La polémica por el Parque Acuático sigue dominando la escena política de la ciudad. Esta semana el foco estuvo puesto en la Justicia, donde comenzaron a caminar los diversos expedientes presentados por espacios políticos y vecinos de la ciudad. La principal novedad fue la orden para suspender provisoriamente las obras, en respuesta al amparo impulsado por Ciudad Futura. También hubo una audiencia judicial entre representantes del municipio y La Libertad Avanza para ampliar la información sobre el proyecto, que dejó “sabor a poco” en el espacio libertario. Desde el Ejecutivo insisten en que fueron presentados los informes técnicos correspondientes, aunque sumaron ruido las declaraciones de la procuradora María Laura Martínez que deslizó el faltante de “licencia ambiental” en torno a la iniciativa. Ahora la Justicia deberá unificar los expedientes y resolver sobre la cuestión de fondo. En el medio, la polémica desnudó el descontento del socialismo con el proyecto y una interna a cielo abierto en Unidos, que deja interrogantes de cara a 2027.
La primera noticia se conoció el lunes por la noche, cuando el juez en lo Civil y Comercial Luciano Juárez dispuso suspender “con carácter precautelar” los efectos jurídicos del decreto 715, que corresponde al llamado a licitación para remodelar la costanera norte, en el que el municipio incluyó la construcción de un parque acuático. En los argumentos del fallo se plantea que la continuidad de las obras podría generar “daños irreparables sobre bienes del dominio público municipal y derechos colectivos vinculados al ambiente urbano y al uso del espacio público”.
La medida responde a la presentación realizada por Ciudad Futura que cuestiona los aspectos legales del proyecto. Sin embargo, la suspensión temporal de las obras no implica una validación a los cuestionamientos de ese espacio político. En el fallo, el titular del juzgado Civil y Comercial Nº 8 se declaró incompetente para resolver la cuestión de fondo porque ya existían presentaciones previas ingresadas en la Justicia por el mismo tema. Por eso, sugirió unificar todos los expedientes en un mismo juzgado, para evitar decisiones que se contradigan entre sí.
Este jueves la Cámara le dio la razón a Juárez y el expediente fue remitido al juzgado Nº 7 a cargo de Marcelo Quiroga. Allí tramita una presentación realizada por el abogado Ciro Bonomelli, en representación de dos vecinos de la zona norte de la ciudad, basada en la ley provincial Nº 10.000 de intereses difusos. Los demandantes argumentan una posible afectación del ambiente y el acceso colectivo al río, por lo que también reclamaron suspender las obras hasta que la Justicia se expida sobre el tema. A diferencia de Juárez, Quiroga no convalidó el amparo.
Con ese antecedente, ¿es una buena noticia para Ciudad Futura que el expediente recaiga en un juzgado que ya rechazó una cautelar? En principio, ni buena ni mala, porque las motivaciones de la presentación son distintas. Mientras que el amparo de los vecinos de zona norte argumenta un riesgo ambiental, la demanda de Ciudad Futura está enfocada en los aspectos legales del proyecto. No obstante, desde el espacio también plantean que la precautelar de Juárez tiene un peso que no va a ser sencillo de desestimar. El panorama está abierto.
A eso se le suma el amparo presentado por La Libertad Avanza, que tramita en el juzgado Civil y Comercial Nº 3 y una presentación judicial impulsada por una organización de kayakistas, en el juzgado Nº 4. Por una cuestión de temporalidad en el ingreso de los expedientes, todo indica que las causas se terminarán unificando en el juzgado Nº 7, a cargo de Quiroga.
Discutir en el Concejo
Desde Ciudad Futura plantean que el decreto 715 que licita las obras debe declararse nulo por dos razones. La primera es que el proyecto debió votarse en el Concejo. “La ordenanza de contabilidad dice que cuando vos tenés una obra extraordinaria, que no estaba en el presupuesto, tienen que remitirse al Concejo. Acá hay una obra de 14.000 millones de pesos que no estaba en ningún lado. Si vos tenés ese movimiento presupuestario, de una obra extraordinaria, tiene que intervenir el Concejo y eso no sucedió. Por eso decimos que tiene que caer el decreto y discutirse de cero en el Concejo”, explicó Jesica Pellegrini, abogada del espacio, a Suma Política.
La segunda razón tuvo menos visibilidad en la discusión pública, pero para la abogada no es de menor importancia: el lugar donde se proyecta el parque acuático oficialmente es una plaza. “Por ordenanza está creada la plaza Antonio Berni. En el Infomapa del municipio figuran las líneas de colectivo que te llevan a esa plaza. Más allá de que no se vea como tal, es una plaza realmente vigente y, si el municipio quería que forme parte de la licitación, debería haber pasado antes por el Concejo para discutir si se mantiene o no”, expresó y agregó: “Es como si mañana quisieran hacer un shopping en la plaza Montenegro. No se puede, es una plaza”.
Esos dos planteos centrales se suman a las “inconsistencias y opacidades” denunciadas desde el espacio opositor. Ahí los cuestionamientos están vinculados a los cambios que tuvo el proyecto respecto a lo anunciado en la licitación y la información que se fue difundiendo desde el propio municipio: “Circularon distintas versiones del mismo proyecto en los renders, con distintos tamaños, en algunos tocando la playa, en otros no. Ahora tenemos una obra que va a salir más caro de lo proyectado y que al mismo tiempo es más chica”, cuestionó Pellegrini.
Piden información
Las novedades judiciales continuaron el miércoles, con la convocatoria a una audiencia de conciliación promovida por el juez Ezequiel Zabale, del juzgado Civil y Comercial Nº 3, en respuesta al amparo promovido por el concejal de La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart. Allí acudieron funcionarios del municipio que presentaron una carpeta con alrededor de 700 páginas con documentación referida al proyecto. Desde el bloque libertario sostienen que la información aportada por el municipio sigue siendo insuficiente.
“El municipio presentó la información incompleta. El juez preguntó si estaba el estudio de impacto ambiental y la respuesta del municipio es que no es necesario”, cuestionó Aleart, en diálogo con Suma Política. “Nosotros vamos a analizar en estos días la documentación presentada, pero ya sabemos que no hay estudio de impacto ambiental, que no hay estudios hidráulicos, que no hay planos del camino de sirga ni de la línea de ribera. Hay un montón de cuestiones que nosotros pedimos y que no están. Nosotros entendemos que es insuficiente, pero ahora está en manos del juez”, añadió.
A diferencia de Ciudad Futura, desde La Libertad Avanza sostienen que el Concejo no es el ámbito para discutir el proyecto. Al menos a esta altura de los acontecimientos: “Nosotros dimos el debate en el Concejo. De hecho, el único expediente que avanzó al recinto fue un pedido de informes nuestro. Pero el Concejo no tiene la facultad de suspender una obra o una licitación. Eso se logra por vía administrativa o por vía judicial y desde La Libertad Avanza realizamos presentaciones en las dos instancias”.
Según Aleart, ahora la pelota está del lado del municipio que deberá “convencer” a la Justicia de que cuenta con la documentación respaldatoria del caso. “Hay leyes que obligan a que en este tipo de obras se presente un estudio de impacto ambiental. Es lo que nosotros requerimos”, planteó el concejal. Desde el municipio insisten en que la obra, al realizarse sobre un playón y no intervenir la zona de playa, no requiere de estudios de impacto ambiental.
Licencia ambiental
La posible afectación ambiental, y la necesidad —o no— de realizar estudios de impacto ambiental es uno de los ejes del debate. Por eso, este jueves movieron el avispero las declaraciones de la procuradora de Primera Instancia del Poder Judicial de Santa Fe, María Laura Martínez. “Nuestro rol tiene que ver con la legalidad y hasta donde yo pude ver, no hay hasta el momento una licencia ambiental otorgada”, dijo en una entrevista con Radio 2. Ante la repregunta sobre si corresponde que el proyecto cuenta con una licencia ambiental, la respuesta fue tajante: “Desde ya”.
En diálogo con Suma Política, el secretario de Gobierno Sebastián Chale ratificó la postura que viene teniendo el municipio en torno al tema: “Es equivocado, no es una obra que requiera una licencia ambiental. Nosotros tenemos 110 obras en marcha en la ciudad. Realizar una tramitación del estilo cada vez que se pone en marcha una obra sería inmovilizar al Estado, directamente. Paralizar la ciudad”.
El funcionario explicó que en la audiencia judicial se presentaron los informes de las áreas técnicas que justifican los trabajos en la zona. “Las obras tienen un componente ambiental porque contemplan la reconstrucción del Conducto Piaggio. Es una obra que repara un daño ambiental que hoy está causando la rotura de ese conducto y por el cual termina volcando efluentes al río”, expresó y remarcó que el proyecto no genera ninguna invasión de playa o espacio natural: “El parque va sobre una explanada de hormigón, que tiene adoquines”.
En ese sentido, desde el Ejecutivo ahora aguardan la unificación de los expedientes en la Justicia y una pronta resolución del fondo de la cuestión, para poder avanzar con la obra. También remarcaron que no hay competencias del Concejo en el tema, porque no hay cambios en el uso que se le da a la zona, que seguirá siendo un espacio recreativo y público.
“Es una obra necesaria que queremos ejecutar. Tenemos los fondos, es parte de un acuerdo que se hizo con el gobierno provincial. El trámite de licitación se cumplió en tiempo y forma, de la manera que corresponde, con la participación de todas las áreas técnicas que debían intervenir, incluidos los órganos de control. Acá no hay ni una cuestión jurídica ni ambiental. Lo que hay es una cuestión política”, remarcó Chale.
De rebote
Si bien se sabía que el socialismo no acordaba demasiado con la iniciativa, las diferencias quedaron expuestas esta semana a partir de un intercambio en redes sociales. El tema se metió en la discusión casi de rebote, a partir de un proyecto impulsado por el diputado nacional Esteban Paulón en el Congreso, para declarar el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo, en conmemoración del fallecimiento del Indio Solari.
La iniciativa cosechó críticas que el legislador se encargó de responder y en uno de esos intercambios aludió al “declive de un parque acuático pensado a espaldas de los vecinos”. El que salió a responder fue el diputado provincial Ariel Bermúdez, que forma parte del espacio Creo, del intendente Pablo Javkin. El legislador cuestionó las críticas públicas del dirigente socialista “a un aliado que hace y gobierna la ciudad”.
La situación no escaló más allá del intercambio tuitero, pero dejó una muestra más de la interna en la que convive Unidos. Si bien todos los sectores le restan dramatismo, en el socialismo reconocen diferencias a la hora de gestionar la ciudad, donde una de las premisas de sus gobiernos era “construir junto a la comunidad”. A los proyectos como el del parque acuático, las intervenciones sobre el Parque Independencia o la excepción urbanística para construir en la zona del Monumento a la Bandera le achacan los mismos reparos: la falta de consulta o escucha a los actores involucrados.
Aún con sus diferencias, lo cierto es que en el plano local y provincial hasta el momento los distintos partidos Unidos se han movido como bloque y la interna no ha significado impedimentos a la hora de gestionar, sancionar leyes u ordenanzas de impacto. La incógnita es cómo se gestionarán esas tensiones de cara al año electoral, donde todo apunta a una gran interna con nombres fuertes en la ciudad y donde sectores como el PRO agitan públicamente una gran alianza “antiperonista” con La Libertad Avanza. Falta mucho.
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