Las fotos que quedan es el título de una serie de audiovisuales sobre algunas de las víctimas fatales que se produjeron en Rosario durante la crisis social, política y económica de diciembre de 2001, pero también las de otras víctimas de las fuerzas policiales de la provincia en las dos décadas que pasaron desde entonces y en las que la violencia institucional siguió siendo moneda corriente.
Producidas por la Dirección de Derechos Humanos y Memoria municipal, en cada una de las breves piezas audiovisuales que integran el trabajo una persona pone en movimiento distintas formas de recordar a quienes no están más, los momentos en que ocurrieron los hechos y lo que fue sucediendo en los días y años que siguieron. Todas lo hacen a partir de dos tipos de fotografías: unas donde ven a la víctima u otras donde se ven a sí mismas. Pasaron veinte años —o cinco o siete o diecinueve—, ¿es la memoria de lo que fue o la que encuentran ahora? ¿El recuerdo es estático o se reconfigura con el paso del tiempo? ¿Hay forma de saberlo, de notar la diferencia?
Los once protagonistas de la serie hicieron el esfuerzo, el ejercicio de mirar, recordar, pensar y traducir en palabras aquello que a veces es difícil de atrapar: los recuerdos. En este sentido, la producción tiene dos formas de presentar la memoria: desde los afectos y desde los hechos.
La primera manera es la que nos ilustra el costado más cotidiano, el hijo que toma mates con la familia, el que sale a trabajar de lo que encuentre o la que cuida a sus hijos todos los días.
Las fotos que quedan es el título pero cabe la pregunta sobre las personas que quedan. Aquellas que tuvieron que reconfigurar su vida diaria, su vida íntima, su vida pública ante el cruel arrebato del ser querido. En los videos se muestra también cómo cambió no solo su cotidianeidad sino su mirada, sobre el mundo, seguramente, pero sobre todo acerca de la ciudad en que vivimos, las condiciones que soportamos y quiénes nos gobiernan.
Las fotos que quedan es el título, pero cabe la pregunta sobre las personas que quedan. Aquellas que tuvieron que reconfigurar su vida diaria, su vida íntima, su vida pública ante el cruel arrebato del ser querido
A los familiares, de alguna manera, el ejercicio de la memoria los tomó por asalto. Uno de ellos dice: “Hasta que no me pasó no sabía”. No sabía cómo podía actuar la policía, la cantidad de personas que se necesitan para encubrir un delito o para desaparecer un cuerpo o para impedir justicia. Desde entonces recordar es un ejercicio hacia adentro para sanar pero también hacia afuera para convocar y alertar a la sociedad. Y sin dudas para exigir justicia.
Para quienes se vinculan con los hechos desde su profesión o su militancia, la memoria es un eslabón más en la visión del mundo por la que trabajan. La propia dirección de Derechos Humanos municipal inscribe las luchas de los familiares de víctimas de 2001 dentro de la tríada Memoria, Verdad y Justicia. Al mismo tiempo, las luchas que se libraron a partir de esta crisis social pasaron a inscribirse en las que siguieron porque los casos de abuso policial, de asesinatos a sangre fría, no solo no se terminaron sino que la impunidad sigue vigente en la mayoría de los casos.
La serie, cuyo título completo tiende un puente entre la memoria de las víctimas del 2001 —nueve de ellas en Santa Fe, la provincia con mayor cantidad de asesinatos por cantidad de habitantes— y la de las víctimas de balas policiales que siguieron en estas dos décadas.
En todos los testimonios se relata cómo fue el momento del asesinato. Sobre las horas previas siempre hay más certeza pero el desenlace fatal en la mayoría de los casos requirió un trabajo de reconstrucción enorme de parte de familiares, abogados y militantes comprometidos con la causa. Esto fue por la desidia política y judicial, sumadas a las trabas para investigar de forma rigurosa cómo fueron los hechos. El tema del esclarecimiento aparece tanto como la idea de justicia. En todos los casos se sabe que las balas eran de la policía, sin embargo en muchos aún no se pudo responder quién disparó ni cómo fue la secuencia exacta.
En estos veinte años hubo una continuidad de algunos patrones a la hora de reprimir, la reformulación de otros y una impunidad sostenida por los asesinatos cometidos entre el 19 y el 21 de diciembre de 2001. En este tiempo los Tribunales Provinciales, en Balcarce 1651, fueron el punto de encuentro de familiares, amigos y militantes sociales a la hora de buscar justicia, por eso el pasado 20 de diciembre se señalizó este lugar en memoria de todas las víctimas de la violencia institucional de la ciudad, en el marco del programa municipal de Señalética de Marcas de Memoria. La marca en Tribunales fue la última del 2021 y todas se pueden ver aquí.
Ciudad de contrastes
Finalmente, una vez que se observa el trabajo completo se pone de relieve algo que siempre es necesario volver a resaltar: ninguna de las víctimas vivía entre el bulevar Oroño, la avenida Pellegrini y el río en el centro de la ciudad. Las personas que fueron asesinadas por la policía en estos veinte años vivían en barrios como Tablada, Las Flores, Villa Banana o República de la Sexta. El contraste entre la costa del río con el resto de la ciudad no es solo inmobiliario o sobre las condiciones de las calles o sobre la calidad en la prestación de servicios: las balas de las fuerzas de seguridad apuntan siempre al mismo sector de la sociedad rosarina. Pareciera que nunca se equivocan.
La producción contó con la participación de Sara Campos, hermana de Walter, asesinado a los 15 años tras una persecución policial el 21 de diciembre de 2001; Luciana Escobar, hermana de Gerardo “Pichón”, cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el río Paraná luego de haber sido agredido por custodios de un boliche; Mary Martínez, esposa de Rubén Pereyra, otra de las víctimas de la represión estatal en el marco del estallido social del 2001; Macarena Ramírez, hermana de Carlos Gauna, asesinado en un caso de “gatillo fácil” por un policía que fue condenado en 2006, y Germán Campos, hermano de David, quien fue perseguido junto a Emanuel Medina, ambos acribillados por agentes de la policía en 2017.
También participaron Gustavo Martínez, dirigente gremial que integró la Comisión Investigadora No Gubernamental que denunció a los responsables políticos de los crímenes del 19 y 20 de diciembre de 2001; Carmen Maidagan y Federico Garat, abogados patrocinantes en las causas por los homicidios del diciembre trágico e integrantes de la Comisión Investigadora No Gubernamental; Catalina Delgado, hermana de Juan, asesinado durante una protesta de vecinos en reclamo de bolsones de comida que fue reprimida por la policía; Edgardo Orellano, padre de “Bocacha”, quien tras un altercado con personal de seguridad de un local bailable apareció ahogado también en el Paraná dos días después, y Lila Mansilla, mamá de Yanina García, la joven mamá de 18 años que fue herida en la puerta de su casa y murió el 19 de diciembre de 2001.
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