Ricardo Miguel Chomicki sale con una sonrisa de la sala del Tribunal Federal donde termina de declarar sobre su paso como detenido en el centro clandestino del Servicio de Informaciones, durante la última dictadura. “Para mí es un día de alegría. Estoy sentado donde tuve que haber estado desde un principio”, dice.
Chomicki fue acusado de colaborar con la represión por otros ex detenidos desaparecidos y entre 2009 y 2012 enfrentó un juicio dentro de la causa Díaz Bessone, del que salió absuelto. “Estos hechos los denuncié en 1984, como detenido. Nunca tuve la posibilidad de declarar como testigo. Después de defenderme de incriminaciones injustas ahora puedo denunciar los tormentos que sufrí”.
El juicio comenzó el 28 de marzo y se realiza con frecuencia semanal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario. Los imputados son miembros conocidos de la patota de Agustín Feced, el jefe de policía de Rosario entre 1976 y 1978: Julio Héctor Fermoselle, alias Darío, y Mario Alfredo Marcote, el Cura. Ambos están imputados por delitos de lesa humanidad contra José Baravalle, Ricardo Chomicki, Nilda Virginia Folch y Graciela Porta, ex militantes de Montoneros que fueron señalados como colaboradores por otros sobrevivientes de la represión.
Chomicki y Folch fueron obligados a casarse por Feced, quien ofició de padrino en el Registro Civil, y se separaron después de la dictadura. Baravalle y Porta formaron pareja durante su cautiverio en el Servicio de Informaciones y una vez en libertad se radicaron en Italia.
Conocido como el Pollo y mencionado en numerosos testimonios, Baravalle se suicidó el 14 de agosto de 2008 arrojándose desde un puente después que Interpol localizó a Graciela Porta en la localidad de Biella, en el norte de Italia. “Mi única culpa es que no he podido resistir la tortura. ¿Cuál es el límite humano? Pido disculpas a todos los amigos y familiares”, escribió en una carta que dejó como despedida.
“Es un caso muy especial y muy distinto a los demás juicios por delitos de lesa humanidad –dice el fiscal general Adolfo Villatte, que interviene en representación del Ministerio Publico Fiscal-. Chomicki fue imputado en Feced I y absuelto y a partir de ese momento se consolidó la idea de que quien entra como víctima a un centro clandestino de detención sale como víctima. Uno de los objetivos de la tortura, las violaciones y la privación ilegítima de la libertad fue quebrar la voluntad de las personas y convertirlas en colaboradoras demostraría el éxito del aparato represivo”.
Marcote está acusado por violación agravada en perjuicio de Folch y por privación ilegítima de la libertad de Baravalle. “Fue señalado a lo largo de los juicios como el violador del Servicio de Informaciones”, recuerda el fiscal Villatte.
Fermoselle también está acusado por la violación de Folch y además por torturas a Baravalle, Chomicki y Porta. Tenía grado de cabo en el Servicio de Informaciones y pudo mantenerse dentro de la policía de Rosario hasta septiembre de 2000, cuando revistaba en Drogas Peligrosas y cayó en una demorada purga junto con Antonio Tuttolomondo –actualmente prófugo-, Bruno Carlos Dalla Pacce, Diego Portillo y Ramón Rito Vergara.
La sala destinada al público en el Tribunal Oral Federal está desierta. Ningún organismo de derechos humanos asiste al juicio.
Las declaraciones
“No hay una sola persona que diga que yo secuestré a alguien o que por dichos míos secuestraron a alguien –dice Chomicki, en el patio de los Tribunales Federales–. Lo dicen en los medios, pero nunca en la Justicia. Y hubo 184 testigos (en la causa Díaz Bessone)”.
Un rato antes se sentó frente al Tribunal que integran los jueces Jorge Sebastián Gallino, Mateo José Basaniche y Cinthia Graciela Gómez (los dos últimos presentes por videconferencia) y desgranó la historia que comenzó el 1° de diciembre de 1976 cuando fue secuestrado por policías de civil junto con Folch, a la salida de un bar en la avenida Alberdi.
“Queremos focalizar en las primeras horas que siguieron al secuestro, cuando fueron llevados al Servicio de Informaciones –comenta el fiscal Villatte-. Es el lapso de tiempo en el cual el aparato de inteligencia necesita torturar para obtener información y a la vez nutrir ese aparato para salir a hacer otros procedimientos”.
Folch, actualmente radicada en Paraguay, declaró que fue violada por Marcote, Fermoselle y otro represor que se hacía llamar Jorge y cuya identidad se desconoce. José Lofiego, mano derecha de Feced, la amenazó entonces con una violación colectiva en caso de que denunciara los hechos. “Fue un testimonio muy crudo”, agrega Villatte.
“Estando detenidos ella me cuenta quiénes fueron los autores –dijo Chomicki en su declaración ante el Tribunal-. Habían sido tres, nombró al Cura y a Darío. Ella hablaba poco de eso, le ha costado muchísimo. Entre nosotros siempre se habló genéricamente como la violación, nunca con detalles”.
Chomicki permaneció tres meses como detenido-desaparecido y otros seis “por derecha”, junto con Folch, hasta recuperar la libertad en junio de 1977. Feced salvó a la pareja porque la mujer le hacía acordar a su hija mayor, según el relato que ya hizo en varias declaraciones judiciales, los llevó desde lo que los represores llamaban “la favela” hasta un sector con dos literas y una pequeña cocina contiguo a la sala de torturas y hasta intercedió ante el general Leopoldo Galtieri, jefe del II Cuerpo de Ejército, para legalizar su situación.
“Estuve tres meses sin venda. Cebaba mate, hacía la comida, barría la guardia. Los conozco absolutamente a todos (los represores)”, dijo Chomicki, y ante preguntas del fiscal reconoció a Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dugour, Héctor Gianola y “otro al que le decían Rommel”, por Telmo Alcides Ibarra, el policía que participó en la intervención de la Biblioteca Vigil.
Ibarra “hacía inteligencia, era un ratón de escritorio, pero como los otros corría al torturado para pasar”, puntualizó Chomicki, que además mencionó a “otro que hacía relaciones públicas con el diario La Capital: creo que incluso trabajaba en La Capital y tenía terror de que lo vieran, entraba y salía subrepticiamente del Servicio de Informaciones”.
Chomicki y Folch se radicaron en Mar del Plata después de salir del “quinto infierno” por el que pasaron. Tenían 21 y 20 años. “El día en que recuperamos la libertad, Feced dispone que sigamos con vida y pone un auto para seguir al colectivo en el que viajábamos, porque pensaba que nos podía matar la patota. Estuvimos seis meses sin venda, viendo qué pasaba en el centro clandestino. El Servicio de Informaciones quería evitar que llegara un día como el de hoy, en el que podemos hablar de lo que pasó”, dijo el ex detenido.
En Mar del Plata, “empezamos a hacer una vida medianamente normal: yo trabajé en una casa de electricidad y Nilda se empleó como administrativa en una pesquera”. Sin embargo, recibieron visitas de control por parte de “gente de Mar del Plata que respondía a un pedido de Feced” y cuando comenzaron los juicios por la represión las amenazas se renovaron por parte de agentes de civil, que les dieron detalles de sus familiares. “Pregunta Feced cómo están –habría dicho uno de los agentes–, y más claramente: Fijate hijo de puta lo que vas a hacer con tus declaraciones”.
-¿Conoció a José Baravalle? –preguntó el fiscal Villatte en la audiencia.
-Cómo no lo voy a conocer –respondió Chomicki-. Yo militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios, en el Superior de Comercio, y él estaba en la JUP, en Ciencias Económicas. Nos separaba un patio. Hablamos muchas veces.
A continuación, aclaró que no tuvieron contacto durante el cautiverio: “No podíamos hablar entre los presos. Yo estaba en un lugar específico, no me podía mover. El Pollo estaba por derecha, abajo, con los presos legalizados. Recibía visitas de familiares”. Baravalle estuvo detenido entre el 28 de junio de 1976 y octubre de 1977.
Chomicki agregó que los represores llamaban “aviadores” a los desaparecidos, “porque estábamos en el aire, no existíamos”.
-¿José Baravalle fue sometido a torturas?
-Nunca me lo relató, pero tengo entendido que fue salvajemente torturado. Eran las generales de la ley y lo dijo en la carta que dejó.
Chomicki también se refirió a Graciela Porta: “Ella sufrió muchísimo. Por lo raro de mi situación, el padrinazgo que Feced impuso a nuestro casamiento con Nilda, se puede entender que me tilden de esto o de lo otro. ¿Pero a Graciela Porta? Le mataron al marido (Santiago Wherle) y estuvo detenida con su hijo. Sigue siendo una víctima, todavía hoy está pagando su estadía en el Servicio de Informaciones. Calculo que las acusaciones vienen de haber sido después la esposa de José Baravalle. Pero en el Servicio de Informaciones no hizo otra cosa que llorar con su hijo en brazos”.
Porta sigue en Italia y para el juicio se remitió a una declaración que hizo el 29 de julio de 2009 en Biella en el que se definió como víctima de la dictadura. Dijo que fue detenida “el 22 o 23 o 27 de enero de 1977” y trasladada primero a Santa Fe y después al centro clandestino de la Jefatura de Policía de Rosario: “Estuve detenida dos años y diez meses y tenía un niño de 40 días. No recuerdo nada de las personas que me detuvieron, he borrado todo. Recuerdo que me dolían las costillas, que quería morir”. Salió en libertad desde la cárcel de Villa Devoto.
De víctimas a verdugos
En el patio del Tribunal Federal, Chomicki agrega otros detalles a su declaración: “En 1984 me fueron a visitar compañeros a pedirme que declarara en los juicios. Me negué por las amenazas que había tenido y porque el tono de esos compañeros fue de apretada. Después vino el batallón de denuncias en mi contra”. También reivindica su pasado como militante: “Yo fui un oficial del ejército montonero, y cuando me tuve que cagar a tiros en la calle me cagué a tiros”. Frente al tribunal invocó el informe Sotera, como se conoce a un dossier del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, que lo incluyó entre los objetivos de la represión.
Sin embargo, Chomicki no tiene expectativas sobre los efectos del juicio en las acusaciones que recibió. “La reparación es mía –afirma-. Cambiar la opinión pública es imposible, ya se estableció. Voy a seguir siendo considerado un colaborador”.
En 2008 la Procuraduría General de la Nación sentó su postura contraria a imputar a cautivos en los centros clandestinos de detención. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y otros organismos desistieron de acusaciones contra ex detenidos señalados como colaboradores.
El drama resuena en la carta que dejó José Baravalle: “No sé lo que ellos creen que yo sepa (alusión al reclamo de ex detenidos para que revele información). Esta historia nunca terminará. Lamento mucho, pero creo que ésta es la única manera de detenerla (…). Es tremendo pasar de ser víctima a verdugo. Alguien celebrará: los verdaderos culpables. Espero ser la última víctima de tanta barbarie.( …) Me voy porque esto tiene que acabar”.
“Uno de los objetivos más perversos de los CCD fue volver a la víctima contra sus compañeros, dividirlos, fomentar entre ellos la desconfianza, que lamentablemente existió durante años”, señala el abogado Rodolfo Yanzón en El caso Chomicki, un libro publicado en 2015 por el Museo de la Memoria de Rosario que formalizó el debate. Precisamente esa es la estrategia actual de las defensas: el abogado Gonzalo Miño, defensor de Ramón Díaz Bessone y ahora de Fermoselle, ofreció como testigos a sobrevivientes de la represión que acusaron a Baravalle, Chomicki, Folch y Porta y que teóricamente deberían presentarse a declarar el lunes próximo, cuando se reanude el juicio.
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