El miércoles 8 de febrero de 2023, Claudio Brilloni asumió como ministro de Seguridad de Santa Fe. Fue en medio de un inicio de año caliente que, con el asesinato del músico Lorenzo “Jimi” Altamirano, terminó de expulsar de su cargo al entonces ministro Rubén Rimoldi. Previamente, por la cartera de Seguridad habían pasado Marcelo Saín y Jorge Lagna. Diez meses después, su gestión finalizó con otros dos crímenes resonantes que generaron conmoción pública: el asesinato del policía Leoncio Bermúdez en la guardia del Hospital Provincial y el de César Roldán, chofer de la línea 116.
En el análisis de su gestión, reconoció que asumió en un contexto complejo y que quedaron objetivos pendientes, pero destacó el fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad logrado en este tiempo. Cuestionó el sistema judicial “lento y pesado” que dificulta el trabajo y consideró necesaria una ley de emergencia en seguridad que permita agilizar los trámites administrativos y responder las demandas de la ciudadanía con celeridad. Y destacó los primeros movimientos del gobernador Maximiliano Pullaro en materia de Seguridad: “Son buenos profesionales y han demostrado idoneidad y solvencia en el trabajo. Tengo la mejor de las expectativas”.
En diálogo con Suma Política, Brilloni consideró que la policía “es parte de la solución” a la problemática en seguridad, y aseguró que los efectivos ligados a bandas criminales son un sector minoritario.
—¿Qué balance hace de su paso por Seguridad?
—Asumimos en un contexto muy complicado desde lo social y también desde lo político. Me tocó hacerme cargo de un ministerio siendo yo el cuarto ministro. Con un primer ministro que realmente dejó todo roto y un tercer ministro que evidentemente no estuvo a la altura de las exigencias; no por él, sino por parte de su equipo que no supo ensamblarse al resto del Ministerio de Seguridad, donde había elementos y recursos humanos muy valiosos.
Tuvimos un trabajo muy intenso y dinámico que nos permitió estar un poco más cerca del vecino. Obviamente que en diez meses no alcanzó. Pero seguimos con un plan y un objetivo claro que tiene que ver con el fortalecimiento institucional de la policía, del servicio penitenciario, de entrenamiento y capacitación de los cuadros policiales, y de propiciar las condiciones adecuadas de trabajo.
—¿Cuáles fueron los principales problemas operativos que encontró?
—Un sistema judicial lento y pesado. Para conseguir una orden de allanamiento, que si bien toda la legislación indica que tiene que estar fundada y argumentada a través de un decreto que expide un juez, requiere de un tiempo que no se condice con las necesidades que tenemos en la calle. Se escucha a menudo a los vecinos decir que saben dónde están los búnkers, pero si no nos dan la orden de allanamiento no podemos entrar. Entonces, al ver esto el común de la gente piensa que hay complicidad o connivencia con la delincuencia. Y esa es una de las cosas que a mí siempre me exasperaron, porque no nos permite tener una respuesta con mayor celeridad y mayor rapidez.
Al narcotráfico se le responde con celeridad. No es cuestión de entrar a sangre y fuego, acá lo que corresponde es trabajar con rapidez. Si se tiene conocimiento que un lugar está vinculado con una comercialización de narcomenudeo, hay que actuar rápido. La mayoría de las muertes que se producen en Rosario están vinculadas a un contexto de narcomenudeo, donde hay una lucha instalada en la sociedad, que se exacerba en los barrios de mayor conflictividad y vulnerabilidad social, con la accesibilidad a las armas de fuego y con los enfrentamientos entre bandas.
—¿No se pueden agilizar los resortes del Estado para solucionar cuestiones menores en la prevención del delito?
—En el caso de seguridad es necesario una ley de emergencia. No para tener más plata porque sabemos que no hay, pero sí para acelerar los procesos. Es muchísimo el tiempo de trabajo que a mí me insumía un expediente de ascenso, concurso, compras, capacitaciones. El Estado hoy está débil justamente por esto. El delincuente necesita comprar algo, va y lo compra. Obviamente que esto es erario público y hay que justificar y documentar todo de manera transparente. Ahora, si yo tengo un patrullero que no tiene batería o frenos, ¿qué necesidad tengo de justificar con sendos documentos y papeles que tengo que cambiarle los frenos y las baterías? Estamos hablando de reparaciones menores. Estas son las cosas en donde todos tienen que ponerse a trabajar para ver de qué manera se pueden acelerar los procesos
—En muchas de las causas por narcotráfico hay policías involucrados. ¿Hay complicidad de algún sector?
—No, la policía no es parte del problema. Al contrario, es parte de la solución. Lo que nosotros hemos detectado, a través de los sumarios y de las investigaciones que hemos llevado adelante, es que hay policías que estuvieron involucrados en bandas dedicadas al narcomenudeo. Con distintas participaciones, como por ejemplo liberar una zona, o pasar a cobrar un dinero en un búnker. Y eso nosotros lo hemos investigado y hemos sido implacables. Una cosa es rescatar el buen trabajo de la policía, premiarlo, acompañarlo, defenderlo, fortalecerlo, poner en valor la función y otra cosa es permitir que un policía sea corrupto y sobre todo en una cuestión relacionada con el narcomenudeo, a sabiendas de que la mayoría de las muertes se producen en ese contexto.
Las personas vinculadas al narcomenudeo obviamente van a intentar cooptar voluntades, sucede en todas las policías del mundo, no solamente en Santa Fe. Y si el policía no está bien equipado, bien entrenado, no hay condiciones adecuadas de trabajo y su sueldo no es bueno, obviamente que es corrompible y sobre todo cuando no hay vocación de servicio. Son los menos, pero lamentablemente los tuvimos y los metimos presos como corresponde.
—Pero hay bandas operando desde las cárceles. Se hace difícil pensar que no hay una complicidad del Servicio Penitenciario.
—Puede haber complicidad de algún agente del Servicio Penitenciario, sí. Nosotros hemos logrado la detención de algún funcionario por complicidad o connivencia con alguno de los internos. Es cierto que este es un tema que hay que trabajarlo mucho. Pero nosotros, después de la fuga del Morocho Mansilla, hemos puesto todo un paredón alrededor de Piñero y a todos los presos de alto perfil en un determinado pabellón. Hemos puesto escáneres e inhibidores de señales de los celulares. Pero estos muchachos tienen todo el tiempo del mundo para ingeniárselas. No necesariamente hay que pensar en que un agente del servicio penitenciario puede tener connivencia con un delincuente que tiene relación con el territorio. También hay que pensar en la capacidad de ingenio, de iniciativa y de creatividad que tiene el interno para cometer sus acciones delictivas, aun estando preso.
—¿Qué mirada tiene de los primeros movimientos del gobierno de Pullaro en materia de seguridad?
—Los conozco porque trabajé con ellos en 2017. Sé que van a hacer hasta lo imposible para llevarle seguridad, tranquilidad y sosiego a la gente, como lo hicimos nosotros. Tienen las mejores intenciones, son buenos profesionales y han demostrado idoneidad y solvencia en el trabajo. Tengo la mejor de las expectativas.
—Los primeros movimientos ya tuvieron respuestas de las bandas criminales. ¿Cómo se trabaja para que la situación no derive en una espiralización de la violencia?
—Creo que hay que seguir trabajando con decisión y coraje. Hemos tenido un montón de este tipo de situaciones, donde inclusive se llegó a decir que la política estaba detrás de todo. Un disparate. A los delincuentes no les importa la política, ni quien está de gobernador o de ministro. Estos tipos actúan porque tienen el tiempo para hacerlo, porque no respetan las leyes, porque no respetan la vida del prójimo; por eso son delincuentes y por eso están donde están. Entonces creo que acá hay que seguir trabajando con decisión, con coraje y con determinación. Con el diputado Perotti estamos dispuestos a seguir colaborando y apoyando la gestión de gobierno, porque sabemos que esto no lo soluciona un gobierno sino el trabajo de todos.
—¿Está de acuerdo con la ley de narcomenudeo?
—Estoy de acuerdo siempre que tengamos en cuenta que tenemos que ir contra el financiamiento de la venta de drogas en todas sus formas. Que tenemos que ir en contra de los cabecillas y no ir en contra de una persona que por ahí vende 20 porros por día para comer o para consumir. Eso hay que diferenciarlo bien.
Estoy de acuerdo en cuanto a la funcionalidad. Evidentemente, un juez o un fiscal local tienen un conocimiento del terreno que por ahí un juez o un fiscal federal no lo tienen. Creo que suma nuevas voluntades para luchar contra la droga en todas sus formas. Quizás tenga una mirada muy represiva, pero yo combato todo: desde la venta de un porro hasta la venta de mil kilos de cocaína. Entonces, la ley tiene cosas buenas en cuanto a la funcionalidad y sumar músculo para pelear contra la droga en todas sus formas. Pero hay que tener los recursos. Hoy tenemos las cárceles devastadas y las comisarías colapsadas de gente. Entonces, poner en marcha una ley de narcomenudeo requiere también de un montón de recursos que hoy la provincia de Santa Fe no tiene.
—¿Qué le quedó pendiente?
—Seguir trabajando en pos del fortalecimiento institucional de la policía y del servicio penitenciario. He visto tanto compromiso que me quedo con la sensación de no poder haber hecho un poco más para mejorarles los sueldos, para mejorar sus condiciones de trabajo, darles más logística, motivarlos e incentivarlos. Y después el sabor amargo que causa la congoja y la pesadumbre de una persona que muere por la delincuencia. Es un sabor amargo que llevo de por vida.
—Su mandato finalizó con dos crímenes impactantes. El del policía Leoncio Bermúdez en la guardia del Hospital Provincial y el de César Roldán, chofer de la línea 116. Uno en un intento por rescatar a un preso y el otro para enviar un mensaje criminal. ¿Cambiaron las modalidades delictivas en la ciudad?
—Yo fui gendarme y trabajé en otros puntos calientes de nuestro país como la frontera con Paraguay, Brasil y Bolivia. La verdad que las modalidades siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que muchas veces nos apuramos a esgrimir una hipótesis de por qué se produjo un hecho. Primero hay que investigar y las investigaciones llevan tiempo. Creo que hay un nivel de violencia instalada en la sociedad que se exacerba en los ámbitos delictivos, en los barrios de vulnerabilidad de la provincia de Santa Fe y los recursos que tenemos no alcanzan para atender tanta demanda. Creo que para revertir estas figuras delictivas que nos preocupan hay que trabajar en la droga y en las armas ilegales, que son un denominador común, además de un delito federal. Necesitamos un trabajo mucho más fuerte de Nación para atender estas dos cuestiones.
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