La resistencia obrera bajo la dictadura, luchas “invisibles” y represión en el Gran Rosario

“Las huelgas masivas de 1977 deberían ser una efemérides central de nuestra memoria colectiva, porque demuestran que la clase trabajadora pudo resistir aún en las peores condiciones represivas”. Para el historiador Andrés Carminati, la conflictividad laboral durante el régimen militar está atravesada por una doble dimensión de invisibilidad. Por un lado, la que remite a las prácticas de protesta desplegadas en los espacios de trabajo. Por el otro, la que refiere al sesgo historiográfico que durante muchos años postergó el lugar de estas luchas en la memoria colectiva. 

En La resistencia invisible, conflictividad obrera y represión durante la dictadura en el Gran Rosario (1976-1983), Carminati, doctor en Humanidades, profesor en la Universidad Nacional de Rosario y becario posdoctoral del Conicet, vuelca parte de un trabajo de dos décadas. La revisión minuciosa de partes de inteligencia de la policía de Santa Fe, archivos de prensa masiva, documentación empresaria y testimonios orales, le permitió construir  una obra que demuestra, contra las corrientes que postulan la existencia de un “consentimiento obrero” al régimen, que la conflictividad fabril nunca se extinguió y que “la cultura sindical acumulada permitió sostener la resistencia en las condiciones represivas más adversas”.

—¿Por qué la resistencia invisible?

—Hace unos 20 años empecé a inquietarme por la conflictividad obrera durante la dictadura. Accedí a los primeros textos, de los 80, que hablan de esta conflictividad pero me conmovió que fuera un tema poco conocido. Me pregunté dónde estaba registrada esa memoria. En general, las escasas referencias que se hacían destacaban el primer paro nacional de abril de 1979, la marcha a San Cayetano de 1981 o la movilización del 30 de marzo de 1982. Parecía que la clase trabajadora se había tomado tres años para reaccionar. Pero no fue así. Existen episodios de conflictividad laboral gigantescos e importantes durante ese período, que siguen sin difundirse demasiado. Hoy el diagnóstico de invisibilidad sigue siendo similar. El título alude a dos cuestiones. Por un lado, a formas de conflicto semi invisibles, como huelgas de brazos caídos o sabotajes internos en las fábricas durante el primer trienio de la dictadura; y por otro, al mito de que “no se sabía nada”. Como señala la historiadora rosarina Gabriela Águila, revisando la prensa de la época, aun con la censura y autocensura existente, se encuentran noticias de numerosos conflictos. Un ejemplo clave fue la gran oleada de huelgas entre octubre y diciembre de 1977 en sectores como ferroviarios, subterráneos, Luz y Fuerza, bancarios y grandes plantas industriales. Allí aparecían incluso noticias sobre el secuestro de trabajadores, porque los mismos obreros condicionaban el fin de las huelgas a la aparición con vida de sus delegados. Con esas protestas, los trabajadores lograron revertir algunos secuestros. 

—Comentás que en ese momento se llegó a comparar esa oleada con un nuevo Cordobazo.

—Exactamente. La oleada de huelgas de fines de 1977 provocó un debate encendido en los editoriales de diarios como La Razón, La Nación y La Capital. El diario La Nación publicaba análisis señalando “ni Videla es Onganía, ni Martínez de Hoz es Vasena”, recordando que aquellos conflictos de 1969 le habían costado el puesto a los gobernantes de la Revolución Argentina. El estallido obrero de 1977, que se inició con un paro ferroviario y se extendió a las grandes fábricas, los gremios aeronáuticos y de servicios públicos, obligó al propio régimen a replantearse la regularización del mundo sindical, porque la protesta carecía de dirigentes formales y se gestionaba directamente desde las bases.

—¿Qué empresas en particular te llamaron la atención y qué características tenían esos conflictos?

—Mi intención inicial era investigar el conflicto que se registró en junio de 1977 en la planta de John Deere que dio origen a una primera oleada de huelgas en la región, que duraron unos diez días. Luego amplié el enfoque a todo el Gran Rosario. Seleccioné casos emblemáticos. Uno es el de la fábrica de pistones Daneri, que posteriormente fue comprada por la empresa alemana Mahle, donde se dio una dinámica de resistencia molecular. En esta planta, la protesta se diluía en la cotidianidad del taller, manifestándose en sabotajes menores y demoras deliberadas en la producción de pistones. Esta resistencia invisibilizada se rompió en mayo de 1977 tras una acción de una organización armada contra un gerente de la firma. Este episodio marcó un punto de inflexión crítico ya que las fuerzas de seguridad intensificaron los niveles de vigilancia interna. La militarización de la planta buscó desarticular la capacidad misma de la base obrera para sostener sus reclamos cotidianos. También está el caso Estexa, la textil más grande del área, que empleaba alrededor de mil trabajadores y trabajadoras, donde hubo una gran redada de delegados y delegadas en 1977. A partir del rescate del libro de registro de personal de la fábrica, pude ver que durante la dictadura se produjo allí la mayor cantidad de despidos en la historia de la planta. 

La resistencia tuvo una inorganicidad que desbordó la capacidad de las fuerzas represivas de gestionar el conflicto. Y cuento también el caso de Celulosa Argentina, una fábrica emblemática del cordón industrial, en la que hubo numerosos sabotajes a la producción en 1978 y episodios represivos particulares. Por ejemplo, en 1976, como parte de la negativa a hacer horas extras, un grupo de 14 obreros se fue a pescar a la isla. La patronal, en lugar de una sanción administrativa, coordinó una respuesta represiva. La policía los buscó en sus domicilios y los encarceló en la comisaría de San Lorenzo. Otro hecho simbólico ocurrió a fin de año de 1976: la empresa solía hacer sonar la bocina como símbolo de prosperidad y festejo, y los trabajadores sabotearon la bocina para que no sonara, como forma de protesta en un contexto de altísima represión. Las patronales respondieron de diferente forma. Hicieron lockouts. También entró la policía a las plantas. 

—¿Cómo pudiste reconstruir estas historias?

—Los partes diarios de la División Informaciones de la Policía de Santa Fe, que están en el Archivo de la Memoria de la provincia, fueron centrales. Reportaban diariamente sobre “componente laboral”, “componente subversivo” y “componente político”. Un dato recurrente en esos informes era la frase: “No se encontraron cabecillas visibles”. Al estar prohibida la actividad gremial y ante el riesgo real de encarcelamiento o desaparición, los trabajadores organizaban petitorios colectivos o acciones sin liderazgos expuestos para no asomar la cabeza. Hacia 1977 los editoriales de prensa señalaban con preocupación que “no había con quién negociar”. Sin representación sindical que le diera cauce al conflicto, se multiplicaban las huelgas. Paradójicamente, la dictadura descubrió la utilidad institucional de los sindicatos para contener a las bases.

—¿Qué otras formas de protesta subterránea relevaste en la investigación?

—Se utilizaba mucho el “trabajo a tristeza”, que consiste en bajar el ritmo de producción alegando estar desanimados por los bajos salarios, y el “quite de colaboración” o trabajo a reglamento, que implica limitarse estrictamente al convenio sin realizar tareas extraordinarias. De esta manera se paralizaban las plantas. Esto demuestra que, lejos de ser acciones espontáneas e inconexas, existía una cultura y experiencia sindical acumulada en la clase trabajadora argentina que se remontaba a fines del siglo XIX con la primera Federación Obrera Argentina.

—¿En esos conflictos se luchaba contra la dictadura o predominaban las reivindicaciones económicas y salariales?

—La motivación principal era laboral. En los primeros tres años las protestas eran por salarios. A partir de 1979 ya se luchaba contra los despidos y suspensiones, por la crisis del modelo económico. Sin embargo, bajo el régimen militar la huelga estaba expresamente prohibida y catalogada como “subversión industrial” o “guerrilla fabril”. Por lo tanto, cualquier reclamo salarial o de supervivencia obrera se convertía, en la práctica, en una acción objetivamente antidictatorial. Desde fines de 1978 comenzó una paulatina reorganización al interior del sindicalismo, y en abril de 1979 se produjo el primer paro nacional. El escenario posterior será de progresivo descongelamiento sindical y de una conflictividad social y política cada vez más abierta.

—¿La violencia represiva terminó politizando al sector trabajador?

—Es un proceso complejo. En los últimos años aparecieron corrientes historiográficas que sostienen la existencia de un “consenso obrero” con la dictadura. Mi investigación cuestiona esa postura. Si hubiera existido tal consenso en 1976, las fuerzas armadas no habrían necesitado volver a prohibir las huelgas con penas agravadas a punta de fusil en septiembre de ese mismo año. Aunque muchos trabajadores pensaban inicialmente que la represión no iba dirigida contra ellos sino contra la subversión armada, al protestar por sus condiciones de vida experimentaron que el aparato represivo también los catalogaba como enemigos.

—Tu libro implica también un posicionamiento y una discusión en el campo historiográfico.

—Sin duda, es una disputa historiográfica y político-pública. Frente a discursos actuales que intentan relativizar la dictadura o atacar las políticas de memoria, el libro se posiciona en la vereda opuesta. Pero también dentro del propio campo de los derechos humanos y de la historiografía existió una subalternización de la historia obrera. Las huelgas masivas de 1977 deberían ser una efemérides central de nuestra memoria colectiva, porque demuestran que la clase trabajadora pudo resistir aún en las peores condiciones represivas.