Los fiscales federales que piden la prisión preventiva del juez federal Marcelo Bailaque aseguraron que el magistrado tuvo un accionar recurrente en las causas que lo comprometen: un obrar procesal ilegítimo destinado a beneficiar a amigos suyos. En un caso al contador público Gabriel Mizzau, que fue su compañero de colegio, que era el hombre que firmaba los estados contables de las empresas del traficante de drogas Esteban Alvarado. En otro caso al financista Fernando Whpei, por derivar a una mutual que éste controlaba el manejo de mil millones de pesos inmovilizados de una cooperativa portuaria que tenía a sus directivos implicados en una causa penal.
Todo se desarrolló durante siete horas este viernes frente a los jueces Aníbal Pineda, Elida Vidal y Fernando Barbara, integrantes de la Cámara Federal de Rosario. Ellos deben resolver si avalan o rechazan la prisión preventiva de 90 días que hace tres semanas el juez de garantías Eduardo Rodrigues da Cruz impuso a Bailaque. Una medida inédita, que no puede ejecutarse porque el magistrado cuenta con fueros y su trámite disciplinario en el Consejo de la Magistratura está atrancado en una muy cuestionada demora.
El duelo entre distintos fiscales y defensas de este viernes fue prolongado e incluyó pasajes muy fuertes. Los jueces revisores anunciaron que tendrán su decisión este lunes a mediodía. En el medio quedaron los planteos de los tres hechos que le atribuyen a Bailaque. Uno es haber generado una omisión inaceptable al rechazar medidas pedidas por la fiscalía a partir de 2013 contra Esteban Alvarado, que recién sería condenado por narcotráfico en 2022. Otra es haber armado una causa a partir de un anónimo junto al entonces director de la AFIP Carlos Vaudagna y el financista Whpei contra dos empresarios bursátiles, Claudio Iglesias y Jorge Oneto, a fin de pedirles dinero para cesar la persecución.
El tercer hecho es haber orquestado una transferencia de mil millones de pesos en 2021 hacia la mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, bajo la esfera del grupo financiero Unión que controlaban los hermanos Guillermo y Fernando Whpei. Esos fondos eran de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín y habían quedado inmovilizados por una causa de lavado de dinero contra sus directivos. El juez Bailaque resolvió transferir ese monto multimillonario a la mutual, contra lo usual según los fiscales que es que entidades oficiales detenten fondos judiciales bajo litigio. El argumento que les dio Fernando Whpei a miembros de la cooperativa enfrentados a su conducción fue, según estos, que Bailaque era su amigo y que el dinero manejado en la mutual reportaría mejor interés.
En este último caso Bailaque fue recusado por este grupo de cooperativistas por su amistad con el hombre que controlaba la mutual que recibió el dinero. Bailaque en ese momento rechazó la recusación sin expedirse, cuando se lo preguntaban expresamente, si era o no amigo de Whpei. Esa falta de respuesta puntual generó una situación asordinada e hilarante en plena audiencia. Fue cuando tomando distancia de las formas mesuradas de las audiencias el fiscal Federico Reynares usó una anécdota futbolera para hablar de la actitud renuente del magistrado para responder lo que se le preguntaba.
Reynares Solari comparó la actitud de Bailaque con la que tuvo hace años Eduardo Coudet ante el periodista Martín Souto que le pidió un comentario tras un partido. Notando que el fiscal encaraba para el lado de los tomates el camarista Aníbal Pineda le llamó la atención sobre la pertinencia de lo que iba a decir. “Yo no tengo la formación académica de otros pero recurro a este ejemplo porque viene al caso”, se atajó el fiscal. Y dijo que es muy recordada la respuesta de Chacho Coudet que explicó, con términos menos elegantes, que él contestaba lo que le daba la gana. Como Bailaque en relación a si era amigo de Whpei, dijo Reynares, lo que terminó admitiendo ante la Cámara Federal. “Jamás negué ser amigo de Fernando Whpei”.
Bailaque está en funciones como juez de garantías en Rosario con sus procesos en curso. Whpei quedó el miércoles pasado con prisión preventiva por 90 días imputado por los delitos que en esta nota se describen. El ex director de la AFIP Rosario, Carlos Vaudagna, finalmente, se convirtió en imputado colaborador en marzo para recibir una condena atenuada por ilícitos que le generaron doce causas penales.
Los planteos y las respuestas
Para pedir que se revoque la medida de prisión preventiva, los defensores de Bailaque, Claudio Puccinelli y Alejandro Parolo, cuestionaron la existencia de elementos de prueba. Remarcaron que lo que señalan como delito es simplemente una interpretación de la evidencia de la fiscalía. Y que varias decisiones que se consideran prevaricato tenían fundamento suficiente, tenían criterio y no fueron recurridas por la fiscalía. Por ejemplo el traspaso de los fondos a la mutual de Whpei o la decisión de negar interceptaciones telefónicas al entorno de Alvarado. El mismo Bailaque había indicado, en su descargo, que la mayoría de las medidas contra Alvarado las había habilitado. Y que él mismo fue quien lo procesó en una causa por narcotráfico y en otra por lavado de dinero.
El fiscal jefe de la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, fue muy severo contra Bailaque. Lo acusó de actuar en connivencia con Gabriel Mizzau para favorecer los intereses procesales de Alvarado. Destacó que Mizzau era el contador del juez y también del criminal al que el magistrado investigaba.
En determinado momento un defensor replicó que la fiscalía no podía demostrar que Bailaque estaba en conocimiento de eso. “Yo como abogado no le digo a mis amigos los clientes que tengo”, le dijo Parolo, quien afirmó que la amistad con Mizzau no fue determinante para no intervenir teléfonos del narco solamente en tres ocasiones en contraste con una mayoría que concedió.
Iglesias respondió con energía. Dijo que sus decisiones de no habilitar esa prueba eran contrarias a las conclusiones a las que arribaron para ese momento, 2013, oficiales superiores de dos fuerzas federales distintas. Se refería a Emilio Lencina de la Unidad especializada en narcotráfico de la PSA, y del comandante general de Gendarmería José María Valdez. Iglesias remarcó que ambos oficiales subrayaban que era importante intervenir rápido teléfonos de personas de la organización porque cambiaban continuamente de línea.
“Las decisiones que Bailaque adoptó condenaron la investigación a un largo retardo que recién se pudieron advertir en 2019”, dijo Iglesias. Una de las intervenciones que Bailaque rechazó era para el celular de Rosa Capuano, que entonces era la esposa de Alvarado, y socia propietaria de alguna de sus empresas.
“Hay sospecha fundada y causa probable. Esto fue para beneficiar a su amigo el contador Mizzau que no es un personaje aislado sino uno de los protagonistas. Es el contador del andamiaje comercial de Alvarado. Aquí hay incumplimiento de deberes y omisión de persecución y prevaricato”, dijo Iglesias contra Bailaque.
“Esto es lo mismo que sostuvimos en el juicio al juez federal de Orán Raúl Reynoso. Luego de su juzgamiento la Cámara Federal lo reconoció. La Cámara no cuestionaba el fundamento de las resoluciones del juez acusado, sino su concordancia para favorecer a ciertas personas con quien era juez”, indicó el fiscal de Procunar. “Quienes cometen este tipo de delitos son profesionales. Estamos investigando a un juez federal dentro del ámbito de actuación del juzgado federal. Cuenta con conocimientos específicos y medios adecuados para no dejar rastros. Quienes saben buscar pruebas saben cómo evitar dejarlas”, subrayó.
Iglesias destacó que en 2024 se tuvo conocimiento de que Mizzau era amigo íntimo y contador de Bailaque. La investigación la hizo la Justicia provincial y no federal sobre delitos ordinarios, o residuales, en relación a narcotráfico.
Adujo que en la investigación que no avanzó en la Justicia Federal ya estaban identificados como miembros personas que serían condenadas una década después como de la banda de Alvarado en la causa en la que actuaba Bailaque. “Entre ellos su mujer Rosa Capuano y su mano derecha Carlos Argüelles que fue asesinado en 2021 tras declarar contra Alvarado. Todo el entramado comercial de Alvarado ya estaba identificado en esa investigación, entre ellos la firma Logística Santino que tenía como contador a Mizzau”.
“La investigación provincial empezó después de la federal pero ellos terminaron antes. Los fiscales (Luis) Schiappa Pietra y (Matías) Edery del Ministerio Público de la Acusación provincial empezaron a investigar en 2018. Las causas en las que intervino Bailaque contra Alvarado, una estaba archivada y la otra paralizada”, destacó. Mientras esto pasaba, sostuvo Iglesias, mataban a miembros de la organización y Alvarado seguía actuando con su teléfono.
Las acciones de los fiscales provinciales tuvieron impulso y condenas, dijo Iglesias. “El fiscal Schiappa Pietra prestó declaración en el Consejo de la Magistratura. Al igual que el fiscal Edery, el comisionado Lencina y el comandante Valdez. Dijo Schiappa Pietra cuando declara sobre la prueba que había en la Justicia Federal. «Para nosotros había sido llamativo que un grupo de personas mencionaba una red de policías con vínculos con Alvarado y (el narcotraficante aesinado Luis) Medina. El año 2013, que fue bisagra en Rosario, mucha de la información que había en esa denuncia podía explicar las tensiones y las relaciones violentas vinculadas a Los Monos, Alvarado y Medina. Cuando fuimos para atrás tomamos la información del comisionado Lencina y avanzamos contra policías. Esto sucede en buena medida con la información que había en esa causa madre»”, leyó Iglesias en la sala.
También cuestionó que se hubiera deslizado que Bailaque fue quien detuvo a Alvarado. “Eso no es así. Alvarado fue detenido el 2 de febrero de 2019 por el homicidio de Lucio Maldonado en el marco de una causa provincial. La detención de Alvarado por la Justicia Federal fue en noviembre de 2019: detuvimos a una persona ya detenida”, ironizó. “Y fue resultado de una estrategia de intervención del Ministerio Público Fiscal para avanzar en serio en contra de esa investigación criminal. Alvarado fue condenado por un transporte de drogas y por lavado de activos, no por la causa que había tenido Bailaque en 2013. La detención en el ámbito federal la hizo por pedido de los fiscales el juez federal Carlos Vera Barros. Bailaque estaba de licencia”, expresó el jefe de la Procunar.
Con planillas en mano que exhibió, el fiscal Iglesias sostuvo que entre octubre de 2014 y octubre de 2017 se detectaron permanentes interacciones entre Bailaque, el contador Nizzau y Rosa Capuano. Refirió 495 comunicaciones acreditadas entre Bailaque y Mizzau. Y 600 entre Capuano y Mizzau. Eso ocurrió en el período en el que se afianza el funcionamiento de la firma Logística Santino, de la que la esposa de Alvarado era socia y Mizzau el contador, dijo Iglesias.
La defensa del magistrado replicó con varias críticas contra esta imputación. Refirió que es antojadizo e injusto desde el presente reprocharle a Bailaque ocultar o favorecer el despliegue de acciones criminales cuyos impulsores y detalles no se conocían como ahora. También subrayaron que en aquellas causas la mayoría de las medidas requeridas fueron autorizadas y las que no se debieron a criterios jurídicos legítimos sobre la insuficiente justificación para habilitarlas.
Los mil millones
Cuando se trató el caso de la Cooperativa de Portuarios de Puerto San Martín y el dinero transferido a la Mutual Provincial que controlaba el empresario financiero Whpei, el fiscal Reynares Solari dijo. “Niegan la existencia de los hechos. No pueden decir que no hubo perjuicio. No pueden decir que nadie había advertido que el interventor a lo único que se dedicaba era a buscar inversiones financieras inmobiliarias y usaba como excusa la pandemia para no normalizar la cooperativa”.
En mayo de 2021 los trabajadores de la Cooperativa denunciaron ante la Cámara Federal de Rosario que la intervención, a cargo de Rubén Pasqualino primero y Daniel Sorrequieta después, había aceptado transferir los mil millones de pesos al grupo controlado por los hermanos Wphei.
Fue por todo esto que el fiscal Reynares afirmó el viernes que Fernando Whpei “manejaba a la cooperativa y también manejaba al juez”. A la cooperativa por medio de tres asesores mencionados en la audiencia. Al juez a raíz de su amistad y de un interés común. “Somos demasiado austeros en la imputación”, dijo el fiscal. “Se repiten dos personas, si hubiera alguien más estaríamos hablando de otra tipicidad”.
Aludía claramente a la de asociación ilícita. En el caso de la extorsión a los empresarios Iglesias y Oneto, aparecen Whpei, Bailaque y Vaudagna en la trama del chantaje según la acusación. En el caso de los fondos de la cooperativa son dos los implicados.
La extorsión y la réplica
El caso que finalizó los planteos fue extorsión presunta contra los agentes bursátiles Jorge Oneto y Claudio Iglesias. Los defensores remarcan que no hay solvencia probatoria y que nunca Bailaque, como dijo él mismo con energía al defenderse hace tres semanas, extorsionó a nadie jamás.
La defensa aquí fue que contra Oneto e Iglesias el juez Bailaque tenía a tal punto motivos para abrir la causa por lavado de dinero en 2019 que otro juez, Carlos Vera Barros, los terminó procesando por esos delitos en febrero de 2025.
Iglesias y Oneto prestaron testimonio, lo que fue fundamental contra Bailaque, para indicar que los habían chantajeado para cerrar esa causa, por lo que habían realizado cinco pagos en distintos momentos a Fernando Whpei, quien se presentaba como amigo de Bailaque y con contactos en la AFIP para paralizar la causa.
El fiscal Juan Argibay Molina dijo que era una falacia que la palabra de los empresarios bursátiles tuviera poco valor porque ellos estaban procesados y con ánimo de que al acusar al juez le cierren esa causa. “El doctor Bailaque puede criticar de manera válida y no porque tenga una investigación en contra su opinión debe ser menospreciada”, dijo.
“El testimonio de Iglesias y Oneto tiene verosimilitud y dan cuenta de la actuación del sistema de justicia y de la AFIP para crear un anónimo entre distintas personas”, arremetió el fiscal Argibay. No existe una acción para que funcionarios públicos fragüen una causa y ejerzan presión y pidan dinero para generar una resolución del problema creado por una investigación falsa. Hubo reuniones, entregas de dinero, comunicaciones, intervenciones de funcionarios de AFIP para llegar a una conclusión predeterminada. Contamos con dos peritajes sobre un teléfono que dan cuenta de un montón de cosas. Vaudagna tiene doce carpetas fiscales en su contra por lo que declaró. El tomaba café y comía habitualmente con Bailaque”.
También resaltó Argibay la diferencia de actuación de Bailaque, que fue muy exigente para habilitar medidas de prueba contra Alvarado, pero todo lo contrario con los empresarios bursátiles que se dicen extorsionados. “En el caso de Oneto e Iglesias bastó un anónimo sin datos para que allanen domicilios e inicien una persecución”.
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