Las penumbras todavía persisten en la escena del crimen de Andrés Alejandro Bracamonte y Daniel Attardo pero a una semana de los hechos se consolida el contexto en el que se produjeron los asesinatos: un recambio generacional en el control del narcomenudeo en Rosario en el que surgen nuevos actores y se reformulan alineamientos entre bandas históricas. El asesinato de los líderes de la barra de Central, precedido por el de Samuel Medina el 1° de octubre, da cuenta de un encargo confiado a sicarios audaces que no dudaron en atacar a las víctimas en su propio territorio, a cuatro cuadras del Gigante de Arroyito, y en ejecutar antes al yerno de Ariel “Guille” Cantero.
Un doble crimen como el de Bracamonte y Attardo remueve el miedo a la violencia narco, un sentimiento que se revela arraigado en lo profundo de los habitantes de Rosario aunque el índice de homicidios dolosos medido entre enero y octubre registre una baja del 54,7 % respecto del año anterior. El caso viene a exponer que el rebrote de violencia que se querría evitar en realidad ya ocurrió y está en proceso. El mando en la tribuna de Central quedó acéfalo, y el liderazgo de una barra, como demuestra el caso de Newell’s desde el asesinato de Roberto “Pimpi” Camino, no se dirime conversando alrededor de una mesa; la sucesión además se complica por el acecho narco ante una nueva oportunidad de negocios.
Esa es la perspectiva del equipo de investigación de la Fiscalía Regional de Rosario: el doble crimen de Arroyito integra una secuencia con los atentados previos contra Bracamonte, de febrero y agosto; el crimen de Medina y el ataque de dos sicarios registrado el 15 de octubre contra un lavadero de Cafferata y Rueda donde fue asesinado Julio César Reybet, un transportista de 37 años, y hubo tres heridos, entre ellos dos con captura requerida por la Justicia bonaerense en causas de drogas. “La fiscalía quiere demostrar que no es la investigación de un hecho aislado sino que el homicidio de Bracamonte tiene que ver con una conflictividad que excede al caso, se extiende por distintos barrios de la ciudad e involucra a otros referentes. Por eso se armó una investigación más compleja”, explica un operador judicial.
Las sospechas persisten sobre la banda de los Menores, hasta ahora sin precisiones en los detalles. Este grupo criminal integrado por menores de 30 años y adolescentes tiene su origen en el barrio 7 de Septiembre y no era desconocido para la Fiscalía de Rosario, que desde el año pasado hizo varios procedimientos en busca de uno de sus líderes, Matías Ignacio Gazzani. Tampoco era ignorado por el Ministerio de Seguridad de la provincia: el primer abordaje del Programa de Intervención Barrial Focalizada que combina medidas de seguridad, sociales y urbanísticas concluyó en octubre en los barrios Stella Maris y La Bombacha, zonas de asentamiento de la banda.
Sin embargo, allegados a Bracamonte no tienen dudas: el crimen fue la respuesta al rechazo del líder de la barra a la venta de cocaína en la tribuna y en la zona norte de Rosario, y a la humillación que le infligió al apodado Limón, otro referente de Los Menores, al propinarle una paliza por su insistencia con el tema.
Bracamonte afrontaba un juicio por violencia de género hacia su ex pareja, la única causa en su contra que la Justicia provincial llevó hasta el final. La fiscal Luciana Vallarella solicitó la pena de dos años de prisión efectiva, un día antes del homicidio. En otro frente, “Pillín” tenía un respiro por el conflicto de competencia entre la Justicia Provincial y la Federal, que había dejado en suspenso una investigación sobre lavado de activos que lo comprometía. Su rechazo al ingreso de Los Menores a la tribuna era una medida de seguridad: pensaba que la droga atraería a la Policía Federal —al parecer no estaba preocupado por una posible intervención de la fuerza provincial— y la Policía Federal llevaría a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la Justicia Federal, que contaba con una denuncia de un testigo de identidad reservada sobre servicios de delivery de cocaína mediante taxis en la zona norte de Rosario.
El contexto del doble crimen de Arroyito aparece interferido por versiones que agitan el fantasma de Esteban Alvarado —a raíz de un registro de integrantes de Los Menores con allegados al jefe narco hoy sometido a un régimen de aislamiento extremo en la cárcel de Ezeiza— y remite a datos que todavía no encajan en un relato integrador. Entre estos datos se destaca una ruptura en la banda de Los Monos que Ariel “Guille” Cantero acaba de explicitar en el juicio que enfrenta ante la Justicia Federal por secuestro extorsivo y narcomenudeo:
—Estoy peleado con Pablo Camino. Yo trabajaba con él en barrio Godoy, pero Camino mandó a matar gente y mató a un pariente mío.
La declaración de Cantero sería el cierre de una discordia entre facciones de Los Monos que se tramitó a través de llamadas telefónicas entre las cárceles de Ezeiza, Marcos Paz y Rawson —donde está Camino— y de crímenes de personas ajenas a la banda, como el músico Lorenzo “Jimi” Altamirano. En ese marco se inscriben además las balaceras contra la subcomisaría 26ª de febrero y julio de 2023: la seccional de Villa Gobernador Gálvez fue usada por ambos grupos como escenario para intercambiar amenazas de muerte y acusaciones de pasar información a la policía, rubricadas con disparos de bala. Los Menores habrían sido la mano operativa de Camino en esa situación.
Cartas marcadas
Al barajar y dar de nuevo hay cartas repetidas. La ausencia de policías en la escena del crimen pese al operativo de seguridad por el partido entre Central y San Lorenzo, el corte del alumbrado público que resultó oportuno para que los sicarios se acercaran hasta Bracamonte y Attardo y los fusilaran a quemarropa, y la rauda irrupción de un patrullero que pasó al lado de la camioneta Chevrolet S10 donde yacían las víctimas y siguió de largo, sostienen sospechas sobre la intervención policial.
El allanamiento de la comisaría 9ª puso el foco en Débora Savani, la jefa de esa seccional que tiene jurisdicción en el Gigante de Arroyito. La oficial ahora trasladada a la comisaría 21ª solía participar en los operativos de seguridad en la cancha y su hermano Maximiliano integra la barra. En diciembre de 2021, cuando era subjefa del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II, Savani fue imputada en la investigación de una asociación ilícita dedicada a la administración y disposición de vehículos y autopartes pertenecientes a la policía provincial. La causa tuvo notoriedad porque implicó al entonces subjefe de la policía provincial, Ariel Zancocchia, aunque perdió impulso con el transcurso del tiempo.
La complicidad policial surge como un factor en el ascenso de la banda de Los Menores en al menos tres hechos:
—En enero de este año los policías del Comando Radioeléctrico Marcos Martín Molina, Damián Gerardo Ruiz y Lisandro Emanuel Vera fueron acusados por fraguar un procedimiento y plantar armas para perjudicar al clan Tripi, enfrentado a la banda de Los Menores, e involucrarlo en una balacera al cuartel de las Tropas de Operaciones Especiales. El fiscal Franco Carbone los denominó “narcos de uniforme”. Hubo policías involucrados en la maniobra que no fueron identificados.
—Entre enero y febrero se detectaron filtraciones de información que inutilizaron procedimientos de la Fiscalía de Rosario y que entre otras consecuencias permitieron la fuga del narco Mauricio Ayala, todavía prófugo. Como sospechoso de estas filtraciones fue detenido un oficial de la Policía de Investigaciones, que entre cosas tenía ropa de las TOE y veinte celulares —dijo que se dedicaba a su reparación— en la casa.
—Un soldadito que abandonó la banda de Los Menores y sobrevivió a un intento de asesinato denunció en 2023 un esquema de recaudación clandestina de la subcomisaría 21ª, del barrio 7 de Septiembre, e identificó al oficial Fernando Molina como uno de los cajeros de la seccional.
Otra particularidad de la banda de los Menores es que sus referentes no están en Rosario. “Vienen de Buenos Aires, se quedan unos días y vuelven a Buenos Aires. Por eso, en parte, no fueron detenidos”, dice otra fuente consultada para esta nota. El arraigo en el territorio ya no es un requisito para la banda, contra lo que resultó usual en sus antecesoras.
Los Monos y Esteban Alvarado parecen parte de una etapa que quedaría clausurada con el asesinato de “Pillín”; observar esas bandas sería contemplar algo que sucedió en el pasado, y de hecho la Justicia Federal juzga actualmente a “Guille” Cantero y parte de su estructura por delitos cometidos entre 2020 y 2021. Pero en el ambiente narco rosarino lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, y la discordancia puede abonar un nuevo ciclo de violencia.
Con los colores de Central
Fue el viernes 19 de julio. Los tres hinchas de Central e integrantes de la barra vestían la camiseta del club y se dirigían en auto desde la zona sur hacia el Gigante de Arroyito para ver el partido contra Sarmiento de Junín. Pero no llegaron al estadio porque apenas salieron, en Sánchez de Bustamante y Abanderado Grandoli, se toparon con un operativo del Escuadrón de Operaciones Antidroga de Gendarmería.
Los gendarmes buscaban a uno de los ocupantes del auto, por orden de la Justicia Federal: Carlos Andrés Suárez, alias Gordo Bichi. La captura surgía de la investigación por el secuestro de 464 kilos de cocaína el 1° de julio pasado en San Justo, provincia de Santa Fe, y de actividades organizadas por Fabián Gustavo “Calavera” Pelozo antes y después de ser alojado en la cárcel federal de Ezeiza.
Suárez fue considerado “la mano derecha” de Pelozo en el requerimiento de su detención. Para el caso puntual de la cocaína secuestrada en San Justo, este miembro de la barra canalla está acusado de coordinar la recepción del cargamento por vía aérea en el paraje rural La Brava, del departamento San Javier, lugar “conocido por los antecedentes que obran respecto de la existencia de pistas clandestinas” según la Procuraduría de Narcocriminalidad. A continuación, Suárez hizo de puntero para abrir el transporte terrestre y alcanzó a escapar cuando la Gendarmería interceptó el vehículo en la ruta 11.
No es la única causa en su contra. Suárez está acusado de participar en el homicidio de los mecánicos Silvio Vitullo y Damián Segura, el 10 de diciembre de 2022 en la localidad bonaerense de Guernica. Las víctimas fueron secuestradas por un grupo integrado entre seis y diez personas —entre ellas, una llevaba camiseta de Central— y murieron carbonizadas después de ser maniatadas y encerradas en el asiento trasero de un Citroën Berlingo.
Según la investigación federal el asesinato fue una venganza por el robo de una Toyota Hilux en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Suárez llegó al volante de la camioneta a la cárcel para visitar a Pelozo y según los testimonios en la causa el vehículo tenía un cargamento de droga, dinero “y lingotes de oro que tenían como destino la ciudad de Rosario”. Vitullo y Segura pertenecían a “la banda de los lindos”, un grupo dedicado a la compra y venta de autos robados que operaba (u opera) en el conurbano bonaerense y en Rosario.
“El nexo entre Suárez y Pelozo resulta decisivo para sostener entonces la hipótesis principal: que la orden de matar a Vitullo y Segura emanó de Fabián Gustavo Pelozo a partir del robo del vehículo Toyota y que fue coordinada por Carlos Andrés Suárez, responsable de la parte operativa y fuera de la cárcel de las maniobras que Pelozo mandaba”, puntualizaron los fiscales Matías Scilabra y Diego Iglesias.
El 19 de julio, cuando iba al Gigante de Arroyito para ver el partido de Central y Sarmiento, Suárez tenía sentado a su lado a Leopoldo “Pitito” Martínez, un miembro notorio de la barra al que algunas versiones señalan como número 2 o 3 después de “Pillín”.
“Pitito” fue imputado por encubrimiento, quedó desligado de la causa por drogas y recuperó la libertad. En la noche del 9 de noviembre siguió de cerca la camioneta que conducía Daniel Attardo y fue el que levantó el cuerpo de Bracamonte ya herido de muerte y lo llevó al Hospital Centenario.
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