Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Si se lo traslada al presente de la provincia de Santa Fe, el cuento brevísimo de Augusto Monterroso podría ser una alegoría de los vaivenes de la política de seguridad durante el gobierno de Omar Perotti, del sueño de la reforma policial a la pesadilla del retorno de la policía brava santafesina. El nombramiento de Rubén Rimoldi como ministro de Seguridad envalentona a un lobby policial que va por más y se propone algo que no estaba en la cabeza de nadie: abolir las leyes introducidas durante el segundo gobierno de Jorge Obeid que apuntaron a democratizar una institución moldeada durante la última dictadura.
Las declaraciones de Rimoldi y Miguel Oliva sobre “el desguace de la policía”, la necesidad de restablecer la “pirámide de mando” y la urgencia de “reagrupar” a la fuerza, a la que ven dispersa en demasiadas áreas y equipos, suenan como música para los oídos del lobby policial. El proyecto de abolir leyes concebidas para democratizar a la policía no es una especulación ni una posibilidad remota según se desprende del análisis del comisario retirado y ex jefe de policía de la provincia Mariano Savia y de un plan para abolir las leyes 12521 (de Personal policial, que instauró el cuadro único) y 12333 (de creación del Instituto de Seguridad de la Provincia) y de la propuesta ya elaborado y puesta a disposición de los nuevos funcionarios para la sanción de una nueva ley que permita volver a los viejos tiempos.
…declaraciones sobre “el desguace de la policía”, la necesidad de restablecer la “pirámide de mando” y la urgencia de “reagrupar” a la fuerza suenan como música para los oídos del lobby policial
Las leyes sancionadas durante el segundo gobierno de Jorge Obeid intentaron modificar aspectos anacrónicos de la policía, algo que desde sectores de la fuerza se percibió como una intromisión inadmisible de la política. “La ley 12521, al desgranar la división histórica tradicional de oficiales y suboficiales e instaurar el cuadro único, vino a tensionar uno de los factores básicos sobre los cuales se han consolidado mecanismos disciplinarios de mando y obediencia y, anclados sobre estos, una densa red de prácticas autoritarias y violatorias de derechos fundamentales de los y las trabajadoras policiales”, explica Gustavo Javier González, abogado e integrante del programa de investigadores Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral.
La creación del ISEP fue también vista como una injerencia indebida de los civiles en la educación policial. “Las policías han reivindicado la hegemonía sobre la gestión de estos procesos y ser las únicas poseedoras de los saberes y las experiencias para seleccionar y formar a las y los futuros miembros de la institución”, agrega González, por otra parte uno de los responsables del Censo Policial realizado durante el 2020 en la Policía de Santa Fe, una iniciativa concebida justamente para escuchar a todos los integrantes de la institución más allá de las jerarquías.
González señala que en la teoría “esta ley interpelaba esa práctica endogámica” donde la policía se cierra a cualquier intervención de la ciudadanía, “un claro leimotiv para ser resistidos por determinados sectores policiales”. No obstante, la implementación del ISEP acusó desde un primer momento los efectos de la resistencia a los cambios.
Las resistencias a la democratización de la policía y el peso de los lobbys policiales no se comprende sin “el rol jugado por determinados sectores políticos, que en forma recurrente actúan como representantes de estos intereses policiales corporativos y terminan obturando esas iniciativas de reforma legal o bien terminan traduciendo en proyectos legislativos o ejecutivos esos intereses policiales”, destaca González.
Los datos históricos son significativos: “En el contexto en el que se sancionan las leyes 12333 y 12521 se obturó la discusión legislativa de un tercer proyecto, la Ley de Organismos de Seguridad, una especie de nueva Ley Orgánica Policial. Lo interesante es que la aceptación del lobby policial fue encabezada por legisladores del propio oficialismo en ese momento”. Por otra parte, la Ley Orgánica Policial, el corpus normativo emblemático de la fuerza, permanece tal cual fue sancionado en 1975.
Crónica de un golpe blando
“Es importante, es inédito”, dice un entusiasmado Mariano Savia a propósito de la designación de Rubén Rimoldi, a quien llama “comisario general ministro” en un audio en que evalúa las modificaciones en la política de seguridad.
En cambio, Savia, parece concederle menor importancia al flamante jefe de policía de la provincia: “era comerciante, vendía camperas de uniforme”, agrega. “Ahora, si él (Rimoldi) no consigue por lo menos la promesa de que se van a derogar las leyes 12521 y 12333 no tiene ninguna posibilidad de éxito, en absoluto —enfatiza—. Si la ha conseguido, puede ser que para el final del mandato de este gobierno pueda verse algo”.
En un debate sostenido el jueves pasado en la Legislatura provincial, el diputado socialista Joaquín Blanco afirmó que Rimoldi se incorporó al Ministerio de Gestión y Coordinación del gobierno provincial a fines de junio de este año. Allí habría realizado una especie de trabajo de zapa sobre su antecesor, de acuerdo a otra referencia de Savia (“era bastante crítico de Lagna”). Según el diputado socialista, a partir de entonces hubo reuniones con otros comisarios retirados que tuvieron el anticipo de primera mano: el ex jefe de la Unidad Regional IV y ex asesor de seguridad de la Liga Casildense de Fútbol, entre otros destinos, sería el nuevo ministro de Seguridad.
El desplazamiento de Lagna no fue entonces un acto precipitado como pareció en principio sino una decisión largamente prevista. El empujón que lo corrió del cargo, la misteriosa ausencia de custodia durante la noche en que aparecieron pintadas seudoambientalistas en la Gobernación, la Municipalidad y otros sitios emblemáticos de Rosario, evoca una práctica recurrente en la policía local: la palanca en boludo, el oficio de mirar para el costado y al mismo tiempo guardar las apariencias del cumplimiento del deber.
El jefe de policía de la provincia, Miguel Oliva, retoma la marcha y promete acelerar. Sus declaraciones de esta semana no permiten saber si lo que el gobierno impulsa es una política de mano dura o más bien de mano bruta: “Después salen con que es una dictadura”, dijo, haciéndose eco de los argumentos más retrógrados de los sectores policiales ante los cuestionamientos hacia la violencia institucional.
El proyecto de abolir las leyes que intentaron democratizar la capacitación y la selección de los policías y su concepción militar no está en el aire. “Si el comisario general ministro quiere ya están los proyectos terminados para modificar las dos leyes y poner una sola ley de policía en la cual volveríamos a los orígenes”, dice Savia respecto de Rimoldi, en un audio que circuló esta semana entre policías retirados y en actividad, en el que insiste y reafirma: “Si ellos (los nuevos funcionarios) consultan a los que ya tienen listo el proyecto de esa nueva ley de policía que derogue esas leyes nefastas, si nos consultan, se los van a entregar, van a decir acá están. Después será cuestión que alguien opere sobre la Legislatura”.
Lo que opinan los policías
Legisladores del oficialismo y de la oposición coincidieron en rechazar la delegación del gobierno de la seguridad en la corporación policial. El cambio de rumbo que ya venía insinuándose después de la renuncia de Marcelo Sain tiene sin embargo cierto consenso para un sentido común muy difundido que exige endurecer la respuesta del Estado ante el delito y en particular ante el narcotráfico.
El giro en la seguridad provincial parece concederle otra vez autoridad a figuras como la de Víctor Sarnaglia, quien se atribuyó esta semana la primera investigación contra Los Monos cuando estaba al frente de las Tropas de Operaciones Especiales. Las persecuciones legales contra la familia Cantero y contra Esteban Alvarado tienen tantos padres en la policía, la justicia y la política santafesina que resulta sorprendente el hecho de que hayan gozado de impunidad durante años.
En ese marco los resultados del Censo Policial de 2020 y los informes de 2021 sobre las repuestas de los policías de la Unidad Regional I y la Unidad Regional II pueden ser contrastados con los reclamos y las exigencias que exhiben los policías a los que se entregó el Ministerio de Seguridad. El censo es hasta ahora el único instrumento que permite conocer las opiniones y visiones de los policías sobre sus condiciones de trabajo, expectativas y problemas, y en ese sentido aporta ahora un recurso para oponer a la propaganda del lobby policial.
Entre los temas de la encuesta, se preguntó a los policías su opinión sobre la creación de “policías especiales”. Un 53 por ciento de los efectivos de la Unidad Regional II consideraron conveniente una pirámide única que dependa completamente de un jefe mientras el 47 por ciento prefirió una organización en la que existieran diversos jefes a cargo de distintas fuerzas policiales. Las opiniones sobre el punto están divididas, aunque la mayoría parece coincidir con el criterio que anunció el ministro Rimoldi.
Sin embargo, la creación de la Agencia de Investigación Criminal y de la Subsecretaría de Bienestar y Género en la Policía dentro de la órbita del Ministerio de Seguridad, ambas dispuestas durante la gestión de Perotti, recibieron una amplia adhesión: más de ocho de cada diez policías la consideraron “bastante positiva” o “muy positiva”. También la Agencia de Control Policial, que reformuló una estructura previa, fue aprobada por abrumadora mayoría.
Otra pregunta estuvo referida a la Ley Orgánica que rige a la policía de la provincia de Santa Fe desde 1975, cuya modificación es una de las tantas deudas pendientes en seguridad de la política provincial. “Más de dos de cada diez (policías) se manifestaron “muy de acuerdo” (con su reforma) y casi seis de cada diez “bastante de acuerdo”. Sin embargo, existe una minoría consistente (19,3 por ciento) que se opone a este cambio legal”, señalaron los realizadores del censo, surgido de una iniciativa conjunta entre el Observatorio de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la provincia y el programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral.
Los censados identificaron tres problemas principales que afectan a la fuerza: la baja remuneración, la falta de equipamiento y la falta de personal. “No deja de ser significativo que la baja remuneración sea colocada en primer lugar, pues constituye una condición de malestar ocupacional: un quinto de los/as policías de la UR II manifestaron como motivo de su ingreso a la policía la estabilidad policial y la seguridad de la remuneración”, observaron los autores del informe.
Otro dato significativo fue que un 81,1 por ciento de los policías santafesinos contestaron que perciben poca confianza o nada de confianza de la ciudadanía e identificaron la corrupción policial como la causa principal de la erosión del vínculo con la sociedad. Otras razones señaladas fueron la falta de presencia policial en las calles, la falta de efectividad en la detención de quienes cometen delitos y demora en la respuesta a los llamados de emergencia.
El Censo también detectó la resistencia ante los cambios producidos en los últimos años en la policía de la provincia. La mitad de los encuestados afirmó que deben ser los policías los encargados de diseñar e implementar reformas en la institución y secundariamente (tres de cada diez policías) fueron identificados los expertos como actores necesarios. “Prácticamente nadie eligió la opción “los/as ciudadanos/as”, puntualiza el documento.
…un 81,1 por ciento de los policías consultados contestaron que perciben poca confianza o nada de confianza de la ciudadanía, e identificaron la corrupción policial como la causa principal de la erosión del vínculo con la sociedad
“Además de producir conocimiento válido y confiable sobre la cuestión policial, (el censo) busca ser un mecanismo participativo que diera a todos/as los/as policías santafesinos/as la posibilidad de hacer oír su voz sobre diversos tópicos indagados, independientemente de su género, rango, cargo, antigüedad, función o lugar de trabajo”, destacan en el Observatorio de Seguridad y el Programa Delito y Sociedad. La posibilidad de que “las voces de los/as policías, con toda su pluralidad, sea escuchada en el debate público y en la estructuración de una política policial democrática”, sin embargo, está en cuestión.
Nostalgias de un pasado que no existió
Gustavo González advierte que el nombramiento de un policía retirado como responsable de la seguridad provincial señala una especie de regularidad antes que una excepción en la historia reciente de la provincia. “La designación de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad o armadas en ministerios, secretarías y subsecretarías vinculadas al diseño, implementación y gestión de políticas de control del delito y la violencia, no es un dato nuevo ni es privativo del contexto santafesino ni de ninguna fuerza política en particular”, dice. Para el caso santafesino los antecedentes pueden remontarse al nombramiento del teniente coronel Rodolfo Riegé, denunciado como partícipe en el terrorismo de Estado, como subsecretario de Seguridad Pública durante el primer gobierno de Carlos Reutemann.
“Una parte importante de estas designaciones, vienen anudadas o precedidas por las denominadas crisis de inseguridad. Los actores políticos ven en este tipo de medidas efectistas, apelaciones simbólicas a que el gobierno y el control del delito es posible apelando el involucramiento de funcionarios que portan saberes tradicionales sobre este campo”, agrega González. Fue la justificación que ensayó el gobernador Perotti: una médica puede ser ministra de Salud, un productor puede ser ministro de Agricultura y entonces un policía podría ser ministro de Seguridad.
Sin embargo, sigue el especialista de la UNL, “estas apelaciones a funcionarios con estos perfiles y saberes constituyen indicadores de la debilidad de los procesos políticos institucionales democráticos para generar capacidades y saberes estatales sólidos e innovadores”. Poner tanto el énfasis en que no le tiembla la mano, como suele hacer el gobierno provincial, hace sospechar que en realidad sucede lo contrario.
“La apelación a funcionarios provenientes de fuerzas de seguridad viene acompañada con el diagnóstico según el cual las instituciones policiales se encuentran desgobernadas y son ineficaces para cumplir sus funciones de prevención y represión del delito, lejos de un pasado ideal donde cumplía con creces esas funciones porque era una institución disciplinada, vertical y jerárquica sino que además existían amplios y sólidos lazos de confianza con la ciudadanía”, observa González.
En ese sentido, “hay una construcción idealizada y, por otro lado, una construcción simbólica que representa a la institución policial como monolítica, homogénea y estructurada verticalmente y bajo dinámicas de mando y obediencia lineales”. Cualquier coincidencia con la realidad es prácticamente una casualidad, y sobre todo en Santa Fe: “Años de investigación empírica en el campo de los estudios sociales de la policía han dado cuenta no solo de la endeblez de ese pasado romántico” sino que las instituciones policiales lejos están de ser instituciones monolíticas, homogéneas y que se pueden gobernar y controlar en forma automática y lineal a partir de las decisiones y órdenes que “bajen desde el vértice de la pirámide”.
Pero algunos no pierden las ilusiones, sobre todo “porque tenemos un policía como ministro”, como dice Mariano Savia.
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