En la provincia de Santa Fe se produce un kilo de basura por persona por día. Con más de 300 basurales a cielo abierto, consecuencia del abordaje individual de la gestión de los residuos por parte de los gobiernos locales, muchas veces con recursos escasos, si no se modifican las formas actuales de consumo y producción, en los próximos veinte años se podrían causar daños ambientales irreversibles en el corazón de la llanura pampeana.
En las grandes ciudades, Rosario y Santa Fe, no hay números actualizados pero se calcula que en promedio una ciudad de 500.000 habitantes genera 500 toneladas de residuos domiciliarios por día. A eso hay que sumarles los residuos industriales y de todo tipo de servicios —tóxicos o muy contaminantes—, los residuos de poda, de la construcción, los neumáticos fuera de uso, la chatarra electrónica, pilas y baterías, y la lista podría seguir.
En toda la provincia el volumen de los residuos producidos es en un 52% orgánico. El resto está compuesto por 9% de vidrio, 3% textiles, 7% plásticos, 15% papel y cartón, 3% metales y 11% de otros residuos combinados, que no tienen recuperación, como un control remoto que contiene plástico y metal, o el mango de una sartén de madera y metal.
Los datos surgen de la información producida por el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia durante la anterior gestión, a partir de la sanción de la llamada Ley de Basura Cero en 2009. Mientras, estimaciones de La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advierten que a nivel mundial alrededor del 30% de los alimentos producidos se vencen y son desechados cada año, una de cada ocho personas pasa hambre y alrededor del 24% de todas las calorías que se producen para el consumo humano se pierde o desperdicia.
¿Basurales Cero?
La Ley 13055, sancionada por la Legislatura santafesina en 2009, puso en crisis el sistema de manejo de los residuos de la mayoría de las localidades. Conocida como Ley de Basura Cero, establece entre sus principios básicos la regionalización y la acción mancomunada para la gestión de los residuos, y crea el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) de apoyo a municipios y comunas.
El objetivo central de la norma es el cierre de los basurales a cielo abierto y la construcción de Centros Ambientales en los diferentes Consorcios Regionales. No obstante, las metas no se alcanzaron en su totalidad. Esta es quizás una de las pocas coincidencias entre las áreas a cargo del problema entre la gestión actual y la anterior, al menos desde el punto de vista del abordaje inicial.
Cuando se puso en funcionamiento el Programa Girsu, “el diagnóstico era simple: los más de 300 basurales a cielo abierto que había en la provincia. Y en consecuencia trabajar en una disposición final ambientalmente adecuada”, sostiene el ex secretario de Medio Ambiente durante la última gestión del Frente Progresista, César Mackler. “Es la disposición final donde potencialmente está el mayor impacto ambiental, cuando se da en un basural a cielo abierto. Hay que empezar por ahí, el cimiento de una gestión integral de residuos sólidos urbanos es su disposición en un relleno sanitario. A partir de ahí se puede empezar con otros de los objetivos que plantea la Ley 13055, como la reducción del volumen de residuos que tendrán por destino el relleno sanitario”.
La ley proponía alcanzar para 2016 una meta mínima de reducción del 15% del peso de los residuos sólidos urbanos dispuestos en rellenos sanitarios, tomando como base el total de los residuos dispuestos en el año 2008. Y a partir de allí planteaba una reducción del 12% en forma bianual. “La ley también dice que para 2012 no podía haber más basurales a cierto abierto —admite Mackler—. Esas metas no se cumplieron”.
“La gestión anterior puso su foco en la disposición final, un lugar dónde llevar los residuos, nosotros pensamos que eso es clave pero estamos trabajando mucho con municipios y comunas, sobre todo de menos de 50.000 habitantes, en un plan de compostaje, que puede reducir el 50% de los residuos”, plantea, en contraposición, el actual Subsecretario de Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Gaspar Borra.
“Hay mucho interés de los intendentes y presidentes comunales porque entienden la importancia de no tirar a la basura tantos recursos. Cada vez que enterramos un kilo de papel o de cartón, estamos enterrando dinero, que iría a los sectores más excluidos, que los aprovechan, los recuperan y los venden —argumenta Borra—. Es complejo, pero estamos convencidos que el camino es ese. No buscar solamente una solución técnica a la disposición final, sino trabajar fuertemente en los pasos previos para que lo que llegue al relleno sanitario sea la fracción menor posible”.
Tácticas y estrategias de la basura
Según lo informado por el entonces Ministerio de Medio Ambiente, hasta 2019 a través del Girsu se habían invertido 370 millones de pesos en asistencia financiera y profesional a municipios y comunas, para el cierre de basurales a cielo abierto y la construcción de Centros Ambientales en diferentes Consorcios Regionales, una forma de asociación entre localidades para el abordaje conjunto del problema, recomendado por la ley.
Durante las gestiones del Frente Progresista, asegura Mackler, se constituyeron 31 Consorcios que nuclean a 226 localidades: el 62% de los pueblos y ciudades de la provincia, donde vive el 71.19% de la población. Se llegaron a montar seis Centros Ambientales, en Reconquista, Rufino, Villa Gobernador Gálvez, Casilda, San Genaro y Romang, y otros dos están listos para entrar en operación: Firmat y Villa Ocampo. Al mismo tiempo dejaron de funcionar unos 20 grandes basurales a cielo abierto, entre los que destaca a los de Villa Gobernador Gálvez, Reconquista, Avellaneda, Venado Tuerto y Casilda.
Si bien su conformación no es obligatoria, la ley prevé que los aportes del Estado provincial se canalicen a través de los consorcios, que en la práctica mostraron resultados concretos muy diversos. “Se conformaron 31 consorcios, y tenemos seis u ocho centros ambientales. Esto es porque hay muchos consorcios formados que sólo llegaron a eso, a una cuestión administrativa”, reconoce Mackler.
En eso sí coincide Borra, su sucesor en la actual gestión: “Se había avanzado en cuestiones administrativas, organizativas, pero muy poco a lo que hace al funcionamiento del consorcio en sí. Los problemas más serios que hubo con los consorcios, y que sigue habiendo, son dos: por un lado, la falta de disponibilidad de terrenos y por otro la falta de gestión técnica. La gestión de una planta demanda procesos complejos y con varios estamos trabajando para tener un responsable técnico capacitado debidamente, para poder tener un funcionamiento adecuado. Es lo que ocurre con la planta de Villa Gobernador Gálvez, que está terminada, pero no está funcionando o lo hace en un porcentaje muy menor de su capacidad”.
Para Borra, que ahora tiene la responsabilidad sobre el tema, el balance previo es que “la Ley 13055 puso metas que no han sido cumplidas. Objetivos muy ambiciosos pero que la gestión anterior no pudo cumplir, por la complejidad técnica, jurídica, administrativa, ambiental y social que tiene. La gestión de los residuos es muy compleja y requiere de un abordaje complejo”.
Más allá de por dónde se mire el tema, y por dónde se decida empezar, lo que queda es que en diez años de vigencia de la Ley de Basura Cero sólo unos 20 de los más de 300 basurales a cielo abierto que existían al inicio fueron desactivados. El hecho de que entre ellos estén algunos de los más grandes, lo que es sin duda un avance importante, no parece haber alcanzado para definir o consolidar un rumbo estratégico, basado en líneas de acción consensuadas y sostenibles.
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