Al cabo de un jueves de fuertes discusiones, de contactos con funcionarios del Poder Ejecutivo y de un cuarto intermedio, el oficialismo en la Cámara de Diputados volvió a postergar —por la evidente ausencia de acuerdos internos— el tratamiento de las “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública” para ampliar las capacidades del Estado frente al delito, pero al costo de afectar garantías constitucionales según sus críticos.
La Cámara de Diputados, donde se encuentra ese paquete de leyes desde hace cinco meses, aprobó solo con votos del interbloque de Unidos y de unos circunstanciales aliados por derecha de bloques celestes, una preferencia para la próxima sesión. En otras palabras, un compromiso para darle prioridad al tema.
Todo indica que respecto de las normas que reclama la Casa Gris se busca desde el socialismo hacer fuertes cambios, que los radicales votarían sólo si el gobierno provincial les da el visto bueno.
Una suerte de borrador con esas modificaciones que podrían votar todos sin quebrar la coalición de gobierno, está ahora en manos de los funcionarios del gobernador Maximiliano Pullaro.
En sólo una semana habrá novedades respecto de la aceptación o rechazo de esas modificaciones que tienden a morigerar las facultades que se busca darle a la policía, en numerosas materias para luchar contra la inseguridad.
La posición de unos y otros en Unidos llega incluso a las ruedas de prensa que se producen en el hall central de la Legislatura. En un caso habló por el radicalismo el exintendente de Santa Fe José Corral, que puja a favor de no tocar más que en aspectos menores al mensaje del Ejecutivo. En otro, su par socialista Lionella Cattalini señaló que el consenso es posible y que se trata de continuar con el diálogo. Ambos hacen los mayores esfuerzos por procurar que haya un camino intermedio pero hasta ahora (salvo que el Ejecutivo acepte una versión distinta de la inicial) las aguas siguen divididas.
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En los cinco meses que ya les reprochó a los diputados el senador Felipe Michlig no hubo avances, sólo porque las coincidencias no aparecen. La labor fue sin embargo ardua, porque se abrió a la participación de magistrados, abogados e incluso a la Corte Suprema, la discusión de las leyes en ciernes.
En los casos mencionados abundaron las críticas. Algunas muy duras, en especial durante la visita de los siete miembros del máximo tribunal a la sesión conjunta de las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Hubo también apoyos a las normas en debate, sobre todo del Ministerio Público, tanto de los fiscales como de los defensores.
Unidades especiales
Mientras tanto, también en Diputados se trataron las dos normas que también refieren al tema seguridad, pero que tuvieron como cámara de origen al Senado de Santa Fe, con distinta suerte pero que se aprobaron en tan sólo una semana desde su ingreso por mesa de entradas.
Así, ahora con los votos de los diputados de Unidos más los del bloque Somos Vida de Amalia Granata, se sancionó una norma que crea cargos en el Ministerio Público de la Defensa y que le da a su conducción posibilidades de crear unidades especiales.
En uno de los incisos del artículo que indica posibles fines para esas unidades figura la defensa de policías en causas vinculadas a su labor.
La norma se sancionó sin tocarle una coma a la versión que había aprobado el Senado y no hubo votos en contra. Pidieron la abstención la totalidad de los diputados del peronismo, que en todas las instancias mostraron un interbloque unificado, a la izquierda el Frente Amplio por la Soberanía y a la derecha el diputado Juan Domingo Argañaraz.
Tanto Lucila de Ponti del justicialismo como los otros bloques lamentaron que el texto sancionado no tenga en cuenta los derechos laborales de quienes se desempeñan en el organismo que defiende a quienes no pueden pagarse un abogado.
Celulares e intimidad
Más atractivo y con final a confirmar fue el debate con respecto a qué facultades deben tener los policías para prevenir, incautar y poner trabas al comercio ilegal de teléfonos celulares.
En pocas palabras, tanto en la versión que aprobó primero el Senado a fines de septiembre y este jueves 29 de octubre Diputados y Diputadas, se permite a la policía exigir a cualquier ciudadano demostrar que su teléfono es suyo, mediante la exhibición del código de barras IMEI, que cualquier usuario puede obtener con un par de clics.
Si se piensa en que por ejemplo es normal pedir papeles del auto a quien conduce y que si se secuestra un vehículo quien no tenga esos documentos tiene derecho a cerrar el coche con llave, el procedimiento tiene una lógica impecable. El problema es que los celulares son bienes muebles, con trazabilidad pero que carecen de tarjeta verde. Y lo más grave: poseen datos de enorme sensibilidad y seguridad personal.
Como dijo en los pasillos una cronista, “no me mira el celular mi esposo, mucho menos se lo voy a mostrar a un policía”. Pues bien, en ese caso, el teléfono podrá quedar en manos del uniformado.
Ese punto fue objetado en la sesión de Diputados y un par de semanas atrás hizo lo mismo y por los mismos motivos el juez de la Corte Jorge Baclini, exfiscal general del MPA.
El tema se aprobó con 13 votos positivos y 4 negativos en el Senado y ahora también hubo sólo mayoría simple de 35 votos afirmativos contra 11 en Diputados.
Definiciones
“En el proceso de lucha contra la inseguridad no podemos quedarnos con lo que hemos logrado, es como en una dieta: los primeros kilos se pierden pronto pero crear un hábito alimenticio sano es más difícil”, graficó José Corral al argumentar en general a favor del paquete pedido por la Casa Gris.
Dijo que no son demasiado relevantes los cambios hechos al mensaje sobre robo de celulares y aseguró que la norma santafesina cerca de sancionarse tiene como principal fortaleza que permitirá acudir sin esperar a una orden judicial a un allanamiento policial si la geolocalización indica dónde se encuentra el aparato robado.
Explicó que se trata del delito “más extendido” en los arrebatos, muchas veces violentos y subrayó: “Vamos en la dirección correcta, producimos una innovación, una herramienta para la policía que va a dar resultados”.
María Ximena Sola, también de Unidos (Pro), sumó su voz favorable a la norma y apuntó contra el comercio ilegal y la protección de quienes trabajan con honestidad con los teléfonos usados que no fueron el botín de un robo.
La exministra de Gobierno de Omar Perotti Celia Arena defendió esa gestión y se preguntó si habrá “patente de corzo” para los policías que tengan en su poder con tanta facilidad teléfonos cuyo IMEI no fue mostrado.
Fabián Palo Oliver del FAS advirtió que habrá más fallos judiciales frustrantes para las víctimas por pruebas mal elaboradas en base al “olfato policial”. Destacó que se dan facultades a la policía que no podrán ser controladas por jueces.
En el mismo bloque, Carlos del Frade comparó las normas en debate con las facultades policiales “de 1975 y 1976”. Dijo que la ley no busca controlar el comercio ilegal y el robo de celulares sino que busca que los policías puedan abrir teléfonos y actuar “de manera independiente” con “nuevas atribuciones” similares a las de “50 años atrás”. “Se busca un estado de excepción donde todos somos sospechosos”, afirmó.
Desde el otro extremo ideológico, Silvia Malfessi explicó que el bloque Somos Vida había votado afirmativamente en general pero en contra de tres artículos (del 23 al 25) porque allí hay facultades a la policía que van “contra las libertades individuales”.
“No se pueden violar las conquistas de la libertad”, expresó. Muy especialmente lamentó que se deje la palabra “debe” para la inmediata requisa de los celulares en manos de ciudadanos que se nieguen a dar su IMEI. Mencionó fallos de la Corte Interamericana contrarios a esos artículos.
Lionella Cattalini defendió el proyecto y subrayó que la ley “viene a buscar resolver un problema que afecta nuestras vidas, todo el tiempo” y sostuvo que “el debate entre cámaras mejora las leyes” en obvia alusión a las quejas del senador Michlig. “Me comprometo a que las próximas leyes tengan grandes acuerdos y grandes consensos, tal como ha ocurrido con todas las normas que lograron lo mejor para la Provincia”, dijo con voz calma desde su banca.
Amalia Granata, que votó en general a favor y en contra en los tres artículos señalados, subrayó que los ciudadanos se van a hacer preguntas como por ejemplo ¿por qué tengo que abrir mi celular ante un policía? ¿qué va a pasar con las personas mayores que desconocen cómo poner claves a sus teléfonos? ¿qué va a ocurrir con esos bienes una vez en manos de la policía?, entre otras cuestiones. Dijo que se había votado una ley con un aspecto “muy border”.
“Falta un pasito”
Marcos Corach del peronismo fue punzante: “Las comisiones han hecho un gran trabajo al convocar a quienes más saben de leyes, a importantes juristas a opinar… Faltaría dar un pequeño pasito: escucharlos”.
Alejandra Rodenas dijo que una ley con esta letra será un verdadero problema para los buenos policías, porque van a tropezar con juicios en los que se caerán casos por la “obtención ilegal de la prueba” y vaticinó: “Esto va a ser un festival de nulidades. Es un proyecto inconstitucional”.
El radical Martín Rosúa subrayó que la ley que pasó al Senado dice expresamente que la policía no puede acceder a la información que contengan los celulares.
Luego, María Fernanda Castellani del Pro dijo que había votado a favor en general pero no por los artículos ya señalados, sin más argumentos.
María Azanza, sentada junto a Granata, leyó las declaraciones de Michlig que nadie contestó en el oficialismo. Y comentó “me aterroriza” que el senador “nos mande a los diputados a aprobar una ley” al tiempo que le reclamó con un agresivo “vuelva a la escuela” que respete la división de los poderes.
Ya casi como en un cierre del tema, luego de la ronda de posiciones (y negociaciones), la titular de la Cámara de Diputados y Diputadas Clara García reflexionó: “Somos legisladores y legisladoras muy apasionados y está muy bien”.
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