El hecho que produjo hace una semana el allanamiento de la Unidad de Microtráfico de la Policía de Rosario es un desafío para la síntesis de cualquier cronista. Empieza cuando efectivos de esa dependencia, que interviene en la mayoría de los casos de comercio de droga, se enteran de que una persona en aparentes problemas con la ley le paga a una sección policial para tener cobertura. Y deciden visitarlo para sumarse a los beneficios.
Lo hacen con un acta de allanamiento que ellos mismos falsifican y le dan vuelta la casa. Al dueño lo maniatan con precintos, le tapan la boca con cinta negra y se van de la vivienda con más de cuatro millones de pesos. Los policías están con ropa de tipo policial y con sus armas pero en el auto particular de uno de ellos. El hombre allanado los persigue desde Villa Gobernador Gálvez donde vive durante kilómetros con su propio auto, ahora son los policías los que escapan, la víctima de la requisa ilegal los choca tres veces desde atrás hasta que interrumpe la carrera cuando uno de los policías saca su arma reglamentaria y le pega un tiro contra su auto.
Esta orgía de delitos fue cometida no por perejiles sino por efectivos con cargo de jefe, uno de ellos del área de Inteligencia de la dependencia que se ocupa del control del comercio urbano de drogas en Rosario, quien planificó toda la maniobra y le asignó roles a efectivos a los que comandaba. La situación fue lo que motivó que hace diez días, el 27 de octubre pasado, allanaran la Brigada de Microtráfico que depende de la PDI de Rosario porque los que están acusados de hacer esto trabajaban allí. A todos los mandos en servicio les secuestraron teléfonos celulares. Al jefe del sector le allanaron la vivienda. A uno de los implicados en este incidente, hoy preso, le encontraron medio kilo de droga en su casa.
Todo esto salió a la luz en un momento en que en la Legislatura de Santa Fe se discutía entre otras cosas, a pedido del gobierno de Maximiliano Pullaro, aumentar las facultades policiales para que empleados de la fuerza puedan interrogar a detenidos sin presencia de abogado defensor o que se autoricen allanamientos de urgencia sin orden de un juez.
La irrupción en la casa de Gonzalo C. fue el 19 de mayo de 2025. Los policías acusados de ese falso allanamiento y robo a mano armada allí son cuatro en total y todos eran de Microtráfico. En la audiencia de hace diez días el fiscal José Luis Caterina recreó momento a momento, con pormenores alucinantes, toda la secuencia.
Pero antes el fiscal describió que lo que los decidió a actuar fue una circunstancia previa que parece plagiada de una película de Abel Ferrara. En mayo de 2025, dijo el fiscal, llegó a conocimiento de Leandro Exequiel Blasetti, empleado de una brigada de Microtráfico de la PDI, que Gonzalo C. le pagaba a fuerzas policiales a cambio de información e impunidad y que no estaría haciendo lo propio con Microtráfico.
Blasetti, dijo el fiscal, llevó ese dato a José Esteban Duch, que era jefe de Inteligencia de Microtráfico, quien indicó que hablaría con sus jefes. En ese tiempo Gonzalo C. empezó a ser hostigado por policías de la PDI que, dijo Caterina, están en proceso de ser identificados.
Está lleno de sentido que en la audiencia ante la jueza Melania Carrara el fiscal contara paso a paso cómo se orquestó la maniobra. Entre los que lo hicieron había varios policías con rango de jefe. Cuando Duch recibe esta información, reúne a Jonatan Luis Gabriel Rothar, que era jefe de brigada con jerarquía de inspector en Microtráfico, con Blasetti que era subordinado de aquel y le había llevado la información. Les indica allí que hay que hacer lo que sea necesario para que Gonzalo C. empiece a pagar a PDI Microtráfico. Y se define que lo harán con un apriete bajo la forma de una entradera.
También participarían Romina Ayelén Galbán, empleada policial de Microtráfico, y Pablo Jesús Mogianofski, el único civil del grupo.
Esto se concreta el 19 de mayo de este año a las 7.15 de la mañana cuando la mujer de Gonzalo C. llegó en moto a su casa de la calle Paulo VI en Villa Gobernador Gálvez tras dejar a un hijo en el colegio. En ese momento se bajan de un Ford Focus negro con vidrios polarizados dos hombres y una mujer. Eran Rothar, Romina Galban y Blasetti, los tres policías de Microtráfico. El auto lo manejaba Pablo Jesús Mogianowfski.
Cuando la pareja de Gonzalo C. abrió la puerta, Romina Galbán, vestida de negro y con chaleco policial, bajó del Focus con un arma de fuego en su mano, la encaró y le dijo que llegaban para un allanamiento. La mujer le preguntó si tenía una orden a lo que Galbán replicó que sí. Bajó entonces Leandro Blasetti también vestido de policía con ropas negras, con chaleco balístico pero sin sus insignias visibles, portando un arma de su cintura.
Los policías entraron a la casa, despertaron a Gonzalo C. que dormía junto a su nena de dos años y empezó la violencia. Lo hicieron levantar, le pusieron las manos en la espalda y lo precintaron. Ingresó entonces el tercer policía que según la acusación resultó ser Rothar. Un hombre de metro 94, robusto, también vestido de policía y con chaleco balístico. Los tres policías actuaron todo el tiempo con pasamontañas.
Blasetti había confeccionado una falsa orden de allanamiento que leyó sin exhibir. Anunció que buscaban armas, drogas y celulares. Dijeron que era de un juzgado federal, Gonzalo C. preguntó de cuál y no le responden. Preguntó el dueño de casa dónde estaba entonces la Policía Federal y reclamaron la presencia de testigos antes de revisar la casa ya que Romina Galbán había subido y se oía que estaba revisando todo.
Los policías le dijeron que se quedara tranquilo. Entonces Gonzalo C. dijo que en un cajón de la mesa de luz había mil dólares, que al lado del televisor había una bolsa con tres millones de pesos para comprar mercadería y que al lado había otra con 200 mil pesos para gastos diarios.
—Si tenés droga es el momento de arreglar ahora —, le dijo Blasetti.
—No tengo droga y no tengo nada que arreglar ni negociar con ustedes, contestó Gonzalo C. —Díganme qué están haciendo acá.
—Vos sabés lo que yo hago acá, respondió el policía más alto. —Es simple: vos no decís nada, vos no denuncias, yo no vuelvo.
Gonzalo C. les preguntó por qué irían a volver. Pero en eso bajó Ayelén Galban del piso de arriba con una mochila negra en su espalda, donde según lo que se contó en la audiencia había metido todo el dinero en efectivo, los celulares y también el DVR de las cámaras del domicilio.
Ya convencido de que habían ido a robarle, el dueño de casa les dijo que lo que estaban haciendo era una locura y que estaba mal.
—No te hagas el boludo, vos ya sabes cómo es esto —, le advirtió Romina Galban. —Si no tenés códigos y nos denuncias, la próxima, el allanamiento va a ser más grave.
Fue lo último que le dijeron. Los tres policías salieron de la casa atentos y en formación, y subieron al Focus donde al volante los esperaba Mogianofsky. Gonzalo C. se cercioró de que su esposa y su hija estuvieran bien, hizo que le sacara los precintos que ataban las manos y salió corriendo afuera. Entró en su Toyota Etios y fue tras el auto de sus visitantes. Ahí arrancó otro momento de película. Tomaron la ruta 225 S hasta pasar el rulo de la autopista a Buenos Aires. Al llegar al cruce la víctima vio a un patrullero y les gritó: “Me robaron”. Pero desde el móvil no se acoplaron a la persecución ni lo auxiliaron.
Por lo que Gonzalo igualmente siguió hasta la ruta provincial 24, dieron una vuelta hasta tomar la autopista con sentido Rosario siguiendo por la colectora, donde antes de subir a la autopista el Focus volvió a frenar de golpe y la víctima lo chocó de atrás por tercera vez. En ese momento el policía que iba en el asiento trasero empuñó su arma, le disparó un balazo que atravesó la carrocería del Etios con lo cual Gonzalo dejó de perseguirlos. Se detuvo en un puesto fijo policial de la autopista del Cuerpo Guardia de Infantería y les contó todo a los agentes que labraron una primera acta de procedimiento. Y que además levantaron del habitáculo del Etios el plomo que le habían disparado en la persecución.
El cotejo posterior determinó que esa bala había sido disparada del arma reglamentaria de Jonatan Rothar, jefe de la brigada de Microtráfico, lo que se convirtió en una evidencia aplastante de su participación en este delirio.
Ese mismo día para cubrirse Rothar urdió una falsa denuncia de que le habían robado el Focus el día antes en la zona del Casino. La denuncia la recibió una empleada policial en la comisaría 21 que había trabajado con Ayelén Galbán en la Brigada de Orden Urbano y entrado a la policía el mismo día. La denuncia la radicó Mogianofsky a nombre de un tercero, su hermano, dando su número de teléfono pero cambiándolo en un dígito. El auto mientras tanto se escondió en la casa de Romina Galban que convivía con Rothar. Luego el vehículo se trasladó a un predio pequeño donde funcionaba un desarmadero, en Cochabamba al 7300. Ahí fue escondido hasta que lo desguazaron.
El 9 de junio de 2025 fue allanado al domicilio que habitaba en Rothar junto con Galván en Villa Gobernador Gálvez y ambos quedaron detenidos. A dos cuadras de ese lugar vivía Pablo Mogianofsky. En su casa se encontró medio kilo de cocaína y una pistola calibre 9 milímetros. Al retornar vio a la policía, trató de escapar pero lo detuvieron frente al Club Apur. Llevaba 249 mil pesos y 1237 dólares.
Según lo expuesto en la audiencia, luego de todo este hecho la relación entre Galbán y Rothar por una parte y Blasetti por la otra se resintió. Los dos primeros empezaron a pedir insistentemente el traslado desde Microtráfico a otra área de PDI. Mientras que Blasetti y Ducce sí permanecieron en el área de Microtráfico hasta hace diez días cuando fueron detenidos por el avance de una investigación que llevaba más de un año. A Rothar y Galbán recién los trasladaron de Microtráfico el 20 de marzo de 2026. Habían estado allí durante más de dos años.
La primera audiencia por este caso fue cuando detuvieron a Rothar, Galban y Mofianofsky. Hace poco más de una semana cayeron el jefe de Inteligencia Duch y Blasetti. Lo que estableció el fiscal fue que habían diseñado y participado una entradera para apretar a una persona. No dejaron irregularidad sin perpetrar: diseñaron un robo a mano armada, falsificaron un documento para allanar, apremiaron a un matrimonio que estaba con su hija de dos años y para evitar una persecución informal a su víctima le pegaron un tiro con un arma provista por la provincia de Santa Fe.
Todos los implicados quedaron con prisión preventiva por el máximo plazo legal.
Este incidente fue citado y comentado el jueves pasado por legisladores provinciales durante el debate de un paquete de seguridad donde el oficialismo fue cuestionado por ampliar facultades policiales en los procesos penales de Santa Fe. Algo que fue finalmente moderado en la media sanción que se dictó a la norma en ciernes. Pero que se mantiene en la discusión política y académica de modo explícito. El interrogante gira sobre si a esta policía implicada en corrupción estructural, como demostró también el juicio por robo de combustible, se le pueden confiar la potestad de generar prueba autónoma para imputar a personas en un trámite judicial. Se lo dijo así a Suma Política un diputado que participó del debate. “Solo habría que imaginarse cómo habrían contado esta historia los jefes policiales que ahora están presos por esta salvajada”.
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