Después de tres semanas de negociaciones intensas entre los bloques, este jueves el Concejo aprobó las modificaciones normativas que habilitan el funcionamiento de Uber y DiDi en Rosario. El mensaje del intendente, que permanecía trabado en comisiones, logró despacho el miércoles pasadas las diez de la noche, luego de un cuarto intermedio que se extendió por varias horas. El tiempo permitió pulir un acuerdo que no parece dejar grandes ganadores, pero sí el desgaste del roce entre los bloques, que apunta a marcar el pulso legislativo hasta fin de año.
Desde que se inició la discusión a principios de octubre hubo un consenso primario entre los distintos bloques: las aplicaciones de viajes operan de manera ilegal en la ciudad pero son una realidad en la vida cotidiana de los rosarinos. Los análisis variaban con respecto a cuánto influía el precio —sustancialmente más barato que un taxi— y cuánto un sistema de transporte que desde la oposición cuestionan con regularidad. Pero en líneas generales, todos coincidían en que algo se debía hacer.
El mensaje del intendente proponía la incorporación del “servicio privado de movilidad de personas mediante plataformas tecnológicas” dentro de la ordenanza 10.544, aprobada en 2023, que ya permitía el uso de plataformas digitales para gestionar viajes con taxis y remises habilitados. Eso acompañado de un registro obligatorio, una tarifa mínima similar al boleto de colectivo, exigencias para autos y conductores, y la posibilidad de fijar tasas a las empresas.
Las dificultades para destrabar el proyecto de comisiones y llevarlo al recinto le dejaron dos caminos al oficialismo: ceder en sus pretensiones y avanzar hacia un esquema de mayor regulación para las empresas, como proponía el peronismo y Ciudad Futura, o inclinarse hacia una ordenanza con menores regulaciones, como reclamaba La Libertad Avanza, que incluso reflotó un proyecto propio sobre el tema en medio del debate. Durante la tarde del miércoles se impuso la segunda opción y el proyecto quedó allanado para su aprobación en el recinto.
Los cambios
El acuerdo entre Unidos y La Libertad Avanza comprende una serie de modificaciones al mensaje del intendente. En primer lugar, la eliminación de una tarifa mínima a cobrar. El oficialismo había fijado un piso tarifario equivalente al precio del boleto de colectivo, con un objetivo lógico: que las aplicaciones no compitan con el sistema de Transporte Urbano de Pasajeros, cada vez más difícil de sostener.
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El peronismo acordaba con ese punto, e incluso impulsaba la posibilidad de aumentar el piso. Para La Libertad Avanza lo que proponen las aplicaciones es un “acuerdo entre privados” donde el Estado no debe intervenir. En las negociaciones finales, el oficialismo terminó cediendo en ese aspecto.
Otro de los porotos que se anotan en La Libertad tiene que ver con las tasas. El texto original incluía un inciso donde dejaba abierta la posibilidad de cobrar tasas a las empresas y desde el peronismo proponían crear una específica que se destine al Fondo Compensador del Transporte, para bajar el precio del boleto colectivo. El acuerdo no solo eliminó el apartado en cuestión sino que tampoco le exige a las empresas tener una sede física en la ciudad, por lo que tampoco deberán pagar DReI ni TGI.
Desde el bloque libertario también ponían reparos a la existencia de un registro, que finalmente terminó quedando en el proyecto aprobado aunque con menores exigencias. Las empresas estarán obligadas a brindar de forma mensual datos anonimizados respecto a la cantidad de viajes, origen y destino, o duración promedios de los viajes, entre otros aspectos.
El oficialismo sí se mantuvo firme en su negativa de incluir la habilitación de las motos dentro del esquema. Fue uno de los puntos fuertes del debate. El argumento oficialista pasaba por la falta de seguros que den cobertura para ese servicio. No obstante, desde el bloque libertario adelantaron que en las próximas semanas ingresarán nuevos expedientes para insistir con el tema.
Unidos también logró mantener la exigencia de una licencia profesional para los conductores, algo que hoy no existe para quienes trabajan en esas plataformas. Sin embargo se acordó un período de seis meses de gracia para su adecuación, con posibilidad de extenderlo por otros seis meses. Desde el peronismo plantearon sus reparos, advirtiendo un posible escenario: que vencido el plazo se siga prorrogando.
Un cambio importante que deja la nueva normativa es que no le pondrá un tope de antigüedad a los autos que trabajen para las plataformas. No es un tema menor. Todos los años el sector taxista debe renovar las unidades que cumplen diez años, algo que en los últimos tiempos se volvió casi imposible, en un contexto de caída de la actividad. Eso se fue resolviendo con prórrogas que los taxistas pedían religiosamente en el Concejo, para poder seguir trabajando.
Finalmente, la normativa modifica la ordenanza de taxis y remises y también quita ese tope de antigüedad. “Hoy un Ford T modelo 1924 puede entrar tranquilamente al sistema a operar como taxi o remis siempre y cuando pase la VTV”, graficó el concejal Mariano Romero, durante el debate en el recinto.
Las negociaciones
El ámbito de discusión del proyecto fue el plenario de las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno, que se reunió el miércoles al mediodía. El debate se dio con una nutrida movilización de taxistas y remiseros afuera del Palacio Vasallo, que cortaron el tránsito estacionado sus vehículos sobre la calle a modo de protesta.
La comisión debatió durante unos veinte minutos y luego pasó a un cuarto intermedio que se extendió hasta las 21.30. En el medio, la oficina de la presidencia del cuerpo fue la sede de las negociaciones entre los concejales de Unidos y La Libertad Avanza para cerrar un acuerdo y pulir la redacción del texto final, que terminó obteniendo el despacho.
En la lectura política no pueden pasar desapercibidas las declaraciones de Federico Angelini, una figura con pasado libertario, hoy enfocado en su rol como secretario de Gestión Institucional de la provincia. “Dejen de boludear”, dijo la semana pasada en Radio2, en un mensaje dirigido al bloque libertario. “¿Alguien que defiende las ideas de la libertad puede oponerse a que estén las aplicaciones habilitadas en Rosario?”
Las declaraciones de Angelini tenían un enfoque de seguridad, planteando las aplicaciones como una herramienta más de movilidad para los rosarinos, sobre todo en el ámbito nocturno. Pero el tema no sólo significaba una suerte de involucramiento del gobierno provincial en un tema de agenda local sino que también aparecían como una suerte de “reto” a un espacio que en algún punto lo involucra: Samanta Arias, una de las concejales del bloque, proviene de su sector. En el oficialismo daban por descontado su voto positivo en el recinto, pero la edil no formaba parte de las comisiones donde el proyecto se debatía. De lo contrario, el mensaje del intendente podría haber avanzado con mayor celeridad.
El mismo día en que se hicieron públicas las declaraciones de Angelini, la diputada Romina Diez publicó una serie de mensajes sin destinatario: “Para los burros que hablan de regular las aplicaciones, entiendan algo: funcionan porque el Estado no se mete. Cada vez que el Estado interviene, lo hace para regular, burocratizar y cobrar impuestos”. Pese a que el debate ya llevaba algunas semanas, la legisladora aún no se había pronunciado al respecto.
El mensaje también destacaba en particular al concejal Juan Pedro Aleart por dar esa batalla en el Concejo. Por eso llamó la atención que las negociaciones con Unidos del último miércoles las encabezaran Franco Volpe y Lautaro Enríquez. Pese a ser la principal voz del espacio a la hora de reclamar la habilitación de Uber en la ciudad, Aleart perdió terreno en las negociaciones del bloque, al menos durante el tramo final. De hecho, no pidió la palabra en el recinto, cuando el resto de sus compañeros aprovecharon las modificaciones introducidas para colgarse una cucarda.
Un dirigente que sigue el día a día del Concejo propone seguir cómo continúa la dinámica hacia adentro del bloque en el tramo final del año, deslizando un malestar que podría escalar. Sobre todo, en la previa de un año electoral donde Aleart asoma como candidato a intendente —al menos así lo adelantó Diez en junio del año pasado— y las versiones de un posible acuerdo electoral del gobierno nacional con distintos gobernadores que podría tener su correlato en Santa Fe y particularmente en Rosario.
La votación
Cerca de las nueve de la noche, los concejales aprobaron la normativa con 18 votos a favor, de Unidos y La Libertad Avanza, y 10 en contra del peronismo y Ciudad Futura. La única que se desmarcó de esa lógica en la votación fue la concejala María Fernanda Rey, que ya había manifestado su intención de acompañar el proyecto.
Por el oficialismo tomó la palabra Anahí Schibelbein que explicó los alcances del proyecto final. Más adelante, le siguieron el concejal Fabrizio Fiatti y la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck, que bajó del estrado para hablar. Es un tema que la toca de cerca: fue la primera en impulsar un proyecto para la regulación de las aplicaciones, cuando el tema todavía no aparecía en la agenda de los rosarinos. Algo que le valió sus idas y vueltas con el sector taxista.
“Habilitar estas aplicaciones es evitar que haya un servicio de movilidad que esté funcionando en la calle sin ninguna regla. Hoy lo que estamos aprobando es la habilitación con algunas condiciones, requisitos y responsabilidades que estas empresas privadas tienen que cumplir para poder legalizarse y habilitarse en Rosario. No estamos haciendo nada más ni nada menos que cuidar a miles de rosarinos que usan estas plataformas como pasajeros o conductores del sistema”, describió Schmuck.
En tanto, desde la Libertad Avanza, Volpe celebró las modificaciones introducidas, aunque remarcó que la exclusión de las motos es una falencia de la normativa. “Estamos dejando al 50 por ciento de quienes trabajan en estas circunstancias afuera. Una vez más la política va a llegar tarde a la realidad”, planteó. Mientras que Enríquez destacó la participación del espacio en la discusión: “En menos de un año y con cinco concejales, la Libertad Avanza está habilitando las aplicaciones de movilidad”. Incluso Anabel Lencina, que no es una voz usual en el recinto, pidió micrófono para decir que el espacio “está corriendo la agenda de la ciudad”.
La voz cantante del peronismo en el debate fue el concejal Mariano Romero, que se mostró crítico del proyecto aprobado y aseguró que es “significativamente peor” que el mensaje enviado por el intendente. En un mismo sentido se pronunciaron Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, y Antonio Salinas, de Ciudad Futura.
“Es una ordenanza que está hecha a pedido de Uber y de DiDi y en contra de los intereses de los rosarinos y rosarinas. No nos sorprende para nada de La Libertad Avanza, pero sí del oficialismo, que viene a decir que se opone a la flexibilidad laboral y fundamenta esta ordenanza en la reforma laboral”, expresó el edil justicialista. Y agregó: “Por una puesta en escena en términos electorales, le estamos haciendo mucho daño a la ciudad de Rosario”.
Finalmente, el Concejo aprobó la habilitación de las plataformas de viajes en la ciudad, luego de semanas de negociaciones y un debate que anticipa el pulso de otras discusiones fuertes que se vienen: la adhesión a la ley provincial que prohíbe los cuidacoches en Rosario y, más sobre fin de año, el presupuesto y la Ordenanza General Impositiva (OGI) para el 2027. Quizás también el pliego sobre el sistema de recolección de residuos, que viene demorado. Aunque tampoco sobra el tiempo.
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