Rosúa sobre reformas en seguridad: “El compromiso en Unidos es que el jueves se vota la media sanción”

Martín Rosúa afina el lápiz sobre el proyecto de reformas en seguridad. El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia adelanta que este jueves habrá un dictamen y trabaja sobre el texto definitivo de las leyes que propone el gobierno provincial, en base a los aportes del debate legislativo. “Estamos haciendo modificaciones para garantizar que las herramientas tengan la potencia suficiente para combatir el delito y a la vez los controles suficientes para que no haya ningún exceso”, afirma.

—¿Con qué expectativas van a la próxima sesión de la Cámara?

—Hay un compromiso dentro de Unidos de tener un dictamen. Estamos afinando el lápiz entre lo que el Ejecutivo nos envió y las modificaciones y aportes que hemos ido formulando en función de todas las partes que escuchamos. Escuchamos a la Corte Suprema de Justicia, al MPA, a la defensa pública, a los colegios de abogados, a familiares de víctimas. Tratamos de que cada problema que la ley intenta resolver tenga la herramienta correspondiente, que haya una proporcionalidad entre esa herramienta y ese problema y que cada una de esas herramientas tenga los controles suficientes para que no se cuestionen derechos y garantías individuales. Ahora lo vamos a discutir dentro de Unidos, pero el compromiso dentro del frente es que el jueves se vota la media sanción.

—¿Aceptaron observaciones de la Corte?

—En todas las conversaciones hubo aportes. En algún caso establecemos pautas objetivas, en otro plazos, en otro hablamos de las distintas casuísticas y las dejamos más claras. Cuando discutimos seguridad se ponen en tensión las herramientas que el Estado necesita con los derechos y garantías individuales. En la primera generación de reformas que el gobierno presentó, a principios de 2024, las leyes de inteligencia, microtráfico, intervención en las cárceles, si bien fueron muy discutidas los éxitos de implementación bajaron muchísimo los índices de violencia y ninguna tuvo un problema de violencia institucional ni de excesos de la policía o de los fiscales en términos de investigación. A veces son más cuestiones ideológicas que se incorporan al debate que problemas verdaderos.

—El Colegio de Abogados de Santa Fe dijo que las reformas son innecesarias. ¿Cuál es la necesidad para el gobierno?

—El que tiene que diseñar el plan de seguridad es el gobierno. En este gobierno, el plan de seguridad es uno de los ejes más importantes. El gobierno es el que tiene el diagnóstico, las estadísticas y el que sabe qué herramientas necesita. Los abogados van a tender a defender ciertas cuestiones, en la Corte había miradas diversas, una mirada como la de Baclini, con sugerencias puntuales hacia ciertos artículos para que los mejoremos hasta una mirada como la de Erbetta, una crítica mucho más basada en cuestiones teóricas. Como gobernante te alejás del debate teórico, del derecho procesal penal y lo que empezás a ver es cómo resolvés los problemas a las víctimas de la violencia. El derecho procesal penal se ocupó históricamente de cómo limitar al Estado para que no se exceda en la persecución del delito pero hoy lo que nos empezamos a preguntar es cómo hacemos para que el Estado garantice los derechos individuales que pueden ser avasallados por bandas que matan, que cada día son más sofisticadas, que ocupan territorios. Para combatir ese delito el Estado pide más herramientas y nosotros tenemos la responsabilidad de dárselas.

—¿Cómo se justifican un allanamiento sin orden judicial y más facultades para la policía?

—Por regla general un allanamiento es por orden de un juez, porque se considera que el domicilio es inviolable. Salvo excepciones de urgencia, previstas en el Código Procesal Penal. Lo único que estamos incorporando es una excepción más: si encontramos una persona con armas o con explosivos en la calle, por ejemplo, automáticamente se podría allanar el domicilio de esta persona presuponiendo que ahí puede haber acopio de armas. Más allá de las críticas en términos teóricos cuando hablás con cualquier persona de la sociedad y recurrís al sentido común son cosas absolutamente razonables. Si después, a las 24 ó 48 horas, ese allanamiento tiene que estar controlado por un juez, perfecto, lo podemos discutir y es un ejemplo concreto de cómo se genera una herramienta potente a la que se le agrega un control de garantías.

—¿Los familiares de víctimas que propusieron?

—Apoyan la política de este gobierno, reconocen la baja de los niveles de violencia pero manifiestan que el delito intenta reorganizarse constantemente, entonces es un apoyo a la política de seguridad y de las herramientas que el gobierno solicita. Para alguien que es familiar o víctima de la violencia es más fácil de entender. Voy a un ejemplo, que se ha cuestionado y discutido: la restricción de comunicación para el preso de alto perfil de organizaciones narcocriminales que manda a matar, delinquir o cometer balaceras desde la cárcel. No tienen ningún problema, porque son tipos condenados a prisión perpetua entonces el costo de oportunidad de cometer delitos es nulo. ¿Qué les vamos a dar, más años de prisión? Entonces la única forma de interrumpir esas órdenes es cortar la comunicación. Si bien puede ser muy cuestionado en términos de derechos individuales es una herramienta absolutamente necesaria. Ahí se pone en tensión el derecho del delincuente contra el derecho de la víctima y de la sociedad. No podemos permitir que un tipo desde una cárcel mande a cometer cuatro, cinco o seis homicidios, como ha sucedido.

—Pero los homicidios descendieron. ¿Cuál sería el diagnóstico actual?

—A partir de la situación crítica que recibió este gobierno se realizó una reforma integral que se reflejó en la legislatura con esos pilares que comentaba, la emergencia en seguridad para recuperar capacidad operativa, la inteligencia para investigar bandas, el microtráfico para ir contra los búnker, la creación de la figura de alto perfil y las modificaciones del proceso penal para darle más herramientas a la investigación. A partir de ahí la disminución de la violencia demuestra el éxito de este gobierno y la inexistencia de cualquier estadística de aumento de violencia institucional demuestra que las críticas que se hicieron en diciembre de 2023 a estas leyes eran teóricas. Las críticas sobre que los policías y los fiscales iban a cometer excesos, que iba a ser una cosa casi de extrema derecha, no tienen nada que ver con lo que sucedió. Tenemos que darle la derecha a un gobierno que tiene éxito en ese sentido y que necesita más herramientas concretas y puntuales porque el delito no se terminó.

—Otro punto cuestionado es la creación de las zonas especiales de seguridad. ¿Cómo se implementaría?

—Lo primero que hay que dejar en claro es que no será ante hechos comunes y corrientes y que no afectarán al común de la sociedad sino cuando el Ministerio de Seguridad determine un sector específico, una, dos o tres manzanas de la ciudad donde haya un nivel de enfrentamiento concentrado entre bandas q no dejan vivir ni salir a la calle. En ese caso necesitamos que la respuesta del Estado esté igualmente concentrada. Por eso se plantea una ocupación de la policía en ese territorio y se dan facultades de requisa, allanamiento e investigación a la policía, exclusivamente en lugares determinados y por un plazo determinado. Cuando nos dicen que los vecinos van a tener problemas yo digo que es al revés: el vecino de un barrio cooptado por una banda narcocriminal va a pedir por favor la intervención del Estado para recuperar la paz.

—¿Qué propone la ley sobre el mercado ilícito de celulares?

—Esto va por un carril diferente, un delito que quizá no es tan violento pero es molesto socialmente, porque se repite. Teniendo cada celular una identificación electrónica mediante un código de barras, se empieza a hacer un registro provincial de los teléfonos robados. Cuando hay una trazabilidad de quién transfiere un teléfono a quién y un registro de los teléfonos robados, esos teléfonos se identifican electrónicamente y la policía se puede presentar en un local de reparación de teléfonos y pedir la identificación. Si alguno de esos teléfonos figura como robado automáticamente tiene que actuar el MPA. Esto va a afectar la rentabilidad de ese mercado ilícito.

—La Corte sostuvo además que el proyecto avanza sobre el Poder Judicial.

—La Corte no tuvo una posición monolítica. Dijeron que no pueden manifestarse muy expresamente sobre la validez de las leyes porque muy probablemente tendrán que pronunciarse después sobre su constitucionalidad. No tengo presente esa observación, lo que pueden haber dicho es que en algunos casos se le dé una facultad a los fiscales y se postergue el control del juez. En realidad la crítica sobre todo de Erbetta fue que se rompían los principios del sistema acusatorio. Hay figuras como el procedimiento por decreto penal o figuras como las medidas coercitivas no privativas de la libertad que para casos menos graves donde no corresponde la pena de prisión se establece un formato donde se invierte el contradictorio, primero interviene el fiscal y después la persona afectada puede controvertirlo. Es un sistema que funciona en muchas partes del ordenamiento jurídico El ejemplo perfecto es el de las multas, cuando hay infracciones muy leves. Es poco razonable que las causas menores se acumulen y generen juicios orales y públicos que necesitamos para resolver los delitos que verdaderamente afectan a la sociedad. El proyecto es moderno, rompe con principios muy establecidos y son instrumentos que no deberían tener tantos cuestionamientos. En ninguno de los casos quita la posibilidad de revisión judicial.

—Pero la policía podrá hacer interrogatorios sin presencia de abogados y sin control al respecto.

—No es lo que dice la ley. Vamos a tener la declaración informativa, en cabeza del fiscal, cuando una persona no tiene los elementos suficientes para ser considerada imputada. Lo que se pone en cabeza de la policía es algo que existe, funciona y va a seguir existiendo: si llega la policía al lugar de un hecho, un triple homicidio por ejemplo, es razonable que le haga preguntas a las personas presentes para orientar la investigación y ver si tiene que tomar una decisión urgente. Es algo que sucede y seguirá sucediendo. Hablamos de regularlo por ley para dotarlo de garantías. Significa que la policía lo haga con cierto registro fílmico y si esa persona no quiere hacer una declaración automáticamente se interrumpe y se convoca a un defensor. Ahí está el choque entre quienes legislan en función de la realidad concreta y quienes hablan de la teoría.

—¿Por dónde están afinando el lápiz?

—Por mucho de lo que estoy comentando, la división entre declaración informativa por un lado y testimonial-policial por otro; en las facultades policiales ampliadas estamos analizando la posibilidad o no de que eso se derive a la Legislatura; estamos analizando si ponemos todas las medidas; estamos revisando la forma en que está planteada la validez probatoria donde todos entendemos que una irregularidad menor no puede anular una investigación pero tenemos que ver cómo cerramos el grifo para que no se filtre ningún tipo de cuestión ilegítima. En cada uno de los artículos estamos tratando de hacer un repaso y una conversación con otros sectores para ver cómo mejoramos el proyecto.