La motosierra del nuevo gobierno se empieza a empantanar en el universo de la protesta social y política. Ni el filo de la cuchilla ni la potencia del motor parecen suficientes para abrirse camino en el frondoso bosque de la resistencia opositora que este miércoles 24 de enero protagonizó un hecho político sin precedentes para la democracia: un paro y movilización con amplio alcance en la ciudad de Buenos Aires (y en decenas de localidades de todo el país), a seis semanas de asumido presidente Javier Milei con 14,5 millones de votos. Más de 300 mil personas invadieron como hormigas toda el área del Congreso de la Nación, entre las avenidas Entre Ríos, Callao y 9 de julio, con eje sobre la avenida de Mayo, pero rebalsando ampliamente no menos de 60 manzanas circundantes, que Suma Política pudo recorrer durante las horas del mediodía, justo cuando desde el modesto palco instalado en la plaza, los cegetistas Pablo Moyano y Héctor Daer instaban a diputados y senadores a rechazar el DNU y la ley ómnibus con que Milei busca reescribir las bases jurídicas y culturales de la Argentina.
El resultado político de la movida fue para la CGT pura ganancia: una convocatoria gigante por la fecha de pleno verano, por la cortísima trayectoria del nuevo gobierno y porque la multitud evitó cualquier provocación y no cayó en la trampa de la violencia callejera. Y un resultado práctico concreto: la sesión por la ley ómnibus en el recinto, que estaba prevista comenzar este jueves, debió ser postergada. El oficialismo obtuvo dificultosamente dictamen en la noche del miércoles, pero no tiene los números para aprobarlo en el recinto.
La interpretación gubernamental en el sentido de que el paro y la movilización estuvieron circunscritos sólo al universo que votó a la ahora oposición en la última elección, y que no altera, presuntamente, las mayorías y minorías constituidas el 19 de noviembre pasado, es una banalidad política, aunque pudiera ser técnicamente cierta. Si en democracia un sector masivo en contacto con las mayorías del presente se siente agredido, resiste, gana la calle y empieza a generar hechos políticos inocultables, carece de relevancia si ese sector ganó o perdió la última elección.
La dinámica de la democracia, sus tensiones, e incluso su supervivencia, son mucho más complejas que una foto electoral cada dos años como presunto estado de cosas congelado hasta la nueva elección. Y la Argentina lo sabe, los ejemplos sobran. De la Rúa se fue en helicóptero y con 35 muertos a dos años de asumir con el 50 por ciento de los votos. Cristina estuvo al borde del nocaut (luego revivió) a seis meses de ganar cómodamente con el 46 por ciento (2007) con el conflicto con el campo por la 125. Nada es para siempre, menos para un recién llegado como Milei.
Durante la movilización, la oposición llamada ahora dialoguista (sectores de la UCR, del bloque Hacemos Consenso Federal y de Innovación Federal, entre otros) que había posibilitado horas antes a La Libertad Avanza llegar arañando a las firmas necesarias para obtener dictamen por la ley “Bases”, quedó estupefacta con una nueva intervención del ministro de Economía Luis Caputo. “Las partidas provinciales se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos (del proyecto de ley) es rechazado”, publicó Caputo dejando en un mal lugar a los laboriosos dialoguistas que, si algún límite plantea, es, al menos, atender a los pedidos de los gobernadores de su propio signo político. “Recorte a jubilaciones y retenciones a las industrias regionales no pasarán”, se vio obligado a responder el radical cordobés Rodrigo De Loredo, el jefe de bloque más amigo del gobierno entre el elenco de opositores blandos.
Pasado el paro y la movilización, el clima político para la Casa Rosada se enrareció. Y la discusión se prolonga ahora con final abierto.
La semana próxima será un barajar y dar de nuevo, todo bajo el condicionamiento ineludible de que cada día que pasa y el sufrimiento del bolsillo se acrecienta, la posibilidad de negociación del gobierno se achica.
No casualmente, tras el paro, y al caer la tarde, el bloque de Unión Por la Patria del Senado apuró un pedido formal de sesión para el próximo jueves 1º de febrero, donde buscará forzar el tratamiento en el recinto del DNU que está vigente. El peronismo dice contar con el número para dejarlo sin efecto.
El decreto presidencial quedó vigente, ambas presidencias de las cámaras no cumplieron con los tiempos previstos para la conformación de la comisión Bicameral para su tratamiento y ahora la oposición acelera y buscará forzar su rechazo en el recinto (constituido en comisión), algo que el oficialismo no podrá detener si el peronismo y aliados juntan el número mágico de 37 en la Cámara alta.
Como se ve, la movilización callejera no es inocua y trae sus efectos políticos, aunque desde ya no sean definitivos. La partida sigue abierta, y el final, como tantas veces, incierto.
El dictamen
En las horas previas al paro, el gobierno consiguió en Diputados dictamen de mayoría para la ley ómnibus después de una larga y trabajosa negociación. De hecho, los legisladores firmaron un dictamen en blanco -entre ellos los santafesinos Nicolás Mayoraz (LLA), Germana Figueroa Casas y Luciano Laspina (PRO)- y en la mañana del miércoles circularon dos dictámenes con distinto contenido.
Paradójicamente, la firma decisiva la aportó el peronista tucumano Agustín Fernández por pedido del gobernador Osvaldo Jaldo. Horas después, Fernández y otros dos legisladores de esa provincia rompieron el bloque de Unión por la Patria y conformaron uno propio.
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