El proyecto de detección del lavado de activos avanza en la comisión de gobierno del Concejo de Rosario, donde a la propuesta del Ejecutivo se le sumaron otras de diversos bloques opositores. La intención, según manifiestan los propios ediles, es lograr consensos para que salga un proyecto unificado con aporte de todos los espacios. Hoy las principales diferencias versan sobre la discusión de crear una agencia específica que se dedique exclusivamente a la materia o dejarlo en manos de una “Unidad de Control” a cargo de agentes municipales de distintas secretarías, como propone el municipio. Si todo va bien, los ediles estiman que para julio podría tratarse en el recinto. ¿En qué consiste cada proyecto?
El pasado 6 de abril el intendente Pablo Javkin presentó en el Palacio de los Leones su proyecto de “Ordenanza para la prevención de lavado de activos” que, como su nombre lo indica, busca profundizar los controles para detectar a tiempo movimientos sospechosos de dinero que puedan provenir de actividades ilícitas. El objetivo de fondo es atacar al crimen organizado desde un lugar poco explorado hasta el momento: el traspaso del dinero ilícito a la economía legal.
Actualmente rige en la ciudad la ordenanza 9204 –aprobada en 2014 y reglamentada dos años después – que surgió tras el intento fallido de instalar el boliche Esperanto con fondos provenientes del empresario vinculado al narcotráfico Luis Medina. Mientras desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa fue “vanguardista” para su momento, desde la oposición cuestionan que la ordenanza quedó en una suerte de “buena intención” sin generar repercusiones concretas en el plano judicial.
El nuevo proyecto amplía la cantidad de rubros a controlar incorporando la venta y alquiler de vehículos y motos; licencias de taxis; playas de estacionamiento y cocheras; restaurantes y bares; concesiones públicas de obras y servicios, y construcciones entre otros. Además de proponer la creación de una “Unidad de Control” compuesta por trabajadores de distintas secretarías municipales que puedan aportar una mirada sistémica. “Queremos que sean muchos funcionarios de muchas áreas observando lo mismo”, explicó el concejal Fabrizio Fiatti, quien lleva la voz cantante del oficialismo en la comisión de Gobierno.
El aspecto más novedoso de la propuesta oficialista pasa por la incorporación de un sistema de “alertas sospechosas” que, mediante el cruce de datos, advierten la posible circulación de activos de origen ilícito. Las alertas van desde una posible disimulación del origen de activos hasta un movimiento patrimonial inconsistente con el perfil de una persona física o jurídica.
“Proponemos que estas alertas sean valoradas por la autoridad de aplicación, la cual va a poder tomar definiciones sobre las mismas, y luego de recibir y procesar los reportes de alertas sospechosas evaluar en cada caso si corresponde elevarlo a la Unidad de Información Financiera (UIF), o formular las denuncias en fiscalía”, explicó Fiatti en declaraciones a Suma Política.
Ir a fondo
Desde Juntos por el Cambio se sumaron al debate y, no del todo conformes con el proyecto oficialista, presentaron una propuesta propia. La principal diferencia radica en la creación de una agencia específica con especialistas de diversas áreas legales, contables e informáticas abocados exclusivamente a este tema. “No podemos cargar al secretario de Producción o de Obras Públicas con la tarea de controlar el lavado de activos porque lo van a realizar como una tarea secundaria”, justificó Martín Rosúa, impulsor del proyecto.
El concejal propuso que los integrantes de la dependencia sean elegidos por concurso y estén acompañados por representantes de las minorías del Concejo. “Queremos una oficina que realice inteligencia financiera, que consiste en entrecruzar los datos que tiene el Municipio y detectar incongruencias evidentes. Y cuando esas incongruencias puedan configurar un hecho ilícito realizar la denuncia correspondiente”, detalló.
Pero la iniciativa también presenta diferencias en cuanto a los modos de actuar: mientras que el proyecto del oficialismo estipula el control previo de futuras inversiones, el de Rosúa busca que el municipio tenga “un rol activo” en la búsqueda de incongruencias entre el patrimonio de las personas y la actividad económica que realizan. Para eso, desde el espacio instan al municipio a suscribir convenios con organismos que aporten información en ese sentido, sin poner tanto el foco en los “rubros” a investigar, como lo hacen otros proyectos.
“Cuando hay una persona sospechada de narcocriminalidad, que tiene determinados bienes muy caros sin actividad económica registrada, creemos que ahí puede existir la figura del lavado de activos. Entonces procesamos esa información y se la entregamos a la Justicia en forma de denuncia penal. Si creemos que todavía no está configurado el delito, lo entregamos como anoticiamiento criminal: es decir, brindamos la información para que la Justicia averigüe si puede haber un delito y que arranque con la acción penal”, explicó Rosúa.
Si bien hay buena voluntad para complementar los proyectos y unificarlos, el dirigente sostuvo que lo actuado hasta el momento no funcionó: “Desde que arrancó en 2016 hasta hoy no generó ni una sola alerta de actividad ilícita, ni una sola denuncia penal y mucho menos llegó a una condena. Entonces, si en todos estos años el sistema no funcionó, vayamos un poquito más a fondo y utilicemos los datos que el municipio dispone”.
Agencia especializada y apoyo político
Con matices, pero dentro de una tónica similar, se encuadra el proyecto de Ciudad Futura que propone la creación de una Agencia de Justicia Urbana (AJU) – División Antilavados conformada por personal abocado exclusivamente a esa tarea y especializado en distintas temáticas: arquitectura, urbanismo, derecho, economía y, sobre todo, programación y gestión de datos.
Desde el espacio explicaron que los rubros de la economía que aparecen en las causas donde se terminan advirtiendo situaciones de lavado de activos son operaciones que tuvieron que pasar por algún mostrador de la municipalidad para ser habilitadas: concesiones, adjudicación de licencias, permisos de edificación, entre otros. Con esa premisa, la propuesta es unificar en una dependencia toda la base de datos con la que cuenta el Municipio y allí trabajar cruzando información para detectar posibles maniobras de lavados de activos.
“Si contamos con esa información y viene mañana un particular a decirte que quiere habilitar un bar nocturno en Pichincha, básicamente lo que hay que hacer es cruzar información. Si esta persona no tiene una situación patrimonial o impositiva acorde, si no está inscripto en AFIP como empleador y no realiza cargas patronales, si no tiene carga de solvencia económica, ya podés presumir que puede existir una operación de lavado de activos. Y eso sale a luz a partir de investigaciones judiciales”, explicó Pedro Salinas, autor de la iniciativa.
El protocolo de actuación del proyecto plantea que, ante una situación sospechosa, se paralice la actuación administrativa y se remita la información al Ministerio Público de la Acusación para que actúe. Desde Ciudad Futura proponen como obligatorio que en aquellos casos que se inicie una investigación judicial el municipio se constituya como querellante para llevar hasta las últimas consecuencias esa presunción de ilícito. Además, como novedad, también plantean que la Agencia de Justicia Urbana pueda “revisar hacia atrás” poniendo bajo la lupa las distintas actuaciones administrativas por donde pudo haberse canalizado dinero del narcotráfico en el último tiempo.
Algo que remarcan desde el bloque es que durante 2020 la UIF solo tuvo seis causas abiertas por presunción de lavado de activos provenientes de ilícitos en toda la provincia de Santa Fe, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el número de investigaciones ascendió a 106 en el mismo período. El dato surge de los informes de gestión realizados por el organismo y fue llevado al recinto de sesiones por Salinas. “Es muy difícil que en Rosario con los niveles de violencia y criminalidad que tenemos podamos esperar que otros organismos del Estado activen por el municipio. Hay que construir una institucionalidad exclusivamente dedicada a esto, con personal capacitado cuyos pliegos se aprueben en el Concejo para que tengan el apoyo político de todos los espacios de la ciudad y se actúe con firmeza y decisión en este sentido”, cuestionó.
Despersonalizar el sistema
Otro de los expedientes que se suman al debate en la comisión de Gobierno es un proyecto de la concejala de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, para modificar la ordenanza 9204 que establece el “Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones”. La edila señaló que gran parte del proyecto ingresado por el Municipio contempla modificaciones que ya fueron planteadas desde su espacio previamente pero que no encontraron receptividad para que el expediente tuviera despacho.
Hoy el principal contraste que se plantea es que el municipio busca derogar la ordenanza vigente para aprobar una desde cero, en tanto que Gigliani propone mantener la base de la normativa en curso para trabajar en modificar los aspectos que no funcionaron durante este tiempo.
En ese marco, la concejala destacó como positiva la incorporación del sistema de alarmas, reconociendo como un desafío consensuar y establecer ante qué situaciones disparar los avisos correspondientes. Aunque sí marcó discrepancias con el oficialismo en la forma de actuar: mientras que el Ejecutivo lo deja librado al proceder de la Unidad de Control, Gigliani busca despersonalizarlo para que las alarmas informen a todas las personas que tienen acceso al sistema.
“Me resulta peligroso que pueda depender de las personas accionar ante una alerta, porque somos seres humanos y podemos errar, no ver algo, incluso ser corruptibles. Con lo cual, si queremos avanzar a un sistema mucho más de avanzada y transparente del que tenemos, hay que despersonalizarlo”, expresó y agregó: “Para eso, y aprovechando el avance tecnológico que no había en 2014 cuando se planteó esta norma, creemos que las alertas deben estar digitalizadas, sistematizadas y que se disparen de forma automática”.
No relajar los controles
Desde el interbloque peronista presentaron por su parte una serie de modificaciones al proyecto original enviado por la intendencia al Concejo. Desde el espacio sostuvieron que a la vez que se avanza en la ampliación de rubros a controlar se relaja la fiscalización de algunos otros que sí están contemplados en la ordenanza actual.
“Estamos convencidos de que hay que dejar algunas cosas de la 9204 que son las que tienen que ver con el pedido de documentación exhaustiva a fideicomisos o algún otro tipo de contratos que se generan, para hacer una mayor transparencia y despejar cualquier tipo de duda sobre si estamos en una situación que podría ser lavado de activos o dinero”, expresó la concejala Norma López. Y agregó: “Creo que en ese sentido la propuesta del intendente se queda corta”.
Otra de las modificaciones a la propuesta de Javkin es el pedido para que la Unidad de Control además a los representantes de las principales secretarías municipales se sumen dos miembros del Concejo, “a propuesta de las bancadas de la oposición que representen a la segunda y tercera minorías”.
A pesar de marcar la necesidad de mantener algunos puntos de la ordenanza actual, desde el bloque solicitaron un pedido de informes al Ejecutivo para conocer qué efectos tuvo en estos años la normativa de control de lavado de activos. Entre otras cosas si existe el registro con la nómina de las personas jurídicas y humanas alcanzadas por el sistema, qué acciones se llevaron adelante desde el municipio con esa información, si se elaboraron convenios con otros organismos, si hubo capacitaciones pertinentes al personal a cargo de llevar adelante los controles y si existen estadísticas al respecto.
“Nos parece que la herramienta que tenemos hay que mejorarla porque si a lo que tenemos vamos a hacerlo más débil en su aplicación no sirve para nada. Nosotros creemos que con la propuesta que hace el intendente se puede flexibilizar algún tipo de control que hoy se tiene, por eso pedimos expresamente que sea mucho más exhaustiva la documentación que se pide acerca de la constitución del origen y el dinero y los fondos planteados para las inversiones. De ningún modo nosotros estamos en contra, creemos que hay que fortalecerlo. Pero nos parece que lo que plantea el intendente queda a mitad de camino”, detalló la edila justicialista.
Punto por punto, qué propone cada proyecto
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