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Política

“La incapacidad de la política” como factor constante en la crisis de seguridad en Santa Fe

No hay mal que dure cien años, dice el refrán, pero la crisis que atraviesa la seguridad en Santa Fe ya lleva un cuarto de siglo y más que soluciones se avizoran nuevas complicaciones. En ese problema crónico de la provincia hay un “patrón de larga duración desde los años 90” y es “la incapacidad de la política” para producir cambios estructurales en la policía, en las cárceles y en el sistema de justicia, dice Máximo Sozzo, abogado, doctor en Derecho y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

Sozzo es profesor de Sociología y Criminología y director de la Maestría en Criminología y del Programa Delito y Sociedad, de la UNL. Ha sido profesor visitante de numerosas universidades del país y del extranjero y tiene once libros publicados en el campo de los estudios sociales e históricos sobre la cuestión criminal. “De la mano de la crisis de la inseguridad, que se instala como problema público en los años 90 a nivel país y a nivel provincia, un sector de la política santafesina intenta desde entonces producir cambios que tienen distintos niveles de radicalidad. A esos intentos les siguen momentos de moderación e incluso de reversión”. Un péndulo que gira enloquecido mientras se profundiza la crisis.

—¿Cómo se desarrolla ese ciclo en la historia reciente?

—En los debates durante el primer gobierno de Obeid por primera vez se construye en la política santafesina un lenguaje de la reforma que identifica a la policía como parte del problema, la necesidad de reformar a la policía, y se lanzan algunas iniciativas en esa dirección, por ejemplo la creación de la Dirección Provincial de Asuntos Internos. Luego el segundo gobierno de Reutemann construye una política conservadora, punitivista, y esos sectores reformistas son corridos de la escena. Si seguimos con la historia de estos últimos 25 años tenemos estas idas y vueltas, ese movimiento de péndulo: el segundo gobierno de Obeid lanzando el Isep [Instituto de Seguridad Pública] como una nueva estructura de formación policial, o lanzando la nueva legislación de personal policial, pero encontrándose con muchos problemas de implementación.

—¿Y en los gobiernos del Frente Progresista?

—El gobierno de Binner, que cuando nace instala una retórica de cambio, crea el Ministerio de Seguridad y lanza algunas tímidas iniciativas que rápidamente pierden fuerza. Vuelve a pasar en el gobierno de Bonfatti: crea la Policía Comunitaria, le pone mucho énfasis a que es un cambio que busca generar una nueva relación entre los ciudadanos y la policía, y luego esa policía pierde fuerza en su mismo gobierno y ya en el de Lifschitz termina por desaparecer. El gobierno de Perotti es un ejemplo más de ese corsi e ricorsi, esas idas y vueltas donde algunos actores creen que hay que cambiar radicalmente la manera en que se hace política policial y otros que luchan por mantener el estado de cosas existente. La agenda de la reforma siempre ha estado presente pero nunca ha tenido la fuerza necesaria ni la estrategia adecuada para generar cambios duraderos. El Isep pretendió ser una institución civil, de formación de los policías, con una amplia participación de actores no policiales, pero en la práctica es una institución donde la corporación policial tiene bastante peso en qué se enseña, cómo se enseña, qué se hace y qué se deja de hacer. En los concursos de ascenso del personal policial podemos ver también la persistencia de viejas prácticas a pesar del cambio legal.

—Mientras tanto los problemas de seguridad se agravan. ¿Por qué es imposible llevar adelante esos cambios?

—Hay una dimensión de esa imposibilidad que es el constante atravesamiento de este debate por los intereses electorales. Eso hace difícil construir acuerdos que atraviesen los partidos y las configuraciones políticas. Los pocos ejemplos de iniciativas de cambios en estos 25 años han sido promovidos desde segmentos de un partido o de alianzas, sin mucho apoyo por fuera de esos grupos. Después hay una dinámica de los intereses comprometidos con esquemas de corrupción, que son muy fuertes y atraviesan no solo a la institución policial sino a la vida política santafesina y que florecen también como otro bloqueo ante esas tentativas. El estado de cosas existente resulta útil ya no respecto de una orientación política o moral sino de una orientación económica, de la producción de ganancias a través de los circuitos ilegales. Esos dos factores son las razones esenciales de la incapacidad del sistema de la política democrática de producir reformas estructurales.

Máximo Sozzo

Cómo llegamos al presente

—En la coyuntura se plantean con seriedad ideas como la de cercar Rosario o recurrir a la DEA, que parecen expresiones de impotencia más que propuestas.

—Tenemos a los actores conservadores de siempre, que lo único que hacen es repetir la retórica autoritaria. Creen que el problema de la inseguridad se va a resolver simplemente con más de lo mismo de siempre: más presencia policial, más viejas prácticas policiales, más ejercicio de la violencia por parte del Estado. Es una retórica cuya endeblez a uno ya le da pereza tratar de demostrar, de nuevo, estos hijos y nietos de Ruckauf pululan por el sistema de la política y del debate público produciendo una y otra vez el mismo tipo de propuestas que son, en buena medida, las que nos han llevado a donde estamos. La llamada crisis de la inseguridad y el lenguaje de la mano dura y la toma de decisiones políticas y legales en esa orientación estuvieron juntos en la Argentina desde fines de los 90 y han cambiado las políticas de control del delito. Por eso tenemos hoy más de 200 presos cada 100 mil habitantes en la provincia cuando hace diez años teníamos un tercio. A veces da pereza reproducir la crítica a esa posición conservadora y autoritaria, pero es la que nos ha dejado donde estamos porque ha sido la posición triunfante en la esfera nacional y en la esfera provincial. La tasa de encarcelamiento es un ejemplo perfecto, y también la relación de la policía con los ciudadanos en los barrios más desfavorecidos de nuestras grandes ciudades. Ese resquebrajamiento de cualquier tipo de vínculo que no esté marcado por la oposición, el hostigamiento y la desconfianza es una prueba de a dónde nos llevaron esas decisiones. También hay una falta de ideas innovadoras y por eso es necesario instalar otros tópicos de discusión e intentar otros caminos.

—¿Qué otros caminos se pueden plantear?

—Por ejemplo, el debate sobre la municipalización policial. Santa Fe y Rosario tienen estructuras burocráticas que prestan servicios públicos en distintas áreas que son cruciales para el bienestar de la ciudadanía y que estén hoy privadas de construir una institucionalidad y unas prácticas en torno a la seguridad es un límite, y puede ser una oportunidad para construir cambios sobre cómo se practica la tarea policial. Es cierto que tenemos un ejemplo reciente en la provincia de Buenos Aires, donde la creación de policías locales no necesariamente generó este tipo de mutación pero por lo menos abre una ventana de posibilidades. Se pueden reproducir los modos de actuar de la policía provincial en una futura policía municipal de Rosario o de Santa Fe, pero existe la posibilidad de que no sea así. El intendente de Rosario lanza ahora una iniciativa para participar más activamente en la toma de decisiones en torno a la institución policial pero sin alterar la madre de todos los problemas que es la estructura práctica y cultural de la institución: es una iniciativa que trata de instalar un rol para los gobiernos locales pero no avanza lo suficiente en la dirección necesaria que es romper con la institución policial provincial tal como la entendemos hoy, construir policías locales a partir de cero con una nueva legislación, una nueva orientación, una nueva práctica. Hoy el debate en Santa Fe está puesto exclusivamente en si tenemos más fuerzas federales, más patrulleros, más policías, no en lo que hacen esas fuerzas.

—¿Qué efectos podrían tener las policías municipales?

—Darían la posibilidad de reconstruir las relaciones entre ciudadanía y policía y crear estilos de prácticas policiales que no reproduzcan la desconfianza, el hostigamiento, la violencia, y que sean más efectivas. Abriría mayores controles sobre la policía, con participación popular, con participación de funcionarios democráticamente elegidos, algo que brilla por su ausencia a nivel provincial. No tenemos ningún mecanismo de control sobre la policía. El hecho de que esas posibilidades se puedan aprovechar o no es parte de la lucha política subsecuente a la decisión de crear una policía de la ciudad.

—La policía no es el único problema. Está la situación de las cárceles y el Servicio Penitenciario. Y por otra parte el Ministerio Público de la Acusación, desbordado por la violencia, según declaró el fiscal general Jorge Baclini.

—Son cuestiones muy complejas en sí mismas pero al mismo tiempo están entrelazadas. Hoy tenemos muchos más presos de los que teníamos en 2013, antes de que se pusiera en marcha el nuevo proceso penal. El nuevo sistema de justicia penal ha demostrado una fuerte capacidad de producir mayor encierro, tanto en términos de condenas como de prisiones preventivas. Una de las preguntas que tenemos que hacernos es si todas esas formas de encierro están justificadas. Es indispensable discutir formas de intervención de la justicia más allá del encierro como único método. Ahí hay un bloqueo muy importante, porque para muchos actores del sistema la única respuesta posible frente al delito es el encierro. No diría que el sistema de justicia penal tiene menos capacidad de intervenir que en 2013; más bien pasa lo contrario, y lo que hace es reproducir esta solución tosca. La prisión tiene efectos destructivos sobre la persona, nunca ha sido de otro modo. Hay personas que reconstruyen sus trayectorias vitales, pero en general lo hacen a pesar de la prisión. La prisión es una máquina de degradación y de destrucción. Utilizarla como método lo que hace es multiplicar el problema.

Una dinámica berreta

—¿Cómo se puede enfrentar al delito sin recurrir a la prisión?

—Bueno, en la provincia de Santa Fe hay muchas personas presas por delitos contra la propiedad. Es decir, por hurtos y robos, en algunos casos robos que no implican violencia contra las personas. En esos casos es posible que el sistema de justicia penal produzca una respuesta alternativa. La provincia de Santa Fe tampoco tiene ningún mecanismo de control sobre lo que pasa dentro de las prisiones: ninguno, más allá de los esfuerzos de algunas organizaciones de la sociedad civil y de las actividades que hacen las universidades públicas dentro de la prisión. No tenemos una procuración penitenciaria federal ni un comité provincial de prevención de las torturas. La combinación es bastante explosiva. La justicia penal y la prisión presentan problemas tan estructurales como la policía en Santa Fe. En el caso de la justicia penal, a pesar de la reforma, porque ahí sí hubo cambios estructurales. Cuando se legitimó la reforma se dijo que habría un modelo acusatorio que iba a tener en el juicio oral y público su mecanismo paradigmático. Pero no vemos muchos juicios orales y públicos en la provincia. Los casos se resuelven a través de procedimientos abreviados y el acuerdo para llevar adelante un procedimiento abreviado no se desarrolla en una audiencia pública sino en espacios reservados, alejados de la mirada pública. La reforma nos prometió un uso parsimonioso de la prisión preventiva, hoy los datos estadísticos muestran que el volumen de presos preventivos está en un 48 por ciento. Volvemos a los niveles anteriores a la reforma, de la mano de la presión por recurrir al encarcelamiento. Hay que establecer una reforma también incluso en el caso de la justicia penal reformada.

—Parece difícil en la coyuntura. ¿Cómo analizás los conflictos entre la política y la justicia?

—La reforma de la justicia penal tuvo contrarreformas. Hubo una gran reforma en 2017, que amplió el uso de la prisión preventiva. La solución que los legisladores santafesinos establecieron para controlar a los fiscales es completamente ridícula. Es difícil encontrar otro lugar donde el procedimiento disciplinario de los fiscales esté en manos de una legislatura. Los representantes electos democráticamente tienen que participar en el control, pero una cosa es eso y otra este formato en el cual se transforman en el mecanismo de control. Primero porque puede pasar lo que pasa ahora: fiscales que quieren imputar a un senador de la provincia son bloqueados por ese sector de la política. Ahí hay otro gran problema a nivel institucional en la provincia, que sería importante discutir en detalle.

—¿Cómo se puede plantear una política de seguridad cuando hay una demanda de resultados inmediatos?

—La presión por resolver cosas que tengan un impacto inmediato va a seguir existiendo. Pero esa dinámica de la urgencia es la que se crea en este país a mediados de los 90 y es la que nos lleva donde estamos. En la urgencia se toman esas decisiones sin ningún tipo de reflexión, con escasísimo conocimiento de los problemas, imitando lo que se ha hecho en otros lugares sin una reflexión sobre la propia institucionalidad y la propia capacidad estatal. Hay una dinámica berreta en la toma de decisiones que está siempre justificada por la urgencia. Obviamente la demanda de los ciudadanos y el debate electoral construyen para cualquier decisor esa urgencia pero si se toman decisiones de ese modo los resultados son los que tenemos. El desafío es cómo construir espacios que permiten salir de esa dinámica en la gestión de las políticas de seguridad. Es difícil que una alianza que coyunturalmente esté en el gobierno produzca estos cambios, es necesario un tejido que vaya más allá. Pero es difícil construir esos consensos cuando hay actores que juegan al juego de la mano dura. Esos actores no ven un problema en el estado de cosas sino en que el tipo de prácticas que se lleva adelante no tiene el grado que consideran suficiente. Quieren más de lo mismo. Por eso es importante crear conocimiento sobre los problemas, para que no se pueda decir cualquier cosa. Si alguien dice que en la provincia de Santa Fe no se encarcela a nadie es preciso que alguien en el debate público tome el gráfico de la tasa de encarcelamiento y se la muestre. Esa discusión informada por datos y observaciones de la realidad nos puede sacar de la urgencia. El dilema es cómo construir ese debate. En ciertos momentos políticos era más viable, pero no creo que el presente sea el caso.

—El gobierno nacional también tiene parte en el asunto. ¿Cómo analizás su intervención actual?

—El gobierno de Alberto Fernández tenía una ministra con una orientación, ahora tiene un ministro con otra orientación. Volvemos a los vaivenes. La intervención de fuerzas federales especialmente en los delitos federales puede ser objeto de un debate más amplio. Tengo mi escepticismo sobre que la respuesta se mida en términos del volumen de gendarmes o de prefectos. La discusión debería pasar sobre qué hacen. En la controversia política aparece el volumen como único tema y nadie discute qué harían esas instituciones que la policía de Santa Fe no hace y por qué. La saturación policial no produce muchos resultados y si los produce son casuales, luego la situación previa se reconstruye velozmente. Tal vez estaría bien reivindicar un patrullaje motorizado en zonas donde la presencia policial es extraordinariamente débil. ¿Pero es lo que estamos buscando, más patrulleros? Me parece que eso no va a arreglar ningún problema delictivo grave.

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