Esteban Alvarado tiene razón. No es un monstruo, como planteó al dirigirse al Tribunal que lo juzga como instigador del asesinato de Lucio Maldonado y de balaceras y atentados contra edificios judiciales e integrantes del Ministerio Público de la Acusación, beneficiario de operaciones de lavado de dinero y líder de una estructura criminal. El alegato de la fiscalía en el cierre del juicio expuso no solo su intervención en esos hechos sino los factores que permitieron el crecimiento de su organización: una combinación de activa complicidad policial, negligencia igualmente sostenida de la Justicia y declinación de la política santafesina ante el delito.
“Está muy claro que en Santa Fe no se desarrolló el crimen organizado solamente porque una serie de chicos malos decidieron cometer delitos —planteó el fiscal Luis Schiappa Pietra—. En Rosario lo que hubo, y en esta causa quedó acreditado, fueron representantes muy significativos del Estado que por acción, omisión, imprudencia o displicencia, permitieron que una organización criminal de la talla de la que armó Esteban Alvarado haya podido funcionar. Esos son los espacios que aprovecha la criminalidad compleja”.
Schiappa Pietra abrió el alegato de la fiscalía con una petición sobre política criminal, “consolidada en la agencia en la que trabajamos y muy avalada por la Fiscalía Regional, que fue no solo contar un hecho de homicidio, no solo contar amenazas y balaceras ni el desarrollo de una asociación ilícita: lo que pretendimos fue dar cuenta en términos judiciales de lo que sucedió con el crimen organizado en la ciudad de Rosario en los últimos años”.
Ese relato cobró forma con el transcurso del juicio: la declaración grabada por Carlos Argüelles antes de su asesinato, los testimonios de los hermanos Rodrigo y Mariana Ortigala —sobrevivientes de varios atentados—, los informes del oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Emilio Lencina desoídos por la Justicia Federal, el exhaustivo análisis de la contadora Marina Marsili sobre operaciones de lavado de dinero y los 4.500 audios de Telegram obtenidos del iPhone que Alvarado intentó destruir al ser detenido fueron algunas de las piezas más significativas de una historia criminal que atraviesa la última década en Rosario.
Los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery pusieron énfasis además en “el daño al funcionamiento institucional de la provincia”, por “sus maniobras y entrelazamientos con actores policiales sobre los que tenía ascendencia y mucho más el daño personal y directo a las víctimas y a sus familiares, claramente merecedor del máximo reproche penal”, por lo que pidieron prisión perpetua por el crimen de Maldonado, 25 años de prisión como jefe de asociación ilícita y el pago de una multa de 758 millones de pesos y 10 años por los atentados contra Marina Marsili y los edificios judiciales.
Los factores del producto Alvarado: activa complicidad policial, negligencia sostenida de la Justicia y declinación de la política santafesina ante el delito
Los fiscales también solicitaron prisión perpetua para Mauricio Jesús Laferrara, Facundo Fabián Almada, Matías Horacio Ávila y Germán Facundo Fernández por el crimen de Maldonado; en el caso de Laferrara agregaron un pedido de 25 años de prisión por el homicidio de Cristian Enrique y 10 años como integrante de asociación ilícita; 8 años de prisión y multa de 407 millones de pesos para Miguel Greci Hazzi como miembro de asociación ilícita y por tres hechos de lavado de activos; 6 años y multa de 69 millones para Damiana Gusta Ghirari por un caso de lavado, y el decomiso de 8 inmuebles —entre ellos la quinta Los Muchachos— y 17 vehículos.
En nombre de la mafia
—¿Cómo me dice mamá?
—¡Asesino, asesino!
El diálogo entre Mauricio Laferrara y su hija fue una de las tantas conversaciones que se difundieron en el juicio en torno al secuestro y asesinato de Cristian Enrique, perpetrado en aparente represalia por un tiroteo en Pellegrini y Magallanes que dejó malherido a Jorge Laferrara, padre de Mauricio y antiguo compadre de Ariel “el Viejo” Cantero.
Cristian Enrique tenía 22 años y había estado preso en el pabellón 7 de la cárcel de Piñero, que las autoridades del Servicio Penitenciario reservaban para integrantes o allegados a la banda de los Monos. El 23 de octubre de 2018 fue secuestrado por personas vestidas con ropa policial que circulaban en un Ford Focus blanco y lo abordaron en la esquina de su casa, en Pérez. El cadáver de Enrique apareció el 9 de diciembre con huellas de torturas.
Un miembro de la banda llamó por teléfono a la madre de Enrique para indicar el lugar donde habían arrojado el cadáver, y también para poner en funcionamiento una coartada que había sido prevista. Después de preguntarle a la mujer si lo escuchaba bien, dijo: “El bocón de su hijo está tirado a la salida de Soldini, por la ruta 14, entre el kilómetro 6 y 7”. Ante el desconcierto de la mujer, aturdida por la brutalidad del mensaje, su interlocutor repitió la referencia sobre “el bocón de su hijo” y agregó: “decile al bocón del Bocha que se cuide con lo que dice porque con la mafia no se jode”.
“Con la mafia no se jode” era el copyright de los atentados de los Monos a edificios de la Justicia y fue uno de los recursos con que Alvarado y sus cómplices intentaron desviar las responsabilidades por los crímenes de Enrique y Maldonado hacia el clan de la zona sur. “El Bocha”, además, aludía a un tío de Enrique detenido por el secuestro de Miguel Collan, integrante de la comunidad gitana.
Al hacer esa referencia la banda de Alvarado aprovechó la hipótesis inicial de la policía sobre el crimen de Enrique: una venganza por haber aportado datos sobre los secuestradores de Collan. El llamado a la madre se hizo desde el barrio Las Flores, el territorio de los Monos, con la previsión de que fuera captado por los investigadores y reforzar así las sospechas sobre los Cantero.
Para los fiscales, la maniobra es reveladora de una particularidad de la banda. La organización de Alvarado planificaba sus crímenes con precauciones de logística y tareas de inteligencia: “ya tenemos la placa y la ropa”, le dijo Laferrara a Germán Fernández, en referencia al uniforme policial que usaron, y en otros mensajes incluyó fotografías de la casa de Enrique, así como después filmó la casa y el auto de Maldonado. Y además se propuso dirigir a los investigadores con la zanahoria tentadora de los Monos y la colaboración de los policías Pablo Báncora y Jorgelina Chávez, integrantes por entonces de la Unidad de Gravedad Institucional del Ministerio Público de la Acusación.
Como en otros hechos, el testimonio de Carlos Argüelles incriminó a Alvarado. El mecánico recibió en su taller el Ford Focus blanco —“había mucha sangre en la alfombra del asiento trasero”— y escuchó los dilemas que se planteaba el jefe de la banda: “No sé cómo hacer para que aparezca el cuerpo sin llamar a la policía”. El crimen de Argüelles ocurrió en setiembre de 2021 y según los fiscales fue encargado por Alejandro Nuñez, alias Chucky Monedita, desde el pabellón 4 de Piñero que compartía con Laferrara.
La frase “con la mafia no se jode” fue utilizada también como firma del homicidio de Maldonado, en el cartel que los asesinos dejaron junto al cadáver en la madrugada lluviosa del 13 de noviembre de 2018. Los audios difundidos durante el juicio permitieron observar cómo la preparación del secuestro —con seguimientos, fotografías y videos— fue simultánea con los cuidados para repetir la coartada ya desplegada con Enrique. Así, el 26 de octubre de 2018 Laferrara le advirtió a Fernández sobre el progreso de la acción (“ya marqué al Gordo”) y guardó una foto de Leandro Olivera, allegado a la familia Cantero, al cual intentarían cargar la responsabilidad del asesinato de Maldonado.
Otro mensaje de Laferrara a Fernández contendría la clave del móvil: “Ahí tenemos una linda mone (dinero)” estaría referido a las actividades de Maldonado como financista informal.
En defensa propia
Alvarado solía pasar durante la mañana por el taller de Argüelles. Tomaba mate y pensaba en voz alta: “el día que maten al Gordo Lucio se va a armar un bondi bárbaro”, habría dicho. “Ha matado a tanta gente que no me sorprende que venga y diga va a morir tal persona”, comentó el mecánico.
El testimonio vino a cuento porque Alvarado negó enfáticamente conocer a Maldonado. Otros dos testigos lo contradijeron y quedó probado que el prestamista tenía una tarjeta azul para usar una camioneta con el ingreso autorizado a Funes Hills, el country donde vivía Rosa Natalí Capuano, esposa de Alvarado hasta 2014 y madre de dos de sus hijos.
“Alvarado realizó hechos concretos para desviar la investigación —destacó el fiscal Schiappa Pietra—. En ninguno de los 4.500 audios de Telegram se manifiesta ajeno al homicidio de Maldonado, como ahora alega. Lo primero que quiso hacer fue incriminar a Rodrigo Ortigala y a Leandro Olivera. Si no hubiéramos encontrado su celular podríamos haber comprado su versión, porque estaba muy bien armada y se hizo conociendo la cocina de la investigación”.
El armado de la coartada incluyó múltiples recursos, incluso la contratación de un detective privado —no identificado— para seguir a Ortigala. Teléfonos clonados y conversaciones simuladas con guion del propio Alvarado, un auto comprado en Córdoba, “emponchado” para que pasara por el de Ortigala y exhibido ante cámaras de vigilancia para que quedara registrado después de la balacera contra la casa de Marina Marsili y la asistencia de jefes de la Policía de Investigaciones convergieron en el plan que contó además con la asistencia de los policías Báncora y Chávez.
A diferencia de los otros acusados, Alvarado tuvo una participación activa en el juicio. Habló al comienzo y después de los alegatos, se definió como “un comerciante de toda la vida” y, alterado por el video en que Argüelles desgranó una sucesión de crímenes bajo su designio, increpó a los fiscales. Se presentó como víctima de una injusta persecución judicial y solo admitió haber ordenado la intimidación contra Marsili. En esa línea la defensa pidió que se lo condene solo por amenazas.
“No se puede perder de vista la brutalidad de esta situación —dijo Schiappa Pietra, en referencia a la admisión de la balacera contra la funcionaria del MPA—. A veces naturalizamos algunas cosas, pero que Alvarado lo haya reconocido es muy incriminante por el lugar en que se coloca. Reconoce el atentado porque no tenía demasiada alternativa ante las evidencias, pero es más incriminatorio porque esa maniobra tuvo que ver con ocultar y sustraer evidencia relevante para el homicidio de Lucio Maldonado y para direccionar su responsabilidad hacia Los Monos”.
La complicidad de la policía de Rosario con el crimen organizado surgió una y otra vez en el juicio y ya estaba acreditada en las escuchas telefónicas de la fiscalía de San Isidro que llevaron a la detención de Alvarado en agosto de 2012 y a una condena de seis años de prisión.
Las prestaciones de la policía al delito fueron innumerables. Entre otras, un jefe de policía de Rosario, Néstor Arismendi, se ocupó de ablandar a Rodrigo Ortigala para que entregara la casa que le exigía Alvarado; un jefe de la División Judiciales, Luis Quevertoque, se dedicó a perseguir al grupo rival en el narcomenudeo; un comisario, Cristian “Chamuyo” Di Franco, lo hizo partícipe del lobby para el nombramiento de un jefe de policía de la provincia, como si ese fuera un asunto sobre el que debía pronunciarse el crimen organizado.
La investigación del fiscal Patricio Ferrari, en San Isidro, comprobó que Alvarado y su banda robaban vehículos en la provincia de Buenos Aires y los desguazaban y vendían en Santa Fe. Había un pacto con la policía santafesina: no robar en el territorio de la provincia, para no afectar las estadísticas sobre casos esclarecidos que suelen desvelar a los funcionarios corruptos y para no llamar la atención de la justicia.
El entendimiento llegó a niveles grotescos: en julio de 2012 Alvarado localizó y devolvió tres autos robados a la policía de Rosario, y posteriormente recuperó un vehículo robado a un amigo del ministro de Seguridad Raúl Lamberto. “¿Los laureles me los llevo yo o se los llevan ustedes?”, se preguntó en un mensaje dirigido a jefes de la Policía de Investigaciones a través del abogado Claudio Tavella.
El reconocimiento del lugar de Alvarado en la estructura quedó documentado en diversos audios. El más claro, quizá, fue el tributado por Tavella en una conversación de 2012: “Capo”, le dice el abogado.
Había un pacto con la policía santafesina: no robar en el territorio de la provincia para no afectar las estadísticas sobre casos esclarecidos. El entendimiento llegó a niveles grotescos
La punta del iceberg
El juicio contra Alvarado puso bajo otra luz al que se llevó adelante contra los Monos. En febrero de 2014, cuando la justicia provincial dictó procesamientos contra miembros de la familia Cantero y sus colaboradores en la venta de drogas, los informes de Emilio Lencina a la Justicia Federal ya habían detectado que el comisario Quevertoque y la División Judiciales eran socias de Alvarado.
Lencina no se cansó ese año y el siguiente de pedir la intervención de teléfonos de los policías de Judiciales. Y el juez federal Marcelo Bailaque tampoco se cansó de rechazar esas solicitudes. “No sabemos por qué. No hay ninguna razón para explicar por qué se detuvo la investigación de Lencina, que venía avanzando con eficacia y se detiene”, destacó el fiscal Edery. Recién el 20 de noviembre de 2015 el juez Bailaque autorizó las intervenciones, pero en ese momento resultaron inútiles porque las líneas estaban desactualizadas. El Consejo de la Magistratura recibirá una copia de las deliberaciones en el juicio para analizar la actuación del magistrado.
El viernes 3 de junio, a las 10, el Tribunal integrado por Patricia Billotta, María Isabel Más Varela y Alejandro Negroni dará a conocer su sentencia en el Centro de Justicia Penal. Pero a esta altura ya puede darse por probado que la expansión de la violencia y de los negocios delictivos en Rosario no fue la responsabilidad de un genio del mal sino el resultado de la participación de diversos actores policiales, judiciales, políticos y financieros.
Esa revelación no se agota en una cuestión de interés histórico ni se convertirá en pasado, porque el juicio expuso también una cadena de hechos de violencia todavía no aclarados y aportó datos, informaciones y análisis para comprender el presente que atraviesa la ciudad de Rosario. El crimen de Lucio Maldonado fue en definitiva el emergente de un iceberg que parecía invisible cuando estaba sumergido bajo una superficie transparente.
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