“Es interesante”, dijo Javier Milei, mientras trazaba rayas sobre sus papeles después que Sergio Massa expresara el compromiso de “involucrarse personalmente” contra el narcotráfico durante el debate del domingo pasado. El candidato de La Libertad Avanza agregó con el tono del que conoce en profundidad el tema del que habla: “Sobre todo por lo que sucede en Rosario, ¿no? Porque en la lucha contra el narcotráfico no hay un solo policía preso. No hay un solo policía muerto”.
Milei ignoró así el crimen del suboficial Joel Nicolás Ruiz, de 30 años, asesinado el 24 de diciembre de 2022 en el allanamiento a una casa cercana al Centro de Distrito Sudoeste. El procedimiento había sido ordenado por la Fiscalía de Rosario en una investigación por venta al menudeo de drogas y extorsiones.
Milei ignoró además el homicidio del inspector César Eduardo Carmona, perpetrado el 14 de septiembre frente a la sede de la Agencia de Investigación Criminal en Lamadrid al 500. El autor del crimen, Agustín Alfredo Almirón, está sindicado como sicario y vinculado a una banda dedicada a narcomenudeo, extorsiones, robos y usurpaciones de inmuebles de la zona noroeste.
Milei ignoró la intervención del suboficial Gabriel Sanabria, de la Brigada Motorizada, en un allanamiento en Arijón al 400, donde salvó milagrosamente la vida después de recibir diez disparos efectuados con una ametralladora. Fue en mayo de 2022.
Milei ignoró también registros de la Agencia de Control Policial sobre denuncias contra policías en Santa Fe. Según ese relevamiento, entre 2019 y 2022 fueron exonerados 210 efectivos de la policía provincial. La vinculación con el narcotráfico es una de las principales causas de esas cesantías.
Milei ignoró las condenas a policías provinciales y federales como parte de los juicios contra Los Monos, contra Delfín David Zacarías, contra Ignacio Actis Caporale, contra Esteban Alvarado y contra Olga Beatriz Medina, solo para mencionar causas relevantes contra el narcotráfico en Rosario.
Milei ignoró las detenciones del subinspector Luciano David Arellano y el suboficial Marcos Burúa, sospechados de facilitar información al grupo que asesinó a Nelson “Chivo” Saravia, barrabrava de Newell’s, el 23 de octubre de 2021; las detenciones de seis policías de la comisaría 10a, empleados de la banda narco de Emanuel Sandoval, entre tantas otras; las detenciones de los jefes de la Brigada Antinarcóticos de los departamentos Las Colonias y Coronda, por protección de un narco de la ciudad de Esperanza.
Si esos procedimientos no están en la agenda, Milei también ignoró la detención del jefe de la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal en Rosario. Se trata de un subcomisario acusado de facilitar el ingreso de celulares para detenidos a razón de 20 mil pesos por aparato, además de gestionar otros beneficios irregulares y rigurosamente tarifados.
La policía, o sea
La ignorancia es fundamental para el argumento que Milei expuso en el debate y también antes, durante la campaña previa a las elecciones primarias. Según su razonamiento, la supuesta falta de policías muertos y detenidos “quiere decir que baja la orden política para darle cobertura a los narcotraficantes” y que no hay guerra contra el narcotráfico.
Guerra es una palabra ordenadora. Los argumentos de Milei en seguridad son menos descabellados de lo que parecen. Tienen un sentido dentro de un programa que se propone extremar el carácter represivo del Estado hasta un límite que todavía no se avizora: su promesa de campaña es que reformará la ley de Defensa Nacional, la ley de Seguridad Nacional, el Código Penal y el Código Procesal Penal.
Milei no aporta detalles pero en declaraciones periodísticas adelantó que su idea es penalizar nuevas figuras y conceder más atribuciones para encarcelar a las personas: por ejemplo, a los que hacen piquetes. Dice que no recurrirá a las fuerzas armadas contra el narcotráfico, “por la convención de Ginebra”, y también, como planteó en el debate con Massa, porque “pueden ser acusados por delitos de lesa humanidad”: argumentación tramposa y doblemente eficaz, por un lado para desvirtuar los juicios por el terrorismo de Estado y por otra para ocultar que se propone configurar un orden que permita esa intervención.
El envase del paquete son fórmulas que explotan el hartazgo ciudadano por los problemas de seguridad y el sentido común punitivista. “El que las hace las paga”, afirma Milei, y con eso parece estar todo dicho, porque apunta a lo que sería una verdad conocida por todos: que hay impunidad para el delito y que los jueces y fiscales (argumento que también planteó Massa) son demasiado liberales en la aplicación de las prisiones preventivas.
“Cuando la gente se saturó sola fue a buscarlos y los sacó a patadas”, dijo Milei en el debate. No aclaró a qué se refería, pero no le hacía falta para su remate: “Por lo tanto no hay voluntad política”.
Las cárceles de Santa Fe, en particular, están superpobladas, pero de todas maneras La Libertad Avanza insiste con denunciar “la puerta giratoria” de la Justicia: esta imagen resulta mucho más convincente que las estadísticas sobre la población presa porque remueve sentimientos de miedo e indignación que están a flor de piel. Milei no es el creador de esta corriente de opinión, sino el que aprovecha su decantación en la coyuntura electoral.
El factor humano
Leoncio Bermúdez, el inspector asesinado en el Hospital Provincial frente a su hija de 12 años, se integra ahora a la nómina de policías caídos en el cumplimiento del deber que el candidato Milei ignora.
La investigación está en curso pero el episodio vuelve a mostrar los ámbitos criminales que funcionan en la cárcel: Gabriel Lencina, el preso al que fueron a buscar los asesinos de Bermúdez, disponía de celulares, cocaína y marihuana en el pabellón 9 de Piñero. El hallazgo evidencia que los circuitos de recaudación clandestina siguen intactos y que la incorporación de escáneres e inhibidores de señales es insuficiente si no se ejerce control sobre el Servicio Penitenciario.
La fiscal Gisela Paolicelli dijo hoy que trata de establecer cómo llegó la información sobre la salida de Lencina a los sicarios que irrumpieron en el Hospital Provincial. Si eran cómplices que lo iban a rescatar, Lencina contó con las posibilidades necesarias para ponerlos al tanto.
El asesinato de Bermúdez vuelve a exponer el lugar central de la cárcel en la criminalidad organizada. Uno de los tantos problemas de largo arrastre que el gobierno de Omar Perotti no resolvió y una demostración de que abstraer al Servicio Penitenciario de un control riguroso contribuye a realimentar los circuitos del delito. La prédica de La Libertad Avanza en seguridad encuentra en Santa Fe un terreno abonado por una gestión política que fue de un extremo al otro y confió funciones a impresentables.
Como lo sabe hasta Javier Milei, la seguridad en Santa Fe es un problema crónico. En 2024 se cumplirán diez años de la presencia de las fuerzas federales en la provincia, que llegaron bajo el mando de Sergio Berni y con la promesa de resolver la situación y “pacificar” el territorio. Si algo queda en limpio después de tanto tiempo son las actitudes demagógicas y el fracaso de una política que La Libertad Avanza se propone profundizar.
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