No hubo palabras, pero se entendió. El mensaje fueron los dieciséis disparos, el cargador completo de una pistola nueve milímetros: “Tiraron a matar”, dice Carlos Varela, uno de los abogados de Andrés “Pillín” Bracamonte. Está claro para la investigación cuál fue el objetivo del sicario que baleó al jefe de la barra brava de Rosario Central; los interrogantes surgen a propósito de los motivos y de las personas que encargaron el ataque.
Bracamonte fue baleado el sábado 10 de agosto en el Parque Alem, poco después del partido que Rosario Central le ganó 1 a 0 en Newell’s en el Gigante de Arroyito. Hubo 550 policías destinados al operativo de seguridad; ninguno se encontraba presente cuando se produjo el ataque en ese sector distante dos cuadras de la cancha.
Sin embargo, el hecho tuvo testigos y fue registrado en un audio de WhatsApp. Hay un antecedente inmediato: al anochecer del 10 de febrero personas no identificadas hicieron tiro al blanco contra el ingreso del country Los Álamos, en Ibarlucea, donde Bracamonte tiene domicilio. Entonces hubo diez disparos, y antes de retirarse en moto los agresores dejaron una nota con amenazas dirigidas al líder de la barra.
El tirador que llegó hasta el Parque Alem, aparentemente un hombre de entre 30 y 35 años, irrumpió a cara descubierta y vació el cargador del arma contra Bracamonte en menos de diez segundos. Entre los gritos de las personas que circulaban por el lugar, corrió unos pasos y se perdió de vista después de subir a una moto que lo esperaba.
Una reconstrucción del hecho muestra que el ataque fue preparado. El tirador esperó el momento oportuno ya que Bracamonte se encontraba cerca del carribar del Parque Alem junto con un grupo de allegados mientras el grueso de la barra brava todavía festejaba en el estadio el triunfo contra Newell’s.
—Bracamonte recibe un llamado de su mujer y se aparta del grupo para hablar con ella y con la hija, de 4 años. En ese momento lo atacan, y se salva por casualidad, porque le tiran desde un costado —dice el abogado Varela.
La balacera se produjo en Drago y avenida de los Trabajadores, frente al estacionamiento del club Regatas. Bracamonte recibió un tiro en la espalda y pudo caminar hasta el Hospital de Niños Zona Norte, donde le hicieron curaciones. En la barra brava el ataque se interpreta como “una total falta de códigos” porque ocurrió delante de la familia de “Pillín” y de hecho su mujer, de 34 años, resultó herida por un disparo en el codo derecho.
¿Quién ordenó matar a Bracamonte?
—Andrés pensó que podía ser algo para desbaratar el operativo de seguridad por el clásico, pero después lo descartó —dice el abogado Varela—. Internas en la barra no tiene.
Varela descarta además que el episodio pueda vincularse con la agitada vida interna de la seccional Rosario de la Unión Obrera de la Construcción. La causa en la que la Fiscalía de Rosario investiga a Bracamonte por lavado de dinero y otros delitos se profundizó a partir del testimonio de un dirigente del gremio también acusado. Entre 2022 y 2023 hubo tiroteos para rubricar pedidos de renuncia del secretario Carlos Vergara y el 9 de febrero —un día antes del ataque en el country Los Álamos— dos personas que iban en una moto vaciaron otro cargador de una pistola nueve milímetros contra el frente de una casa en Montevideo al 4500 y dejaron herido a un hombre de 49 años, delegado en San Lorenzo que después recibió amenazas telefónicas.
La fiscal Georgina Pairola mantiene la investigación en secreto. El ataque no quedó filmado, pero en los alrededores hay cámaras de vigilancia. Y al anunciar el operativo de seguridad por el clásico el director provincial de Seguridad en Eventos Masivos de la Provincia, Fernando Peverengo, había anunciado que con los 550 policías afectados al encuentro “después vamos a trabajar muchísimo en lo que es el postpartido” con “treinta puntos fijos de custodia en la ciudad que vamos a monitorear antes, durante y después del partido”. Se supone que esa red de vigilancia puede contribuir al esclarecimiento del caso.
“Policía había en todas las inmediaciones por el operativo de seguridad, pero no hubo empleados policiales presentes en el lugar del hecho”, confirma una fuente judicial.
El frente judicial
Bracamonte enfrenta ahora un pedido de la Justicia Federal para hacerse cargo de la investigación sobre hechos que tramita desde hace varios años la Fiscalía Regional de Rosario. “Pillín” registra cuarenta y seis viajes por el mundo y un movimiento patrimonial que no se corresponde con sus ingresos declarados, según la requisitoria de tres fiscales federales que reclaman la investigación del jefe de la barrabrava de Rosario Central por lavado de dinero y también por la posible comisión de delitos en relación al narcotráfico.
El pedido comprende también a Carlos Vergara, el ex dirigente de la Seccional Rosario de la Unión Obrera de la Construcción, otro viajero por el mundo: “desde enero de 2013 a la actualidad, registró un total de 46 cruces migratorios con procedencia y/o destino a Brasil, España, México, Perú, Uruguay, Estados Unidos, Venezuela, Panamá, Turquía, Chile y Cuba”, según el pedido de los fiscales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra y Juan Argibay Molina.
“El objeto de la investigación será corroborar la hipótesis de que tanto Bracamonte como Vergara han obtenido beneficios producto de una organización ilegal vinculada a diversas extorsiones a personas del rubro de la construcción”, puntualizaron los fiscales. La Justicia Federal cuenta además con una investigación originada a partir de la denuncia de un testigo de identidad reservada “que daba cuenta que Bracamonte sería quien movía la droga en zona norte de Rosario a través de 15 taxis en forma de delivery”.
Bracamonte y Vergara fueron detenidos el 29 de noviembre de 2023 como presuntos integrantes de una asociación ilícita investigada por el Ministerio Público de la Acusación. La Agencia de Control Policial secuestró 6 millones de pesos en el domicilio de “Pillín” y en el de Vergara otros 39 millones de pesos además de 18.300 dólares.
Los fiscales subrayan además “la gran cantidad de vehículos que adquirió Vergara, sus familiares y grupo de allegados desde el año 2013 a la actualidad”, al punto que el dirigente sindical “resultó estar autorizado a conducir un total de nueve vehículos”. También describen un “parque automotor” como propiedad de Bracamonte, donde destacan vehículos de alta gama y consideran “cuanto menos llamativo” el desfasaje entre los patrimonios y las actividades declaradas ante el fisco.
El abogado Varela defiende a Bracamonte junto con su colega Adrián Martínez. Ambos habían pedido que la causa pasara a la Justicia Federal, pero ahora sostienen que debe permanecer en la Justicia provincial como dictaminó el camarista Daniel Acosta. “El fiscal (provincial) Miguel Moreno dice que el patrimonio de Bracamonte proviene de ilícitos, ya sea de coacciones, dinero que le dio el club o exigencias a jugadores e intermediarios que operan con la venta de futbolistas de Central. Pero hay una trazabilidad en sus actividades, él empieza con una empresa con la que le va mal y quiebra hasta que después tiene otras dos con las que le va mucho mejor”, afirma Varela.
Según los fiscales, en cambio, Bracamonte declara dedicarse a la venta al por menor de indumentaria deportiva y está registrado ante ese organismo en la categoría F del Monotributo, cuya facturación máxima bruta anual fue a enero de 2024 de 8.020.660 pesos. A la vez se presenta como empleado de la firma ATE Servicios Integrantes, considerada una pantalla.
Desde enero de 2013, Bracamonte “registró un total de 46 cruces migratorios con procedencia y/o destino a Brasil, Paraguay, República Dominicana, México, España, Perú, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Panamá, Turquía, Chile y Cuba”. En cambio, no fueron identificados bienes inmuebles a su nombre y su último domicilio conocido es en el Country Los Álamos, Ibarlucea.
“Conforme lo dispuesto por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, el delito de lavado de activos es un delito autónomo, contra el sistema financiero nacional, que compete a la justicia federal y, por tanto, se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta Procuraduría”, dicen los fiscales Reynares Solari, Scilabra y Argibay Molina.
El próximo destino de Bracamonte se juega entre la justicia provincial y la federal, aunque el conflicto de competencia abre un compás de espera incierto ya que deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto la Fiscalía de Rosario trata de identificar a los agresores de “Pillín”, y según trascendió la propia barra hace sus gestiones: “Están buscándolos por todos lados”, dice un allegado.
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