En medio de una campaña productiva rodeada de incertidumbre por la demora de las lluvias en pleno crecimiento del maíz y la soja, con el 41 por ciento del área sembrada de maíz y el 45 por ciento de la soja en condiciones de sequía o regulares, el gobierno finalmente optó por una baja de retenciones para los principales productos agropecuarios.
Los comunicados de la dirigencia rural de los últimos días expusieron las condiciones reales del agro y la necesidad de recuperar los incentivos sectoriales. Más aún tras la baja al 1 por ciento en el ritmo de devaluación diario para consolidar el programa antiinflacionario y la altura en la que quedó la tasa de interés, lo cual encarece aún más el financiamiento en pesos.
La nueva etapa del programa económico aceleró el acuerdo con el FMI, pero además amplió la desventaja del sector agropecuario, resentido por la volatilidad de los precios internacionales que incrementa la carga tributaria, y los años de descapitalización entre la pandemia y la larga sequía.
Desde el lunes hasta finalizar junio, las retenciones de la soja pasarán del 33 al 26 por ciento; las de los derivados de soja (harina y aceite) del 31 al 24,5 por ciento; las de trigo, cebada, girasol y maíz, del 12 al 9,5 por ciento, y las de girasol del 7 al 5,5 por ciento.
Las economías regionales como algodón, cuero bovino, azúcar, tabaco, arroz o las industrias forestales, que en 2024 generaron alrededor de 1.100 millones de dólares en exportaciones, dejarán de pagarlas.
En las horas previas, los gobernadores de la Región Centro habían realizado una conferencia en Rosario para solicitar la baja de las retenciones, provocando un intercambio con el gobierno nacional, que reprochó el rol también distorsivo que juega la recaudación de Ingresos Brutos para las cuentas provinciales.
De esta forma, el gobierno llega a la reunión con la Mesa de Enlace con un anuncio de alto impacto. Quedarán por verse los detalles de implementación que logren coordinar los intereses siempre en tensión entre los exportadores y los productores.
El freno de mano tributario y la competitividad perdida
La presión tributaria desde el nivel nacional, provincial y, ocasionalmente, municipal, se volvió un freno de mano para las agroindustrias. La obstaculización sistemática del sector más competitivo es una excepcionalidad argentina en el mundo.
Por las consecuencias de una economía en permanente crisis y la aceptación ubicua de la dirigencia política de las retenciones como una columna insustituible del Presupuesto nacional, el campo argentino vio afectada su productividad y quedó rezagado respecto a sus competidores.
La obstrucción al financiamiento de los productores es uno de los ejes del estancamiento inducido del sector agroindustrial. De acuerdo a la estimación de márgenes brutos y netos del productor en la zona núcleo que publica la Bolsa de Comercio de Rosario, los impuestos sobre campo propio o alquilado van de un tercio a la mitad de los márgenes netos.
La baja de retenciones generalmente se evita por el volumen de su aporte recaudatorio y la sencillez de cobro para el sostén práctico de cualquier gobierno con cualquier misión ideológica. Pero incrementar las exportaciones es clave para dinamizar la inversión agroindustrial y darles base a los dólares del FMI que lleguen para garantizar la estabilidad del programa.
Las exportaciones de soja de más de 33 millones de toneladas durante el 2024 implicaron los máximos en cinco años para el complejo oleaginoso, pero todavía están lejos de los 38 millones de toneladas que alcanzó en 2018/2019.
El año pasado, la disponibilidad de dólares en el agro estuvo alimentada por los 18 mil millones de dólares que se canalizaron a través de dólares financieros por la aplicación del dólar blend (80/20 entre oficial y financieros). Pero se trata de una solución absolutamente transitoria. En la actividad agraria, la capacidad de financiamiento del ciclo productivo es una fuerza dinámica indispensable.
Las condiciones financieras ofrecidas son determinantes para movilizar actividades donde el financiamiento propio en la producción de los principales cultivos se encuentra entre el 25 y el 30 por ciento. En un escenario con retenciones altas y el crédito en pesos demasiado caro, cualquier alternativa de financiamiento de terceros se vuelve más riesgosa.
El alivio fiscal les dará a los productores un margen de maniobra menos asfixiante para realizar las inversiones que desaten un proceso de capitalización que rompa con el rendimiento mediocre y permita un salto de competitividad para superar definitivamente la sequía y las crisis.
El decreto del lunes, cuando la baja quede oficializada, brindará precisiones acerca de la aplicación y, sobre todo, de la temporalidad de su vigencia. Lo cierto es que tras la baja será más difícil una suba a mediados de año. Sin embargo, el objetivo central del superávit financiero, sin el cual nada funciona, impondrá los términos de la necesidad y de las posibilidades.
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