El intendente Pablo Javkin no obtuvo la ley que había pedido para involucrarse más en la lucha contra la inseguridad en Rosario. Su cargo y su condición de jefe político de la ciudad más poblada de la provincia no serán suficientes para poder incidir en la designación de los jefes policiales, al menos de manera orgánica o institucional.
De prosperar la media sanción que este jueves 11 produjo la Cámara de Diputados santafesina sólo tendrá algunas chances de ejercer mayores controles, y hasta de pedir explicaciones a los uniformados, en el marco de unas Mesas de Coordinación (locales o regionales) que podrá definir cada municipio o comuna por sí o en acuerdo con otras jurisdicciones.
La iniciativa partió del propio Javkin y recibió un tratamiento casi exprés en términos legislativos pero sufrió fuertes modificaciones de la mayoría, también opositora, que domina la Cámara baja. Socialistas y radicales de diferentes corrientes entendieron que era inconstitucional darle potestades en la designación de jefes policiales a los intendentes, y que cualquier antecedente de leyes a contrapelo de la Carta Magna podría ser usado por el oficialismo para otros propósitos (como el de una aventura del peronismo por la reelección sin reforma, como ocurrió cuando el entonces gobernador Carlos Reutemann pretendía otro mandato inmediato, en 1994).
A propósito de tiempos idos y urgencias contemporáneas, la media sanción de Diputados nada casualmente coincidió con la semana en la que el gobernador Omar Perotti removió de su cargo al ex ministro de Seguridad Jorge Lagna (un ex diputado provincial del PJ) y nombró en su lugar a un ex comisario de Casilda que, en agosto de 2008, se negó a seguir en la fuerza cuando gobernaba Hermes Binner y designó al fallecido Juan Luis Hek como titular de la Policía. “No puedo subordinarme a las órdenes de un superior de menor jerarquía que yo”, razonó aquel año el recién designado Rubén Rimoldi.
El ministro-comisario (retirado), de 62 años, en el programa El Cuarto Poder de LT10 de Santa Fe confesó que estaba por viajar a Rosario para “conocer personalmente” a su equipo de colaboradores. Más aún: tras el acto en el que juró como ministro, el gobernador lo “relevó” de responder a una pregunta sobre su plan de seguridad para Rosario. “Quiero hechos, no tantas palabras”, justificó Perotti en la conferencia de prensa en la que el designado casi no habló. Dentro y fuera de la Casa Gris se dice que a Marcos Corach le fue difícil esquivar el reclamo de su jefe para que asumiera en Seguridad, y que fue entonces que surgió la figura de su asesor Rimoldi.
La Cámara de Diputados había dispuesto interpelar al ministro de Seguridad, pero sus integrantes sabían era difícil que Lagna llegara aún en el cargo para enfrentar una catarata de preguntas, que iban a incluir el apellido Lucchini, su ex funcionario acusado de procurar mejoras en las condiciones de detención del líder de Los Monos, Ariel Cantero, presuntamente a cambio de 150 mil dólares.
Del Congreso al Concejo pasando por la Legislatura
En estos días, en los tres niveles del Estado que influyen sobre Rosario se produjeron avances o sanciones normativas en sus poderes legislativos o cuerpos deliberativos alrededor del drama de los crímenes vinculados al tráfico de drogas. Desde el Congreso de la Nación al Concejo Municipal, pasando por la Legislatura provincial.
Con diferencias de unas pocas horas, el Senado de la Nación envió a tres de sus comisiones un proyecto de ley de Juntos por el Cambio que declara la Emergencia en materia de Seguridad Pública en toda la provincia de Santa Fe, que reasigna partidas de Inteligencia para ampliar la Agencia Federal de Inteligencia en Rosario y que crea una agencia de la Unidad de Información Financiera para perseguir el lavado de dinero del narcotráfico en esa ciudad.
Casi al mismo tiempo, el Concejo Municipal de Rosario votó la primera ordenanza “antilavado” del país y, si bien hubo abstenciones porque se duda de su eficacia final, se trata de un intento por contar con mecanismos de alerta permanentes ante inversiones de origen dudoso. Finalmente, como se ha dicho, también la Cámara de Diputados de la Provincia otorgó media sanción a una iniciativa que sería injusto llamar “Ley Javkin” como se nombra aún en los pasillos de la Legislatura a pesar de los fuertes recortes que se le impuso a ese texto.
El jefe del Palacio de los Leones pretendía que la figura política del intendente de Rosario, y todos sus pares que lo desearan, pudieran tener una suerte de capacidad de veto para los candidatos a jefes de unidades regionales. Que de una terna propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Seguridad, el titular del Departamento Ejecutivo Municipal pudiera elegir al comisario con más responsabilidades y atributos para dar órdenes. Es decir, de descartar a otros dos.
Se impuso la definición que al despacho de Javkin le llevaron diputados radicales y socialistas, que le comunicaron primero al intendente los cambios a su proyecto de ley, y que luego lo hicieron con los medios de comunicación. “Control sí, todos los posibles. Responsabilidad política en las designaciones, no” fue la fórmula que le marcó límites al intendente rosarino.
Soledad
El peronismo siempre tuvo pocos diputados desde que asumió Perotti, pero hasta el año pasado había al menos un bloque que luego se disgregó en expresiones uniperonsales o de unos pocos legisladores. Con todo ese arco de sectores del PJ, este jueves 11 en Diputados no hubo ninguno dispuesto a defender la política de seguridad del gobierno santafesino, que recibió fuertes críticas también del oficialismo por la designación de un uniformado como ministro de Seguridad.
“Se vuelve a tiempos anteriores a (Roberto) Rosúa”, se dijo sin medias tintas a propósito de las reformas que impusiera el ministro de Gobierno de Jorge Obeid, que lo calificaba como “el Maradona” de su gabinete. Quienes tuvieron jugadas discursivas ciertamente maradonianas en el recinto de Diputados fueron Leandro Busatto (Bloque Justicialista FPV) que mostró que el proyecto de Javkin copiaba casi textualmente parte de las leyes que había impulsado sin éxito Marcelo Sain, el primer ministro de Seguridad del gobierno de Perotti, y su par Matilde Bruera (Bloque Lealtad Kirchnerista) que habló con suma gracia de los “Salieris de Sain”, porque la letra de sus iniciativas ha cobrado vida (o al menos media sanción) en lo que votó Diputados.
Cuando las noticias sobre las jugadas discursivas de ambos llegaron al Senado bramaron varios senadores del justicialismo, que recordaron que fue Sain quien les prohibió a los policías —so pena de audios soeces— hablar “con los dirigentes políticos” sin importar su grado. Para los senadores, aunque sin institucionalizarse siempre existieron “las mesas de coordinación” en las que intendentes, jefes comunales y sobre todo ellos hablaban con los jefes de las unidades regionales.
El Huevo de la Serpiente
El jueves 11, mientras en la Cámara de Diputados se resolvía ese debate, en la reunión de jefes de bloques del Senado opositores y oficialistas discutían también sobre inseguridad. No lo hicieron respecto de un proyecto de ley a tratar, aunque sabían que vendría de Diputados la norma en cuestión, sino por las responsabilidades políticas que a cada fuerza le cabe en el deterioro que hiere especialmente a Rosario.
La momentánea discusión entre el jefe del bloque Juan Domingo Perón, Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) y el presidente del radicalismo santafesino, Felipe Michlig (UCR- San Cristóbal), incluyó la expresión “háganse cargo” y revisiones históricas sobre cuándo comenzó ese proceso de crecimiento del narcotráfico, si con los gobiernos del Frente Progresista como opina el peronismo o si durante la orfandad en que el kirchnerismo dejó a Rosario, por tratarse de un delito de persecución federal. Sobre quién le dio calor al Huevo de la Serpiente no hubo más trascendidos al terminar la reunión de labor parlamentaria. Como sea, en el recinto los senadores no hablaron de todo lo que ocurrió en una semana fuerte en novedades que describen la falta de rumbo del gobierno provincial para poder al menos acercarse a su promesa electoral de paz y orden.
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