Distintos especialistas debatieron este miércoles en la Cámara de Diputados provincial sobre la importancia de liberar las patentes de las vacunas contra el covid-19 para promover las producciones locales y como una forma de paliar la desigualdad en el acceso a la salud entre países ricos y pobres. La jornada tuvo como eje una iniciativa impulsada por la diputada socialista Claudia Balagué, que insta al Ejecutivo provincial a gestionar ante Nación la declaración de las vacunas como bien público. “Es un concepto importantísimo en estos momentos y muy tradicional en Santa Fe, con décadas de gobierno que han impulsado a los medicamentos como bien público y social”, señaló la legisladora.
La jornada fue la primera de una serie de debates que buscan reflexionar sobre la importancia de que en medio de una pandemia se priorice la salud de la población por sobre las ganancias de la industria farmacéutica. Durante más de dos horas, especialistas disertaron sobre diversos ejes como el contexto geopolítico de la producción de vacunas, los desafíos que supone la situación epidemiológica y los marcos legales necesarios para avanzar hacia una liberación de patentes.
A modo introductorio, Balagué repasó los fundamentos de su proyecto y remarcó la necesidad de que la comunidad internacional adhiera a la exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, pero también a la transferencia del conocimiento tecnológico que permita y fomente las producciones en distintas partes del mundo. “Y por supuesto la distribución de las vacunas ya existentes en forma más equitativa, solidaria y de justicia sanitaria”, añadió.
En su exposición la diputada manifestó que la producción actual de vacunas expone la prioridad que se les da a “acuerdos comerciales, secretos, bilaterales y oligopólicos”. Como muestra de eso señaló que sólo 18 países ricos y 17 de ingresos medios albergan algún punto de fabricación en las cadenas de producción de vacunas. “Así vemos los resultados: los países ricos han concentrado más del 70% de las vacunas desarrolladas, millones de dosis están inmovilizadas, algunas se están venciendo, y en otros casos se fomenta el turismo para acceder a la vacuna”, graficó.
Por último remarcó que en 2001 se logró flexibilizar acuerdos de propiedad intelectual con la declaración de Doha, donde se planteó la preocupación por la dificultad en la obtención de algunos medicamentos en países de bajos recursos. “¿Por qué ahora no se puede repetir esa experiencia en esta pandemia?”, cuestionó.
Marco legal
Uno de los disertantes fue el abogado Juan Correa, especialista en propiedad intelectual, quien estuvo se encargó de aclarar el marco legal del debate que se plantea. Explicó que las patentes son “el derecho exclusivo que le otorga el Estado al titular de una invención a cargo de la divulgación de la misma”, así como también a la mejor forma de realizar esa invención.
Como se trata de un derecho territorial dijo que cada Estado debe conseguir una patente para que sea aplicable en esa jurisdicción. Por eso, lo que se busca con la exención es que un Estado que no aplique patentes sobre tecnología sanitaria contra el covid no sea sancionado comercialmente dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). A pesar del panorama sanitario grave y el contexto atípico en que se da la discusión, Correa ve “muy difícil” que se puedan lograr consensos por los intereses económicos, comerciales y geopolíticos en juego.
No obstante, rebatió los argumentos que se fueron planteando contra esta iniciativa, como por ejemplo que la liberación de las patentes va a desalentar la investigación e innovación por parte de los laboratorios. “Esto realmente no es cierto porque la mayoría de las vacunas se financiaron con fondos públicos o de naciones”, expresó, y fue más allá: “La mayoría de los laboratorios ya tienen comprometidas sus producciones no solo para este año sino también para el año que viene. Por lo cual han recuperado en grandes cantidades la inversión que han hecho”.
Correa señaló que si bien es importante la liberación de patentes, su efecto se va a notar a largo plazo, y planteó que la clave está en la transferencia efectiva de tecnología y los acuerdos público-privados que son los que realmente pueden lograr una mayor distribución de vacunas. “La exención lo que promueve es un marco jurídico seguro para mejorar esta producción, por eso creo que es sumamente importante. Hay varios puntos que tratar pero también hay que pensar un plan B porque va a ser muy difícil que se apruebe en la OMC”, resumió.
“Estamos viviendo un literal apartheid de vacunas”
“¿Si no es ahora cuándo?”, se preguntó María Julia Bertomeu, doctora en Filosofía de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e investigadora del Conicet. El interrogante apunta al sentido de oportunidad que supone la pandemia para tratar de trabajar en forma colaborativa con el fin de equilibrar la desigualdad en el acceso a la salud entre los países más ricos y los de menos recursos.
Si bien destacó el proyecto de Balagué que insta a los gobiernos a promover la declaración de las vacunas como bien público se mostró “realistamente pesimista” de que pueda lograrse. Para la investigadora, una iniciativa de ese tipo traería consecuencias “muy interesantes y casi revolucionarias” para todo el mundo en plena pandemia. “Supondría desconocer los derechos de propiedad intelectual, privilegiando la salud de todos los seres humanos que pueblan nuestra tierra. Pero no ha sido así”, señaló.
Por otra parte destacó que el proyecto posibilitaría impedir que los patentadores tengan privilegios, además de garantizar un acceso igualitario a los medicamentos para los países y poner el acento en el acceso a la salud por encima del derecho privado. “Celebro el proyecto aunque me temo que estas reivindicaciones no las otorgarán de buena manera ni Ginebra ni los Parlamentos. Los derechos se conquistan en largas y penosas luchas que aún están pendientes”, consideró.
En una misma línea se pronunció Marcela Belardo, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Para la especialista, las dificultades que supone el acceso a la vacuna para los países periféricos hacen que sobrevuele “cierto pesimismo” a la hora de pensar en una liberación de patentes y una producción equitativa a nivel global. “Estamos viviendo un literal apartheid de vacunas”, sintetizó.
Belardo remarcó su apoyo a la declaración de las vacunas como bien público y puso el foco en el carácter estratégico de la producción farmacéutica, teniendo en cuenta que debemos prepararnos para un mundo “donde vamos a vivir recurrentes epidemias”.
“Las vacunas se han convertido en un arma más de la diplomacia para influir en países y regiones, no solo comercial y económicamente, sino también políticamente. Hoy tenemos un conjunto de productores, muy pocos, que son los que se están disputando como un juego de TEG el mercado de todas las regiones del mundo”, evaluó.
Asimismo consideró que “es urgente la exigencia de liberación de patentes” como también pensar en cómo desarrollar un aumento del financiamiento público para poner en capacidad productiva a laboratorios públicos que trabajen en investigación y desarrollo: “La producción farmacéutica es un eje estratégico esencial y tenemos que pensarnos en la lógica de ver las posibilidades de que nuestra región pueda producir productos farmacéuticos”.
Una mirada sanitaria
Por su parte, la ex ministra de Salud santafesina, Andrea Uboldi, profundizó en el grave contexto epidemiológico que atraviesa Latinoamérica, al que además se suma la aparición de nuevas cepas que llevan a pensar que la pandemia “no va a terminar tan rápido”.
Manifestó una “gran desilusión” con el funcionamiento del mecanismo covax que surgió “como una posibilidad de pensar en la solidaridad para disminuir las equidades” pero que no se concretó en la realidad: “Terminamos en una disociación entre el discurso y la respuesta en la entrega de vacunas”.
Por eso consideró que uno de los aprendizajes debe ser el de generar soberanía a través del desarrollo tecnológico y adelantó que si no se logra completar la vacunación se va a dificultar el control de la pandemia: “Las restricciones que pudieron imponer otros países acá están limitadas por el humor social y la gran crisis económica. Por lo tanto no contamos con fondos para poder resarcir a muchas personas que pierden su trabajo y tenemos este enfrentamiento entre la pandemia y el sobrevivir día a día”.
Josefina Martorell, directora general de Médicos Sin Fronteras para América del Sur, consideró que la pandemia “no debe ser momento para que las corporaciones farmacéuticas generen ganancias exorbitantes”. Desde la agrupación llamaron a crear un sistema justo de distribución de vacunas basado en un criterio de salud pública.
Compartió el pedido impulsado por India y Sudáfrica ante la OMC, en octubre de 2020, que propone una exención de la propiedad intelectual temporal mientras dure la pandemia. “Con más de tres millones de vidas perdidas los gobiernos no pueden perder más tiempo esperando movimientos voluntarios de la industria farmacéutica. Ciertamente la exención por sí sola no puede resolver todos los problemas que enfrentamos en esta pandemia, pero sí es una importante opción legal y un paso urgente a tomar”, finalizó.
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