Crímenes, balaceras y episodios de corrupción policial cierran un año que será recordado como uno de los peores que se vivieron en Rosario. El segundo atentado contra la planta de Televisión Litoral patentiza un escenario en el que la inseguridad cotidiana se profundiza con un sentimiento de desprotección y de escepticismo creciente de la ciudadanía ante las respuestas de la política. Mientras tanto las máximas autoridades de la provincia y del municipio afirman que están haciendo lo que corresponde y que la responsabilidad por los hechos de violencia habrá que buscarla en el gobierno nacional, en la falta de compromiso de la oposición, en la Cámara de Senadores de la Nación o bien en los gobiernos anteriores.
La balacera contra Televisión Litoral fue prácticamente simultánea con las que se produjeron contra la fachada del Complejo Penitenciario de 27 de Febrero al 7800 y contra la sede del Servicio Penitenciario de Alsina al 1600. En el primer caso la logística incluyó el robo y la posterior destrucción del auto Fiat Palio utilizado como punto de disparo sobre el edificio de Presidente Perón 8101. La coincidencia de los episodios en un lapso de dos horas durante la noche del miércoles pasado indica un nivel de organización a los fines de potenciar el impacto público y de rubricar el desafío a la presencia policial.
La actitud de la custodia en Televisión Litoral abrió otra discusión en el episodio. Los policías hicieron bien en no perseguir a los agresores porque en ese caso hubieran dejado desguarnecido al lugar, según el gobernador Omar Perotti; paradójicamente, su presencia no sirvió para ese objetivo cuando el Fiat Palio pasó por la avenida y uno de sus ocupantes abrió fuego.
El director del Servicio Penitenciario de la provincia, Gabriel Leegstra, atribuyó las balaceras a los controles que se efectúan en las cárceles. En el último mes los abogados de Ariel “Guille” Cantero y de Alejandro Núñez, “Cucky Monedita”, denunciaron abusos y torturas en las prisiones de Marcos Paz y Piñero, y en el curso del año los reclamos por la situación de presos de alto perfil acompañaron tiroteos contra edificios penitenciarias. Los presos llevan el reclamo por sus condiciones de detención a las calles de Rosario.
El intendente Pablo Javkin vincula por su parte los últimos episodios con el desbaratamiento de una red de narcomenudeo que respondía a Julio Rodríguez Granthon, detenido en la cárcel de Ezeiza. El recorrido de los tiradores llevaría hacia Vía Honda, un barrio de la ciudad sumido en la pobreza, en el que no se instalan luces leds ni se abren calles y donde la banda tenía su base. El Peruano, como le dicen a Rodríguez Granthon, afronta un pedido de prisión perpetua como partícipe en la organización del asesinato del ex concejal Eduardo Trasante.
Pero el contexto de interpretación debería ser más amplio, para descartar los estereotipos a mano. Además de los procedimientos contra la banda de la familia Rodríguez Granthon –el padre y el hermano del Peruano eran los operadores en la calle-, el año llega a su fin con el desbaratamiento de la organización que respondía a Ariel “el Viejo” Cantero también en Vía Honda y coordinaba el locuaz Nelson “Pandu” Aguirre desde la cárcel de Coronda y de la que supervisaba Mauro Gerez en Ludueña y Empalme Graneros bajo instrucciones de dos presos en Piñero.
En los tres casos se produce la misma situación: la cárcel, sea federal o provincial, no interrumpe el circuito del delito sino que lo realimenta y además intensifica sus niveles de violencia. Los establecimientos penitenciarios fueron considerados históricamente escuelas de delincuentes, donde los veteranos transmiten su experiencia a los jóvenes, pero el fenómeno parece tener una escala diferente con el narcotráfico. La reincidencia en el delito se acelera –ya no ocurre cuando el preso recupera la libertad sino mientras cumple su condena- y se agrava, como se verifica en el caso de los organizadores de la red que comandaba Mauro Gerez, quienes ingresaron a Piñero con causas por robo y ahora acumulan otras por narcotráfico y extorsiones.
El año concluye además con condenas de prisión para jefes de bandas criminales. Esteban Lindor Alvarado, Claudio “Morocho” Mansilla, Olga Beatriz Medina, René Daniel Ungaro y Alan Elio Funes, entre otros, recibieron penas de cumplimiento efectivo en distintos procesos de la justicia provincial y federal. Si bien algunos fueron vinculados con episodios de violencia –los asesinatos de Claudia Deldebbio y su hija Virginia Ferreyra en Tablada y la balacera contra los Tribunales Federales habrían sido efecto de órdenes de Ungaro- los sucesos de 2022 no indican un estadio superior del crimen organizado en Rosario sino, por el contrario, una expansión del crimen desorganizado a partir de las detenciones y las condenas de esos referentes.
El enemigo imaginario
“Estas bandas han crecido en recursos, tecnología y armamentos”, dijo el gobernador Omar Perotti a propósito de la balacera en Televisión Litoral. Los dos adolescentes de 16 y 17 años que están detenidos y sospechados de participar en el ataque, un arma de fuego y un Fiat Palio no se corresponden demasiado con esa caracterización. La evidencia es una vez más el fracaso de la presencia policial: la custodia dispuesta en el lugar no sirvió para disuadir a los agresores, que además actuaron más temprano que en el caso anterior.
Como fue advertido desde el Ministerio Público de la Acusación, el proceso que se desarrolla en Rosario es el de la desorganización del crimen, su fragmentación en pequeñas bandas que disputan a los tiros el control del narcomenudeo. Este proceso aparece como uno de los factores en el récord histórico de homicidios que se registra este año en el departamento Rosario, vinculado con la precarización del sicariato.
Si bien estudios especializados describen al sicariato como una tarea específica dentro de la división del trabajo en el narcomenudeo, la cantidad de muertos ajenos a los conflictos entre bandas por confusiones, falta de conocimiento o impericia indican que el asesinato, lejos de “profesionalizarse”, es una ocupación eventual, una especie de oportunidad en el ambiente del delito. El incremento notable de mujeres (59 casos) y de menores de 15 años (12) entre las víctimas cancela además criterios tácitos en el crimen sobre los destinatarios de la violencia.
Las relaciones entre referentes como Ariel “Guille” Cantero y Esteban Alvarado con vendedores de droga al menudeo, por otra parte, han sido definidas como un sistema de franquicias sui generis. Las licencias, sin embargo, no implican gestionar acuerdos entre las facciones: no existe ninguna regulación de la violencia entre las pequeñas facciones en pugna y los enfrentamientos se imponen como único medio de resolver cualquier problema ligado a la competencia.
Al cierre de esta nota se registran 280 homicidios en el año en el departamento Rosario. La tendencia va en aumento en el transcurso del gobierno de Perotti: en 2020 hubo 212 homicidios y en 2021, 241. De los asesinatos de este año un poco menos de la mitad de los casos (138) se registraron en el primer semestre del año. La asunción del ex comisario Rubén Rimoldi como ministro de Seguridad y la promocionada constitución de un comando unificado de las fuerzas federales que se encuentran en Rosario no afectaron la curva ascendente de los homicidios.
Pero la gravedad del presente se agudiza en comparación con 2013: el año en que mataron a Claudio “Pájaro” Cantero hubo 271 homicidios en el departamento y no había fuerzas federales. Al cabo de una década el problema se agrava cuando ya se ha recurrido a las fuerzas federales y la generalización de la prisión preventiva convierte a las cárceles de la provincia en lugares de hacinamiento. El enfermo empeora pero los médicos no se cansan de recetar el mismo remedio: más fuerzas federales, más policías en la calle, menos “libertades” en la ejecución de las penas de prisión.
En su último paso por Rosario, cuando dijo que las víctimas de la violencia pertenecen a las bandas y mostró así la peor cara de los funcionarios nacionales, el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández informó que la provincia cuenta con 2.357 gendarmes, 708 efectivos de Prefectura Naval, 150 de la Seguridad Aeroportuaria y 238 de la Policía Federal. El gobernador Perotti dijo el miércoles que se necesitarían otros 500 efectivos de fuerzas federales, aunque no aclaró de qué diagnóstico surge esa cifra y por qué deberían ser precisamente tantos y no, por ejemplo, 700 o 1000.
La estadística de la última década demuestra que la presencia de fuerzas federales no contiene el número de homicidios. Pero además, pese a los aportes de la Nación, durante el año el reclamo por la presencia de fuerzas de seguridad fue recurrente en vecinos auto convocados en distintos barrios: así hubo manifestaciones en Arroyito, Refinería, la República de la Sexta, Larrea, Alvear y, este mes, Triángulo. Como dijo la fiscal Valeria Haurigot, hay algo que no funciona.
La frase de Haurigot estuvo referida al hallazgo de un encofrado con celulares clandestinos en la cárcel de Piñero, el mismo día en que se produjo la primera balacera contra el multimedios de Gustavo Scaglione. Se trató de un descubrimiento repetido en la cárcel, y de un aspecto que parece opaco para el gobierno provincial: la complicidad necesaria de empleados penitenciarios para el tráfico de celulares.
Mientras las fuerzas federales recorren la ciudad sin que se sepa cuál es su hoja de ruta, la policía vuelve a sacudirse por casos de corrupción. Pillajes ocasionales como los de los efectivos de la Agencia de Investigación Criminal que se apropiaron de teléfonos secuestrados como evidencia indican, más que negligencia, la falta de compromiso absoluta con la propia misión; la estafa que se investiga con servicios adicionales en el Servicio Público de la Vivienda remite a 2019 y hace visible una práctica corrupta consolidada como parte del funcionamiento institucional.
Pero la anomia de la policía provincial tiene muchas facetas. El asesinato del suboficial Joel Ruiz, baleado en un allanamiento, pasó sin que el Ministerio de Seguridad ni otras autoridades del gobierno provincial hicieran declaraciones al respecto. La información que circuló a través de los medios apuntó a destacar que Ruiz tenía colocado el chaleco antibalas y que su muerte fue una fatalidad. El silencio alrededor del sacrificio de una vida en un acto de servicio es un mensaje demoledor contra cualquier intento por reconstruir la institución desde bases alejadas de la corrupción.
El intendente Javkin reiteró el miércoles que no tiene competencia sobre las cárceles ni sobre las fuerzas de seguridad y que hace lo que le toca en la ciudad. Días antes, sin embargo, la diputada provincial Lucila de Ponti ya lo había desmentido al referirse en Twitter al asesinato de Ricardo Américo Carrizo, un vecino de 60 años que trabajaba en un comedor comunitario de Villa Manuelita: “En Cepeda al 3700 no hay nada. No hay servicios, los vecinos se conectan como pueden a la luz y al agua. Paralelo a Cepeda pero más abajo hay un pasillo larguísimo, donde vive un montón de gente, en condiciones mucho peores que los que están un poquito más arriba”. Uno de los peores años en la historia de Rosario encuentra a la ciudad sumergida en el crimen y en la pobreza.
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