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Sociedad

“No hay idea de qué es el lavado de activos; las organizaciones criminales pasan por encima del Estado”

Declaró durante cuatro jornadas consecutivas en el juicio contra Esteban Alvarado que se realiza en el Centro de Justicia Penal de Rosario. También prestará testimonio en el proceso que lleva adelante la Justicia Federal contra el sindicado jefe de la estructura criminal asociada con altos oficiales de la Policía de Rosario y tendrá un rol igualmente relevante en la megacausa por estafas inmobiliarias. Marina Marsili, investigadora del Ministerio Público de la Acusación, se ocupa de un aspecto poco indagado pero decisivo en el funcionamiento del delito: el lavado de dinero.

Contadora pública y doctora en Economía, Marsili se especializó en lavado de activos e ingresó al Ministerio Público de la Acusación en 2015. “De las investigaciones que llevé a cabo desde entonces lo que más me preocupa es ver cómo los hechos de lavado se aprovechan de las debilidades del Estado para cometerse”, dice.

La entrevista transcurre en un bar vecino a su casa. El 31 de enero de 2019, dos personas todavía no identificadas balearon el frente del domicilio de Marsili, días después de que le dejaran la cabeza de un perro en el jardín. El atentado fue planeado por Alvarado con información del policía Pablo Báncora, infiltrado por la banda en la Unidad de Gravedad Institucional que se había conformado en el MPA, y tuvo una doble motivación: amedrentar a los investigadores y dirigir las sospechas por el crimen de Lucio Maldonado hacia Los Monos.

Tres fiscales cedieron a la intimidación y abandonaron la causa. Marina Marsili continuó la investigación y en el marco del juicio que se desarrolla actualmente expuso un extraordinario conjunto de informaciones y de conceptos indispensables para comprender el fenómeno del crimen organizado. Su aporte no se agota en esa causa: también investigó al ex jefe policial Osvaldo Bejarán, condenado en agosto de 2021 a tres años de prisión condicional y al pago de una multa millonaria por enriquecimiento ilícito, y a Andrés Daniel Rojas, condenado en febrero de 2022 a prisión perpetua por el doble femicidio de su pareja Isabel Terrone y su suegra Rosa Domínguez, un caso que tuvo motivaciones económicas.

Marsili publicó junto con Noelia Radyna Crimen, complejidad y economía, un estudio dedicado al lavado de dinero que recibió el premio Juan Álvarez de ensayo en 2021. Bibliografía de consulta obligatoria sobre el tema, y sobre todo para el caso de Rosario, el libro incluye una guía de alertas sospechosas y es uno de los fundamentos para el proyecto de ordenanza antilavado que presentó el intendente Pablo Javkin.

“No hay idea de qué es el lavado de activos —destaca Marsili—. La realidad es que las organizaciones criminales pasan por arriba al Estado. Un empleado estatal que identifica una maniobra no puede hacer nada, no tiene un canal de comunicación donde compartir esa información. Eso ya es gravísimo. Por otro lado los profesionales universitarios no están preparados para detectar ni para investigar una maniobra de lavado de activos. El tema ni siquiera aparece en los programas de posgrado de Derecho o de Ciencias Económicas”.

De una ordenanza a otra

No lo saben los abogados, no lo saben los contadores, no lo saben los fiscales, no lo saben los jueces. “Frente a esa realidad mi preocupación es que todos los estamentos del Estado tomen cartas en el asunto —afirma la jefa de Investigaciones Complejas del MPA—. Cada vez que tengo la posibilidad de hablar con alguien del Registro de la Propiedad Automotor o del Registro de la Propiedad Inmueble, explico cuáles son los problemas, los poros por los cuales pueden entrar las operatorias de lavado. Tiene que establecerse como una prioridad del Estado”. 

En 2014 se dictó una ordenanza para prevenir el lavado de activos en Rosario. ¿Qué límites tiene?

—El problema que veo no es lo que se pide sino qué se hace con lo que se pide. No hay una sistematización ni una puesta en circulación de los datos que se obtienen. Tenemos que diferenciar entre el dato y la información. La ordenanza de 2014 apunta a los datos, le falta cómo hacer que esos datos se transformen en una alerta, en una información que despierte inquietudes. El problema grave del Estado, en general, son los compartimentos estancos. Por ejemplo, yo proceso una escritura en el Registro de la Propiedad para que quede inserta en el tomo tal, folio tal, y pienso “listo, ya cumplí”. Históricamente era suficiente ese procedimiento, hoy quedó evidenciado que así se facilita una maniobra de lavado de activos.

—¿Qué te parece el proyecto de ordenanza que presentó el intendente Javkin?

—Es una muy buena primera medida, porque introduce la noción de alerta sospechosa y crea responsabilidades de presentación, de análisis y de comunicación con otros organismos del Estado. Recién ahora se está sistematizando de manera informática la información en la Municipalidad, se está empezando a abandonar el papel, y son procesos que llevan tiempo. Pero hay que empezar a trabajar y pensar a futuro: primero establecerlo como obligación, después ver los mecanismos, generar una gimnasia de circulación, proceso y revisión de datos que tenga repercusión en el conjunto de los organismos del Estado.

—Hubo objeciones al proyecto. ¿Se relajan los controles sobre los fideicomisos, por ejemplo?

—No entiendo por qué se piensa que se relajarían los controles. El proyecto de ordenanza deja de lado el tipo de figura jurídica y pasa a enfocar los proyectos. Si el fideicomiso es una sociedad de responsabilidad limitada o una persona física se pone en un pie de igualdad. Es muy importante que los fideicomisos sean materia de control no solo del municipio sino de organismos como la Inspección de Personería Jurídica y el Registro de la Propiedad Inmueble. El proyecto se centra en los montos de inversiones, en las actividades comerciales en que se incursiona. Si lo restringimos a un tipo de figura como el fideicomiso las organizaciones pueden utilizar otras, como las sociedades anónimas. Es importante pensar qué es lo que se va a controlar, qué sectores serán objeto de seguimiento. Habría que articular las fortalezas de la anterior ordenanza y las de la nueva. Me dio la sensación de que el proyecto de la nueva ordenanza no busca imponer una norma sino empezar a hacer algo con el problema. No es un tema menor, sobre todo en Rosario.

—Hay un imaginario consolidado en la ciudad respecto de que rubros como la construcción o el servicio de taxis son pantallas para el lavado de dinero. ¿Cuánto hay de cierto en esas sospechas?

—Todo lo que sean servicios facilita el lavado de activos. A diferencia de lo que ocurre en una fábrica, por ejemplo, los costos en los servicios son más difusos, o menos concretos. Es difícil controlar los viajes que hace un taxista. Se supone que las operaciones de lavado de activos suelen tener un canal más amigable en las empresas de servicios como los taxis y remises, del mismo modo que en un momento fueron sobre todo las lavanderías, los cibercafés y los hoteles, donde el costo fijo es el principal gasto y después da lo mismo si la habitación está ocupada o vacía. En el lavado cuenta la apariencia, la imagen social honorable que se pueda presentar. Tuvimos muchos casos en Rosario de personal policial que en funciones adquiría taxis y cuando eran conminados a explicar enriquecimientos ilícitos argumentaban que su cambio ostensible en la calidad de vida era producto de su actividad como choferes en el contraturno de un taxi: eran policías de día y taxistas de noche, no habían tenido empleados y los vehículos estaban ocupados las doce horas en que trabajaban. También tuvimos taxis en poder de organizaciones criminales o de personas vinculadas con organizaciones criminales. El mecanismo irregular de las transferencias, la manera relajada en que se concedían los permisos, hicieron que fueran adquiridos en muchos casos por organizaciones criminales sin que hubiera una decisión de otorgárselos a esas personas. Estoy pensando también en Buenos Aires, por ejemplo cuando solo determinados taxis podían llegar a Aeroparque.

Un caso modelo

—¿Cómo fue tu especialización en las investigaciones sobre el lavado de dinero?

—Trabajé muchos años en el Tribunal de Cuentas, fui fiscal y vocal. Lo que hacía entonces era analizar licitaciones y contratos. En algunos casos se veían situaciones que no se condecían con operatorias normales de mercado. A partir de esa función consideré que tenía una responsabilidad en el tema. Ya entonces, por el año 2013, di capacitaciones sobre lavado de activos, trabajamos con la Unidad de Información Fiscal y desde el Tribunal de Cuentas hicimos reportes de operaciones sospechosas. Argentina estuvo durante una época en una zona gris para el Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional). No cumplíamos parámetros internacionales, hubo un primer momento de conminar a los Estados a tomar cartas en el asunto y de hacer capacitaciones. El tema es todavía nuevo en las investigaciones, porque llevó tiempo desde que el Código Penal empezó a regularlo y a que las causas tomaran dinamismo. De hecho, en la provincia de Santa Fe, la primera causa por lavado de activos es de 2015, vinculada con una investigación sobre trata de personas en Melincué que trabajó la oficina de Margarita Zabalza, de la Dirección de Análisis Patrimonial del Ministerio de Seguridad. La segunda fue la megacausa por estafas inmobiliarias en Rosario, que terminó con el debate de si era competencia provincial o federal. Los organismos de control público no sabían para dónde ir cuando apareció el tema del lavado, ni siquiera sabían qué era una alerta sospechosa. No podía desistirse de una licitación simplemente porque algo pareciera raro. La necesidad de capacitarse salió de esa falta de correlato entre ver lo que está mal y no saber qué hacer, entre la intuición y el deber ser de los funcionarios. Después se hizo un concurso en el MPA para pensar el abordaje de los delitos económicos y desde ese lugar empecé a identificar la temática, a trabajar con Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) y con Procunar también se trabajó y se hicieron cursos en forma conjunta. La Unidad de Delitos Económicos con el fiscal Sebastián Narvaja fue algo institucionalizado, aunque después tuvimos la etapa de (Patricio) Serjal (el fiscal regional que disolvió la Unidad y fue exonerado por complicidad con el crimen organizado). En 2015 vinieron las reuniones con fiscalías especializadas de todo el país, hicimos una batería de capacitaciones.

—Por lo que expusiste en las audiencias, la estructura económica de Alvarado es un caso ejemplar de lavado de activos. Es notable la trama intrincada de operaciones y cómo el cruce constante de personas en la compra, venta y alquiler de activos oculta a los verdaderos propietarios de los bienes adquiridos con los beneficios del crimen.

—La maniobra de lavado de activos tiene justamente la cuestión de lo intrincado. Si uno analiza un período breve es difícil que encuentre una maniobra. El delito de lavado se caracteriza porque la evidencia es indiciaria, a diferencia de todos los demás delitos. Esto es así porque son evidencias documentales y muchas veces te falta un documento y hay que rearmar la historia. Además de lo complejo de la trama, está la necesidad de documentar esa cadena y de reconstruir el documento que no se encuentra. Tenés que buscar huellas que no se salgan del camino (toma una birome y un sobre de azúcar y dibuja círculos sobre una línea recta): si una huella se sale de ese recorrido perdés un elemento. Obvio que hay muchas personas involucradas y hay que dar una explicación coherente que las relacione. Y la causa de lavado tiene elementos inconexos pensados para distraer: si te vas por ese camino perdés el hilo de la investigación, dejás de lado el eslabón más importante y llegás al menos valioso.

—Entre los datos que expusiste en las audiencias había algunos que parecían inexplicables. Rosa Capuano, la ex esposa de Alvarado, recibió por ejemplo una asignación universal por hijo mientras vivía en Funes Hills y viajaba al exterior. ¿Cómo se entiende?

—También personas vinculadas con Los Monos tenían la AUH (Nota: Silvana Gorosito, la esposa de Ramón Ezequiel Machuca). La característica es que reciben los subsidios porque son personas registradas como carenciadas, y los subsidios se dan muchas veces en forma automática. El dato muestra que su nivel de vida no se condecía con lo que tenía registrado el Estado. Si pedís un subsidio y salta una inconsistencia con la información sistematizada sobre seguridad social automáticamente se cae, pero del mismo modo lo podés recibir. Nace un hijo de una mujer desempleada y sin activos a su nombre y automáticamente recibe un subsidio. En muchos perfiles de personas vinculadas al delito te encontrás con altos, ostentosos niveles de gastos de vida mientras al mismo tiempo tienen un Plan Garrafa. Esos datos refuerzan las sospechas sobre lavados de activos.

—Otro dato de las investigaciones recientes es la participación de financieras y casas de cambio en estos delitos. El lavado de dinero es un negocio para esas empresas.

—Los controles del Banco Central sobre intermediaciones financieras son muy débiles. En el caso de las sociedades anónimas, cuando uno empieza a hurgar es frecuente descubrir la ausencia de balances o la falta de información sobre cambios de autoridades. De allí que muchas veces las encontremos vinculadas a episodios delictivos y con un rol bastante complicado: venta de dólares por fuera de la intermediación financiera, detección de importantes cantidades de DNI para lo que se llama operación puré, donde se buscan muchas personas para que hagan compras pequeñas de dólares que después otra persona recibe y administra. Ahora eligieron un color fashion, es el dólar blue. Llamemos a las cosas por su nombre: es el mercado negro. Compran dólares en un mercado legal, lo venden en otro ilegal y ya tienen una diferencia de dinero. Si además le venden a una organización criminal cobran un porcentaje adicional.

—Fue el caso de la financiera Cofyrco, entre otras.

—En ese caso ni siquiera hubo una operación puré. Lo hicieron con documentos de identidad robados o perdidos que aparecieron en una gran bolsa; compraron dólares que no se correspondían con la capacidad económica de las personas ni con sus decisiones. Una operatoria irregular del mercado se combinó con usos y abusos frecuentes en las ventas de divisas.

El atentado y después

—En las audiencias del juicio contra Alvarado enfatizaste en la necesidad de analizar toda la estructura económica de las organizaciones criminales y no operaciones puntuales.

—Por eso es importante sistematizar la información que llega. Un dato aislado es pobre, va a tener sentido en la medida en que se lo procese y se lo ponga en relación con otros. Las investigaciones demandan mucho tiempo si uno quiere hacerlas con ese grado de detalle. Pero no nos podemos limitar a ver en qué banco tiene cuentas la persona investigada, hay que abrir la mirada, el paneo tiene que ir más allá de lo que muestran los reflectores.

—¿Cuánto tiempo insumió la investigación sobre la estructura económica de Alvarado?

—Empezó en diciembre de 2018 y la trabajé intensamente hasta diciembre de 2019. En ese período estuve abocada al tema ciento por ciento y en 2020 ya tuve participaciones más ocasionales: vino la etapa procesal, los decomisos, los juicios abreviados, los ofrecimientos probatorios. Pero el juicio lleva una carga de trabajo adicional, es el doble de la investigación, son muchas horas.

—¿La intimidación y el atentado en tu casa no te afectaron en cuanto a la decisión de seguir la investigación?

—No, para nada.

—Pero la Unidad de Gravedad Institucional conformada en el MPA prácticamente se disolvió.

—En ocasión de mi atentado tres de los fiscales que la integraban pidieron no seguir con la causa. Otros dos empleados también pidieron no continuar. Del personal judicial solo quedamos Carla Belmonte, Matías Edery y yo. Luis Schiappa Pietra estaba en un grupo aparte, en el que investigaban los homicidios. También se quedaron tres policías, Kevin Mai, Dianela Romeggio y Carina Fernández. Fue un momento difícil.

—Otro señalamiento en el juicio contra Alvarado es la importancia de advertir la maniobra de lavado en la primera etapa, en la colocación del activo antes de la integración a la economía legal.

—Es más fácil en las primeras etapas porque las maniobras son más elementales. El testaferro pobre es un indicador muy claro. En la megacausa por las estafas inmobiliarias, el poder inicial, trucho, que recibía una persona que no era apoderada quedaba disimulado por las sucesivas ventas. En la cuarta operación la compra aparecía celebrada entre persona con capacidad económica, pero si ibas a la génesis de esos movimientos veías que toda la estructura era una mentira. Para eso tenés que conocer a las personas que están en juego, la estructura de esas personas, quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus ingresos. Y así contar una historia lo suficientemente sólida para demostrar cómo llego desde el primer documento hasta el último.

—¿Cuál sería el paso siguiente al proyecto de ordenanza que presentó el municipio para prevenir el lavado de dinero?

—El paso es tomar las riendas del problema. Las organizaciones criminales crecen al amparo de una sociedad que mira para el costado. Si se logra que el Estado ponga en marcha mecanismos para saber qué son las alertas, para detectarlas y sistematizarlas, para poner esa información a circular entre la mayor cantidad posible de organismos de control, estamos un poco más cerca de enfrentar el problema. No sé si de resolverlo, pero sí de enfrentarlo con cierta seriedad.

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