El secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, sacudió la mañana del congreso que reúne a toda la cadena del maíz con un amargo reproche porque el auditorio no aplaudía las políticas del gobierno. Horas antes, el presidente Javier Milei había anunciado la baja de retenciones al trigo y un cronograma algo lejano y complejo de reducción para el resto de los productos. El encuentro anual del complejo que está batiendo un récord productivo en esta campaña fue rico en panelistas afines al ecosistema libertario y/o macrista pero el funcionario entendió la falta de entusiasmo gestual como una ingratitud y reclamó “más actitud” de los referentes del agronegocio para defender al gobierno nacional.
Iraeta no pidió smowing sino “flow”, término que tradujo como “un poco de onda con lo que estamos haciendo”. En la inauguración de Maizar enumeró “lo bueno” que el gobierno hizo para atender los reclamos históricos de uno de los sectores que viene esquivando la crisis. Mencionó la baja de retenciones, la reducción de controles administrativos y eliminación de cupos de exportación. “Venimos de veinte años con gobiernos que destrataron al campo, si no cambiamos de actitud va a cambiar el gobierno y las políticas para el campo”, amenazó.
Las trincheras sectoriales
La desesperación del funcionario refleja que se activó el calendario electoral para 2027 y recuerda que la política sectorial será un terreno de batalla. El agro, que está cerrando una cosecha de más de 163 millones de toneladas, es uno de los rubros que suben el promedio del Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae), con el que el gobierno defiende su relato sobre una supuesta reactivación. La administración de Javier Milei no lo atribuye al clima sino a sus políticas, de modo que considera que esa expansión debería alinearse automáticamente con la militancia política.
Así lo interpretó el ministro Luis Caputo cuando habló en el Latam Economic Forum. Dijo allí que 2027 será “atípico” porque “la economía se va a llevar puesta a la política”. Esa predicción asusta en un país que experimentó el estallido de 2001, aunque el sentido que le dio el jefe de economía fue otro: inyectar “flow” a su público para renovar el carry trade electoral.
Al contrario de lo que postuló, su programa económico depende de la expectativa política para atravesar la montaña de vencimientos de deuda que se avecina, escaso de crédito externo y con el trimestre de oro a punto de terminar. En el medio, la actividad real no despega y, aunque no le suelta mano, el FMI le enrostra sus inconsistencias, incluidos los números dibujados del superávit fiscal. Frente a eso, el jefe de Hacienda sí le puso actitud: “El presidente va a ganar las elecciones cómodamente y este proceso se va a continuar”.
El grito de la industria
A 300 kilómetros de distancia, los referentes de uno de los sectores golpeados por el nuevo modelo mostraron menos entusiasmo con esa posibilidad. “El 2027 cambia el presidente y el sector empresario tiene que tener propuestas”, dijo el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Rapallini, durante el primer panel del encuentro “Fabricar futuro” que organizó en Rosario la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia.
Rapallini es el dirigente que mejor expresó hasta ahora la inmovilidad de la central fabril nacional frente al industricidio que comete Javier Milei. La literalidad sobre el cambio del presidente quizás haya sido un lapsus. O un guiño a la gremial santafesina, que integra el ala más crítica de esa entidad.
En el encuentro de La Fluvial no faltaron los aplausos. El mismo Rapallini se llevó algunos. Como cuando dijo que es un mito que la industria sea una creación “artificial” de políticas proteccionistas o cuando aclaró que los aumentos generales de precios no están solo en el proceso productivo. “Los productos importados que hoy nos invaden cuestan el doble en Argentina que en los países vecinos”, se quejó.
El presidente de Fisfe, Javier Martín, también cosechó reconocimientos cuando reclamó “equilibrar la cancha” fiscal, financiera y de infraestructura tanto con los competidores externos como con los sectores que operan en “las nuevas fronteras” mimadas por la política oficial: energía y minería. “Celebramos el equilibrio fiscal pero eso no fue obstáculo para lanzar el Rigi y súper Rigi”, disparó, antes de pedir que “se aplique el mismo criterio para las pymes”.
Equilibrio trucho
El intendente Pablo Javkin también atacó el flanco más cuidado del relato libertario: “Alguna vez vamos a tener que hablar en serio del superávit fiscal que muestra el gobierno, porque no es equilibrio tirar deuda para adelante o usar los créditos de organismos internacionales, que deberían ir a la urbanización de barrios populares, para garantizar financiamiento de corto plazo”, dijo, antes de cuestionar el creciente peso de los impuestos no coparticipables en la recaudación nacional en un contexto de acelerada delegación de responsabilidades a los estados subnacionales. “Por ahora es la vaca viva, la Región Centro, la que sigue pagando las cuentas”, avisó.
Un dato del informe elaborado por el economista Cristian Módolo para la Fundación de Estudios Políticos y Estratégicos (Funepe) expone la dimensión de esta retirada, con una comparación algo incómoda para la narrativa antiperonista que domina en la política local.
“Las transferencias no automáticas del gobierno nacional al sector público santafesino totalizaron $ 21.769 millones a mediados de mayo, casi el 96 % fue destinado a la universalización de la jornada lectiva extendida, al aprovisionamiento de comedores escolares y a otros gastos corrientes, en tanto que el restante 4 % recibido fue para el apalancamiento de gastos de capital”, describió.
Esta proporción, subrayó, “difiere de la transferida en 2023, cuando el Tesoro provincial recibió, en moneda constante de mayo de 2026, $ 530.000 millones”. Es decir, 24 veces más que las sumas giradas en el ejercicio en curso. La brecha llega a 155 veces si se añaden los valores transferidos para financiar gastos de capital.
Las pujas provinciales
La relación entre la política fiscal y el desarrollo productivo forma parte de la puja distributiva en las provincias. El Consejo Federal de Inversiones (CFI), que desde 1959 acompaña técnicamente a las provincias y oficia de casa común de los gobernadores, viene trabajando una propuesta en ese sentido. Será un insumo importante de un debate que el equipo de Luis Caputo quiere volver a instalar: la reforma tributaria y la coparticipación.
Pero el CFI, que en los últimos años asumió un rol de planificador del desarrollo federal, diseña una hoja de ruta para el desarrollo federal dentro de la cual el crecimiento de las regiones emergentes, como las cordilleranas, sean plataformas de integración con el resto y no enclaves en medio de un mar de desigualdad. Se trata, en definitiva, de impulsar “una gobernanza para que las provincias se complementen en lugar de competir”, explicó la economista Florencia Iglesias durante su participación en “Fabricar futuro”. La propuesta abarca ejes como infraestructura, tecnología, gestión de recursos hídricos y planificación productiva.
No se trata de un tema abstracto. La lógica del enclave minero o petrolero coquetea con la balcanización. De hecho, el especialista en política exterior Juan Gabriel Tokatlian advirtió en el mismo panel que, en América latina, la disputa entre China y Estados Unidos se da también a nivel de territorios subnacionales. “En este mundo peligroso, cualquier país que apunte a agrietar más sus grietas corre el riesgo de inviabilidad”, alertó.
En ese contexto, el sector industrial quiere hacer valer su capacidad de arraigo. “Los países ricos son industriales, no hay prosperidad sin industria”, subrayó el economista Martín Rapetti, de la consultora Equilibra. Rapallini redondeó: “La industria es el centro de un ecosistema que genera empleo directo, indirecto e inducido, tomamos dimensión de eso cuando en un pueblo cierra una fábrica y desaparece todo”.
Fotos y política
En la defensa de ese sistema abrevó el gobierno provincial para ponerle el marco político al encuentro que contribuyó a organizar. En total sintonía con el auditorio industrial, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, expuso los ejes de la gestión, con fuerte peso de la infraestructura. “El 90 por ciento de la obra pública que pusimos en marcha impacta en forma directa en el sector productivo”, dijo y recordó que Santa Fe encabezó la creación de empleo en la construcción en los últimos dos años, por encima de Neuquén.
El gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que 15 mil empleos se registraron a partir de los descuentos de la nómina salarial que la nueva ley tributaria habilita a realizar sobre la liquidación de Ingresos Brutos, y prometió llevar a Agroactiva, cuya edición 2026 comienza el miércoles que viene, una oferta de créditos a tasas subsidiadas “tan o más potente que los 140 mil millones de pesos que se se prestaron en Expoagro”.
Por su origen, localización e historia, la megamuestra de Armstrong refleja de forma más precisa que otros eventos del agro el estado de la economía del “interior” de la Región Centro, la patria chica que el mandatario santafesino exhibe como modelo. Santa Fe pondrá toda la carne al asador como anfitriona en esa suerte de oasis de agronegocios. También es probable que aterrice allí el presidente Javier Milei en busca del aplauso que reclamó su secretario de Agricultura.
El año pasado, la tensión entre el gobierno federal y los mandatarios provinciales marcó buena parte de la disputa política. A mediados de enero de 2025, el cordobés Martín Llaryora, el entrerriano Rogelio Frigerio y Pullaro escenificaron en Rosario un reclamo a la Nación para que baje las retenciones. Las escaramuzas regionalistas, en el marco de un año difícil en lo económico, derivaron en una entente provincialista que aportó su peso para asestar al gobierno libertario una serie de derrotas parlamentarias que todavía hoy no olvida.
En aquellos tiempos de euforia nació Provincias Unidas, pensada como plataforma de lanzamiento de una nueva generación de caudillos cool con aspiraciones nacionales. Las elecciones de octubre, y la política de alianzas que el gobierno nacional desplegó desde el día después, aplacaron la furia federal. Quizás por eso se frustró la foto de mandatarios de la Región Centro en la cumbre organizada por los industriales santafesinos. O será verdad que fue un problema de agenda. En Armstrong habrá otra oportunidad.
Capital y trabajo
Mientras la puja intersectorial se intensifica, la disputa central entre el capital y el trabajo se enciende en el cordón agroexportador, donde están la riqueza y también una representación sindical dispuesta a pelear para que parte de ella llegue a sus afiliados.
La federación nacional de obreros del complejo oleaginoso, que negocia salarios en sintonía con el sindicato aceitero de San Lorenzo, lanzó en la semana un paro nacional por tiempo indeterminado ante lo que consideró una postura intransigente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) en la negociación prevista para actualizar la paritaria firmada el año pasado. A las pocas horas, la medida de fuerza quedó en pausa porque el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria.
El gremio reclama un ingreso básico de 2,8 millones de pesos. Es el cálculo actualizado del salario mínimo, vital y móvil que debe recibir un trabajador para cubrir las nueve necesidades establecidas por la Constitución nacional y la ley de contrato de trabajo. El “salario mínimo aceitero”, como se lo conoce coloquialmente, es el valor básico de la fuerza de trabajo que el gremio pone sobre la mesa desde hace veinte años en cada ronda de negociación de esa rama de actividad. Con los años, se transformó en una meta para el resto del movimiento obrero, más allá de las mayores o menores posibilidades de alcanzarlo.
El gremio entiende que esa lógica de negociación lo saca de la trampa de los porcentajes, que tienden a congelar la disputa de ingresos. Pero si se quiere traducir en esos términos, el aumento pedido es el 20 %. La cámara empresaria lo consideró “exorbitante” y aseguró que desde principios de año los sueldos subieron un 13,5 %, superando la inflación acumulada del 12,3 % hasta abril. También subrayó que el sueldo promedio del sector supera largamente a la media general.
Como pocas veces, la entidad patronal activó la pelea mediática en torno de la paritaria. La estrategia es remarcar que los obreros aceiteros ya ganan mucho y que el paro es “político” porque confunde el reclamo sectorial con la lucha contra la política económica. Como “prueba material”, exponen el protagonismo aceitero en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), un espacio de gremios combativos paralelo a la CGT.
En rigor, es público que ese nucleamiento exhibe los resultados de la lucha de los aceiteros como un faro para el resto de las organizaciones. Es una de las razones por las que el gobierno nacional y el círculo rojo los tiene en la mira. Hace muy pocos días un tribunal de alzada de la Justicia del Trabajo anuló las elecciones de otro de los sindicatos que lideran el espacio, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). El gremio que discute salarios con Paolo Rocca fue intervenido.
La discusión sobre el salario aceitero abrió un interesante debate sobre niveles de ingreso, impacto en la baja de retenciones, participación del costo salarial en el volumen de ingresos, tipo de cambio y precios de los commodities. Pero sobre todo puso en tensión dos modelos de discusión salarial: el que le pone un valor a la fuerza de trabajo y el que ajusta el salario por porcentajes. Las dos veces que las empresas agroexportadoras intentaron modificar la primera dinámica, se encendieron conflictos largos y costosos: en 2015 y 2020.
En poco tiempo se sabrá si los ruidos de esta semana son parte de las tensiones propias de la negociación o la primera gran batalla luego de la reforma laboral.
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