La histórica movilización del domingo pasado en el conurbano bonaerense expresa más que el acto de despedida de un ídolo popular. El territorio más estigmatizado del país manifestó pacíficamente su potencia e interpeló al sector de la política, hoy hegemónico, que lo aborrece como a un mundo salvaje.
El espectro atormentó por esas horas al oficialismo nacional pero también se apareció ante los gobernadores del llamado “interior productivo” que aspiran a proyectar a la Nación modelos provinciales que perciben como gemelos de aldeas alpinas.
Los conurbanos existen también en los territorios que se aferran a los sectores ganadores, como el agro, la minería y la energía. Y exponen las tensiones propias de la clase que les dio identidad, la trabajadora. La estigmatización de uno es también la de la otra.
No es ocioso, en ese contexto, que dentro de las leyes fundacionales del actual régimen económico, el Rigi, la promoción fiscal que moldea una nueva geografía económica sea tan central como la reforma laboral, que le baja el precio a la mano de obra.
Blindaje feroz
En un momento político complejo para el oficialismo, el círculo rojo apura el blindaje de su núcleo de coincidencias, para que sobreviva a los escándalos, internas y desequilibrios que sacuden su interior. En la enorme mesa de saldo del garantismo corporativo, donde se mezclan desde los cambios a la ley de tierras o el súper Rigi hasta la eliminación del etiquetado frontal, sobresale la ofensiva para atornillar los cambios sancionados a la ley de contrato de trabajo.
En esa línea, la Secretaría de Trabajo de la Nación informó que convocará a sindicatos y cámaras empresarias para renegociar más de un centenar de convenios colectivos de trabajo vencidos. La convocatoria busca operativizar los cambios introducidos al sistema de negociación colectiva, que incluyen la descentralización, los convenios por empresa y la reducción de aportes sindicales.
La eliminación de la ultraactividad, mecanismo que hasta ahora mantenía vigentes los acuerdos aun después de su vencimiento, abrió las puertas a este experimento de precarización, disciplinamiento y, al final del camino, reducción salarial. “Se están generando ámbitos para flexibilizar más las condiciones de trabajo y la firma de convenios colectivos salariales a la baja”, denunció el secretario adjunto de la CGT Rosario, Martín Lucero.
La pelea se da en todos los terrenos. La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que además de ser uno de los gremios emblemáticos del país es el que discute salarios con el grupo Techint, evidencia la confianza que se tienen los patrones en esta etapa.
La paritaria aceitera
Con ese envión, la poderosa Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) radicalizó su estrategia en la negociación salarial en el complejo oleaginoso. Sus contrapartes son la federación nacional de trabajadores del sector y el sindicato aceitero de San Lorenzo.
La paritaria aceitera es relevante porque tiene lugar en el sector de mayor peso en la economía argentina, involucra el ingreso de divisas y, hacia el resto del movimiento obrero, fija un piso salarial que se convirtió en un valor de referencia, aun cuando muchas ramas lo vean como una meta lejana. Hace más de quince años que la federación que conduce Daniel Yofra reclama un salario mínimo, vital y móvil que debe cubrir nueve necesidades garantizadas por la Constitución y la ley de contrato de trabajo. Hoy piden 2,8 millones de pesos. Aunque la metodología se adoptó para esquivar la “trampa” de negociar aumentos en base a porcentajes, es posible traducirla: sería un aumento equivalente al 20 %.
Las empresas rechazaron el reclamo y aseguraron que desde principios de año los sueldos del sector subieron un 13,5 %, superando la inflación acumulada hasta abril, del 12,3 %. También enfatizaron que los salarios que pagan superan en casi 70 % el promedio general del sector privado registrado. Desde estas puntas arrancó la negociación. A fines de mayo, tras denunciar que el aumento ofrecido por la patronal era de 0 %, tanto la federación como el sindicato de San Lorenzo dispusieron un paro por tiempo indeterminado. Ese mismo día fue pausado por la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Capital Humano.
Lo que se perfilaba como la esgrima propia de la negociación salarial tomó otro color cuando aparecieron, como una relativa novedad, las operaciones de prensa. El fin de semana pasado, la cámara empresaria envió textos a las direcciones de medios de comunicación con virulentas críticas y señalamientos que, sin configurar denuncias concretas, dibujaban un relato acusador. Esto fue acompañado por un instructivo de uso que instaba a difundirlos como iniciativa propia, sin referencia de ningún tipo a Ciara. Algunos cumplieron la orden al pie de la letra, otros no. En cualquier caso, el método fue recibido por el sector sindical como la señal de una escalada que podría tener derivaciones insospechadas. En 2015 y 2020 hubo sendos intentos patronales de llevarse puesto al gremio, que terminaron en paros de 25 y 20 días en cada uno de los casos. El impacto económico fue grande.
“Ciara puede decir cualquier cosa, para nosotros el salario es la columna vertebral y lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias, y el paro se lo van a comer si no arreglamos antes de que termine la conciliación obligatoria”, retrucó Daniel Yofra, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y Desmotadores (FTCIODyARA) en declaraciones radiales.
El ataque de Ciara fue dirigido tanto a Yofra como a Daniel Succi, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea), que representa a los trabajadores de las plantas del norte del complejo agroexportador. Desde hace algunos años, estas dos organizaciones se sientan juntas en la mesa de negociación salarial. El cuestionamiento se estructuró en dos ejes: los supuestos intereses políticos que motivan a los dirigentes a acompañar los reclamos con medidas de fuerza y el cobro de los aportes que los afiliados derivan a la organización. La entidad empresaria los llamó “peajes” y los asoció a una “caja” que calculó en 60 millones de dólares entre ambos espacios sindicales.
“Ciara miente para desviar el foco de la atención, hablan de 20 mil afiliados y la federación no llega a 4 mil, a lo mejor esos 60 millones de dólares se los están quedando ellos, como hicieron con la ganancia adicional que tuvieron cuando les bajaron las retenciones por 72 horas”, dijo el referente sindical en su descargo.
La pulseada entre negociar salarios fijando un valor de la fuerza de trabajo o hacerlo con ajustes por inflación podría derivar en el primer gran conflicto luego de la reforma laboral. “El concepto de salario mínimo está sin fundamentos, dado que hoy el salario medio de la industria es de 4,9 millones de pesos y el mínimo consolidado llega a 3 millones de pesos”, dicen los empresarios.
Yofra respondió: “El 90 % de los trabajadores registrados en el país está bajo la línea de la pobreza, el salario mínimo que reclamamos es el que garantiza una vida digna, Ciara quiere poner un tope porque busca que los aceiteros volvamos a ser pobres como en los 90”. Aseguró, además, que el costo salarial representa en esa rama “menos del 3 % de los ingresos de las empresas”.
Conflictividad extendida
Con distintos contextos, la conflictividad laboral crece. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) contabilizó 101 conflictos de trabajadores estatales en todo el país desde inicios del 2026. “El 66 % sigue activo y no logra solucionarse, mientras que el 34 % se resolvió momentáneamente hasta la próxima negociación paritaria”, indicó.
Los economistas de ese centro de estudios vincularon esa aspereza con la caída de las transferencias de recursos de origen nacional. “En promedio, el primer cuatrimestre de 2026 muestra una caída de 7,2 % en la coparticipación”, señalaron. La caída de la recaudación implicó ajustes y “todas las provincias argentinas presentan casos de conflictividad en sectores como educación, salud, seguridad, jubilaciones y justicia”.
En mayo las transferencias rebotaron, en línea con el repunte de la recaudación nacional. Pero como lo apunta el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) en su último reporte de coyuntura, el primer dato interanual positivo tras nueve meses consecutivos de caída obedeció a fenómenos particulares, que no tienen relación con el nivel de actividad.
Por un lado, Ganancias saltó 26 % real por el vencimiento de la declaración jurada anual del capítulo sociedades con cierre en diciembre. Las empresas liquidaron el saldo del ejercicio fiscal 2025. Por otra parte, Bienes Personales subió 46,6 % a raíz de un efecto de base estadística generado por el Régimen Especial de Ingreso de Bienes Personales.
Por fuera del efecto del calendario fiscal, la recaudación se hunde. “Este deterioro fiscal no es un episodio transitorio sino la expresión del multiplicador keynesiano operando en reversa”, advirtió el Ceso. La reducción del gasto público, en particular de la obra pública, que acumula una caída del 79,7 % real respecto de 2023, contrae la demanda agregada y “reduce la actividad privada, el empleo y los ingresos tributarios, lo que a su vez estrecha el margen fiscal y obliga a nuevos recortes, generando un círculo vicioso”. A ello se suma la reducción de impuestos a los sectores primarios que lideran la expansión de la actividad.
La ley del canuto
La contracara de ese jubileo es “el aumento de la carga tributaria neta de subsidios” sobre el resto de la población. Una presión que, junto al endeudamiento financiero, ahoga a personas y empresas.
Los proyectos que promueven un alivio se acumulan en el Congreso pero sin la suerte que sonríe a las promos fiscales que se revolean a favor de los grandes o a los esquemas de indemnidad para los que acumularon activos lejos de la mirada del organismo recaudador.
Sobre el fin de semana, mientras se conocía la entrada en masa de referentes oficialistas al régimen simplificado de Ganancias dentro de la ley de inocencia fiscal, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) insistía en su pedido al Senado para que apruebe un plan de facilidades por deudas tributarias y la suspensión de embargos y ejecuciones.
También la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) volvió a presentar el proyecto de ley de emergencia para el sector, una iniciativa que estuvo a punto de ser tratada en el recinto de la Cámara baja el año pasado hasta que la victoria libertaria de octubre la mandó al congelador. “Entendemos que las condiciones para tratarlo se van a dar finalmente porque todos los que caminan la calle ven las persianas cerradas y los locales vacíos, las pymes no paran de despedir, de endeudarse o de cerrar”, describió Julián Moreno, presidente de la entidad.
Tras el rebote de marzo, la producción industrial regresó al camino negativo. Cayó 2,1 % interanual en abril, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La construcción bajó 2,8 %. Estos números seguramente se reflejarán en el indicador de actividad, que ya viene deslucido en las primeras estimaciones privadas. Quizás el ministro Luis Caputo esté en lo cierto y la economía libertaria se lleve puesta a la política. Y a todo lo demás.
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