El cierre anunciado de la fábrica de caucho sintético de Pampa Energía en Puerto San Martín avanza un paso en el desmantelamiento del polo petroquímico del cordón industrial. Como en 2024, cuando Dow cerró la planta de polioles, marca otra oleada de crisis laboral dentro del ciclo corto de la actual política económica nacional
“Cada vez cierran más empresas, el cordón va a terminar como en los 90 pero sin tener ni siquiera una ley laboral que nos ampare”, describió el secretario gremial del sindicato de obreros petroquímicos, Soepu, en la manifestación que los trabajadores realizaron frente a la sede rosarina del Ministerio de Trabajo provincial. La actividad en Ovidio Lagos y San Lorenzo se reaviva con una nueva camada de empresas en crisis. En la misma mañana, desfilaron por la sala de audiencias los casos de Expreso Brío y Celulosa.
En el caso de Pampa Energía, la figura de la conciliación voluntaria permitió abrir una tregua hasta principios de agosto en un conflicto que, en principio, afecta 130 puestos de trabajo calificado. De las cinco unidades que operan en el complejo industrial del grupo Mindlin en Puerto San Martín, la empresa comunicó el martes pasado el cierre de la fábrica de caucho sintético, consecuencia directa de otro cierre: el de la planta de neumáticos de Fate. Y, como ocurrió con Dow, el fin de esa operación es también el de una actividad. Una vez que se concrete, ese insumo sólo podrá ser importado.
En la nueva crisis se encuentran la voluntad de destrucción de la industria nacional, sobre todo la de las cadenas orientadas a abastecer el mercado; la reforma laboral, que militan las empresas con reestructuraciones forzadas de personal, y la reconfiguración de la geografía económica. El mismo grupo Mindlin confirmó hace pocas semanas que invertirá 2.700 millones de dólares para construir una planta de producción de fertilizantes en Bahía Blanca. También Profertil estudia una mega inversión para ampliar la fábrica de urea que hace 30 años se radicó allí, tras ganarle la pulseada en Santa Fe. El sur de Buenos Aires, la provincia rebelde de la era libertaria, se consolida como el punto de encuentro entre el downstream de Vaca Muerta y el upstream del agro pampeano, dos de las contadas afloraciones que sobreviven al terremoto productivo.
En esa transformación, Santa Fe compró el rol de hub logístico. Su clase política concentra el esfuerzo en volcar recursos propios para mejorar la infraestructura que conecta los puertos locales con los agronegocios y los enclaves mineros e hidrocarburíferos, y apuntalar al círculo rojo local en su lobby en la Nación por obras, leyes y decisiones políticas, como el dragado del Paraná, la desregulación del tráfico fluvial, la privatización del ferrocarril Belgrano o la ley de biocombustibles.
Este posicionamiento busca acompañar un incipiente ciclo de proyectos de inversión, de menor monto que los anunciados en Bahía Blanca, en los sectores que tomaron el liderazgo en el cordón del Gran Rosario. Puertos en Timbúes, una biorrefinería en donde había una refinería de petróleo y ampliaciones para diversificar la molienda en el complejo aceitero.
Federalismo desquiciado
El traspaso de la ruta nacional A012 a la provincia es una pieza relevante dentro de ese rompecabezas. Se formalizó esta semana en un acto registrado por un delirante video del gobierno nacional en el que presenta como vocación federal y apuesta por la inversión en infraestructura la materialización de su shutdown vial. Santa Fe se hará cargo de reparar con recursos propios esta ruta esencial para el complejo agroexportador, mientras el Estado nacional seguirá recaudando los impuestos que por ley deberían estar destinados a estas obras. Hay un vuelto en caramelos: la provincia recibió 5 mil millones de pesos en ATN.
La tradicional noción de federalismo invertido ya no alcanza para explicar el federalismo desquiciado de estos días, tan parecido a la balcanización.
Con lógica política, el gobernador Maximiliano Pullaro construyó una narrativa de victoria en torno de la obligada resignación a aceptar este presente griego de Javier Milei, con quien se esfuerza en estos días por recuperar sintonía. El retiro nacional del territorio y la caída de ingresos que provoca su política económica tensan al extremo las cuentas públicas. Junto al endeudamiento, los salarios del sector público empiezan a ganar peso como fuente de financiamiento de este nuevo gasto.
De alguna manera, así lo expuso el ministro de Economía, Pablo Olivares, cuando marcó el terreno de juego de las paritarias provinciales. Dijo que el objetivo para el segundo semestre del año es “armonizar tres necesidades que son imprescindibles: garantizar que los salarios de los trabajadores públicos le ganen a la inflación; que los ciudadanos tengan más y mejor calidad en sus servicios, y que el proceso de inversión pública no se detenga”.
Mínimos y porcentajes
La propuesta salarial fue aceptada casi sin reparos por los sindicatos de la administración central, UPCN y ATE, con la protesta de la seccional Rosario de este último gremio. El cronograma de aumento, que redondea 15,5 %, quedó así estructurado: 2 % en julio, con un mínimo garantizado de 80.000 pesos; 1,8 % en agosto y 1,7 % en septiembre, con un piso de 100.000; 1,6 % en octubre y 1,5 % en noviembre, con un umbral de 130.000; y 1,5 % en diciembre, con una garantía de 180.000. Todos con incidencia en el aguinaldo. Adicionalmente, el gobierno prometió analizar “cada caso” para compensar a quienes hayan tenido “un incremento inferior al 17,1 % en el primer semestre”. Ese porcentaje es el que acumuló la inflación provincial de los primeros seis meses de 2026, frente a un aumento salarial promedio de 12,5 % en el mismo período.
A los gremios docentes, más críticos, les ofrecieron la misma base pero “complementada con herramientas propias del sistema educativo, como los mínimos garantizados, el Fondo Provincial de Capacitación Docente (Fopcid) y medidas específicas para determinados cargos y situaciones particulares”. El parte oficial detalló que un docente de grado, sin antigüedad, con 25 horas semanales, percibirá en diciembre 1.517.481 pesos, lo que representa “un incremento de 14,62 % para el segundo semestre y de 49,01 % en el comparativo con diciembre de 2025”. Ese cargo testigo, continúa, tendrá una suba de 6,25 % respecto de junio.
Amsafé denunció que el gobierno “intenta instalar un relato” de victoria de los salarios docentes sobre la inflación cuando “los datos muestran una pérdida de 4,6 puntos del poder adquisitivo en el primer semestre para los docentes activos y de 6,2 para los jubilados”. Advirtió que el aumento propuesto para la segunda mitad del año es en realidad del 10,1 % y que el mínimo garantizado “será absorbido por los futuros aumentos salariales durante 2027”.
Martín Lucero, titular de Sadop, el sindicato de docentes privados, apuntó contra ese mecanismo. “Puede ser que algún docente en la base de ingresos, que son los menos, cobre más que la inflación un mes pero luego lo pierde al final del período porque esas sumas fijas se van consumiendo en los aumentos porcentuales, que apenas van en espejo de la inflación esperada”, explicó durante una entrevista con el programa La Banda Cambiaria.
Anclas y brotes verdes
En la mitad del año, la negociación salarial retoma protagonismo en la puja distributiva, que la política económica nacional quiere anclar a la baja como parte de su estrategia de desinflación. La paritaria mercantil fue un campo de batalla en ese sentido. Cerró esta semana con el porcentaje del 1,9 % mensual que pretendía el Ministerio de Economía, más algunas sumas no remunerativas para mitigar el efecto devastador del verdadero costo de vida sobre el bolsillo.
“La combinación de ingresos deprimidos, exclusión financiera y alto costo real del dinero anula la viabilidad de que el crédito al consumo actúe como motor de reactivación económica de cara al segundo semestre de 2026”, enfatizó el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) en su último informe de coyuntura.
De hecho, la tasa de irregularidad en el crédito a las familias superó el 12 % en mayo pasado. En octubre de 2024 era del 2,5 %. Este quiebre del perfil crediticio, que “no registra precedentes cercanos desde la salida de la convertibilidad”, se transformó en “una bomba de tiempo” en el caso de las fintech, donde “la mora en categoría de irrecuperable escaló al 10,8 % y cuadruplicó los niveles de inicios de 2025”.
El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) aportó otro dato: “Al comparar mayo con abril se observa que los bancos dejaron de otorgar nuevos préstamos y las billeteras virtuales ocuparon ese lugar”. Esta estrategia defensiva de la banca tradicional redujo el número de deudores pero no el monto, lo que indica una migración a situaciones de mayor nivel de riesgo. En ese punto, el informe cree detectar, además, una venta de carteras incobrables. La puerta de entrada a otro tipo de problemas para los deudores.
Este cuadro garantiza la continuidad de la crisis y conspira contra la aparición de los “brotes verdes” que, como alguna vez Mauricio Macri, cree ver el viceministro de Economía, José Luis Daza. El Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) que difundió el Indec mostró un estancamiento en mayo y liquidó la módica expectativa de un ciclo económico asimilable a un serrucho. Los ganadores designados, como el agro, minería y energía, siguen su curso. El resto se hunde. En Santa Fe se perdieron 2.916 empresas y 15.930 puestos de trabajo registrados entre noviembre de 2023 y abril de 2026, según los datos más recientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
La tierra y la calle
No está claro que este cementerio mate a la inflación. “Todavía no llegamos al valor de equilibrio para bajar el precio de las naftas”, se atajó el presidente de YPF, Horacio Marín. Y advirtió que esa posibilidad “se dilata más” con el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente y el rebote del barril de crudo. La economía de dos velocidades tampoco parece alcanzar para llenar el tanque de divisas. El ministro Luis Caputo presentó el proyecto de inocencia fiscal II, e imploró: “Tener los dólares bajo el colchón es un muy mal negocio”.
La directora del FMI vendrá en los próximos días a traerle respaldo y, de paso, ver Vaca Muerta con sus propios ojos. Pocas veces el ídem estuvo tan cerca del ganado. Pero el oficialismo y sus aliados intentarán acortar más esa distancia. El 6 de agosto buscarán dar media sanción al proyecto que libera la extranjerización de tierras. Hace unos días, ese paso se frustró por la victoria de la selección de fútbol frente a Inglaterra y la bandera que exhibieron los jugadores. Las centrales obreras y los movimientos sociales recogieron el guante. Para esa fecha planean ejecutar el segundo capítulo del cronograma de marchas que arrancó el miércoles pasado, con el acompañamiento a la protesta de los jubilados. Un plan de acción para revitalizar la protesta en la calle en los próximos meses.
Autor
