—Se terminó el privilegio para los que tienen coronita.
—No somos privilegiados, cobramos los sueldos que dice la ley. Y me voy a ir de la Corte cuando yo quiera.
La primera frase la dijo el gobernador Maximiliano Pullaro. La segunda pertenece al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez.
Ambas representan el punto más alto de la escalada a la que llegó esta semana el enfrentamiento entre esos dos poderes del Estado, que transita por estas horas ese momento indefinido en el que las dos partes creen que pueden ganar.
El gobierno triunfará si logra, como dice la ley, que se vayan cinco de los seis miembros del alto Tribunal, del que hasta ahora sólo uno reveló intenciones concretas de alejarse, y que tras los sucesos de las últimas horas evalúa adelantar ese trámite.
Para lograr su objetivo de que se vayan todos, el oficialismo les dedicó un artículo especial a los ministros de la Corte en las medidas transitorias incluidas en la reforma a la ley previsional. Es el que dice que quienes tienen el trámite iniciado deben comunicar el cese de actividades dentro de los seis meses posteriores a la promulgación de los cambios.
Tres de los cuatro cortesanos a los que quieren afuera tienen ese trámite iniciado, incluso hace varios años, con lo que congelarían las ventajas del viejo sistema si se retiran antes de febrero o marzo del 2025. A partir de ahí podrían arriesgarse a perder lo que les corresponde por lo que aportaron durante más de 30 años, ya que deberían iniciar desde cero otra vez un expediente, pero ahora con las disposiciones de la nueva ley.
Tres millones de razones
Ni las declaraciones públicas invitándolos a retirarse ni la más concreta presión de ponerlos en la instancia de perder, con el nuevo tope jubilatorio, alrededor de tres millones de pesos en el monto de los haberes que les corresponden con el viejo sistema, pudieron por ahora conseguir su propósito.
“¿Qué se creen, que no tenemos dignidad?”, dicen algunos de los apuntados por la presión del gobierno. Así como resisten las insinuaciones cada vez más claras del Ejecutivo para que dejen sus cargos, los cortesanos aceptaron de mala gana la invitación del gobernador para reunirse este domingo a las 7.30 de la mañana. Irán cuatro de los seis.
A todos les parece un capricho, una demostración de poder, una muestra de sometimiento, una falta de respeto y una tomada de pelo la fecha y la hora de la convocatoria, pero intentarán disimularlo para no quedar tan expuestos. “Si no vamos, van a decir que nos fuimos a jugar al golf o que no trabajamos”, razonaron al quedar entrampados en la estrategia del gobierno.
“A poner cara de piedra”, contestaron cuando se les preguntó cómo les cayó la inusual invitación. Si tuvieran que responder por escrito dirían: “Le agradecemos al gobernador la exquisita deferencia de habernos invitado amablemente a charlar un domingo a la mañana sobre los problemas que enfrenta la Justicia santafesina”. Pero no será así.
Hubo debate sobre si convenía ir o era mejor bajarle el precio a la reunión y que fuera solamente la representación institucional del presidente de la Corte. Por varias razones no prosperó esa idea. “Vamos a estar los cuatro patitos en fila un domingo a la mañana en la Casa Gris”, confirmaron.
Como respuesta a los desafíos públicos del gobernador, los cortesanos no eligieron la mejor opción. Irrumpió para romper el juego el presidente de la Corte, siempre escaso de fina ironía. En declaraciones radiales, Gutiérrez pareció desconocer las leyes al asegurar que se va a ir cuando él quiera. Probablemente quiso dar a entender que no será bajo la actual presión, pero se pareció mucho a un error protagonizar un personaje que desconoce las leyes que por sus funciones debe defender.
Tampoco le sumó gentilezas a la relación decir que hace 50 años que está en la Justicia y en ese tiempo se tuvo que enfrentar a “gobernadores de peso”, y que la defensa que viene haciendo del Poder Judicial “no la va a renunciar ahora”. A veces cuando se cansa de estar en silencio, pierde nivel.
Lejos quedaron los gestos iniciales que tuvo con el nuevo gobierno. Cuando pronunció el discurso de inauguración de este año judicial, Gutiérrez decidió sentar en el centro de las sillas, debajo de la cruz, al gobernador Pullaro, algo que no se estila. Protocolarmente en el medio se ubica siempre el presidente de la Corte.
Intentó ser amable esa vez, tal vez porque creía estar en otra relación con el gobierno. Era cuando programaba ser el último en irse o poder ayudar a elegir a quien lo sucediera. Poco después se olvidó de cuál era la estrategia y cuestionó la difusión que hizo el gobierno provincial de una foto de presos al estilo Bukele.
Una batalla ganada
A esta altura, el gobierno ya ganó la pulseada. Consiguió poner en discusión algo que fue siempre secreto y se manejó en las sombras: el trabajo que hacen y lo que ganan los ministros de la Corte. Parte de esa primera victoria fue ponerlos a discutir, en una exposición pública a la que no estaban acostumbrados.
“No somos populares, tenemos todo en contra”, reconocieron un escalón más abajo los jueces en su reunión de protesta frente a los Tribunales de Rosario, a pesar de que defiendan con abundancia de argumentos que no tienen privilegios o que en todo caso si existen es porque se los otorga la ley.
Será difícil a nivel de opinión pública que los representantes de la Justicia puedan ganar adhesiones con sus condiciones legales de sueldo y estabilidad. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, es una batalla que tienen perdida.
No hay forma eficaz de discutir a favor de ese estatus en la Argentina del déficit cero. A ningún santafesino de a pie le parece tan mal poner un límite de veinte jubilaciones mínimas a los haberes que paga el Estado provincial. Se argumentará, con justa razón, que cada uno tiene que percibir en relación a lo que aportó tantos años, pero eso puede ser válido para los juicios. A llorar a los tribunales, se dirá. Antes está la solidaridad previsional.
De la misma manera, a los gremios les resulta cuesta arriba hacer esgrima con el gobierno por el déficit de la Caja de Jubilaciones. Los ejemplos de lo que se podría hacer con esos fondos que se pierden mes a mes crea empatía con el 90 por ciento de la población santafesina que no trabaja en el Estado, y no mide con frecuencia a cuánto se cotiza la independencia judicial.
“¿Por qué tendríamos que ser solidarios y aportar a través del pago de impuestos para cubrir ese déficit que pertenece a sólo un 10 por ciento de los santafesinos”, se preguntó el senador Felipe Michlig, tras la veloz media aprobación por 14 a 5 de los cambios a la ley en el Senado.
Las comparaciones de lo que se podría hacer con esos miles de millones de rojo es convincente: repavimentar en cinco años todas las rutas de la provincia, hacer en un año seis gasoductos o llevar pavimento a las 45 localidades que no lo tienen. Y siguen los ejemplos.
Hace 24 años que Santa Fe viene perdiendo con la Caja: en 12 gobernó el peronismo y otros 12 el Frente Progresista. Este gobierno de Unidos se jacta de haberse animado a dar una discusión ingrata, como pasó en Córdoba y otras provincias comparables, porque tampoco quieren dejar de pertenecer al lote de las 13 que no se pasaron a la Anses.
Antes que nada hay un cálculo político. Sabe el gobierno que a la par de hacer correcciones necesarias está buscando mantener y ampliar sus votos. Está probado que suman más los que aplauden este tipo de medidas que los que las sufren. “Junta lo bello con lo útil”, se escuchó decir.
Y lo favorece un clima de época, el aprovechamiento de una ola con un nuevo estilo de gobernar que nace en el gobierno nacional de Milei y llega a las provincias.
La cumbre insólita
¿Qué puede pasar en la reunión de este domingo? Según la mayoría de las opiniones previas, nada. El gobernador va a escuchar el reclamo que se viene repitiendo: no se cubren las vacantes y ya se afecta el servicio de Justicia, están frenados los ascensos e ingresos, se retacea el presupuesto para funcionar y avanzar con las obras encaradas. “La única que les interesa es la de los Tribunales de Santa Fe”, comentan por lo bajo en el Gobierno.
“¿Se creen que somos estúpidos y vamos a ir a plantear nuestra situación personal y a quejarnos por cómo nos afecta la reforma previsional?”, adelantan desde la Corte. Asumir la representación de los problemas que afectan a todo el Poder Judicial es lo que van a llevar como bandera.
El gobierno les reprocha que nunca estuvieron tan preocupados como ahora, que se ven amenazados en lo personal. Ni siquiera cuando Rosario ardía por la inseguridad.
Los cortesanos creen que hay una campaña para sacarlos y en esa batalla caen también los soldados que están en el medio del fuego. Cuestionan que si tuvieran una mirada fina sobre los gastos y lo que llaman privilegios, podrían sumar al blanco móvil a los fiscales, “de los que nunca hablan” y tienen sueldos y un régimen parecidos. O incluir a las designaciones del actual gobierno, las subsecretarías que se crearon, o los asesores con sueldos altos.
No se animaron todavía a denunciar que entre los casi 500 cargos cautivos por falta de firma que esperan por ascensos en el escalafón están los decretos de la esposa de un ministro y la hija de otro. ¿Se animarán? ¿O esos dos casos podrían interpretarse como un punto a favor del gobierno, para decir que cuando ajusta no hace excepciones?
Si se incluyera la reunión en una aplicación de apuestas, la posibilidad que menos pagaría sería la que pronostica un final de abrazos y entendimiento. Podría sumar más chances que el gobernador les diga a los ministros de la Corte que no piensa discutir con quienes no deberían estar sentados frente a él, o la que asegura que simplemente se dedicará a escuchar y después partirá urgente al festival de Doma en San Justo, prometiendo tramitar los pedidos presentados.
Hasta donde se deja saber, va a ser una reunión donde el gobierno “va a hablar”. No va a tener una actitud pasiva, de sólo escuchar.
Los que conocen el paño dicen que habría que hacer lecturas de que no haya sido invitado a participar el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, que sí estuvo en la primera reunión con el ministro de Seguridad.
Será importante ver si el gobernador Maximiliano Pullaro los recibirá sólo en la Casa Gris o lo acompañarán algunos ministros. Se estila que sume al de Gobierno, Fabián Bastía, y al de Economía, Pablo Olivares, en este caso por la índole de los planteos. También correspondería que esté el titular de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni. Aunque en ese caso sería casi una reunión de gabinete. Trascendió que al menos dos ministros van a estar junto a Pullaro.
Por los cortesanos están confirmados cuatro: Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler, que jugarán de locales, y otros dos que viajarán desde Rosario: Roberto Falistocco y María Angélica Gastaldi. Ambos estarán desde la noche anterior en Santa Fe para no dejar espacio a las contingencias de un viaje.
Mario Netri, el tercer ministro rosarino, no podrá viajar por razones muy justificadas de índole personal y familiares de salud. Es el único que ya anunció que en diciembre deja la Corte. El otro ausente será Daniel Erbetta, que adujo problemas de organización familiar, que iba a procurar transmitir al gobernador antes del domingo. Para evitar suspicacias.
Aunque sobre esta ausencia seguramente se podrán tejer hipótesis. Al final del día se trata del único ministro que por ahora tiene un pedido de juicio político pendiente (por otro tema que no es el del límite de edad). También podría decirse que sin él, van a estar en la reunión con el gobernador “sólo los que tienen el problema del retiro”. Probablemente sea sólo una casualidad.
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