio acusado de instigar el crimen, mientras Laferrara, Fernández, Avila y Almada están imputados por el secuestro y asesinato. En su defensa el jefe de la banda negó tener relaciones con Maldonado y dijo que le querían plantar un muerto, precisamente lo que él intentó hacer primero a través del cartel “Con la mafia no se jode” —firma con que Los Monos rubricaban las balaceras contra domicilios de jueces y edificios judiciales— y después con una compleja maniobra con teléfonos clonados en la que quiso implicar a Leandro “Chulo” Olivera —allegado a la familia Cantero y por entonces prófugo— y a Rodrigo Ortigala.
Los socios de Alvarado tuvieron finales trágicos. No fue solo el caso de Maldonado —parte de la acusación consiste en acreditar las dilatadas relaciones de negocios que mantuvieron— sino también el de Luis Medina, víctima de un resonante homicidio cuyos interrogantes volverán a exponerse. “Si bien no se lo podemos imputar a Alvarado tenemos la sospecha de que fue organizado por su estructura criminal y eso va a aparecer en el juicio”, adelanta el fiscal Edery.
Rodrigo Ortigala pasó de ser socio en la venta de autos a encabezar la lista de condenados a muerte y se decidió a declarar ante la Justicia después que Alvarado se quedara con sus bienes y de sobrevivir a un intento de homicidio en la cárcel. También estuvo a punto de cargar con el crimen de Maldonado, para lo que se esforzaron los hermanos Martín y Marcelo Rey, ex jefes de la Policía de Investigaciones.
Alvarado está imputado como jefe de una asociación ilícita que funcionó al menos desde el 16 de junio de 2012 hasta el 18 de octubre de 2019. Sus hombres de confianza fueron Jorge Benegas, considerado organizador de la banda, y el abogado Claudio Tavella, que al estilo de los consiglieri de las organizaciones mafiosas tradicionales “se ocupaba de usufructuar ilegalmente el título y cargo de abogado para acceder a información y manipular bienes y recursos, todo en pos de la obtención de beneficios lícitos e ilícitos para la asociación”, dijeron los fiscales Schiappa Pietra y Edery. En concreto, Tavella tenía efectivo siempre disponible a la hora de borrar datos comprometedores en actas de procedimiento, cambiar datos personales para asegurar que clientes como Jorge Laferrara, otro peligroso integrante de la banda, no fueran detectados por la Justicia, o bien para que los funcionarios miraran hacia el costado.
Los fiscales describieron tres niveles en la organización. El más notorio resultó un “estamento logístico y operativo” dedicado a ejecutar crímenes, robos, usurpaciones, amenazas y secuestros. Nada de lo criminal les resultaba ajeno. Entre sus integrantes se encuentra Mauricio Laferrara, hijo de Jorge Laferrara, imputado en seis asesinatos que se analizarán en el juicio: el de Maldonado; el triple crimen de Granadero Baigorria de abril de 2018, que tuvo como víctimas a Gerardo Abregú y a los hermanos Ezequiel y José Fernández, rivales en el narcomenudeo; el de Cristian Enrique, en octubre de 2018, muerto después de ser secuestrado en Cabín 9 por cuatro personas con ropa de la Policía de Investigaciones, donde los narcos tenían fuertes contactos; el de Cristian Beliz, en el ataque a una distribuidora de bebidas de Constitución al 5100 que surgió como represalia ante la negativa del dueño a entregar a Alvarado el negocio, la llave y todo cuanto hubiera en el lugar.
El segundo nivel, el de la administración de la empresa criminal, fue menos visible pero igualmente imprescindible porque aseguraba los beneficios y proveía una pantalla para disimular las actividades ilícitas. Los fiscales detectaron cinco sociedades comerciales y otras cuatro unipersonales a nombre de Benegas, Rosa Capuano, Nadia Toledo y Leandro Suárez.
Alvarado no pareció proponerse con esos manejos una incorporación a la economía formal. Las sociedades legales funcionaron a los fines de las ilegales: “proveía de bienes muebles, inmuebles y servicios a toda la estructura criminal, recursos materiales y humanos disponibles para la comisión de delitos”, dijeron los fiscales. El papeleo contable con sus propiedades y actividades presuntas fue un recurso para proveer de cobertura a sus cómplices y disimular su carácter de propietario exclusivo, como revelaron las operaciones cruzadas donde miembros de la organización aparecían de los dos lados del mostrador, como compradores y vendedores o locatorios e inquilinos. Fue el caso de la residencia que ocupaba Rosa Capuano, ex pareja de Alvarado, en el country Funes Hills San Marino (la delincuencia organizada, ya se sabe, no tiene menos aspiraciones de estatus que las convencionales), o de un inmueble en Roldán escriturado a nombre de Nadia Toledo (condenada en juicio abreviado) luego que el dueño cediera ante reiteradas amenazas de muerte y el abogado Tavella confeccionara un falso boleto de compraventa.
El tercer estamento fue el escudo protector que armaron policías de distintas jerarquías y dependencias. La causa Alvarado muestra que la corrupción de la policía de Santa Fe, como un pulpo capaz de regenerar una y otra vez sus tentáculos, resistió exitosamente las transformaciones institucionales y se adaptó a la disolución de la División Judiciales y de la vieja estructura de Drogas Peligrosas. También muestra que, como hicieron los Monos entre 2012 y 2013 con la Secretaría de Delitos Complejos, el crimen organizado tenía un infiltrado en el Organismo de Investigaciones.
El hampa de uniforme
El suboficial Pablo Bancora contaba una historia de redención. No negaba su pasado como recaudador de coimas al servicio de altos jefes policiales. Lo señalaba como una mancha en su legajo, un camino equivocado al que no retornaría. Su mea culpa resultó tan convincente como para que lo destinaran al Organismo de Investigaciones. Pero fue el que aportó la información del teléfono intervenido de Leandro Olivera para que Alvarado construyera su coartada.
Bancora no fue un caso aislado. La participación de la policía de Rosario resultó clave para que durante siete años la organización de Alvarado se desarrollara, creciera, cometiera delitos y eludiera a la Justicia. Recursos humanos y materiales del Estado, los que precisamente exige la sociedad para combatir la inseguridad, estuvieron así a disposición de la delincuencia organizada.
Alvarado tuvo una estrategia para su relación con la policía. Apuntó a los jefes de las secciones dedicadas a perseguir los delitos que él cometía —básicamente, los de drogas y sustracción de automotores— y contribuyó a sus carreras con “procedimientos positivos” —hechos con algún componente irregular que la policía presenta como logros— para aumentar así su influencia, y al mismo tiempo, a través de sus cómplices, tuvo informantes y colaboradores eventuales en niveles inferiores de la fuerza.
El subcomisario Luis Quevertoque ocupó un lugar central en esa red. Como parte de la División Judiciales, se habría propuesto asegurar la hegemonía de Alvarado en el mercado de las drogas, como denunció el ex comisario Gustavo “Gula” Pereyra en 2013. Desde esa perspectiva, el juicio contra Los Monos fue una especie de intervención para sacar de la escena a la competencia.
Quevertoque “sirvió de nexo entre policías de su división y Esteban Alvarado (y) mantuvo reuniones con otros miembros de la organización encargados de la logística de la misma que visitaban a Esteban Alvarado en sus lugares de encierro”, afirmaron los fiscales en la imputación contra el policía como integrante de la asociación ilícita. Gustavo Pereyra denunció las prácticas delictivas de la División Judiciales y como en una especie de reino del revés estuvo a punto de ser condenado como cómplice de Los Monos como efecto de otra maniobra de esa estructura corrupta.
El rol de Jorge Benegas como organizador se destacó también por sus contactos policiales. Benegas compartió la propiedad de un caballo de carrera con Quevertoque, y apareció vinculado en una operación comercial con Gustavo Spoletti, ex jefe de Drogas Peligrosas, que los fiscales definen como una maniobra para disimular el enriquecimiento ilícito del policía.
Spoletti no fue imputado con la asociación ilícita. En su descargo adujo que conocía a Benegas desde la infancia. “Se criaron juntos, fue su vecino toda la vida”, dijo su abogado, Paul Krupnik. Pese a esa relación tan estrecha y a su carácter de jefe de inteligencia de Drogas Peligrosas, Spoletti habría ignorado la notoria trayectoria delictiva de su amigo.
El ex jefe policial “no puede justificar sus ingresos y simula la compra de una casa a un integrante de la banda de Alvarado para justificar su incremento patrimonial”, dice el fiscal Edery. Según denunció el ex ministro Marcelo Sain, el policía que tenía estas amistades era el candidato de un sector del peronismo para conducir a la policía provincial en 2019.
El comisario Javier Makhat se desempeñó a su vez como jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas al mismo tiempo que servía como testaferro de Alvarado y contribuía a sus operaciones de lavado del dinero proveniente del narcotráfico. Mientras tanto, perseguía a cuentapropistas en el interior de la provincia y acreditaba minutos de televisión como investigador del narcotráfico. La Justicia le impuso el pago de una multa de 50 millones de pesos, tres años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
La relación del subcomisario Cristian “Chamuyo” Di Franco con los delincuentes ya había quedado probada en la investigación de la justicia federal de San Isidro contra la “banda de los rosarinos”, el anterior emprendimiento de Alvarado, dedicado al desguace y tráfico de vehículos de autos de alta gama robados. La vinculación del subcomisario Marcelo Rey se remonta por lo menos a junio de 2012, cuando integraba la sección Sustracción de Automotores. Los narcos lo tenían agendado en sus teléfonos con los apodos familiares de Puchero y Salpicón. Junto con su hermano, el comisario Martín Rey, tuvieron una participación relevante en el intento de Alvarado por desviar la investigación hacia Los Monos, en la que primero presentaron el dato de una chapa patente para incriminar a Ortigala en la balacera a la empleada del MPA y después llevaron adelante una serie de allanamientos al solo fin de plantar un teléfono con conversaciones simuladas entre Ortigala y Olivera.
“Arruinaron mi carrera y mi vida. Tengo una trayectoria intachable”, dijo el comisario Martín Rey en la audiencia de imputación. Su hermano y el suboficial Bancora lo escucharon con el rostro desencajado mientras se escuchaban llantos en la sala. “Para mí esto es una película”, afirmó la inspectora Jorgelina Chávez, como si no pudiera creer que fuera descubierto su aporte de información a la coartada de Alvarado. Pero al igual que el resto de los policías involucrados en la organización reconocieron los cargos en los juicios abreviados.
El aporte policial también resulta probable en la información con que contó la banda para llegar hasta los domicilios de dos empleadas del MPA. La balacera contra una casa de Rioja al 500 apuntó en particular a confundir e intimidar a los investigadores de la Unidad de Gravedad Institucional. El segundo objetivo fue logrado: tres de los cuatro integrantes del equipo se apartaron de la causa, que continuaron los fiscales Edery y Schiappa Pietra.
En la imputación, los fiscales destacan la complejidad de la coartada urdida por Alvarado con la colaboración de la policía de Rosario. El plan era “involucrar a los sospechosos de siempre”: acusar a Los Monos resultaba verosímil en el contexto de las balaceras contra los edificios judiciales. La causa contra Alvarado enseña también que los prejuicios no construyen investigaciones sobre el crimen sino que más bien pueden servir a su impunidad.
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