Decomiso post mortem: la mansión y la flota de autos de “Pillín” Bracamonte, bajo la lupa de la Justicia

Tenía varios vehículos a su nombre propio, una especie de parque automotor de alta gama encubierto y vivía en una mansión de Ibarlucea, pero casi ninguno de esos bienes estaba a su nombre. Andrés “Pillín” Bracamonte murió sin que la Justicia probara que era el verdadero propietario del conjunto de esos vehículos y del inmueble y que los había comprado con dinero ilícito. A falta de condena los investigadores se proponen el decomiso anticipado de los bienes y establecer la responsabilidad de familiares y allegados. La causa también involucra a Carlos Vergara, exsecretario a cargo de la filial Rosario de la Unión Obrera de la Construcción.

La causa remite al 29 de noviembre de 2023, cuando Bracamonte y Vergara fueron detenidos por orden del Ministerio Público de la Acusación en el marco de una investigación por aprietes y contrataciones forzosas en el gremio de la construcción. El Ministerio Público Fiscal pidió la competencia para examinar el presunto delito de lavado de activos, lo que acordó la Corte Suprema de Justicia.

Desde entonces no hubo novedades hasta que el lunes pasado personal de Gendarmería secuestró los teléfonos del hijo mayor de Pillín, Andrés Guillermo Bracamonte, de su última pareja, Agustina Diale, y de su expareja, Natalia Salas. También fueron incautados dos taxis, cuyas licencias están a nombre de Diale y que habían sido retirados de circulación.

La misma medida fue solicitada con respecto a Vergara. Pero el gremialista no estaba en los domicilios que tiene registrados y en la página web de la UOCRA no consta que ocupe cargos en el sindicato. Si bien se descuenta que “tarde o temprano va a aparecer”, el secuestro de sus dispositivos móviles quedó frustrado. La actuación de Vergara en la filial Rosario estuvo jalonada por balaceras a las que restó importancia y cuyo origen no fue determinado, y además por la sorda competencia entre Bracamonte y Cristian “Pupito” Avalle alrededor de las viandas para los obreros de la construcción.

Un cambio rotundo

En junio de 2020, el fiscal provincial Miguel Moreno ya había destacado por otra parte “el rotundo cambio de vida del señor Bracamonte, de vivir en el departamento 1335 del Monoblock 77 de calle White a residir en el barrio privado Club de Campo Los Álamos de Ibarlucea”. La vida de Pillín en ese lugar fue alterada por los procedimientos judiciales y por una balacera que precedió a su asesinato el 9 de noviembre de 2024, y la mansión que ocupaba, propiedad aparente de Eduardo Langhi, es uno de los objetivos del decomiso que se gestiona.

Según la requisitoria del Ministerio Público Fiscal, Bracamonte tenía tres vehículos a su nombre “y, además, un parque automotor importante” conformado por otros ocho vehículos para los que estaba autorizado a conducir y habían sido registrados “a nombre de su círculo familiar y de sociedades comerciales a él vinculadas”. Entre otros detalles llamó la atención que su hijo, a los 18 años recién cumplidos, hubiera comprado un auto de alta gama cero kilómetro, y después una moto también de alta gama. “Pillín” tenía tarjeta azul para ambos vehículos.

La firma ATE Servicios Integrales, tachada de pantalla para el lavado de dinero, compró en 2018 otro vehículo de alta gama y autorizó su uso para Bracamonte padre e hijo. En 2022 la sociedad adquirió una pick up, también cero kilómetro y de primera marca, y las cédulas de autorización se extendieron a Fernando Riciracciolo y Agustina Diale.

El fiscal Moreno atribuyó el enriquecimiento oculto de Bracamonte a la explotación de la barra de Rosario Central y del propio club, en particular a través de la sociedad Rufino SAS. “Pillín” constituyó esta firma en 2018, en sociedad con Sergio Daniel Quiroga, intendente del Gigante de Arroyito. Pero la acusación por asociación ilícita no prosperó y la investigación original quedó en suspenso hasta mayo de 2023, cuando reverdeció por un flanco inesperado: las contrataciones irregulares de mano de obra y servicios denunciadas por el delegado de la UOCRA en Villa Constitución.

El punto no tiene un interés meramente histórico ya que alude al origen de la plata negra que subyace a los bienes en cuestión. Según un vocero del Ministerio Público Fiscal “lo que está más probado” es lo que proviene de la denuncia del delegado Juan Menucci: la sociedad entre Bracamonte y Vergara imponía contrataciones de personal de construcción y de servicios de viandas y baños químicos que proveía “Pillín”.

La prueba en cuestión

No obstante, si el dinero proviene de la explotación de la barrabrava o de los aprietes y gerenciamientos mafiosos en la construcción parece secundario para la causa actual. “En estas investigaciones no tenemos que acreditar el uso del dinero. Lo importante es que la persona no tiene ingresos lícitos para justificar su patrimonio. Si por otro lado está verificado que esa persona no tiene una actividad legal se asume —pero es una asunción asentada en indicios e información interpretada de modo conglobado— que son operaciones injustificables”, explica didácticamente el vocero.

“Eso es lo que se prueba, que la plata proviene razonablemente de una actividad ilícita —agrega el vocero—. Nunca vamos a encontrar una foto de que la plata de un ilícito se usó para la compra de un bien; lo que vamos a encontrar es una vinculación objetiva con una actividad ilícita y operaciones que supera el patrimonio legal”.

En ese brete se encuentran los familiares y allegados a Bracamonte que aparecen como propietarios de vehículos y de la mansión en el Club Los Álamos. “La única persona con capacidad económica para generar ese tipo de adquisición era Pillín”.

Familiares y allegados de Vergara enfrentan el mismo panorama. El gremialista, inscripto en la categoría G del monotributo y con actividad principal declarada no como tal sino en servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial, sería el verdadero propietario de otro parque automotor, conformado por nueve vehículos registrados a nombre de su pareja, de su expareja, de sus hijos y de otras personas.

“El punto de partida de nuestro razonamiento es que no se puede ser propietario de nada comprado con fondos de origen ilícito. Pagando con plata del narcotráfico no se es dueño de nada. Registrar la titularidad de un bien comprado con plata negra es una verificación del lavado. Pero comprar un bien con plata del narcotráfico no es una operación legal”, argumenta el vocero.

Entre 2017 y 2023, Bracamonte constituyó las sociedades Vanefra SRL (rebautizada ATE Servicios Integrales en 2021), Ser-Eco SRL (proveedora de baños químicos), Ruffino S.A.S., Kabrasi SRL, B+D Logística SRL y Welding & Company. Las dos primeras aparecieron en conjunto con Fernando Rigiracciolo y sus sedes correspondieron a una concesionaria de autos y a un gimnasio. Ninguna de esas sociedades tuvo una actividad legal, según la hipótesis de los investigadores.

“Se llama decomiso anticipado porque no hay condena ni podrá haberla dado el fallecimiento de Bracamonte. Tenemos una presunción vehemente respecto al origen espurio de los bienes y se convertirá en certeza”, adelanta el vocero.